La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos emitió un informe a finales de septiembre que confirma una investigación por "ejecución extrajudicial" en el caso de Adrián Solórzano, el primero que ve la luz pública y emplaza al Estado para que explique una de las 90 muertes que han sucedido en penales desde el inicio del régimen de excepción. Su familia había denunciado hace cuatro meses que Solórzano, un padre de familia de 30 años fallecido en el centro penal La Esperanza, fue asesinado por las autoridades.
Jaime Quintanilla
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) de El Salvador investiga una posible “ejecución extrajudicial” contra Adrián Efraín Solórzano Hernández, uno de los 90 fallecidos en centros penales que fueron capturados bajo el régimen de excepción del Gobierno Bukele. Según un informe fechado el 30 de septiembre pasado y al que tuvo acceso LA PRENSA GRÁFICA y Redacción Regional, la institución abrió un expediente por la muerte del exempleado del Tribunal Supremo Electoral detenido el 18 de abril y asesinado, según denuncias de sus familiares, a inicios de julio, cuando el régimen arrancaba su cuarto mes.
El presunto asesinato de Solórzano en prisión fue revelado por LA PRENSA GRÁFICA el 6 de julio, cuando su familia denunció que este había fallecido por “asfixia mecánica por estrangulación” al interior del centro penal La Esperanza (conocido como Mariona), en San Salvador. A esa conclusión llegó el Instituto de Medicina Legal, en un reporte forense entregado a la familia y que es clave en la investigación abierta por la PDDH.
“Los hechos descritos, preliminarmente, aluden a una afectación a los derechos de las personas privadas de libertad (PPL), específicamente al derecho a la vida del señor Adrián Efraín Solórzano Hernández, por ‘ejecución extrajudicial’”, estableció la institución en el expediente SS-0211-2022. De comprobarse, la Procuraduría señala que el Estado habría violado diferentes artículos contemplados en la Constitución salvadoreña, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Ley Penitenciaria.
Esta es la primera vez que sale a la luz pública una investigación de la institución contralora sobre una posible ejecución extrajudicial de un privado de libertad en el marco del régimen de excepción, que comenzó oficialmente el 27 de marzo de este año, bajo el argumento de capturar a “todos los pandilleros del país”.
La PDDH notificó la resolución inicial del expediente a los familiares de Solórzano el 17 de octubre, más de dos meses después de su muerte y cuando la entidad era conducida por el exprocurador Apolonio Tobar. El informe preliminar, según la institución, partió de las notas periodísticas que dieron a conocer el caso. La PDDH, en el documento, señala que ha pedido cuatro informes a diferentes instancias para que aclaren las circunstancias en las que Solórzano fue capturado y en las que falleció bajo custodia del Estado.
Consultada por el caso, la nueva procuradora Raquel Caballero de Guevara respondió a través de su oficina de prensa el martes 15 de noviembre que “estos casos son absolutamente prioritarios para la procuradora, pues el derecho presuntamente violado es el básico, que es el derecho a la vida”. Además, la institución confirmó que hasta el 14 de octubre tenía “38 expedientes de muertes potencialmente ilícitas en centros penales”, para un total de 43 víctimas de las 90 personas que han fallecido en penales. Sin embargo, la institución no aclaró si corresponden a investigaciones por ejecuciones extrajudiciales ni respondió si habían recibido los informes que solicitaron en el caso de Solórzano.
“Todos se encuentran en fase de investigación para tratar de determinar si hubo responsabilidad del Estado por omisión o por responsabilidad directa en el fallecimiento de esas personas”, agregó la PDDH.
Consultado por esta investigación, el exprocurador Tobar dijo que no la recordaba y agregó que no quería hacer ninguna valoración sobre el resto de casos que abrieron en su gestión porque “no tenía a la mano nada”. Tobar ahora es magistrado de la Cámara Tercera de lo Penal, un nombramiento que realizó la Corte Suprema de Justicia que el oficialismo y sus aliados eligieron de manera irregular el 1 de mayo de 2021.
Un caso emblemático
La muerte de Adríán Solórzano se convirtió en un caso mediático por ser la primera muerte en prisión bajo el régimen de excepción que un documento oficial de Medicina Legal certificó como como un hecho en el que la causa de la muerte estaba alejada de enfermedades, la versión con la que las autoridades han intentado dar respuesta a los 90 detenidos del régimen que han fallecido en cárceles, según las cuentas del ministro de Seguridad Gustavo Villatoro.
La única institución que ha notificado con documentos oficiales que está investigando la muerte de Solórzano es la PDDH. Para ello, le solicitó un informe al director de Mariona, Ricardo Salguero Ventura, sobre los eventos ocurridos dentro de esa cárcel que concluyeron con la muerte de Solórzano.
La PDDH también le pidió al jefe de la Unidad Fiscal Antipandillas y Delitos de Homicidios, Max Muñoz Mejívar, que “dirija la investigación de manera imparcial” para esclarecer la muerte de Solórzano. Al director del Hospital Nacional Zacamil, César Delgado Acosta, le solicitó entregar un informe que detalle las atenciones que le brindaron a Solórzano y la hora de entrada y salida de ese recinto. Según los familiares, en Medicina Legal a ellos solo les notificaron que Solórzano llegó muerto al hospital.
En cuanto al jefe de la delegación de la PNC de Usulután, Marco Mariona, le solicitó un informe que exponga “los datos referentes a la captura del señor Adrián Solórzano (…) y que anexe copia certificada y/o acta en la que conste la detención y la causa de ello”.
La Prensa Gráfica y La Redacción Regional revelaron a través de múltiples fuentes familiares, policiales y judiciales que Solórzano, de 30 años, no pertenecía a ningún grupo delictivo y que la Policía Nacional Civil no lo tenía perfilado como pandillero o colaborador de estas estructuras. Él se dedicaba a hacer viajes privados. Sin embargo, el 18 de abril, dos policías llegaron a su hogar en Jucuapa, Usulután, al oriente del país, y le dijeron que los acompañaran a la delegación policial para hacerle unas preguntas y que luego regresaría a su casa. Desde ese día fue capturado y acusado, sin pruebas, de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía dijo que Solórzano se encargaba de “abastecer de alimentación a miembros de la mara Salvatrucha que andan huyendo de la justicia en el sector de Joya Ancha, jurisdicción de Santa Elena, y hacienda Miramar, jurisdicción de California”. Pero tres fuentes policiales confirmaron que no tenían ningún registro de estos movimientos en sus bases.
El 20 de abril las autoridades judiciales enviaron a Solórzano hacia Mariona para cumplir seis meses de prisión preventiva mientras la Fiscalía investigaba su caso. Allí pasó interno y bajo la tutela del Estado hasta el 4 de julio, cuando fue asesinado, según denuncia su familia.
La PDDH establece en las consideraciones del caso que “las personas detenidas en el contexto del Régimen de Excepción, desde el momento que el Estado genera la condición para la restricción del derecho a la libertad, genera una relación entre las personas privadas de libertad y el Estado, éste último como sujeto en una posición de garante, ya que estas personas se encuentran bajo su custodia, debe prevenir cualquier circunstancia que afecte derechos humano y esclarecer los hechos acontecidos”.
Las autoridades tenían 72 horas para rendir los informes que la PDDH les solicitó. Sin embargo, un pariente de Solórzano dijo que hasta el 8 de noviembre no han recibido ninguna actualización del caso. Tampoco les han entregado el expediente de Medicina Legal con la autopsia de Solórzano. “Está en la Fiscalía. Dicen que hasta que esté el de ellos completo darán ese porque aún están investigando”, añadió.
“Queremos que de verdad sean transparentes en las investigaciones y todo. No que quieran ocultar las cosas y tapar el sol con un dedo. Y que así como implementaron el régimen de excepción, también apliquen un castigo a esta gente que violó los derechos de todas estas personas que eran inocentes”, dice su pariente.
David Morales, exprocurador para la defensa de los derechos humanos, y el primero en condenar las ejecuciones extrajudiciales cometidas por la PNC en 2015, opinó que debido a la gravedad de los hechos este debería ser un caso prioritario para la PDDH. Morales, premio WOLA 2022 y director de derechos humanos de la organización no gubernamental Cristosal, señala que esta resolución inicial se queda corta en las facultades que tiene la institución para investigar. “La PDDH tiene la obligación de fiscalizar a las instituciones”, dijo.
“Un caso de este tipo, que se trata de una presunta ejecución extrajudicial de la cual podrían ser responsables agentes del Estado y respecto a la cual puede haber tolerancia o encubrimiento del director de Centros Penales, debería ser prioritario. La PDDH no debería solo limitarse a notificar esta resolución inicial, sino que este tipo de casos requiere que el personal del área de procuración realice investigaciones y exijan que se les muestre la información”, apuntó Morales.
Denuncian irregularidades
El 22 de septiembre a las 11 de la mañana, ocho días antes de que la PDDH emitiera la resolución inicial, dos hombres que se presentaron como “investigadores de la Fiscalía” llegaron a la casa de Solórzano para entrevistar a los familiares por el caso. Los supuestos investigadores llegaron vestidos de civil y en un pick up sin identificativos, pero con matrículas del Estado, según una fotografía tomada al vehículo en el que se transportaban.
Durante la entrevista, los familiares aseguran que los supuestos investigadores insistían en que Solórzano no había muerto como lo indicaba la esquela de Medicina Legal. “Venía a decirme que no había sido así como Medicina Legal decía que había muerto, que había sido que él había sufrido unas convulsiones o paros cardíacos”, narra uno sus parientes, y agrega que Solórzano estaba sano cuando fue capturado y no tenía ningún padecimiento crónico.
Los supuestos investigadores no le presentaron a la familia ningún documento que certificara lo que decían. La familia incluso denuncia que tuvieron un “trato pesado” con ellos e insistían en intentar sacar información que permitiera señalar que Solórzano era pandillero.
A través de las oficinas de prensa de la Policía y la Fiscalía se intentó obtener una reacción sobre este procedimiento denunciado por la familia, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta de ninguna de las dos instancias.
El futuro de la investigación por una posible “ejecución extrajudicial” ahora está en manos de la PDDH administrada por la nueva procuradora Caballero de Guevara, que en sus primeras declaraciones al frente de la institución dijo que revisará los expedientes emitidos por la PDDH de su antecesor relacionados con el régimen de excepción, una medida que calificó como “necesaria”.
El 15 de octubre, luego de que el bloque oficialista de la Asamblea Legislativa la eligiera en el cargo, Caballero de Guevara se reunió con Bukele y su gabinete de seguridad en Casa Presidencial, donde el presidente intentó justificar su nominación.
En ese encuentro, Bukele dijo que “son más importantes los derechos de la gente honrada” que los de los privados de libertad y Caballero lo respaldó. Esta no es la primera vez de la funcionaria al frente de la PDDH. La dirigió entre 2016 y 2019 y durante su periodo respaldo las “medidas extraordinarias” del gobierno de izquierdas, el FMLN, que facilitaban encierros prolongados de los reos sin que tuvieran acceso a visitas de familiares o abogados, en una cruzada antipandillas que también se extendía en las calles, con “enfrentamientos” entre policías y supuestos pandilleros. Al cierre de ese periodo, bajo su administración emitió un informe en el que concluyó que la PNC ejecutó extrajudicialmente a al menos 116 personas entre 2014 y 2018.
En su nueva ronda, la funcionaria hereda un expediente que definirá su postura respecto al régimen de Bukele. “El derecho a la vida presupone el goce de los demás derechos, al no ser respetado éste, todos los demás derechos desaparecen, y toda muerte en circunstancia sospechosas, aun cuando no se denuncie, debe investigarse por las instituciones del Estado”, dice el documento elaborado por la PDDH.
A la fecha, organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos han exigido investigaciones sobre las más de cinco mil denuncias por posibles abusos cometidos en el marco del régimen, así como una investigación exhaustiva por las muertes en centros penales. Al respecto, el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, aseguró que está investigando estas muertes, pero hasta la fecha no ha detallado qué tipo de investigaciones está realizando ni qué delitos persigue con las mismas. Sobre los decesos en prisiones, el 20 de septiembre, Delgado aseguró que había “concluido aproximadamente el 40 % de los casos, en esos casos se estableció que no existe mano criminal de por medio, es decir que no tenemos delitos que imputar”.
El 14 de octubre, en una de sus últimas comparecencias, el exprocurador Apolonio Tobar dijo que la PDDH había registrado 3,777 casos atendidos que están relacionados con la violación a los derechos humanos en el marco del régimen de excepción. Según informes de la misma institución, hasta el 24 de julio había 28 posibles violaciones al derecho a la vida. La nueva PDDH eleva la cifra a 38 casos, mientras que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya tramita una denuncia colectiva para que se investigue la muerte en prisiones de 68 reos del régimen de excepción. El Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha citado esta semana al Estado salvadoreño, luego de 10 años, por las miles de denuncias de vulneraciones a los derechos humanos y conocer “qué medidas se están aplicando para garantizar los derechos de la población durante el régimen de excepción”.
*Este reportaje forma parte de República Finquera, un proyecto de cobertura del autoritarismo en Centroamérica y México de la Redacción Regional , una alianza entre medios y periodistas de la región, entre ellos Contracorriente.
