Texto y fotografías: Fred Ramos
La vida del señor M no fue la misma desde el momento en que entró caminando a la prisión luego de haber sido arrestado en El Salvador. Seis meses después, cuando lo liberaron, le habían amputado sus dos piernas y en su casa lo esperaba un nuevo miembro de su familia, un hijo de cuatro meses.
Afuera de esa prisión, El Salvador también había cambiado, la guerra del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, contra las poderosas pandillas produjo una caída histórica del número de homicidios pero a un costo muy alto, como el que sufrió el Señor M. Tras un año del régimen de excepción en este país centroamericano hay 62.000 personas en prisión, muchas de ellas arrestadas en condiciones irregulares, muchas de ellas pobres e inocentes, como el Sr. M.
Durante tres décadas, las guerras entre pandillas convirtieron a El Salvador en uno de los países más violentos del mundo. Sin embargo, en marzo de 2022, la guerra de pandillas alcanzó un nivel de violencia que no se había vivido desde los tiempos de la guerra civil: miembros de la pandilla MS-13 asesinaron indiscriminadamente a 87 personas en tres días, incluido un vendedor de frutas, un trabajador doméstico y un empleado del gobierno. El presidente Nayib Bukele, quien estaba por cumplir tres años en el poder, respondió a esta escalada de violencia declarando un régimen de excepción que suspendió cuatro garantías constitucionales fundamentales: libertad de asociación (Art. 7); derecho a ser informado(a) de las razones para la detención, prohibición de obligar a una persona a declarar y derecho a la defensa (Art. 12 inciso 2); duración máxima de la detención administrativa (Art, 13 inc. 2) e inviolabilidad de la correspondencia y las telecomunicaciones (Art. 24).
Adicionalmente, el régimen de excepción otorgó a las autoridades amplios poderes para realizar arrestos incluso cuando las pruebas fueran débiles o inexistentes, interceptar comunicaciones sin orden judicial e ignorar las garantías del debido proceso. Durante el último año, la población carcelaria, que antes ya era de 40 000 personas privadas de libertad, ha superado las 100 000, dando al pequeño país centroamericano la distinción de tener la tasa de reclusos más alta del mundo (1% de la población). El presidente Bukele construyó una mega cárcel llamada Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) para albergar 40 000 reclusos, la cárcel más grande de Latinoamérica. En un año El Salvador pasó de ser uno de los países con más personas asesinadas a ser uno con más personas encarceladas.
Los homicidios se han reducido debido al régimen de excepción, pero miles de personas inocentes que viven en barrios marginales han sido atrapadas en arrestos masivos. La corrupción, las investigaciones no calificadas y un sistema judicial saturado ha dejado a esa población languideciendo en prisiones superpobladas.
Poco se sabe sobre las condiciones en el interior. El gobierno prohíbe las visitas de familiares y niega el acceso a periodistas y ONG. Los únicos testimonios disponibles provienen de las pocas personas que han sido liberadas en las últimas semanas, la mayoría con medidas sustitutivas a la prisión. Los testimonios dan cuenta de torturas, mala alimentación y condiciones de vida insalubres. Según la organización de derechos humanos, Cristosal, al menos 100 personas han muerto bajo custodia porque les negaron medicamentos o los golpearon brutalmente. Familiares de los fallecidos han denunciado que no fueron informados del deceso de sus seres queridos hasta que las funerarias los llamaron ofreciendo sus servicios.
La represión de Bukele contra las pandillas tiene un amplio apoyo, no solo en El Salvador donde según la última encuesta de Cid Gallup el 90% de la población aprueba la gestión del presidente, sino en otros países de la región, como Honduras, en donde varias autoridades públicas han exigido que se repliquen las medidas tomadas por Bukele para enfrentar a las pandillas. En diciembre de 2022, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro anunció la implementación de un estado de excepción para enfrentar las extorsiones, el cual ya se ha ampliado dos veces y abarca todo el territorio nacional. Si bien los alcances y resultados de esa medida en Honduras no se acercan a lo logrado por Bukele en El Salvador, ambas medidas coinciden en el despliegue propagandístico con que Bukele ha marcado sus acciones gubernamentales.
A pesar de eso, están surgiendo grietas en la percepción de la población salvadoreña. En los barrios aterrorizados por la MS-13 y su rival Barrio 18, el miedo de muchos residentes a las pandillas ha sido reemplazado por el miedo a la policía.
Tres jóvenes posan para un retrato en el departamento de La Libertad el 26 de diciembre de 2022. Dos de ellos tienen 18 años de edad y uno 27, y fueron arrestados y puestos en prisión durante dieciocho días bajo el régimen de excepción. Indicaron que el día de su detención, 18 de abril, se encontraban en su domicilio realizando actividades domésticas cuando llegó un grupo de policías y les dijo que estaban detenidos. Fueron llevados a la comisaría, donde les informaron que los acusaban de ser pandilleros de la MS-13, algo que los tres niegan. En prisión, los guardias los obligaron a quitarse la ropa, los golpearon y los sometieron a tortura psicológica. Los hombres dijeron que en múltiples ocasiones vieron a los guardias sacar cuerpos de las celdas de la prisión. Después de 18 días, los hombres fueron liberados sin explicación.
El informe de diciembre de 2022 de Human Right Watch sobre el régimen de excepción, reveló que los policías realizaron la mayor cantidad de arrestos entre fines de marzo y agosto, con un total de 385 arrestos por día. Human Rights Watch también informó que las comisarías tenían que cumplir con las cuotas diarias de arrestos y que los agentes que no las cumplían eran sancionados y enviados a comisarías remotas.
Procesión fúnebre de Germán Orlando Escobar, de 28 años, en el departamento de Cuscatlán el 13 de junio de 2022. Su familia dijo que Escobar gozaba de buena salud cuando fue arrestado y se rehúsan a aceptar el diagnóstico de su muerte otorgado por las autoridades. Ellos sospechan que fue torturado en la prisión.
Según la organización de derechos humanos Cristosal, al menos 100 personas han muerto en prisión porque les negaron medicamentos o fueron brutalmente golpeados.
Fred Ramos es un fotógrafo documental freelance, algunas de estas imágenes fueron realizadas durante asignaciones para The New Yorker y The Washington Post.
