Por: Carolina Jiménez Sandoval,
Presidenta de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos
Fotografía: Jorge Cabrera
En poco más de un mes, Xiomara Castro, la primera mujer en ocupar la presidencia en Honduras, cumplirá su primer año en el poder. El camino hacia el Palacio José Cecilio del Valle y los meses que pasaron desde su toma de posesión no han sido sencillos. Las expectativas tras el gobierno de Juan Orlando Hernández (años plagados de violaciones a los derechos humanos y corrupción) y la urgencia ante los profundos desafíos que enfrenta el país se tradujeron en una demandante, y ambiciosa, agenda de trabajo.
La presidenta Castro llegó al cargo tras una campaña llena de promesas, principalmente de encaminar al país hacia un estado democrático completo, capaz de promover la lucha contra la violencia y la corrupción, garantizando, al mismo tiempo, el respeto a los derechos humanos.
Cuando me reuní con la presidenta Castro en el marco de una visita de WOLA a Tegucigalpa en noviembre, la conversación fue tan prometedora como la campaña que la llevó al poder. Discutimos nuestras preocupaciones con respecto al impacto de la corrupción que afecta al país en todos los niveles, la labor clave que ejerce la sociedad civil, y la importancia que tiene que el gobierno escuche sus demandas, así como la necesidad de fortalecer las instituciones, particularmente en relación con el sistema de justicia.
Entre una larga lista de desafíos que enfrenta, Honduras continúa sufriendo de una alta tasa de criminalidad, incluyendo altos índices de extorsión, una de las mayores tasas de homicidios yfemicidios en América Latina y un historial de impunidad en casos de violaciones de derechos humanos.
Combatir los desafíos que generan la alta criminalidad y la violencia estructural no es una tarea sencilla. De hecho, requiere del tipo de estrategias y herramientas que solo pueden desarrollarse con voluntad y compromiso político de largo plazo. La imposición de un estado de emergencia a finales de noviembre es la estrategia opuesta.
Cuando, el 6 de diciembre, entró en vigor un estado de excepción de un mes de duración en 162 zonas del Distrito Central (Tegucigalpa y Comayagüela) y San Pedro Sula, Castro dijo que la medida busca reducir la violencia y el crimen. En la práctica, el estado de excepción en Honduras suspende seis derechos garantizados en la Constitución, incluyendo la libertad de circulación, el derecho de asociación y reunión, y la inviolabilidad del domicilio y brinda a fuerzas de carácter militar roles de seguridad interna.
Aun cuando la amenaza es real, lo cierto es que cuando fuerzas de carácter militar toman roles que son exclusivos de las fuerzas civiles, el riesgo de que se cometan graves violaciones de derechos humanos aumenta exponencialmente. No hace falta más que ver la situación en El Salvador, donde se han documentado miles de denuncias de violaciones de derechos humanos incluyendo detenciones arbitrarias y muertes bajo custodia en el marco de su propio estado de excepción, para ver el potencial impacto de este tipo de medidas.
En Honduras, la violencia está estrechamente relacionada a la crisis de corrupción, un flagelo que la presidenta Castro ha identificado y que es visible en cada rincón del país.
En respuesta a esta crisis de larga data, la ciudadanía, la sociedad civil y la comunidad internacional han recomendado la instalación de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras (CICIH) que ayude a fortalecer el poder judicial con las herramientas que tanto necesita para asegurar que la justicia sea una realidad para todas las personas en Honduras. De hecho, Castro ya ha tomado pasos firmes en el proceso de creación de la Comisión. La prueba de su éxito estará en el apoyo que le continúe brindado en el futuro.
Y eso no es todo. Hay otras reformas, además de las concernientes a los sistemas político y judicial, con los que la presidenta y su partido se comprometieron y cuyas promesas es esencial que cumplan, como la promoción de la igualdad de género. Aunque los avances en la discusión con grupos de sociedad civil para la confección de una ley que garantice el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia es positivo, todavía hay mucho trabajo por hacer. Honduras es uno de los pocos países del mundo que penaliza con prisión el aborto en todos los casos (aun cuando el embarazo es producto de una violación o presenta un riesgo para la vida de la persona gestante). Revertir esta ley no será fácil, particularmente tras la reforma Constitucional que blindó la prohibición a principios de 2021. Sin embargo, el Poder Ejecutivo tiene la obligación de velar por el bienestar de todas las personas gestantes en el país, lo que incluye garantizar el acceso libre a la interrupción voluntaria del embarazo.
Para llevar adelante todas estas luchas, frente a la oposición en el Congreso o incluso en su propio entorno político, la presidenta Castro tiene que ser capaz de cimentar su autoridad como lideresa política, dentro de los límites constitucionales, y de construir alianzas, dentro de Honduras, incluyendo con la sociedad civil, y fuera de su país.
Estados Unidos aún puede contarse entre los aliados de la presidenta. Buena parte del partido Demócrata gobernante ya no se identifica con los temas ideológicos que alguna vez supusieron distancia con Honduras. La lógica de la administración Biden es que en una Centroamérica más próspera y menos corrupta será beneficiosa para toda la región.
Los retos que se erigen frente a la presidenta Xiomara Castro son considerables y las acciones que deben tomarse no siempre serán sencillas, pero la alternativa continuaría sumiendo a Honduras en un lugar donde la corrupción, la violencia de género y la impunidad son la norma, y nada es menos deseable.
