Fotografía y Texto: Amilcar Izaguirre
Raquel García Banagas no ha podido tener casa propia, aún cuando vivía con sus padres en La Ceiba, Atlántida. Siempre vivió en casas prestadas o rentadas, pero ella creyó que esa situación cambiaría cuando hace 17 años llegó al caserío de Río Indio ubicado en el municipio de Omoa, al norte de Honduras. En este lugar, Raquel se unió a un grupo de campesinos que le cedió un solar donde construyó su propia casa con materiales que encontró en la montaña, como troncos, hojas de manaca y algunas yardas de plástico.
Cuando los recursos son limitados, el sueño de tener una casa es difícil de cumplir. Raquel dijo que pasó varios años elaborando y vendiendo pan para pagar el derecho a tener un solar dentro del terreno, pero le confortaba saber que tenía un lugar fijo donde vivir. Sin embargo, todo se vino abajo cuando el pasado 15 de febrero del 2023 fue expulsada de su casa por la policía que llegó a cumplir una orden de desalojo. Junto a ella, fueron desalojadas 100 familias campesinas que se dedicaban a sembrar granos básicos, yuca y plátano para su consumo y para vender en otras comunidades.
Según cuentan los líderes de Río Indio, ellos llegaron hace 18 años, después de que el Instituto Nacional Agrario (INA) les dió permiso para establecerse en la zona y cultivar la tierra. Melvin Orellana, líder de la Central de Trabajadores del Campo (CNTC), que también fue desalojado, dijo que hace muchos años esos terrenos fueron propiedad de un ganadero que, luego de morir, pasaron a manos del Estado. Estas tierras son ahora reclamadas en propiedad por la Sociedad Inversiones Ustariz, propiedad de la familia Ustariz, que ha acusado a los campesinos de usurpación de tierras según dice la orden de desalojo presentada por el juez ejecutor del juzgado de Letras Seccional de Puerto Cortés, Daylan Martínez.
El desalojo llegó sin previo aviso. Un nutrido grupo de policía obligó a los campesinos a salir del terreno que, al no tener donde refugiarse, tuvieron que dormir a la intemperie a la orilla de la carretera CA13, que conecta el municipio de Omoa con Puerto Cortés, a unos trescientos metros de donde fueron sacados por la policía.
«Un representante de Inversiones Ustariz nos dijo que salieramos de forma pacífica y que a cambio nos iba a reconocer una manzana de terreno por familia. Sin embargo, solo fue una estrategia para sacarnos sin poner resistencia porque ellos enseguida, utilizando retroexcavadoras, comenzaron a derribar unas 40 casas donde antes vivían unas 60 familias» dijo Melvin Orrellana.
Sentada en la raíces de un árbol observando el terreno de donde fueron sacados, Elsa Zavala, una abuela de 69 años, dijo entre lágrimas que ella es una mujer sola y que tiene a su cargo dos nietos. A unos pasos estaba Raquel, quien se acercó y dijo que doña Elsa se desmayó al ver su casa en escombros y que fue auxiliada por los demás compañeros. «Con todas mis fuerzas construí mi casita, lavando, aseando casas y ropa ajena y ahora está destruida, solo me he quedado con la ropa que ando puesta pero Dios los va a castigar porque en este mundo todo se paga», dijo doña Elsa con impotencia.
El terreno estaba ocupado por cuatro grupos campesinos: Río Indio, Vista al mar, Nueva Esperanza y Río indio número dos. Según comentó Melvin Orellana, presidente de la CNTC, esta propiedad abarca unas 1000 hectáreas y afirmó que de esa cantidad solo 250 corresponden al predio de Inversiones Ustariz. Asimismo, Orellana comentó que entre los cuatro grupos existen unas 100 familias que suman aproximadamente unas 400 personas que han quedado sin hogar y sin tierras donde cultivar
«Nosotros sembramos maíz, frijoles, plátanos, yuca y otros productos que vendemos en Cieneguita, y todo eso se quedó solo de cosechar, en mi casa hasta árboles de aguacates tenía sembrado. No es justo que nos venga a sacar así, nosotros como hondureños tenemos derecho a la tierra» dijo Raquel García quien además le mandó un mensaje a la presidenta Xiomara Castro para que por medio INA haga algo por ellos.
Los conflictos sobre la tenencia de tierras han persistido por décadas en Honduras. En el Bajo Aguán incluso se han perdido muchas vidas de campesinos. Esly Banegas, presidenta de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), señaló que desde el golpe de Estado en 2009 contra el expresidente Manuel Zelaya Rosales, 200 defensores y defensoras de la tierra han sido asesinados en el Aguán. El viceministro de INA, Rafael Alegría, dijo en la televisión estatal que este problema es «serio» por la persecución, violencia y desalojo de los campesinos y que para dar una solución se debe involucrar a los campesinos, la empresa privada y al Gobierno para que en conjunto se busque una salida pacífica y consensuada.
«Cuando vinimos a este lugar era una selva y nos tocó trabajar duro para poder sembrar, ni camino había, ahora que lo ven bonito y cultivado aparecen los Ustariz diciendo que son los dueños de estos terrenos y por qué antes no dijeron nada» dijo Cruz Márquez, un campesino de Río Indio quien, con impotencia, lamentó que su casa que tanto le había costado construir quedó reducida a escombros junto con las cosas que recién había comprado, entre ellas una planta solar que usaba para iluminar su casa.
Con la esperanza de encontrar una respuesta, las familias permanecen instaladas en casetas hechas con plásticos, troncos y láminas viejas a un costado de la carretera CA13 cerca del predio donde fueron desalojados. Juntos, niños y ancianos, pasan las noches entre zancudos y la corriente de agua que baja de la montaña.
Los campesinos comentan que, antes del desalojo, fueron cuatro veces a Tegucigalpa para reunirse con el ministro del Instituto Nacional Agrario (INA), Francisco Funes, para que les ayudará a resolver su caso. Sin embargo, siempre que ellos iban él no se encontraba en la oficina. María López, secretaria del grupo campesino, dijo que días después del desalojo viajó a Tegucigalpa una comisión a hablar con el titular del INA, pero quien los atendió fue el viceministro Rafael Alegría, quien les prometió mandar una comisión el día martes 21 de febrero hasta la zona para verificar el problema.
La comisión por parte del INA que prometió Rafael Alegría para el día martes 21 de febrero no llegó. Mientras tanto, Raquel, Elsa Zavala y las demás familias, siguen con la esperanza de encontrar una solución. Sus casas fueron derribadas, pero no así sus ganas de luchar por lo que creen que es su derecho a la tierra.
