En un lapso de 11 días, cuatro luchadores sociales fueron asesinados en Honduras. Primero, dos ambientalistas de Guapinol y, más tarde, un líder campesino de la Plataforma Agraria de Colón junto a su suegro. Estos hechos violentos terminaron con la tensa «paz» que había en una de las zonas más productivas pero también más conflictivas de Honduras. Los líderes sociales están atemorizados, mientras la respuesta del Estado es tardía.
Texto: Allan Bu
Fotografías: Amílcar Izaguirre y Jorge Cabrera
Desde las ventanas de un viejo autobús, la gente observaba con sorpresa una escena: dos hombres muertos y una motocicleta todavía encendida. Desde sus asientos, los pasajeros de la unidad que trabaja en la ruta que va de la comunidad de Guapinol hasta la aldea Concepción identificaron que aquellos dos hombres muertos eran figuras familiares. Fueron ellos quienes informaron a Guapinol, donde —hasta entonces— nadie sabía nada. Los ejecutados eran Alí Domínguez (35) y su amigo Jairo Bonilla (28), ambos oriundos de Guapinol y ambos defensores del agua.
La muerte de estos dos jóvenes recrudeció un conflicto ambiental que inició en el 2017 por defender las aguas del río Guapinol y el parque nacional Carlos Escaleras de una concesión minera a favor de la empresa Los Pinares.
Alí y Jairo trabajaban como cobradores para una compañía del sector que provee servicios de cable e internet. El sábado 7 de enero de 2023 regresaban de realizar esa labor cuando fueron interceptados por personas —hasta ahora desconocidas— que los ejecutaron.
Como la mayoría de la gente en la aldea de Guapinol, Alí y Jairo abrazaron la lucha por defender su río. Sus vecinos y amigos los recuerdan como jóvenes amables y que trabajaban por la comunidad. Ambos eran padres de familia de menores de edad. «Yo no lo puedo creer todavía, Jairo estuvo aquí un día antes de su muerte», dice la dueña de un pequeño negocio donde venden café.
Diez días después del asesinato de estos dos jóvenes, el 17 de enero de 2023, en la colonia Adán Fúnez de Tocoa, fue asesinado en su casa de habitación el líder campesino Omar Cruz Tomé junto con Andy Martínez, su suegro.
Estas cuatro muertes han elevado la tensión en el departamento de Colón. Desde que se presentaron estos crímenes, se ha reavivado el añejo conflicto agrario entre campesinos y terratenientes, que no termina de resolverse. Ninguna de las facciones cede, y la intervención del Estado es lenta o casi nula.
Colón es uno de los corredores más recurrentes de la droga en Honduras. Fue el hogar de Los Cachiros, una organización que llegó a manejar el 90 % del tránsito de drogas por el país. Hay pueblos garífunas, ubicados en Colón, que han sido totalmente despojados de sus tierras por estas estructuras criminales. Todos estos escenarios se mezclan en la conflictividad que vive el productivo Valle del Aguán.
Guapinol es quizás el más reciente de los grandes conflictos en el Aguán. En el 2017, los habitantes de la aldea Guapinol, ubicada a unos 10 minutos de Tocoa, la principal ciudad de Colón, vieron como el río del mismo nombre de la comunidad se tornó color rojizo. Ya no era el río de aguas claras donde pescaban y bañaban las familias. Se había ensuciado. O, más bien, lo ensuciaron. Ahí inició la lucha.
Protestaron, fueron golpeados, y, después, durante 88 días mantuvieron activo un campamento en la calle que construyó la empresa Inversiones Los Pinares para facilitar el acceso hasta la zona de explotación minera, ubicada en el parque nacional Carlos Escaleras, más conocido como Montaña de Botaderos. Ahí resistieron casi tres meses hasta que fueron violentamente desalojados. Después, los principales líderes fueron criminalizados judicialmente: 32 personas fueron acusadas por el Ministerio Público de Tocoa; de estos, 12 fueron liberados tras permanecer 14 días en prisión preventiva, mientras que ocho de ellos estuvieron encarcelados durante 914 días (2 años y 5 meses).
Mientras camina por las calles de la aldea Guapinol, Reynaldo Domínguez, líder de la lucha ambiental en la aldea, recuerda que por la defensa del agua al menos diez de sus amigos han perdido la vida. Pero no solo ha perdido amigos, Alí, uno de los más recientes asesinados, era su hermano menor.
Alí, su hermano, era el que se encargaba de la seguridad en las acciones realizadas por el Comité de Ambiente de Guapinol. Alí y Jairo pertenecían a un grupo de jóvenes que durante las protestas estaban alerta a cualquier infiltrado que quisiera ocasionar disturbios.
Durante el segundo período de gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández, quien espera un juicio en Nueva York tras ser acusado por delitos de narcotráfico en EE.UU., los defensores de Guapinol han tenido que luchar contra el poder de Lenir Pérez, dueño de Inversiones Los Pinares, y también contra el Poder Judicial.
En el primer año del mandato de Xiomara Castro, la lucha había continuado y el avance de la empresa minera no se ha detenido, pero hasta enero del 2023 no habían hechos violentos contra los defensores. A juicio de Reinaldo Domínguez, la violencia siempre ha estado al acecho. «Ha estado escondida, esperando los momentos para aparecer y tiene sus objetivos: pegar donde más duele. Esa violencia no se va ir porque está cumpliendo con un deber que es sacar sus uñas en el momento justo», mencionó el líder ambiental.
Domínguez sostiene que el asesinato de Alí y Jairo tiene un mensaje, «eso nos ha impregnado de miedo, pero no vamos a retroceceder, no vamos a renunciar a esta lucha. Estos dos jóvenes hasta el 7 de enero habían sembrado una semilla en la aldea de ser servidores comunitarios. Fue planificado porque ningún asaltante remata y los dos compañeros fueron rematados con disparos en la cabeza, ¿por qué haría eso un delincuente?».
El vocero de la Policía Nacional en Colón, Adamín Rodríguez, dijo a Contracorriente que las primeras indagaciones sobre el crimen señalan que Alí y Jairo venían de realizar cobros de una comunidad cercana y que el móvil fue el robo. «Aparentemente fue por asaltarlos, ellos andaban haciendo cobros para un empresa de cables, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) está trabajando para esclarecer este caso y, de hecho, la información ya la tiene: hay personas que están plenamente identificados y se van a hacer los trámites para conseguir una orden de captura contra las personas que han cometido estos ilícitos», afirmó Rodríguez, pero a la fecha de publicación de esta nota nadie había sido detenido.
Las familias y amigos rechazan el robo como móvil del crimen. Aseguran que las pertenencias de los fallecidos estaban en el lugar, incluso el dinero que habían recolectado ese día de los clientes de la compañía cablera estaban en sus bolsillos y fueron regresados a los dueños de la empresa. La motocicleta en que se conducían era un vehículo relativamente nuevo, propiedad de Jairo Bonilla, y estaba en el lugar. Además, Reynaldo Domínguez reitera que fueron ejecutados con un tiro en la cabeza.
«Exigimos al Estado que ponga todo el interés posible para investigar estos crímenes y que cierre estos proyectos de una vez para quedar en santa paz como estábamos desde el 2017 para atrás», sostiene Domínguez, quien no recuerda un conflicto en Guapinol antes del proyecto minero.
El Estado y el crimen
El Estado ha fallado de muchas formas en el Bajo Aguán. Los defensores de Guapinol aseguran que Inversiones Los Pinares ha conseguido de forma ilegal sus permisos de operación y que no hubo consulta previa con la comunidades afectadas; además, se falsificó una acta de cabildo abierto y se aprobó la explotación en un área protegida. Por otro lado, desde los organismos del Estado se ha golpeado y criminalizado; 20 luchadores han sido encarcelados. Más grave aún es que los defensores de derechos humanos denuncian que los delitos en el marco de los conflictos del Aguán no se investigan.
Esly Banegas, presidenta de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), señaló que, desde el Golpe de Estado que en 2009 defenestró a Manuel Zelaya Rosales, son casi 200 las defensoras y defensores asesinados. «Hay una lista que está en poder de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y son alrededor de 120 los casos compañeros que no hay investigación y siguen en la impunidad», nos dice Banegas, a quien en el 2016 la ola de violencia que impera en el país le arrebató un hijo en La Ceiba. En ese entonces, ella era precandidata a la alcaldía de Tocoa por el partido Libertad y Refundación.
Pese a que Alí y Jairo eran ambientalistas y se identificaban claramente como tal, la Policía Nacional se apresuró a establecer que el móvil del crimen era el robo y negaron cualquier relación con la lucha ambiental. «No, nada tiene que ver porque son muchachos que eran de Tocoa (casco urbano) y andaban haciendo unos trabajos de cobro de una empresa de cable. Por robarles fue este fallecimiento, no tiene nada que ver la parte ambiental, es producto de la misma delincuencia común. Ya hay personas que están identificadas, pero no mencionamos nombres para no entorpecer las investigaciones». aseguró el vocero policial Adamín Rodríguez.
“Por robarles fue este fallecimiento, no tiene nada que ver con la parte ambiental, es producto de la delincuencia común”, Adamín Rodríguez, vocero policial de Colón
El funcionario policial mencionó que hace «muchos meses» no se tenía este tipo de problema en Colón, aunque reconoció que antes «hubo gente que fue detenida por la parte ambiental, pero eso ya es historia, la situación (el homicidio de Alí y Jairo) se debe a lo que sucede en cualquier parte del país, la misma delincuencia común», mencionó Rodríguez.
Esly Banegas no percibe la atmósfera de aparente tranquilidad que se menciona en la Policía, manifestó que la violencia en el Aguán ha sido reiterativa y que hay una intención de detener la lucha para mantener las operaciones «al antojo de los agroindustriales aquí en la zona». Agregó que, en este escenario, el poder económico ha tenido a su favor a la Policía y al mismo Ejército: «Hay que decir que en este valle los asesinatos (de Alí y Jairo), desde la mirada nuestra, tienen que ver con la defensa del derecho al agua y a la vida, no encontramos ninguna otra respuesta ante todo lo que está sucediendo y no encontramos ninguna disposición para hacer investigación como corresponde que nos pueda arrojar la verdad, entonces nos deja pensando cómo nos defendemos porque aquí estamos en total indefensión», dijo Banegas.
La investigación del crimen de Ali y Jairo tiene muchos vacíos. La Policía Nacional no llegó al lugar donde fueron asesinados y tampoco el levantamiento de los cuerpos fue hecho por el Ministerio Público. Los familiares lo hicieron por cuenta propia. Así que no hubo protección de la escena del crimen.
El reconocimiento oficial de los cadáveres se hizo en los hogares de los fallecidos, mismos que, según Reynaldo Domínguez, fue realizado por la fiscal que anteriormente había imputado varios delitos a 32 defensores del agua, ocasionando que permanecieran encarcelados. Uno de esos criminalizados fue Alí.
En Tocoa, la mayoría de los representantes del Estado guardan silencio frente a la conflictividad. En el Ministerio Público (MP) Contracorriente fue atendido por el guardia de seguridad, quien fue el canal para que la secretaria de la oficina enviara un mensaje: nadie iba a atendernos.
En un pequeño papel anotaron el nombre del vocero y el número telefónico del MP en La Ceiba. Al final, el número facilitado estaba equivocado, pero establecimos comunicación con la oficina de Relaciones Públicas de la Fiscalía Regional del Bajo Aguán, ubicada en La Ceiba, cuyo personal al ser consultado sobre los avances de las investigaciones sobre las últimas muertes violentas, respondió que cada uno de los casos se están investigando por parte de la DPI y se espera que se logre la captura de los responsables. Además, se procuró tener la reacción del alcalde de Tocoa, Adan Fúnez, pero hasta la fecha no hubo respuesta a nuestra solicitud de entrevista.
Janeth Lara, coordinadora del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), sostuvo que desde ese organismo de defensoría han iniciado una investigación de oficio para seguimiento a la muerte de los ambientalistas: «Ya hemos tenido acercamientos con las autoridades como ser Dirección Policial de Investigación (DPI), Policía Nacional y el Ministerio Público, así como familiares y gente de la comunidad para indagar un poco», afirmó. Sobre la hipótesis que maneja la Policía, señaló que se está a la espera de un equipo de investigación especializado, «para profundizar más, están trabajando en la recolección de pruebas científicas y se presume que están planificando realizar una exhumación de los cuerpos para obtener un poco más de elementos».
Más violencia
El temor ha aumentado en los luchadores sociales y defensores de derechos humanos en Colón en el inicio de 2023. Apenas 11 días después que le dieron muerte a Alí Domínguez y Jairo Bonilla, fue acribillado el líder de la Plataforma Agraria de Colón, Omar Cruz Tomé, quien se encontraba con su suegro Andy Martínez Murillo, también asesinado. Cruz era el presidente de la Cooperativa Los Laureles, y fue asesinado en su casa, donde sicarios irrumpieron y le dispararon al menos en 12 ocasiones. Omar estaba acogido al mecanismo de protección, pero nunca tuvo esquema de seguridad.
La cooperativa de la cual era presidente Omar tiene ocupadas 565 hectáreas y está formada por 60 familias. Las tierras que ahora ocupan antes estaban en poder de la Corporación Dinant, propiedad de la familia Facussé, que está involucrada en dos de los grandes conflictos del Aguán, pues Ana, hija del extinto Miguel Facussé Barjum, junto con Lenir Pérez son los dueños de Inversiones Los Pinares.
En el Aguán los conflictos tienen matices, pues desde hace algunos meses trabajadores de las fincas de Corporación Dinant se toman calles en protesta por la pérdida de empleos que generan las ocupaciones campesinas. «A ver de qué forma las autoridades nos escuchen, nosotros exigimos el desalojo de las fincas invadidas de Corporación Dinant», dijo Noemí Antúnez, una de las personas que protestaba en la carretera CA-13, que une Tocoa con La Ceiba. Aseguró que se están perdiendo unos 1,400 empleos.
«No se ve el interés de solucionar el problemas. Exigimos que se desalojen esas fincas, porque esos se dicen grupos campesinos pero son traídos hasta de otros departamentos para venir a invadir», acusó Antúnez.
Mencionó que ella y sus compañeros han levantado un movimiento genuino, «la empresa no nos está obligando porque somos los afectados. Somos gente pobre que trabajamos en campo y por eso estamos aquí, haciendo sentir nuestra preocupación porque estamos sin empleo».
Esta protesta de los trabajadores de Dinant fue días antes de la muerte de Omar. Según una carta pública emitida por el Bufete de Estudios para la Dignidad, Omar denunció en octubre de 2022 «la existencia de un plan de las empresas agroindustriales de la zona para asesinar a los principales liderazgos del Aguán», dice textualmente el documento. Omar incluso participó en una reunión en la Secretaría de Seguridad donde pidió que militares y policías en Colón estuvieran para garantizar la vida y no para proteger la propiedad de los agroindustriales.
En la carta emitida, se registra que el 11 enero de 2023 Omar junto con representantes de la Plataforma Agraria y el Bufete de Estudios para la Dignidad presentó una denuncia ante el MP contra el señor Miguel Mauricio de la Soledad Facussé, dueño de Corporación Dinant, por ser cómplice de una estructura criminal denominada «Los Cachos», que opera en la zona para reprimir y violentar los derechos de los y las campesinas del Aguán.
Tras el asesinato de Cruz Tomé, el Bufete de Estudios para la Dignidad organizó una conferencia para denunciar públicamente el hecho. En ese evento, Yoni Rivas, vocero de la Plataforma Agraria en el Valle de Aguán, manifestó su preocupación «por la ola de violencia que ha venido desatándose en las últimas semanas en el Aguán. Tenemos meses de estar denunciando el plan que existe para asesinar la dirigencia, en esta lista estaba incluido el compañero Omar. También, el 11 de enero, guardias dispararon en contra de miembros de otra cooperativa en presencia de la Policía Nacional y no hubo ningún elemento que hiciera algo para evitar los heridos. Es preocupante lo que estamos viviendo», dijo.
En esa conferencia, Esly Banegas expresó que la situación «nos toca profundamente y nos llena de indignación. A casi un año de haberse firmado un acuerdo con el Gobierno el 22 de febrero de 2022, lo que hemos encontrado después de eso ha sido más amenazas, todo un intento de boicotear ese acuerdo», dijo. Además, externó una queja generalizada en los luchadores del Aguán y va dirigido directamente a la Casa Presidencial: «La presidenta no ha querido escucharnos».
“La presidenta no ha querido escucharnos (a los campesinos). Escúchenos, solo está escuchando a las empresas, con ellos se reúne, ahí aparecen en fotos”, Esly Banegas de COPA
Víctor Fernández, director del Bufete de Estudios para la Dignidad, organización que acompaña la defensa de la tierra en el Aguán, retó a los funcionarios de derechos humanos del actual Gobierno a tener la valentía para disentir con las autoridades de su administración. «No pueden llamarse al silencio frente a la inoperancia policial, frente a la complicidad de las estructuras militares que operan en el Aguán», aseguró el abogado y agregó que ellos tienen identificadas patrullas de la Policía Nacional atacando a las familias campesinas.
Lo dicho por Fernández en conferencia fue escuchado por la ministra de Derechos Humanos, Natalia Roque, quien de forma virtual leyó un comunicado oficial en la que manifestó una «profunda indignación y dolor» por el asesinato de los dos campesinos. Al borde de las lágrimas, la funcionaria recordó que es el segundo comunicado urgente que tienen que hacer en apenas dos semanas, esto en alusión a las muertes de Alí Domínguez y Jairo Bonilla.
En el posicionamiento, la Secretaría de Derechos Humanos mencionó que las medidas de protección encomendadas a la Secretaría de Seguridad «han sido insuficientes y han fallado de forma frecuente. Hacemos un llamado enérgico a la Secretaría de Seguridad para que cumpla con su mandato constitucional brindando protección a defensores y defensoras de derechos humanos, quienes han recibido amenazas y atentados, especialmente en las zonas de conflictos territoriales», decía el comunicado leído por Roque y otros dos funcionarios de Derechos Humanos.
Fernández consideró que —ante la posibilidad de resolver el conflicto en el Aguán— «estamos recibiendo este feroz ataque, que pretende desmovilizarnos». Fernández pidió a los campesinos mantenerse en la lucha, «nos hemos convertido en una amenaza real frente al poder económico corrupto y violento, no es el tiempo, en medio del dolor».
Por otro lado, el abogado envió un mensaje a la gobernante Xiomara Castro: «¿Quién manda en el Aguán, señora presidenta? ¿Mandan ustedes o sigue mandando el crimen? Hoy sigue mandando el crimen, ustedes tiene el Ejército y la Policía, el Ejército tiene el mejor aparato de inteligencia del país y usted es la comandante de ese ejército. Asuman el riesgo de hacer justicia, las tierras del Aguán por mandato del Estado son del sector reformado, no son del sector agroindustrial, eso es hacer justicia, eso es darle contenido a una propuesta de Gobierno por la que votamos».
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En Colón afloran los conflictos. A unos kilómetros de la aldea Guapinol, hay otras 13 comunidades que defienden otro río, que desde hace un año tiene un color café por el lodo que arrastran sus aguas gracias a la deforestación que ha realizado Inversiones Los Pinares con fines de explotación minera. Hombres como el agricultor Santos Hernández defienden el río San Pedro, que —al igual que el río Guapinol— nace en el parque nacional Carlos Escaleras.
Hernández es uno de los 32 luchadores criminalizados por la defensa de los ríos. Vive en una comunidad denominada Las Mangas. Es un hombre de campo, «este conflicto no es fácil, vemos que es una empresa bastante fuerte. Las autoridades han permitido la instalación de dicha empresa y es la dificultad más grande que hemos tenido. El Gobierno ha estado del lado de ellos».
En la casa están limpiando frijoles y desgranando maíz. No fue fácil llegar a él. En Las Mangas, un carro extraño inmediatamente pone en alerta a los vecinos, al igual que en Guapinol y otras comunidades que defienden los ríos afectados por la explotación de Inversiones Los Pinares.
Santos nos habla sin adornos y palabras rebuscadas: «Esa empresa está en una zona protegida a la que la reconocemos como el pulmón del municipio de Tocoa, esas autoridades que, sabiendo eso, están del lado de esa empresa, es lamentable y lo condeno. No tienen cargos para servir a la población, lo que buscan son intereses personales», sostiene.
Santos explicó que han realizado acciones y denuncias ante las instituciones correspondientes como Mi Ambiente y el Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN) donde solo los atienden, según Santos, «para que regresen conformes, pero de ahí no se ve que han hecho nada. Vienen comisiones, pero no lo andan haciendo bien la verdad». El defensor del agua, quien estuvo preso durante 14 días, siente «que hay una unión entre la empresa y las autoridades para que haya una presión (criminalización) sobre ellos».
«Yo me siento amenazado todavía», nos dice sentado bajo un árbol en su casa. Añade que no quisiera ver aquella verde montaña como un desierto. Cuenta que en el sector San Pedro también hay persecución y amenazas. Habla sobre los infiltrados que tiene Inversiones Los Pinares en la comunidad para conseguir información. «Yo le pido a los compañeros y población de Tocoa que en lugar de prestarse al juego de la empresa, mejor se unan a la lucha. Vamos a quedar con el territorio despedazado», dijo.
«Lenir para nosotros es el monstruo que nos tiene con la pata en el pescuezo», exclamó, con una frase retrata a la perfección la lucha por la defensa de los ríos Guapinol y San Pedro. Pese a la denuncias y el cambio del Gobierno, la minera no ha dejado de avanzar. La Planta Ecotek se ha elevado como un monstruo de hierro al lado de Guapinol.
De repente, aquel campesino que las circunstancias han convertido en defensor del agua y de la vida, eleva la voz y pregunta: «¿Esto puede llegar a Xiomara? –al recibir una respuesta positiva, afina la garganta y dice–:, Quiero decirle que yo soy uno de los que ha puesto el pecho desde el golpe Estado, y me duele que ella nos prometió solucionarnos este problema y hasta el momento yo no sé qué está haciendo algo. La cosa sigue lo mismo».
Juan López, quien es miembro del Comité para la Defensa de Bienes Comunes y Público de Tocoa y regidor municipal en Tocoa por el Partido Libre, sostiene que él incursionó en política porque la doctrina del partido le gusta, pero «a veces siento hasta asco del comportamiento de ciertas personas dentro del Partido, que como fuerza política ha estado a la altura, pero su dirigencia no la ha estado».
Reynaldo Domínguez, líder de Guapinol y hermano de Alí, sostiene que tras los hechos violentos en Colón, el Gobierno tiene el escenario para actuar y cumplir su promesa de resolver los conflictos en ese departamento: «Si hoy pone voluntad y con todos los elementos que están dados para que se cierren estos proyectos, da el paso, le vamos a creer; pero si estos hechos se quedan impunes y siguen los proyectos, vamos a decir que era un asunto de pura política mentirosa y maliciosa de todas las personas que dicen que quieren trabajar con el bien de este pueblo pero que en el fondo están confabulados con intereses empresariales», dijo.
Estas declaraciones las realizó el líder de Guapinol antes que Contracorriente publicara un revelador reportaje en el que se explica la estrecha relación entre en bufete de Tomás Vaquero, ministro de Gobernación de Xiomara, y el empresario Lenir Pérez: «Ahora tenemos suficientes razones para entender cómo Lenir Pérez ha sido capaz de mantener estos permisos sin licencias ambientales. Y no nos extrañará que si se cierran este tipo de proyectos van a hacer demandas millonarias que el Estado definitivamente no podrá pagar».
Los riesgos
En Colón, los defensores de derechos humanos se mueven con cautela. Tanto en Guapinol, como en Las Mangas, Malafalda, Tocoa o alguna de las fincas de palma en disputa. Cualquier carro extraño que ingresa a las comunidades es motivo de alerta. Y si anda vidrios oscuros, la alerta aumenta de inmediato. En Guapinol, Reynaldo Domínguez ha tomado precauciones. Santos Hernández se siente amenazado y en riesgo. Líderes de la Plataforma Agraria como Jaime Cabrera huyen de la criminalización y las amenazas contra su vida.
Esly Banegas sostiene que en la última evaluación de riesgo los luchadores sociales y defensores en el Aguán alcanzan hasta un 89 %. «Vemos que ahorita el riesgo está en aumento, incluso hemos escuchado versiones de personas que no dan su nombres por el mismo temor. Hay intenciones de exterminar dirigentes, defensores y defensoras de la lucha por la tierra. Nos han dicho que hay que cuidarse, la idea es eliminar a personas como si con eso van a eliminar la lucha. Están equivocados, eso ha pasado en muchos lugares y la lucha continúa, aquí ha pasado y la lucha no la van a detener porque son derechos legítimos», nos decía Esly Banegas tres días después del asesinato de Alí y Jairo, y siete días antes de la muerte violenta de Omar Cruz y su suegro.
Juan López sostiene que los riesgos no se pueden negar y que hay que denunciar para que el MP tenga la facultad de investigar, «yo quisiera que estos procesos tuvieran un giro y pudiéramos ir construyendo unas relaciones de fraternidad y amor entre todos los actores en función, pero esa utopía está en un campo de conflicto y violencia. La vida de tanta gente está en riesgo en los territorios», reconoce.
«Tenemos miedo, más con lo que ha pasado (las muertes), yo tengo miedo como ser humano, pero tengo más miedo que nos quedemos sin agua, eso sí me da mucho miedo. Porque, sin agua, ¿qué vamos a hacer?», se pregunta Reynaldo Domínguez.
