La sentencia de “deportación” leída por Octavio Rothschuh, magistrado del Tribunal de Apelaciones de Managua, detalla que los reos de conciencia fueron “deportados” a Estados Unidos y declarados traidores a la patria, inhabilitando de forma perpetua ejercer funciones en nombre de Nicaragua y de cualquier cargo de elección popular. De inmediato, la Asamblea Nacional justificó la decisión del judicial quitándole a los encarcelados su nacionalidad nicaragüense.
Por Divergentes(@DivergentesCA)
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo confirmó esta mañana el destierro de 222 presos políticos a Estados Unidos. El acta de “deportación” fue leída en una conferencia de prensa que fue presidida por Octavio Ernesto Rothschuh, magistrado del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), en un acto “aberrante”, ya que un nicaragüense no puede ser “deportado de su patria”. Luego, casi de inmediato, la Asamblea Nacional aprobó una reforma al artículo 21 de la Constitución Política para arrebatar a los encarcelados políticos su nacionalidad.
“De conformidad a los artículos 1, 2, 3, 24, 34 y 9 de la Constitución Política de Nicaragua, artículos 31, 409, 410, 412, 413, de la Ley 641 del Código Penal, Ley 1055, Ley de Defensa a los Derechos del Pueblo a la Independencia, los sentenciados que por diferentes ilícitos violentaron el ordenamiento jurídico y constitucional atentando contra el Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense perjudicando el interés supremo de la nación. Por consiguiente, se ordena la deportación inmediata y ya efectiva de 222 personas”, informó Rothschuh.
El magistrado del TAM agregó que todos los presos políticos fueron deportados del país por cometer actos que menoscaban la independencia de Nicaragua, por incitar a la violencia, la desestabilización económica y por lesionar los intereses supremos de la nación.
“Fueron declarados traidores a la patria, inhabilitados de forma perpetua para ejercer función pública en nombre de Nicaragua y cualquier cargo de elección popular quedando suspendido de forma perpetua. Ellos están en Estados Unidos y de esta forma damos por concluida la sentencia de deportación”, finalizó el magistrado del TAM.
A renglón seguido, los diputados de la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, reformaron el artículo 21 de la Constitución Política de Nicaragua para justificar el despojo de la nacionalidad nicaragüenses a los 222 presos políticos que la madrugada de este nueve de febrero fueron desterrados hacia Estados Unidos en un vuelo chárter por ser considerados “traidores a la patria”.
“Las personas sentenciadas al tenor de lo dispuesto en la Ley 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz, publicada en la Gaceta Diario Oficial número 237 del 22 de diciembre de 2020, perderán la nacionalidad nicaragüense”, dicta la reforma aprobada por los parlamentarios.
La modificación a la ley fue aprobada de forma expedita con 85 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. “Nuestra Constitución Política estipula en el artículo 1 que es deber de todos los nicaragüenses preservar y defender la independencia, la soberanía y la autodeterminación nacional”, justificaron.
“Una aberración”
Esta semana el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), tildó la pena de inhabilitación absoluta de por vida para ejercer cualquier cargo público o de elección popular y el ejercicio de los derechos políticos, como “la aberración más grande y como el último atropello a la inteligencia de las y los nicaragüenses y de la comunidad internacional”.
Para el Cenidh este tipo de decisión del régimen sandinista es una afrenta al derecho y a los organismos internacionales de protección de derechos humanos que permanentemente están insistiendo en condenar las violaciones a las garantías del debido proceso, a las que están sujetas las personas presas políticas en Nicaragua.
El Cenidh insistió en denunciar esta nueva forma de persecución indiscriminada que es la destrucción total no solo de la institucionalidad sino de cualquier vestigio de seguridad jurídica que quede en el país. “La inhabilitación de por vida a ejercer cargos públicos o de elección popular y suspensión de los derechos políticos, profundiza la represión en Nicaragua”, señaló el organismo de derechos humanos.
“Algo más profundo”
Por su parte la socióloga Elvira Cuadra manifestó que el tema de la inhabilitación de cargos de elección popular no es una simple rabieta de los dictadores como venganza hacia los presos políticos, sino que tiene que ver, quizás, con algo más profundo.
“Es probable que Ortega esté previendo un proceso electoral y entonces no quiere a ninguno de los presos políticos deportados compitiendo en esas elecciones”, expresó Cuadra.
