Redacción Regional y La Prensa Gráfica
Ocurrió afuera del centro penal de máxima seguridad de Zacatecoluca, en La Paz, en la zona paracentral de El Salvador, el jueves 3 de junio de 2021. Allí, a las 18:40, Eduardo Erazo Nolasco, alias “Colocho”; y Élmer Canales Rivera, alias “Crook”, ambos jefes influyentes de la Mara Salvatrucha, los dos reclamados por Estados Unidos para juzgarlos por actos de terrorismo, fueron fotografiados por separado a un costado de una patrulla de la oficina nacional de El Salvador de la Interpol. En esas dos fotografías, tomadas por la inteligencia militar salvadoreña, lucen rapados y vestidos con el uniforme de los presos salvadoreños: playera y shorts blancos. Son el rastro sobre los cabecillas de la MS-13 que existe en un documento oficial de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) al que han tenido acceso la Redacción Regional y La Prensa Gráfica. A pesar de estar condenados por delitos de secuestro e introducción de ilícitos en cárceles, y de tener una advertencia de un juez para que no fueran puestos en libertad, a la espera de otros procesos penales pendientes, las autoridades permitirían eventualmente que desaparecieran del radar del Estado.
“Crook” reingresó a Zacatecoluca un día después de que se tomara aquella imagen, pero Centros Penales permitió su salida en noviembre de ese año, confirmó La Prensa Gráfica a través de informes de inteligencia penitenciaria. “Colocho”, según el Sistema de Inteligencia Penitenciaria, ya no volvió a Zacatecoluca. Hoy su paradero sigue desconocido.
En la tarde del jueves 23 de noviembre se intentó obtener una reacción de Centros Penales a través de su equipo de prensa. Sin embargo, luego de escuchar las preguntas relativas a las salidas de los cabecillas de la MS-13, el vocero colgó el teléfono y ya no atendió llamadas. También se buscó al director de la Policía Nacional Civil a través de uno de sus voceros. Este se comprometió a dar una respuesta, pero esta no llegó al cierre de esta nota.
La información que confirma que la FAES supo de la salida del penal de los dos cabecillas de la MS-13 es parte de un informe de inteligencia enviado por el ‘Grupo de Tarea Nonualco’ de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) a los jefes del Comando San Carlos y del Destacamento Militar #9 que operan en la zona paracentral del país, donde está ubicado el Centro Penal de Máxima Seguridad de Zacatecoluca, la cárcel en donde están recluidos los principales líderes de las pandillas Mara Salvatrucha y las dos facciones del Barrio 18.
El mensaje con referencia “MJE No. 659 S-2” es parte de los 250 mil correos electrónicos que fueron extraídos de la FAES por la organización hacktivista Guacamaya en septiembre de este año y distribuidos a organizaciones como DDOSecrets y medios de comunicación, entre estos Redacción Regional, de la que La Prensa Gráfica es parte. La organización también logró extraer 10 millones de correos de la Policía Nacional Civil, así como de cuerpos de seguridad y de defensa en otros países de América Latina.
Según el documento, a GT Nonualco le corresponde la vigilancia, monitoreo y seguridad perimetral de Zacatecoluca. Alrededor del centro, la Fuerza Armada espía a Centros Penales: vigila, anota e informa quién entra y quién sale del edificio. Dos militares en retiro que sirvieron a los equipos de inteligencia del Ejército en los 10 años de Gobierno del FMLN aseguran que ‘espiar’ a otras ramas del Ejecutivo no es una misión regular del Ejército, pero la presencia de ‘grupos de tarea’ alrededor de las cárceles que resguardan a líderes de pandillas es una práctica heredada desde la era del exministro David Munguía Payés, considerado uno de los padres de la Tregua entre pandillas de 2012 y ahora procesado por corrupción.
Los reportes de inteligencia recabados en 2021, sin embargo, no previnieron las salidas irregulares de prisión de los cabecillas de la MS-13, señalada por el Ejecutivo y la Fiscalía como la causante de la ola de violencia registrada en marzo de 2022 y que provocó la instauración del régimen de excepción.
Se consultó al Ministerio de la Defensa por estas salidas, y si estas fueron reportadas a la Fiscalía. Un vocero de la institución pidió preguntas por mensajería de Whatsapp para trasladarla a entidades correspondientes. Al cierre de esta nota tampoco hubo respuesta. Se buscó además una reacción del comandante del Destacamento Militar #9 a un número asignado por la institución, pero desde ahí se respondió que no se podía dar mayor información porque el tema de pandilleros en proceso de extradición le compete a la Policía.
Para diciembre de 2021, “Colocho” y “Crook” debían estar en prisión a la espera de sus otros procesos penales pendientes, pero para ese mes las autoridades penitenciarias y policiales ya tenían confirmado que les habían perdido el rastro, según documentos de inteligencia. El GT NONUALCO, sin embargo, los seguía incluyendo en un listado como parte de los “PDL (privados de libertad) de máxima peligrosidad” recluidos en el penal.
Los cabecillas con “carta de libertad”
“Colocho” y “Crook” salieron de Zacatecoluca, como confirman las fotografías de inteligencia militar, después de que un juzgado dijera que ya habían cumplido prisión preventiva por el caso Cuscatlán.Impulsado en 2018, Cuscatlán es el tercer intento de la Fiscalía salvadoreña por desarticular a la estructura de la MS-13 a través de sus finanzas y delitos conexos que relacionan a algunos de sus principales cabecillas. Sin embargo, los pandilleros deberían haber seguido en prisión.
Por el caso Cuscatlán habían sido condenados a 60 años por ser considerados como coautores de dos homicidios diferentes, pero semanas antes de aquellas fotos, el 26 de abril de 2021, la Cámara Especializada de lo Penal resolvió modificar el fallo emitido por el Juzgado Especializado de Sentencia A de San Salvador.
A “Colocho”, el tribunal superior lo dejó con una condena de 30 años por uno de los crímenes y lo absolvió de otro asesinato; mientras que a “Crook” lo dejó con 40 años: 30 por un homicidio y 10 por otro crimen al modificar su participación a proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado.
Un mes después y debido a una segunda apelación, el Tribunal de Segunda Instancia emitió otra resolución y ordenó poner en libertad a 65 miembros de la MS-13 del caso Cuscatlán, entre ellos a “Colocho” y “Crook”, debido a que se cumplían los 36 meses en prisión provisional, tiempo máximo que determinaba para esas fechas la legislación salvadoreña para una persona detenida sin haber recibido una sentencia en firme.
El 1 de junio de 2021, el juez Godofredo Salazar Torres, encargado en aquel entonces del Juzgado Especializado de Sentencia A de San Salvador, envió el oficio número 935, del cual Redacción Regional tiene una copia, informando sobre la finalización de la prisión provisional para esos 65 emeeses. Ese escrito también advertía al director del centro penal de Zacatecoluca que muchos pandilleros de ese listado tenían otros procesos penales abiertos; por lo que no debían ser puestos en libertad.
Sobre “Colocho”, el juez Salazar escribió que el Sistema de Información Penitenciaria (SIPE) daba cuenta de que se encontraba “a la orden de Juzgado Segundo de Vigilancia Penitenciaria en la causa penal 1001-04-1 CCENP quien controla una pena de 18 años de prisión por el delito de secuestro”. Además, advirtió que también se encontraba a la orden de “otra oficina judicial en la que aparece en calidad de procesado”.
Sobre el “Crook”, el escrito 935 del juez determinó que según el SIPE “se encuentra en calidad de procesado en esta sede judicial en la causa penal 41-A-2020 por el delito de extorsión agravada y agrupaciones ilícitas. También se encuentra como condenado en el Juzgado Primero de Sentencia de Zacatecoluca por tráfico de objetos prohibidos en centros penales en la causa penal con referencia 357Z-2A3-16 donde se le impuso una pena de tres años; asimismo se encuentra a la orden de otras oficinas judiciales en las que aparece en calidad de procesado”.
Esa correspondencia del juez, originó que el inspector Rogelio Belarmino García, alcaide del penal, pidiera un informe al Centro Antipandillas Transnacional (CAT) sobre posibles órdenes administrativas que estuvieran pendientes para ocho pandilleros involucrados en el caso, incluyendo a “Colocho” y “Crook”, según informó el periódico digital El Faro.
El siguiente día, el CAT confirmó las notificaciones rojas de Interpol para ambos cabecillas de la MS-13 que respondían a una solicitud de extradición promovida por Estados Unidos que los requiere, junto a otros 12 jefes históricos de la MS-13, para juzgarlos por actos de terrorismo.
Un día después, la información consignada en el correo electrónico de la inteligencia militar da cuenta que aquel 3 de junio de 2021 “salieron en libertad” del Centro Penal de Máxima Seguridad de Zacatecoluca a las 6:40 de la tarde el “Colocho” y el “Crook”, quienes se encontraban en prisión “por el caso Cuscatlán”.
Ambos fueron entregados al agente “Martínez González” de Interpol “por tener difusión roja y ser reclamados por Estados Unidos”. La información detalla que ambos pandilleros fueron trasladados en los vehículos N 93-67 y N 13-107 “con 8 agentes de seguridad de la PNC”.
Ese mismo día, ambos pandilleros fueron notificados en los juzgados de Paz sobre la petición de extradición de Estados Unidos; pero solo “Crook” regresaría a prisión.
A las 7:26 de la tarde del 4 de junio, los militares enviaron otro correo electrónico con la referencia “MJE No. 668 S-2” en el que informaron que a las 6 de la tarde de ese día había retornado al centro penal de máxima seguridad Élmer Canales Rivera, alias “Crook”, custodiado por “diez elementos de la Interpol, quien quedará guardando en prisión en este centro penal, siendo trasladado en el vehículo N 13-711”.
Sin pistas de “Colocho”
Cinco meses después de aquel reingreso, la filtración del hackeo de los correos electrónicos de la Policía Nacional Civil realizada por Guacamaya confirma que “Crook” fue liberado de prisión el 18 de noviembre de 2021, tal como lo había informado en diciembre pasado La Prensa Gráfica. Una investigación de El Faro de mayo pasado reveló que en la liberación irregular de “Crook” participó “personalmente” Carlos Marroquín, director de Tejido Social del gobierno de Nayib Bukele, según él mismo confesó en unos audios a los que tuvo acceso dicho medio.
Sin embargo, sobre el paradero de “Colocho” esa fotografía del 3 de junio, y posteriores registros judiciales y penitenciarios de junio y julio de 2021 son las últimas pistas de su paradero.
Un día después de aquella fotografía, “Crook” y “Colocho” fueron remitidos a la sede de los tribunales de Paz de El Salvador para que fueran notificados por la petición de extradición de Estados Unidos.
“Colocho” fue llevado ante el juez Cuatro de Paz de San Salvador bajo el oficio de Interpol PNC/DG/OCN/DEC/233/2021MHAM. Ese escrito, tal como constató Redacción Regional en el expediente, consigna que los agentes levantaron un “acta de captura” del cabecilla pandillero a las 6:40 minutos del 3 de junio de 2021 frente al centro penal de máxima seguridad de Zacatecoluca, tal como lo indica el reporte de la inteligencia militar.
Minutos después de presentado ante el juzgado, “Colocho” habría sido puesto nuevamente en prisión provisional por el caso pendiente de extradición a Estados Unidos: “Mediante resolución proveída a las 10:35 a. m. del 4 de junio de 2021 se decretó detención provisional con fines de extradición en atención al oficio PNC/DG/OCN/DEC/233/2021 suscrito por Manuel Ulises Garay Cotto, jefe de la oficina Interpol El Salvador, por la orden de difusión roja con la referencia #A-526/2-2021, publicada por Interpol Francia el 22 de febrero de 2021, a solicitud de Interpol Estados Unidos de conformidad con la captura CR 20577 del 16 de diciembre de 2020, firmada por el juez Steven L. Tiscione”, se lee en el expediente. Esa prisión provisional, sin embargo, no se cumplió en Zacatecoluca.
Tras el fallo preliminar del juzgado, ambos fueron llevados a las bartolinas de la Policía Nacional Civil. Al día siguiente, en la información relativa a la inteligencia militar, el GT Nonualco ya no volvió a registrar el reingreso de ‘Colocho’ a Zacatecoluca, solo del de “Crook”.
El acta de captura de “Colocho” enlista los cargos por los que es requerido en Estados Unidos: Conspiración para proporcionar y ocultar apoyo material y recursos a terroristas, conspiración para cometer actos de terrorismo que trascienden las fronteras nacionales y conspiración para el narcoterrorismo.
A pesar de esa orden judicial y los cargos pendientes con la justicia salvadoreña que aún tiene, el pandillero fue puesto en libertad por las autoridades, según constató este medio. Una copia de la ficha del cabecilla en el SIPE de finales de julio de 2021, en poder de Redacción Regional, da cuenta que este estaba “inactivo por libertad”. Desde entonces, su paradero es desconocido.
Documentan a “Blue”
La inteligencia militar que tiene cargo el centro penal de máxima seguridad de Zacatecolua también documentó en septiembre de 2020 la salida en prisión de Armando Eliú Melgar Díaz, alias “Blue”, un dirigente de la Mara Salvatrucha que ganó notoriedad tras convertirse en el primer pandillero que fue reclamado en Estados Unidos por terrorismo.
Los militares enviaron un correo con la referencia MJE No. 510 S-2 a sus superiores informando que “Blue” había sido puesto en libertad el 30 de septiembre de 2020 y “llevado por agentes de Interpol” debido a que su liberación “fue amparada en la aplicación del principio de oportunidad de acción penal por extradición”.
Ese reporte incluye un oficio firmado por el director del centro penal de máxima seguridad, inspector Rogelio Belarmino García, donde confirma que la Fiscalía General de la República había solicitado el 25 de septiembre de 2020 que le otorgaran el criterio de oportunidad al pandillero de la Mara Salvatrucha.
Un beneficio que le fue suspendido dos años después, tal como lo autorizó la Corte Suprema oficialista,que se negó a autorizar la extradición de Blue. En octubre de 2022, el pandillerorecibió una condena a 39 años de prisión en El Salvador por los delitos de agrupaciones ilícitas, tráfico ilícito y proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado. Una condena que bloqueó su extradición a los Estados Unidos.
