Las tres morgues judiciales de Honduras están cerradas desde la madrugada del lunes 13 de marzo. Técnicos y doctores dejaron de levantar cuerpos y realizar autopsias como acción de presión para exigir aumentos salariales; lo han hecho junto con el resto del personal del Ministerio Público que lleva más de un mes en protestas y huelgas. En un país desbordado por la violencia, las consecuencias de este paro no tardaron en manifestarse en cadáveres que yacieron por horas en carreteras y ríos en espera de que alguien llegara a recogerlos.
Texto : Célia Pousset
Fotografía : Jorge Cabrera
El cadáver se detuvo en un banco de escombros en medio del lecho pestilente del Choluteca, el mayor río que atraviesa Tegucigalpa. Era un hombre con camiseta azul y tenía los brazos rígidos y alzados hacia el cielo. Era delgado, de estatura mediana y tez morena. Estuvo más de 28 horas a la intemperie a alturas del puente Carías.
Cuando Juan y Carlos empezaron a tamizar arena a orillas del río, el lunes 13 de marzo a las ocho de la mañana, el cuerpo ya estaba ahí. No se asombraron. «A cada rato pasan cadáveres, yo ya ni cuento cuántos he visto», dijo Carlos. Pero lo inusual es que ese muerto se convirtió en símbolo de la interrupción de labores de los técnicos forenses, y posteriormente, en elemento escenográfico de una de sus protestas.
Ese día, la policía llegó a orillas del río después de haber recibido una llamada que alertó sobre la presencia del cuerpo. No llegaron ni fiscales ni técnicos forenses, pues estaban en huelga. «No podemos hacer nada hasta que un fiscal nos lo autorice. No estamos autorizados a tocarlo. Nuestra misión es asegurarnos de que nadie mueva el cuerpo», expresó un agente policial de la Unidad Metropolitana de Policía, UMEP 1, del Distrito Central.
Fue hasta el día siguiente que dos bomberos levantaron el cadáver, en presencia de fiscales y forenses que llegaron a protestar bajo el puente Carías de donde los transeúntes los abuchearon por no cumplir con su labor. Hector Reyes, del laboratorio de criminalística de ciencias forenses y representante del personal, exclamó: «se muera quien se muera, no vamos a recoger uno más».
Reyes explicó que están exigiendo aumentos salariales al Fiscal General de la República, Óscar Chinchilla, aumento que «no ha ocurrido desde hace 12 años». Denunció también las condiciones precarias en las que tienen que ejercer los trabajadores de la morgue y la falta de equipo biológico. «Deberíamos de estar actualizados con tecnología de punta», se quejó.
La huelga de los forenses es nacional y abarca las tres morgues judiciales del país: Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba.
Melissa (nombre ficticio para proteger su identidad) es médica forense y trabaja en un equipo de «entre 25 y 30 doctores forenses» en Tegucigalpa y asegura que «la lucha es justa y que dejar de levantar cuerpos es lo más notable para presionar, entonces continuaremos hasta que se nos resuelvan las peticiones».
Las exigencias de los que protestan
La Asociación de Servidores y Empleados del Ministerio Público (ASEMPH) exige el pago del ajuste por costo de vida y un aumento salarial.
El salario neto de un médico autopsiante oscila entre 12,392.87 y 60,675.15, según la tabla pública en el portal de transparencia del Ministerio Público. Pero el pago más común gira entre 20,000 y 35,000 lempiras. Lo mismo aplica para los médicos forenses.
El presupuesto del Ministerio Público para 2023, aprobado en enero por el Congreso Nacional en el marco del presupuesto general, es de 2,246.7 millones de lempiras. Representó un leve aumento en comparación con el de 2022, que era de 2,240.7 millones. Pero los empleados del MP exigen una ampliación de presupuesto de entre 320,325,028.52 y 582,149,872.47 lempiras, según las cuatro propuestas que hicieron. Dos propuestas tienen como opción el aumento fijo de todos los empleados –por 5,000 o 3,500 lempiras– otra propone un aumento de 10 % para todos los empleados, y la menos exigente establece solamente el ajuste por costo de vida de un 15%.
Los representantes de la Asociación de Fiscales de Honduras y de la ASEMPH se acercaron al diputado de la bancada Libre, Jari Dixon, para hacer oír sus reivindicaciones. «Logramos abrir algunas puertas y tener una reunión con el presidente de la comisión de presupuesto del Congreso Nacional, el diputado Hugo Noé Pino, quien se comprometió a hacer el enlace con el poder ejecutivo», dijo Dixon, quien fue fiscal durante 14 años antes de ser despedido por su participación contra el Golpe de Estado.
Sin embargo, insistió en que la decisión no recae en el Congreso Nacional, sino en el Poder Ejecutivo, «al fin y al cabo, es el Gobierno el que puede tomar la decisión de proponer un aumento del presupuesto del Ministerio Público. Sólo cuando recibamos la propuesta, estaremos en capacidad de aprobarla. Antes, no podemos hacer nada».
Dixon desaprobó la postura pasiva del actual Fiscal General de la República, tachándola de «irresponsable», pues «el Ministerio Público no es cualquier institución pública. Es de las más importantes del sistema de justicia. La lucha de los fiscales es justa, se debe resolver lo más pronto posible».
Jari Dixon declaró que si se diera la oportunidad de ser Fiscal General de la República, aceptaría el reto. La elección del Fiscal General tendrá lugar en el segundo semestre de 2023.
El diputado Hugo Noé Pino consideró que Óscar Chinchilla falló en no pedir la modificación del presupuesto ya que «a diferencia de una secretaría, el MP es un órgano constitucional, lo cual le da un carácter de independencia que no tienen las Secretarías. Extraña mucho que el Fiscal General no haya hecho las gestiones. Rixi Moncada puede tener un papel en esta crisis porque la Secretaría de Finanzas maneja el presupuesto general. Depende de dónde salen los recursos, pero si vienen de alguna previsión presupuestaria que ya maneja Finanzas, Rixi Moncada tiene la autorización para hacer la ampliación de presupuesto. No sería necesario pasar por el Congreso Nacional».
Efectivamente, el viernes 17 de marzo, la Secretaría de Finanzas transfirió L 461,686,953.89 a la cuenta bancaria del Ministerio Público. No se sabe aún si dicha transferencia producirá el cese de las protestas de los funcionarios.
Medicina Forense es un eslabón clave dentro del Ministerio Público. Es la institución encargada de examinar los cadáveres para auxiliar a fiscales y jueces determinando la causa de la muerte cuando es de origen violento, lo que ocurre muy seguido en Honduras, el segundo país más violento de América Latina. Según el Observatorio Nacional de la Violencia, en 2021 ocurrieron 7921 muertes por causa externa ( homicidios, suicidios, accidentes). El boletín de 2022 todavía no está disponible, pero la directora del Observatorio, Migdonia Ayestas, hizo la proyección de una tasa de homicidios de 37 por 100,000 habitantes. Pese a que la tasa manejada por la Policía Nacional es de 35,79.
Entre el lunes 13 y el jueves 16 de marzo, la Policía Nacional registró 23 homicidios. Ninguno de los cadáveres pasó por el proceso de autopsia, lo que significa una debilidad del proceso de investigación y un mayor riesgo de impunidad. Los cuerpos tendrán que ser exhumados posteriormente para seguir el procedimiento de investigación.
En ausencia de los funcionarios de la morgue, los familiares de las víctimas están invitados a recuperar los cuerpos de los fallecidos, sea cual sea el motivo de la muerte.
Los familiares recogen a sus muertos
En Zambrano, municipio de Francisco Morazán al noroeste de Tegucigalpa, un cadáver yacía a la orilla de la carretera CA-5. En la mañana del jueves 16 de marzo, la Dirección Policial de Investigación llegó a la escena del suceso e hizo su trabajo: recolectó la bala, identificó el cadáver, hizo pericias sobre el carro al cual estaba adosado el muerto. Una vez el trabajo estuvo terminado, los policías dijeron a los familiares que podían llevarse el cuerpo y el carro. Y se fueron.
El hombre se llamaba Daniel Ernesto Padilla Polanco, tenía 32 años, era soltero, sin hijos, trabajaba en un call center.
«Vamos a ver cómo lo movilizamos lo más antes posible», dijo Carlos Salvador, su hermano, «el Gobierno tiene que hacer algo para agilizar la cuestión del Ministerio Público porque los muertos son de todos los días, el dolor de todos los días. No podemos lidiar con eso de levantar a un familiar, es demasiado difícil».
Judith Vásquez, otra allegada, expresó su cólera ante esta situación y exhortó al Gobierno a reaccionar «Eso es un desastre. Si los pasados hicieron desastres, ese es el cagadal más grande, me disculpan la expresión. Es indignante. Señores, pongan a disposición todos los millones de la partida confidencial y aumenten a esa gente para que no estemos en la situación en la que estamos».
Los jueces de paz han sido instruidos para realizar levantamientos
Ante la crisis, la sala de lo penal de la Corte Suprema de Justicia ordenó a jueces de paz efectuar los levantamientos cadavéricos, pues el artículo 59 del Código Procesal Penal establece que una de sus competencias es realizar el levantamiento e identificación de cadáveres en ausencia del fiscal.
La magistrada Rebeca Ráquel, actual presidenta de la CSJ, expresó en una conferencia de prensa que: «No esperábamos esta situación, pero vamos a dar una respuesta al pueblo. En todo el país los jueces de paz están instruidos para hacer los levantamientos en lo que les corresponde en coordinación con los agentes de la Policía y los funcionarios de la Secretaría de Salud».
La Secretaría de Salud se ofreció a poner a disposición médicos forenses para apoyar a los jueces en la parte médica del levantamiento. El Ministro José Matheu recordó que durante la pandemia del Covid 19 los doctores del Instituto Hondurño de Seguridad Social, IHSS, y del Hospital Escuela levantaron 780 cuerpos. «Los doctores llevamos una clase de medicina legal donde nos enseñaron a hacer dictámenes. No nos la dieron por gusto. Nos la dieron para hacer cosas como las que ahora toca. Evidentemente nuestros médicos no van a hacer autopsias porque en algún momento se tendrán que hacer exhumaciones», dijo.
A pesar de las decisiones tomadas de manera urgente para enfrentar la situación, muchas dudas surgen respecto de la capacidad del Estado para gestionar los cadáveres no reclamados. En los primeros días de la huelga de fiscales y personal del MP, no había ni un sólo lugar para almacenar esos cuerpos.
Recomendamos: La soledad de los muertos olvidados
Doris Canales es Jueza de Paz en el Juzgado de Letras de Tegucigalpa. Fue requerida para ir a levantar el cuerpo que yacía en el Río Choluteca a las diez de la noche el lunes 13 de marzo. Contó a Contracorriente las dificultades que enfrentó a la hora de realizar esta «función extra»: «Cuando llegué, el equipo de la Dirección de Investigación Policial no estaba presente. Y no se puede ordenar la conducción del cuerpo sin esa primera etapa del proceso investigativo. Además no sabía adónde llevarlo. Llamé a varias instituciones, pero no obtuve respuesta clara. Me desplacé a la morgue de Medicina Legal y a la del Hospital Escuela, pero no podían hacer nada. Me di cuenta de que yo no contaba con un depósito que cumplía con los estándares de derechos humanos, porque hasta un muerto tiene derecho a la dignidad. Me quedé buscando hasta las dos de la madrugada, finalmente, me regresé a casa».
La jueza Doris Canales se mostró preocupada de que esta situación se alargue porque afecta su trabajo diario. Tiene que suspender audiencias para realizar levantamientos cada vez que la Policía Nacional la llama. Aclaró también que «todo caso que necesitaba una autopsia y no se realizó va a requerir una exhumación que deberá exigir el fiscal de turno cuando regrese a su puesto».
Es el caso del cadáver del Río Choluteca, un cuerpo que nadie reclamó y que fue enterrado en el cementerio del Divino Paraíso.
El jueves 16 de marzo, el Ministro de Copeco, Darío García, anunció que la institución pondría a disposición sus cuartos fríos; sin embargo, hasta ahora, la institución dispone de un solo contenedor en buen estado. Para suplir la ausencia de la morgue, otros cuerpos pueden ahora estar dirigidos hacia el Hospital Escuela.
Una propuesta de ley para suprimir la Dirección General de Medicina Forense y crear una institución «autónoma»
Actualmente, Medicina Legal depende del Ministerio Público y está regida por la Dirección General de Medicina Forense, a cargo de Ismael Edgardo Raudales. Eso podría cambiar en los próximos días ya que la Viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, entregó un anteproyecto de ley para crear un «Instituto Nacional de Medicina Legal independiente», el cual será presentado en el pleno del Congreso Nacional el martes 21 de marzo, según el diputado y vicepresidente del Congreso Nacional, Rasel Tomé.
«Tenemos varios meses de estar reflexionando con Julissa Villanueva la necesidad de un anteproyecto para que Medicina Forense se eleve a ser un Instituto Nacional de Ciencias Forenses autónomo con independencia financiera y administrativa», expresó Tomé a Contracorriente.
Tomé considera que la crisis actual del Ministerio Público ofrece el «momento oportuno» para abrir este debate pues « ahora que hay una situación inhumana con los familiares de los cadáveres que por horas estuvieron sin ser atendidos por los peritos forenses, ¿Honduras ocupa este Instituto? Sí lo ocupa. No estaríamos ante esta situación si ya existiera este Instituto porque las demandas serían más específicas y podrían ser resueltas con un presupuesto propio».
El diputado admitió que esta no era una exigencia de los representantes de Medicina Legal. «La iniciativa no viene de ellos. Pero viene de una experta que dirigió esta institución», justificó.
Negó también que eso implicaría despidos masivos, «Cuando se crea una institución, se vuelve a evaluar el personal, pero eso viene después. Ahorita el debate es si se crea o no».
La Viceministra Julissa Villanueva no contestó llamadas de este medio.
