¿Tiene realmente el gobierno de Xiomara Castro una agenda feminista?

A pesar de que ya ha pasado más de un año desde que la primera mujer presidenta tomó posesión en Honduras, el país sigue siendo uno de los más peligrosos para las mujeres en Latinoamérica. Los índices de femicidio, violencia doméstica y delitos sexuales siguen siendo alarmantes y las políticas estatales para reducir estas violencias no parecen ser claras ni efectivas.

La agenda feminista que la presidenta Xiomara Castro propuso durante su campaña electoral, y que en cierta parte la llevó a donde está, se ha ido diluyendo. Aunque es poco probable que con solo cambiar de gobierno se pueda eliminar el patriarcado y los femicidios —una promesa que hizo la misma Castro previo a las elecciones— hay algunos cambios relacionados a combatir la violencia, desigualdad e inequidad de género que sí son viables desde el nuevo gobierno.

Por ejemplo, restaurar el acceso a la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia (PAE), que fue prohibida en Honduras después del Golpe de Estado en 2009, fue posible. Aunque este cambio se anunció el 8 de marzo de 2023 y fue una decisión muy celebrada por organizaciones de mujeres y feministas, es importante señalar que tomó más de un año y muchas negociaciones para que se llevara a cabo, a pesar de que estaba escrita como una urgencia para los primeros 100 días de gobierno. Esto demuestra que, para el gobierno hondureño, los temas de género parecen ser puntos en la agenda que se pueden postergar.

Sin embargo, la violencia de género en Honduras no espera. El país sigue registrando una de las tasas más altas de femicidio en América Latina; hasta marzo de 2023, ya había 83 femicidios registrados por el observatorio de Ecuménicas por el Derecho a Decidir. La primera masacre del año fue contra tres mujeres garífunas en Puerto Cortés, un caso que se ha revelado como femicidio tras las investigaciones pues el principal sospechoso era pareja de una de las víctimas.

Es importante tener en cuenta que, aunque el foco de seguridad está sobre un Plan Nacional de Solución Contra el Crimen debido a los altos índices de violencia, hasta el momento ese plan carece de un enfoque de género y no parece haber voluntad política para reducir los casos de violencia de género en el país.

Pero, la violencia de género no se limita únicamente al recuento de cifras, como los casos de femicidio, también es importante analizar por qué no se han tomado medidas concretas al respecto. Esto tiene que ver con el hecho de que, en muchos casos, son los mismos hombres políticos y empresarios quienes están detrás de las decisiones y negociaciones para enfrentar o no la violencia de género. Además de que el gobierno fue conformado inicialmente gracias a una alianza política con un partido conservador que se ha posicionado políticamente en contra de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y la población LGTBIQ.

El ministro de Salud, José Manuel Matheu, fue el principal obstáculo para que la PAE se aprobara en el primer año de gobierno y fue él quien incluso sugirió que se socializara con las iglesias esta reforma. Por otro lado, en el Congreso Nacional, en donde se encuentra estancada la Ley integral contra la violencia hacia las mujeres, la mayoría de fuerzas políticas sostiene una agenda conservadora en cuanto a derechos sexuales y reproductivos se refiere.\

Pero los obstáculos y las muestras de que siguen siendo los pactos patriarcales los que tienen mayor peso no solo se encuentran en el Congreso Nacional o las secretarías lideradas por miembros de partidos diferentes al gobernante. Un ejemplo de esto fue la reciente elección de la Corte Suprema de Justicia, cuyas negociaciones lideró Carlos Zelaya, secretario del Congreso Nacional y cuñado de la presidenta. Aunque los resultados cumplieron con los reglamentos de paridad de género y la persona que preside la Corte es una mujer, es importante recordar que gracias a los pactos políticos se aprobaron las figuras de magistrados suplentes, para repartirse la Corte entre los tres partidos mayoritarios, y con la suma de estos magistrados tenemos trece magistrados hombres y nueve mujeres.

También resulta evidente que las decisiones son tomadas por una mayoría de hombres ya sea en el Congreso Nacional, en la Corte o en las secretarías de gobierno, y los temas que tienen que ver con los derechos para las mujeres son parte de sus negociaciones. Esto quedó evidenciado cuando el diputado del Partido Nacional, Tomas Zambrano, declaró que no permitirán que se apruebe el aborto a través de la CSJ, insinuando que ese fue un tema de negociación para llegar a la paridad partidaria en la Corte.

Sin embargo, el enfoque de género va más allá de la igualdad numérica. La propuesta original de la nueva ley de la Junta Nominadora prohibía la participación de postulantes a magistrados condenados por violencia doméstica, pero se cambió para que solo se incluyera a aquellos con sentencia firme, dejando abierta la posibilidad de que varios postulantes participaran gracias a un beneficio producido por la impunidad en ese tipo de delitos.

Estas decisiones no son extrañas en el Congreso Nacional, especialmente bajo el liderazgo del presidente Luis Redondo, quien en el pasado se puso de acuerdo con el Partido Nacional para dificultar la despenalización del aborto y dijo que prefería dejar de ser diputado antes que legislar «contra la familia».

El 8 de marzo, de una forma que resulta casi irónica, el Congreso Nacional portó pañuelos morados y dedicó una sesión para hablar sobre temas relacionados a las mujeres. A diferencia del año anterior, cuando también hicieron esa sesión y no se aprobó nada ni ese día ni los posteriores sobre proyectos de ley para las mujeres, ese día aprobaron la Ley de prevención de embarazo adolescente que de manera escueta le pide a la Secretaría de Educación que se encargue de la currícula en salud sexual y reproductiva. Esa secretaría no tardó en aclarar que no educarían en «Ideología de género», con ese mismo lenguaje que hemos escuchado tanto en los grupos conservadores y que desacredita el contenido de derechos que la equidad e igualdad de género persigue.

Los pactos entre hombres son un obstáculo para la igualdad de género porque las mujeres son excluidas de los acuerdos políticos, y sus necesidades y preocupaciones no son tomadas en cuenta. Y más allá de la equidad, estos pactos también erosionan la democracia y el sistema político en general, ya que cuando se toman decisiones en secreto y sin transparencia, la gente pierde la fe en sus líderes y en el proceso democrático. Además, si las mujeres y otros grupos marginados son excluidos de estos pactos, también pierden la confianza en que sus necesidades e intereses serán representados en la esfera política, lo que puede llevar a una mayor polarización y desigualdad en la sociedad hondureña.

Que este tipo de negociaciones políticas se den mayoritariamente entre hombres, que sean ellos quiénes también salen a hablar sobre las mismas, refuerzan la idea de que las mujeres no pueden liderar, se fortalece así ese el sistema patriarcal. Esa ausencia es también una crítica que se le ha hecho mucho a la presidenta Castro, que se ha visto opacada por la figura de su esposo el expresidente Mel Zelaya que, aunque muchas veces viene desde la misoginia, tampoco el gobierno ha hecho algo para contrarrestar esa percepción. Ha sido el mismo Zelaya quien ha salido a aclarar que es Castro quien gobierna.

Por último, es importante mencionar que el gobierno actual —que se presentó como feminista— ha tenido un silencio cómplice en varios casos de violencia de género. En Contracorriente recientemente publicamos un reportaje en el que relatamos cómo los funcionarios agresores se han visto protegidos por el silencio y las mujeres víctimas no se atreven a denunciar por miedo a represalias.

Desde el periodismo crítico, seguiremos contando esta realidad, aunque resulte incómodo revelar esos pactos patriarcales, especialmente aquellos que se perpetúan desde el interior del mismo Estado.