El régimen de excepción en El Salvador arrancó el 26 de marzo en un recinto militar por “orden del presidente Nayib Bukele”, un día antes de que fuera aprobado por la Asamblea Legislativa. “No había nadie en ese salón que no supiera que nos estaban pidiendo ir en contra de las leyes”, dice una fuente presencial. Testimonios de Jefes policiales, militares, agentes, investigadores, víctimas, documentación judicial y la información de 724 detenciones perfilan como una cacería el régimen bajo el que unos 52,000 salvadoreños han sido capturados: detenciones arbitrarias sin pruebas de los cuerpos de seguridad para cumplir cuotas, una fiscalía plegada y violaciones a los derechos humanos.
Por Jaime Quintanilla y Daniel Valencia
Con reportes de Claudia Espinoza, Ricardo Flores y Rodrigo Baires
El régimen de Nayib Bukele no inició el domingo 27 de marzo. Arrancó un día antes, a las 7:40 de la mañana del sábado 26, cuando el director de la Policía Nacional Civil ordenó a jefes y subjefes de las 21 delegaciones policiales del país realizar capturas masivas para perseguir a una sola pandilla, a sus familiares y conocidos. “El objetivo es ir por la Mara Salvatrucha”, dijo el comisionado Mauricio Arriaza Chicas en un salón de reuniones del Comando de Doctrina y Educación Militar (CODEM), un recinto del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada ubicado a unos 700 metros de la Casa Presidencial, en las afueras de San Salvador. A su lado estaba el ministro de la Defensa, René Merino Monroy, que lo acuerpaba y asentía. Para quienes recibieron las primeras directrices del régimen, era claro que estaban “fuera de la ley y de la Constitución”.
La reunión había sido convocada de urgencia, horas después de que culminara un encuentro en Casa Presidencial protagonizado por el presidente salvadoreño, que para las tres de la mañana estaba alarmado. Bukele se había pasado la semana en una burbuja bitcóin junto con el empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego y el CEO de Binance, Changpeng Zhao, pero los 14 homicidios con los que cerró el viernes 25 lo devolvieron a la realidad. Por eso convocó de madrugada al “gabinete de seguridad”, según las redes oficialistas, incluido Rodolfo Delgado, el fiscal general de la República.
En ese otro encuentro también participó Osiris Luna, el viceministro de Justicia y director de Centros Penales señalado por negociar con pandillas; el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro; Arriaza Chicas y Merino Monroy.
A las 3 de la madrugada, la ola de violencia continuaba y ya iban cinco homicidios confirmados.
Cuatro horas y media después de la reunión en Casa Presidencial, Arriaza Chicas y Merino Monroy se reencontraron 700 metros calle abajo en el salón del CODEM, ubicado sobre la avenida Manuel Enrique Araujo. Ahí recibieron a los jefes y subjefes policiales del país. El ministro Villatoro también acudió, aseguran las fuentes, pero llegó tarde. Tres oficiales de la Policía y tres fuentes militares no relacionadas confirman dicho encuentro. Al llegar, a los policías se les prohibió ingresar celulares y armas. “Se dijo que el presidente ordenó que se hiciera la reunión”, dice uno de los participantes.
Cuando esta arrancó, en el país ya habían caído 12 de los 62 salvadoreñosasesinados en el día más violento del siglo XX.
Captúrenlos a todos
En el cuarto de guerra en el que se convirtió el CODEM, las prioridades estaban claras.
Los funcionarios aseguraron que tenían información de inteligencia que confirmaba la mano de la MS-13 en la ola de violencia. Cuando algunos oficiales preguntaron por qué solo a la MS, que qué pasaría con las dos facciones del Barrio 18, Arriaza Chicas insistió en que “los pandilleros de la MS eran el objetivo”.
“Pero era un atarrayazo bien general el que se ordenó. Nos dijeron que fuéramos desde ese mismo día a capturar a todos los pandilleros de la MS que estuvieran ubicados. Nos decían: hay que traer las cabezas de la pandilla; hay que tocar las finanzas de la pandilla. La orden fue cercarlos, cercar a sus familiares, sus conocidos”, dice un oficial que participó de la reunión.
Que el gabinete de Seguridad asegurara tener certezas de la autoría de la MS-13 en los homicidios coincide con la información contenida en unos audios revelados por el periódico El Faro en mayo pasado. En esas grabaciones, el director de Tejido Social, Carlos Marroquín, señalado por Estados Unidos como una de las piezas clave en un pacto del gobierno Bukele con las pandillas, asegura haber intentado mediar entre la MS-13 y Bukele en medio de la jornada violenta. En los audios, Marroquín responsabilizaba al ministro Villatoro por la ruptura del pacto, luego de que este ordenara la captura de líderes de la pandilla que estaban en la calle. La respuesta de la MS, según la investigación, fue la masacre de marzo como medida de presión.
Antes de que acabara el encuentro, que se extendió hasta las 10 de la mañana, el director de la Policía dio tres instrucciones más. A juicio de quienes comenzaron a aplicarlas, estas serían los pilares para el incremento desproporcionado de capturas, que hasta finales de agosto superó las 51,800. “Se indicó que el asidero legal sería la aplicación del 345”, dice una de las fuentes.
Con “345” se refiere al artículo del Código Penal que habla del delito de agrupaciones ilícitas. Luego se les ordenó aplicar las detenciones “en el término de la flagrancia”, entendida esta en la supuesta vinculación de todos los detenidos con la estructura criminal, responsable, insistían, del alza de homicidios.
“Antes de la excepción, para poder detener bajo ese delito, se tenía que demostrar que eran miembros de la pandilla, qué participación tenían”, dice otro oficial policial. “El equivalente a un árbol genealógico, pues, complicado, y luego presentarlo a la Fiscalía, que podía dar o no dar la orden de una captura”.
La Constitución ordena a la Fiscalía dirigir la investigación del delito, con apoyo de la Policía, mediante un debido proceso. Aquel sábado 26, el Ejecutivo ordenó a sus cuerpos de seguridad romper con ese orden constitucional.
A los jefes policiales se les dijo que no tendrían que “preocuparse de la Fiscalía”. Según las fuentes, la indicación que luego fue trasladada a todos los policías en activo del país, era que “la Fiscalía nos va a recibir a los pandilleros de la MS que les remitamos. Sin mucha prueba”.
“No había oficial ni nadie en ese salón que no supiera que nos estaban pidiendo ir en contra de las leyes, pero la orden fue esa: ir a topar”, dice una de las fuentes.
Arriaza Chicas pidió que informaran en sus delegaciones que los policías que no participaran de las capturas serían sancionados. “Y que sería tomado como un delito de omisión la negativa de los policías que se nieguen a procesar en las sedes policiales a aquellos a los que los soldados han detenido por un hecho delictivo”, dice una de las fuentes.
A ese encuentro no asistieron mandos de las Fuerzas Armadas. Oficiales militares y policiales consultados aseguran que estos recibieron órdenes en otra reunión convocada por el ministro Merino Monroy.
Ese fin de semana, terminó con 87 personas asesinadas. A pesar de que en las calles los cuerpos de seguridad arrancaron su cacería desde el sábado, un día antes de que el régimen de excepción fuera aprobado por la Asamblea controlada por Bukele, no pudieron controlar inmediatamente el alza de homicidios. Pero sí dieron pie a lo que se convertiría en una política en la que todos los capturados son pandilleros hasta que el oficialismo diga lo contrario.
Redacción Regional y La Prensa Gráfica reconstruyen el inicio del régimen de excepción y 58 irregularidades en 726 órdenes de capturas efectuadas en el primer mes con apoyo de algunos de sus protagonistas, que aceptan hablar con la condición de anonimato: jefes policiales y militares que confirman reuniones en las que se giraron órdenes para incumplir la Constitución y las leyes penales; y agentes que aseguran haber detenido a “padres, madres, parientes, sus mujeres” y hasta “bolitos de las aceras” para hacer crecer los números y cumplir con una cuota exigida por las autoridades. Víctimas como Roselia, una lideresa comunal de Usulután, narran persecución y torturas al momento de su captura y durante su encierro. Familiares de víctimas mortales como Adrián Solórzano denuncian asesinatos en cárceles, bajo la mirada y el silencio del Estado. De la revisión de esquelas del Instituto de Medicina Legal, informes de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, un instructivo de detenciones girado en el contexto del régimen y documentos judiciales se perfilan actuaciones que, a juicio de abogados, jueces y expertos son fallas al debido proceso y, en algunos casos, se acercan a delitos de actos arbitrarios, privación de libertad y torturas.
A la fecha, organizaciones de derechos humanos en El Salvador contabilizan más de 3 mil denuncias por violaciones a los derechos humanos para igual número de detenidos en el régimen. Los casos analizados para esta investigación confirman un denominador común: la Fiscalía, más de 150 días después, sigue sin poder probar la pertenencia de cientos de capturados a las pandillas, y en decenas de casos la vinculación de los detenidos con esas estructuras son dichos de informantes, la “voz pública”, o supuestas fichas policiales de los detenidos, sobre quienes el mismo registro de detención indica que no poseían antecedentes o registros en bases de datos. Otros, que intentaron “fugarse” al ver la presencia policial, al final se rindieron y confesaron ser pandilleros, según los agentes captores. Hay capturas sin sentido, como la de dos mujeres que llegaron a una delegación a dirimir un problema personal y terminaron acusadas de colaboradoras. Otras incluso señalan imposibles: como las detenciones de pandilleros y supuestos pandilleros en el marco del régimen de excepción que están fechadas un día antes de que este fuera aprobado por la Asamblea Legislativa. El sábado 26 de marzo ocurrieron 27 de estos casos solo en San Salvador.
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Adrián Solórzano no tenía cómo saberlo, pero la sombra del régimen ya estaba en Usulután al mediodía de aquel sábado 26. En el municipio de Jucuapa, el día pasó sin incidentes para Adrián y su familia, que aprovechó para compartir con su hijo, Elián, de cuatro años, como procuraba todos los fines de semana. Eran muy unidos, como suelen serlo los padres con sus primogénitos. Para Elián su papá era su persona favorita, con el que más tiempo pasaba y el que más lo consentía. Dentro de casa no existía ninguna preocupación, pero en Usulután el régimen ya comenzaba a dar muestras de lo que se vendría.
En San Marcos Lempa, un municipio ubicado a una hora de su casa, una patrulla mixta llegó hasta el negocio de una lideresa comunal que forma parte de la Federación Unitaria Sindical de El Salvador (Fuss). Ironías del régimen, Roselia había trabajado por décadas con las comunidades de la zona y con los agentes policiales en prevención de violencia y en atención de emergencias climáticas. Pero aquel sábado poco importó que ella y los policías se conocieran.
Además de lideresa comunal, Roselia es cosmetóloga y tiene un pequeño salón de belleza a la orilla de la carretera Litoral. Ahí también vende ropa, sodas y cervezas que le ayudan a sacar algo de ganancia. Los policías llegaron con violencia a catear a los clientes que se encontraban en su local. Los pusieron a todos contra la pared y les ordenaron que se quitaran la camisa. Roselia fue sorprendida. A ella también se lo ordenaron. Luego le preguntaron por qué no tenía permiso para vender bebidas alcohólicas. Contestó que lo estaba tramitando. “Y así exigís derechos”, le respondieron. Ella no volvió a abrir su local. Tuvo miedo. Supo, reflexiona ahora, que la habían marcado, pero la sombra del régimen se tardaría algunos días, como con Adrián, en envolverla.
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En San Salvador, la capital del país, el régimen no dio treguas.
A las 3:30 p. m. del sábado 26, “mediante información de la voz pública”, se denunció a cuatro personas que “al parecer eran miembros de la MS-13” y que “al parecer planeaban hechos delictivos” en la cancha de fútbol de la colonia Torres Españolas, ubicada a unos 5 kilómetros del recinto militar en el que se dieron las primeras órdenes del régimen.
“El parecer” fue suficiente para un cabo y un agente de la policía, quienes realizaban un patrullaje preventivo en la zona y fueron a confirmar la información. En la cancha observaron a cuatro jóvenes que reaccionaron ‘de forma sospechosa’. Les gritaron: “¡Alto, policía!”. Los sospechosos corrieron en diferentes direcciones, pero los dos policías los inmovilizaron y no les encontraron nada ilícito entre sus pertenencias. Sin antecedentes policiales o penales, la voz pública fue suficiente prueba para detenerlos por asociaciones ilícitas y resistencia agresiva. Semanas más tarde, los cuatro fueron presentados como “soldados” o “homeboys” de la clica Centrales Locos Salvatruchos (CLS), del programa Centro de la MS-13 capturados en el marco del régimen de excepción aprobado un día después de la captura.
Dos horas y media más tarde, cuando los homicidios de aquel sábado ya llegaban a las 55 víctimas, agentes de la División Elite Contra Crimen Organizado (DECO) hicieron un operativo de vigilancia y seguimiento en Barrio Santa Anita, al sur de la capital salvadoreña. Los policías observaron a dos hombres que a su juicio tenían una actitud nerviosa y que cruzaron desde el bulevar Venezuela hacia el pasaje De Sola. Un sargento y un agente de la PNC siguieron a los sospechosos y los identificaron como Franklin Yoalmo Álvarez Rodríguez, alias “Guanco” o “El Maistro”, y Carlos Mariano Aquino Dueñas, alias “Satanás” o “Enano”.
Los dos eran conocidos para la Policía, según informes de inteligencia de la institución, como miembros de la clica Teclas Locos Salvatruchos (TLS), una estructura del Programa Libertad. Álvarez Rodríguez tenía un prontuario largo que incluía haber sido sentenciado por violación agravada, fugarse del penal de Quezaltepeque en julio de 2001, ser recapturado con armas de uso privativo de la Fuerza Armada y haber estado recluido en el penal de Zacatecoluca, de donde salió en 2018. Desde entonces era perfilado como un jefe importante del Programa Libertad y con residencia en la comunidad San Rafael de Santa Tecla. A Aquino Dueñas se le vinculaba con la compra dearmas de guerra para la MS-13 desde 2016.
Les requisaron $500 en billetes de diferentes denominaciones. Al no poder justificar su procedencia, los policías los detuvieron en flagrancia acusados de agrupaciones ilícitas en perjuicio de la paz pública. Al igual que el caso de los jóvenes de Torres Españolas, ellos también fueron presentados en cortes como botines del régimen de excepción, aunque la captura fue realizada cuando este todavía no había sido aprobado por la Asamblea.
Ese sábado por la noche, el presidente Bukele tuiteó una orden para los jefes de las Fuerzas Armadas y de la PNC: “Deben dejar que los agentes y los soldados hagan su trabajo”. Cuentas de Twitter ligadas a policías y soldados entendieron que su comandante general les acababa de “quitar la correa” y que tenían “luz verde”. A las 8:04, Bukele solicitó, siempre a través de redes sociales, la aprobación del régimen de excepción y su fiscal general remató: “Cacería… El Estado y la vida de los salvadoreños se respeta. Adelante @PNCSV y @FUERZARMADASV”.
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En Usulután, la sombra del régimen recortó caminos y volvió a acercarse hasta la morada de Adrián Solórzano. Los jefes policiales y militares de la zona subieron la apuesta, y a las 8 de la noche ordenaron patrullajes en los 23 municipios del departamento, a través de órdenes verbales. En Santa Elena, municipio a 17 minutos de Jucuapa, una patrulla de policías y soldados detuvo a 32 personas que departían en una fiesta bailable. El operativo inició a las 9 de la noche, y en un primer momento los retuvieron con la excusa de un “un chequeo rutinario”, pero esa retención se extendió hasta el amanecer.
A las 3:41 de esa madrugada, en San Salvador, los diputados oficialistas aprobaron el estado de excepción. Mientras, en Usulután, a los detenidos en aquella fiesta los obligaron a estar de rodillas, hasta que amaneció. A las 5 de la mañana los trasladaron a las bartolinas de la PNC en Usulután. Hasta entonces los procesaron por agrupaciones ilícitas.
Un investigador que habla con la condición de anonimato y que conoció del operativo asegura que los agentes que lo dirigieron sabían que la mayoría de los arrestados no tienen vínculos con pandillas; pero igual los detuvieron porque sabían que “eso quería el jefe”.
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El agente Wilson estaba de turno aquel sábado 26 de marzo en San Salvador, bien pendiente del alza de homicidios. “La mayoría son civiles, pocos son pandilleros. Hasta ahorita solo nos han suspendido las licencias y aumentaron los controles vehiculares. Nos han dicho que evitemos los enfrentamientos”, avisó a través de un mensaje enviado por la mañana. A esa hora, la orden de las detenciones masivas todavía no había bajado a todos los agentes.
Wilson tiene más de dos décadas de ser policía y ha vivido los momentos más álgidos de El Salvador después de los Acuerdos de Paz. Dice que en este régimen de excepción ha sido la primera vez que ve, por ejemplo, a soldados patrullando a sus anchas, soldados deteniendo a civiles, con la libertad de actuar como si supieran de labores de seguridad pública. El ministro de la Defensa ha asegurado que unos 18 mil militares operativos están realizando labores que la Constitución salvadoreña le encomienda a la PNC.
Wilson también dice que por primera vez no todas las órdenes quedan en papel. Hasta ahora, la mayoría de instrucciones son giradas por WhatsApp o habladas. Así le ordenaron a él y a sus compañeros que en su puesto policial debían capturar entre todos al menos a 50 personas diarias en los primeros meses del régimen.
La orden de las cuotas fue girada en la tarde del domingo 27, en una reunión a través de la plataforma de videollamadas zoom, aseguran dos fuentes que conocieron de esos encuentros. Con el régimen convertido en ley, a partir de ese primer día, el conteo fue diario. Y desde ese domingo, esas sesiones fueron dirigidas, hasta finales de abril, por la subdirectora general de la Policía, la comisionada Zoila Corina Palma.
“Se nos volvió a insistir que la MS tenía tratamiento prioritario y se nos dijo que el objetivo era hacer mil capturas diarias a nivel nacional”, dice un oficial que participó de esas reuniones.
Ese número deseable fue impuesto a golpe de capturas. Según las fuentes, Palma les hacía ver una realidad a los jefes y subjefes de delegación: si todas sus sedes actuaban como lo habían hecho departamentos como San Salvador, La Libertad, Usulután y San Miguel el sábado 26, la meta era posible. Para la tarde de ese domingo, Palma informó que ya llevaban “478 capturas en flagrancia”, dicen las fuentes. El primer día de régimen de excepción también terminó con 11 homicidios. Tras cinco meses, el promedio diario de capturas ha sido de 322.
En esa primera reunión, Palma también informó que se distribuiría un protocolo de actuaciones que se había trabajado en conjunto con el Ejército y la Fiscalía, para facilitar los procedimientos de las detenciones, la definición de territorios objetivo, el tipo de operativos, los allanamientos y el vaciado de información. Fuentes policiales confirmaron este documento y las instrucciones giradas aquel domingo para su uso. Fechado el 27 de marzo, el documento se titula “Protocolo de actuación policial y militar para reestablecer el orden y la seguridad pública en la aplicación del decreto legislativo No.333 (…) que contiene el régimen de excepción”.
Tiene 26 páginas y establece que será aplicable en todo el territorio, “tanto en la zona urbana como rural”, con “irrestricto respeto a los derechos humanos, sin infringir, instigar o tolerar ningún acto de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”. “Se presentó, pero en la vorágine es mentira que lo aplicamos. Era imposible”, dice una de las fuentes.
En las reuniones con Palma, la consigna diaria era una sola: “¡Detenciones, detenciones, denme detenciones! ¿Cuántas van? ¿San Salvador, cuántas lleva? ¿San Miguel?”, eran sus expresiones, dice una de las fuentes que participó en esas reuniones.
En el área metropolitana de San Salvador, en comunidades históricamente identificadas como territorios de pandillas, policías y soldados montaron cercos y retenes para vigilar la entrada y salida de los habitantes. Escenas similares se vivieron en Santa Ana y San Miguel. Las imágenes fueron noticia internacional.
La instrucción girada el sábado 26 bajó casi calcada a los agentes y soldados en la calle. “Solo por tener vínculos familiares con algún pandillero, porque era amigo de él se iba en la colada. Al comienzo no andábamos ni distinguiendo. La misión era cumplir la meta. Había gente que por estar en estado de ebriedad se iba en la colada, que estaba tomando y andaba con grupitos ahí en las tiendas”, dice el agente Wilson.
Él defiende que no ha cometido ninguna detención sin justificación, aunque señala que compañeros en otras delegaciones sí lo han hecho para cumplir la cuota que sus jefes les han pedido. “El agente anda cansado, casi no ha dormido y todavía lo castigan”, reclama. Después de nuestra conversación, Wilson recibió otro mensaje por WhatsApp: “Se les solicita realizar detenciones ya que a nivel de delegación solo tenemos 03 detenidos y no se ha llenado la cuota diaria”.
En el occidente del país, un investigador policial es más corto en sus explicaciones y solo dice que lo de las cuotas fue una orden que vino desde arriba, desde la dirección general. Él agradece que por fin los policías puedan hacer su trabajo y coincide con el agente Wilson en que hasta ahora pueden capturar a todos los pandilleros que tienen identificados porque el tiempo de detención permite que las investigaciones de la FGR “sean más profundas”.
Pero en los primeros días, ni las autoridades tenían claro cuánto tiempo mantendrían retenidos a los detenidos. El sábado 26, el director Arriaza Chicas había planteado que se mantendría el plazo constitucional de 72 horas antes de presentar a los detenidos a los tribunales. El domingo 27, aseguran las fuentes, la subdirectora Palma señaló que solo los pandilleros confirmados recibirían más tiempo de detención, los 15 días que ordenó el régimen. Los plazos, sin embargo, han sido parejos para la mayoría de los detenidos.
“Al principio era un caos. No nos podíamos de acuerdo con la Fiscalía. Lo que sí puedo asegurarle es que desde el domingo 27 recibimos una orden que preocupó. Lo normal, antes del régimen, era que se notificaba a las familias de los detenidos sobre el paradero de los mismos. Ese domingo nos dijeron que no, que se suspendía ese derecho que tienen los detenidos”, dice uno de los oficiales. Esa orden no está contemplada en el protocolo de actuaciones, en el que se habla del respeto a los derechos humanos.
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Adrián Solórzano nunca lo supo, pero la sombra del régimen llegó frente a la fachada de Roselia, la lideresa comunal de San Marcos Lempa, en la tarde del martes 29 de marzo.
Cuando los policías regresaron por ella, hasta las puertas de su casa, ella estaba descansando en una hamaca. Mientras se acercaba a los policías, entendió rápido que aquella no era una visita cordial. Se puso su celular en su escote y, dice, comenzó a grabar por accidente un video en Facebook.
Cinco agentes policiales y los dos soldados descendieron por la pendiente en su dirección. “Venga, queremos hablar con usted”, le dijo una mujer policía malencarada. “Aquí estoy”, contestó Roselia, con una voz ya nerviosa. “Venga, pues, ¡no tenga miedo!”, le ordenó la misma policía. “Aquí estoy. ¿No ve que ando a chuña?”, argumentó ella, mientras señalaba a sus pies.
Roselia no se percató que para ese momento uno de los policías se había escabullido a sus espaldas. La agente policial le repreguntó que cuál era el miedo, si las dos son mujeres. Un tercer agente se percató que Roselia llevaba el celular en su escote con la cámara apuntando hacia ellos. La grabación dura solo 51 segundos antes de que la mano del agente corte la imagen.
La violencia a la que fue sometida a continuación fue corta pero contundente. De manual de represión, pero ajena al protocolo de actuación. Lo primero que sintió fue un manotazo en su boca. “¡Zorra!”, la cacheteó la agente. A sus espaldas, el otro policía le agarró el brazo izquierdo y lo jaló con fuerza hacia atrás para esposarla. Ya rendida, la arrojaron al suelo boca abajo. El agente le puso la rodilla en la espalda. La mujer policía se paró sobre ella: una bota en la tierra y la otra en la espalda. Se inclinó hacia adelante y la agarró del pelo para estrellarle y restregarle la cara contra la tierra. Lo que seguramente fueron solo unos momentos bastó para que Roselia pensara en sus hijos, en su familia y en que no entendía por qué los agentes la estaban torturando, si ella les había ayudado en el pasado. Roselia no entendía qué pasaba, hasta que se dio cuenta de que podía llegar a perder la vida.
“¡Me estoy ahogando!”, gritó. ¡¿Por qué me hacen eso?! Si me conocen”, suplicaba en vano. Los dos policías la dejaron de pisotear. La agente la agarró del pelo y del cuello de la camisa y la arrastró unos metros hasta la patrulla. “¡Por qué me hacen esto!”, decía Roselia desesperada.
“Mirá vieja puta, hoy hasta te podemos matar. La ley está a favor de nosotros”, le dijo la agente, antes de asestarle otro golpe en la cara.
En el acta policial, los agentes la acusaron de cometer “los delitos de agrupaciones ilícitas y resistencia agresiva en perjuicio de la paz pública y administración de justicia”. Además, por la grabación involuntaria del video, la acusaron de “difusión ilegal de información en redes informáticas en perjuicio de María Francisca Araniva Martínez”.
Un día después de la captura, una de sus hijas denunció el hecho ante la Procuraduría General para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). Las actas médicas que la institución levantó señalan que los golpes coinciden con la narración de Roselia. Mientras los días pasaban, en bartolina solo le daban un tiempo de comida y no le permitían cambiarse de ropa.
“Me castigaron. No sé si fue por algo que les dijo la agente que me agredió, pero a todos los otros reos les daban comida y el short blanco, y a mí solo un tiempo me daban a veces y me tocó pasar con el mismo short por varios días”, dice.
A los tres días la trasladaron a la cárcel mujeres, en Ilopango. Como ha ocurrido con una pequeña muestra de los detenidos, Roselia fue liberada el 12 de abril sin que existiera un proceso judicial a su favor. Según cuenta, la FGR mandó una carta hacia un Juzgado Segundo de Paz y ahí se tramitó su liberación. Roselia ahora busca justicia por la detención y tortura que sufrió. La PDDH señala que, si se comprueba su narración, los agentes que la detuvieron habrían violado “el derecho a la integridad personal por malos tratos”, además de una larga lista de artículos contemplados en convenciones y tratados nacionales e internacionales.
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La primera vez que la sombra del régimen llegó por fin hasta las puertas de la casa de Adrián Solórzano fue el 18 de abril, seis días después de la liberación de Roselia, 24 días después de las primeras órdenes giradas en el verdadero inicio del régimen.
Adrián no tenía cómo saberlo, pero aquel lunes sería la última vez que vería el rostro de su hijo Elián, un niño que ahora llora cada vez que recuerda a su padre.
La de Adrián fue una vida tranquila de un hombre común, que disfrutaba del fútbol, hacer barbacoas con sus amigos y aprender de mecánica automovilística. La familia tenía dos sedanes marca Scion, y con uno de ellos él se ganaba la vida haciendo viajes como taxista particular. Hilda Solórzano, su hermana, le había dicho que anduviera con más cuidado, que por andar haciendo viajes lo podían incriminar de cualquier cosa, pero Adrián se sentía seguro de que por ser inocente no lo iban a capturar.
Teresa Vargas de Solórzano, su esposa, compartía la seguridad de Adrián. Ellos confiaban en un estribillo que los simpatizantes de Bukele han repetido durante todo el régimen: “El que nada debe, nada teme”.
“Yo no ando metido en nada, no ando haciendo nada malo. Lo que ando haciendo es trabajando y ganándome el pan de cada día. No tengo nada que ver con nadie”, tranquilizó a su hermana. Él estaba seguro de que no corría peligro. El domingo, un día antes de que lo capturaran, pasó con su familia en un rancho privado con piscina. Se la pasó divertido, jugando con Elián.
Adrián Solórzano trabajó cinco años para una institución del Estado. Entre 2013 y 2018 fue, por temporadas, auxiliar de un programa de formación del Tribunal Supremo Electoral (TSE), según lo demuestran actas de la institución y constancias elaboradas por la AFP en la que cotizaba. Un trabajo que consiguió a través de contactos afines al partido Arena.
Luego de la debacle electoral de 2019, en la que Nayib Bukele derrotó a los partidos tradicionales, Adrián no volvió a ser contratado. Teresa afirma que toda su familia votó entonces por Bukele, aunque ahora, con un tono gris, se corrige: “Lamentablemente votamos por él”.
El régimen fue aprobado por una Asamblea dominada por Nuevas Ideas, el partido de Bukele. Hilda cuenta que para las elecciones legislativas de 2021, su hermano incluso prestó su vehículo para una caravana proselitista en Chinameca. “Cuando fue el inicio y cierre de campaña lo llamaron por el color del carro (un verde que se aproxima al cian). Él hasta andaba la camisa de Nuevas Ideas”, cuenta Hilda.
Durante tres años, Adrián alimentó a su familia con su trabajo como taxista fuera de línea. Luego puso un carwash, pero por falta de local donde operar tuvo que pausar el emprendimiento que recién había iniciado. Doña Hortensia, la mamá de Adrián, aún conserva en su casa las máquinas que usó para lavar carros porque tenía la esperanza de que cuando su hijo saliera volviera a montar el negocio y tener un ingreso extra. “Ahí tengo todo”, se lamenta.
En Jucuapa, a Adrián lo conocían desde pequeño como “Hildo”, apodo que le pusieron en la escuela de fútbol a la que iba con su hermana, Hilda. “Si usted va al pueblo a preguntar por Adrián, nadie lo conoce. Pero si pregunta por Hildo le van a decir que sí, que era un gordito. Para todo mundo era Hildo”, recalca ella. Además de futbolero, también era conocido como el que hacía viajes, como el que siempre ayudaba. El día de su entierro sus compañeros de equipo de fútbol llegaron con el uniforme y arroparon el ataúd con sus colores. Él también era el que andaba por el pueblo organizando equipos y armando partidos.
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El día en que los capturaron, Adrián había hecho un viaje hasta el municipio de San Miguel. Cuando regresó a casa, descansó un rato y su madre le preparó frijoles con crema y tortilla frita. No sabía que esa sería la última cena en libertad. Entre las 7 y 8 de la noche, mientras Elián veía televisión en su cuarto, dos agentes policiales tocaron a su puerta. Su madre cuenta que lo llegaron a buscar con nombre y apellido. Adrián no pudo terminar de comer ni despedirse de su hijo.
— Dígame, ¿para qué soy bueno? —preguntó Adrián a los oficiales.
— Nos vas a acompañar, te vamos a hacer unas preguntas y a ver qué pasa —le respondieron.
— ¿Por qué me lo llevan? —interrumpió de tajo la madre de Adrián.
— Así como están las cosas, no podemos hablar — zanjaron los policías mientras escoltaban a Adrián a la patrulla.
Adrián se subió a la pick up sin resistencia y sin esposas, pues le dijeron que pronto regresaría. Él y su familia confiaron en la palabra de los agentes, pero aun así su madre y su esposa se fueron detrás de los policías. La única explicación que les dieron en el puesto policial fue que “a él le han puesto el dedo” y que quedaba capturado en las bartolinas de Usulután.
“Poner el dedo” significa que alguien por alguna razón denunció a Adrián de ser pandillero. Esa estrategia ha sido uno de los pilares en los que las autoridades han basado sus investigaciones para determinar a quién capturar, y en los documentos de captura ‘ponen el dedo’ la informantes o ‘la voz pública”. En el primer mes y medio del régimen, las denuncias de informantes sucedieron por generación espontánea, según se desprende de los registros a los que se tuvo acceso. Como si desde el 26 de marzo, en sintonía con el Estado, cientos de salvadoreños entendieron que era importante y necesario denunciar a la Policía que por sus cantones, barrios, calles y colonias andaban deambulando sujetos sospechosos de ser pandilleros.
A partir del 14 de mayo, la voz pública encontró un canal y una oferta de recompensa. Ese día, el Ministerio de Justicia lanzó la línea telefónica 123, a través de la cual cualquiera puede llamar y acusar a cualquiera de ser pandillero. Las autoridades destinaron un fondo de $30 millones que se entrega de manera secreta para incentivar las denuncias.
En el registro de captura que la Fiscalía presentó ante un Juzgado Especializado de Instrucción de San Miguel, la Policía dijo que capturó a Adrián a las puertas de su casa a las 8:00 p.m., y los fiscales no añadieron pruebas sobre la vinculación de Adrián con la MS-13. Solo indicaron que “según diligencias de investigación” estaba en su casa la noche que lo capturaron. Para el Estado, el apodo de Adrián no era “Hildo” sino que “el Gordo” y se encargaba de “abastecer de alimentación a miembros de la mara Salvatrucha que andan huyendo de la justicia en el sector de Joya Ancha, jurisdicción de Santa Elena, y hacienda Miramar, jurisdicción de California”. En ese último lugar, según el expediente fiscal, se escondía Cristian Isaac Hernández López, alias el Travieso, el “jefe de la mara” o palabrero de la Jucuapenses Locos Salvatruchos. Pero, según publicaciones en algunos medios, a Hernández López lo capturaron el 10 junio de 2019 y le incautaron un fusil AK-47.
Junto a Adrián, también fueron acusadas otras 112 personas de haber cometido el delito de agrupaciones ilícitas en contra de la seguridad y paz pública, 14 de los capturados fueron enviados a prisión por mostrar “una conducta nerviosa y sospechosa” y porque la “voz pública” los perfiló como pandilleros de la MS.
Los requerimientos tienen reserva total, es decir que solo las partes involucradas en los casos tienen acceso a ellos. La razón que dio la Fiscalía se repite en los documentos: revelar información pone en peligro “la intimidad, la seguridad nacional o el orden público”, pues parte de las pruebas está en las escuchas telefónicas en la que miembros de la MS-13 hablan del término “válvulas abiertas” a finales de marzo. Pero en los documentos judiciales analizados no hay ninguna transcripción de estas escuchas.
En el caso de Adrián, los fiscales no presentaron pruebas que lo vincularan con el Travieso ni con clica que supuestamente dirige. Tres fuentes policiales aseguraron que antes del régimen Adrián no estaba perfilado como pandillero en la base de datos que ellos manejan. Tampoco tenía antecedentes. Una de las fuentes concluyó: “No le aparece absolutamente nada. Está completamente en blanco”.
Adrián pasó un día y medio en las bartolinas de Usulután y, luego, se celebró su audiencia frente a un juez. En realidad, se celebró una audiencia en la que un juez ni su defensor nunca vieron su rostro, porque fue cerrada y sin presencia de los acusados. En la audiencia, tres fiscales llegaron a recitar casi de memoria el objetivo de las acusaciones, en las que aseguraron iban a demostrar que hay una estructura delictiva llamada Mara Salvatrucha; que esa pandilla estaba detrás de la ola de violencia de finales de marzo, y que Adrián y los otros 112 detenidos formaban parte de la misma a través de diferentes clicas y programas. Pero entre ellos no había ninguna vinculación, ni prueba, ningún elemento que hiciera indicar cercanía entre todos los acusados. “En un momento de la audiencia, los defensores se rieron porque uno de los fiscales se equivocó en su papel, quizá estaba cansado, y dijo que las acusaciones obedecían a una orden girada por el presidente de la República. ¿Se imagina?”, dice uno de los testigos de esa audiencia.
Adrián fue enviado a prisión preventiva al Penal La Esperanza, Mariona, el 20 de abril. En los días siguientes lo acompañaron los demás acusados que están en el documento judicial. Cifras oficiales indican que el 89 % de los capturados fueron enviados a prisión en lo que la Fiscalía concluye las investigaciones. Lo que significa que van a pasar un plazo mínimo de seis meses tras las rejas mientras las autoridades determinan si hay razones suficientes para juzgarlos. Las reformas posteriores al Código Penal han dejado indefinido el plazo máximo de detención, sin condenas, para casos relacionados con pandillas.
Adrián ya nunca lo supo, pero su madre viajó cuatro veces hasta la cárcel para intentar hacerle llegar ropa, kits de limpieza, comida…
En casa, Elián era el que más sufría. El niño no comía y andaba desganado, cuenta su madre. El niño siempre preguntaba dónde estaba su papá. Al niño, su madre, intentó ocultar que Adrián estaba preso. Le dijo que andaba trabajando y que por estar lejos no tenía señal para poder llamarle. “Lo mantuve a puro PediaSure porque se me había puesto flaco”, cuenta. Cuando lograban ahorrar un poco de dinero, luego de los gastos de la casa y del gasto que significaba intentar llevarle alimentos a Adrián, lo distraían con un juguete nuevo. Le decían al niño que su papá se lo había mandado.
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La segunda vez que la sombra del régimen llegó hasta la morada de Adrián Solórzano fue para entregárselo muerto a sus familiares.
El 5 de julio por la mañana, su madre regresaba de hacer las compras en el mercado de Jucuapa cuando vio a un microbús pasar de largo de su casa. No le tomaron mucha importancia. Guardó los víveres y estaba por sentarse a descansar. El vehículo que había levantado una pequeña nube de polvo comenzó a retroceder. “A quién andarán buscando”, se preguntó para sus adentros y siguió en lo suyo. Cuando vio que una mujer se dirigía a su puerta, comenzó a inquietarse.
“¿Usted tiene un hijo preso?”,le preguntó la empleada de la funeraria. A su familia, la muerte de Adrián fue notificada por una funeraria y no por el Estado. La Dirección de Centros Penales ni el director del penal La Esperanza (Mariona) respondieron a una petición de información sobre el fallecimiento de Adrián.
La mamá de Adrián solo logró escuchar que había habido una riña antes de perderse en su dolor. “Mi hijo no era peleonero y a la autoridad nunca le faltó el respeto”, cuenta. Al poco tiempo llegó Hilda y la mujer se identificó como empleada de la Funeraria Casa Blanca, ubicada en San Salvador. Ellas no saben cómo los empleados de la funeraria las localizaron ni cómo sabían que Adrián había sido asesinado. La funeraria llegó ofreciendo sus servicios, pero ellas lo rechazaron porque un amigo de la familia es dueño de la Funeraria Pacheco, en Jucuapa, y rebajó el precio por la amistad. La Funeraria Casa Blanca dijo no tener registros de ese viaje ni de haber recibido información de esa muerte.
Para encontrar el cuerpo de Adrián fue otra búsqueda. Como las autoridades gubernamentales no les informaron de su muerte, ellas no sabían adónde tenía que ir a reclamar el cadáver. No sabía si tenían que ir a Mariona, a algún hospital o al Instituto de Medicina Legal. Un primo de la familia fue a Mariona y le aseguraron que estaba bien, que dentro del penal no había pasado nada. Luego fue a Medicinal Legal, pero por falta de documentación no le dieron información. Así que Hilda recogió todos los documentos que pudo y partió a la morgue.
Ahí le entregaron la esquela que indicaba que la causa de muerte fue por “asfixia mecánica por estrangulación”. Ella entendió fácil que su hermano fue asfixiado, pero no comprendía qué significaba aquello de “mecánica”. “Le dije al encargado que no me iba hasta que me explicaran bien qué significaba todo”, cuenta. Los doctores le dijeron que, a pesar de que era su hermano, no le podían explicar más sin la autorización de su jefe. Hilda se atrincheró y les dijo que no se iba a ir ni a retirar el cadáver hasta que le explicaran de manera clara. Los doctores pidieron autorización y, al rato, recibieron una llamada de su jefe. “Fue por un palo. En el momento que a él lo quisieron someter, se le pasó la mano al custodio”, cuenta Hilda que le explicó el doctor.
Hilda cuenta que el médico le dijo que no tenía dudas del asesinato de Adrián. “Se lo digo por experiencia porque no es el primero que viene así y nosotros tenemos tiempo de verlos”, agregó el doctor.
Ese día no le entregaron el expediente de Medicina Legal en el que los mismos doctores concluyeron que a Adrián lo asesinaron. Hilda agrega que el cadáver no tenía moretones u otros golpes, como otros casos reportados por la prensa salvadoreña. Solo la marca horizontal de unos dos centímetros en el cuello.
La familia de Adrián repite que él no era pandillero. Ellos tienen pruebas, testimonios y un pueblo entero que los respalda. El 7 de julio, el día del entierro, las calles de Jucuapa se llenaron de personas que recordaron la jovialidad y la disposición a ayudar de Hildo. Se llenaron de cientos de personas que aseguraron que Hildo no era pandillero.
Ahora su familiares exigen justicia, a sabiendas de que tendrán que pedírsela al mismo sistema que mató a Adrián. De su muerte, el presidente Bukele no comentó nada, no ha comentado nada. Tampoco el fiscal general ni el director de la policía ni el ministro de Defensa ni el director de Centros penales. Ni la PDDH ha logrado concluir si ha habido una sola violación a los derechos humanos de los capturados en cuatro informes que ha elaborado.
“Yo entiendo que lo que quieren es acabar con las pandillas. Está bueno. Pero mire si han muerto pandilleros en los penales. Yo no he visto ni a uno tatuado que haya muerto. Solo los civiles son los que están matando”, reclama Hortensia.
A un mes de su entierro, la sombra del régimen sigue asolando a lo largo y ancho del país, y, en casa de Adrián, a su esposa aún se le quiebra la voz cuando lo recuerda, dice que le duele hablar de él, y su hijo llora su ausencia. Elian no soporta que nadie más toque la fotografía Adrían. El pequeño inunda toda la casa con sus sollozos, mientras busca sujetar el papel laminado que ha quedado en la sala de su casa como recuerdo.
Elián está pequeño, pero ya comenzó a entender que nunca más volverá a ver a su padre. Que se lo llevaron y ahora está muerto. El pequeño sale corriendo para agarrar la fotografía que agita con desesperación antes de enterrar su cara en el pecho de su abuela y romper en llanto. Ella, con los ojos vidriosos, lo intenta consolar con alguna anécdota graciosa con la que deja escapar una risa que rápido se ahoga entre más llanto.
“Lo extraño un montón”, solloza el niño hundido en dolor y doña Hortensia, su abuela, contiene las lágrimas para responderle que su papá lo está mirando y lo cuida desde arriba. “Papi… Papiii. Quiero a mi papá”, llora.
*NOTA DE LA REDACCIÓN: Para esta investigación se pidieron reacciones vía correo electrónico sobre las órdenes giradas en la reunión del sábado 26 al director Arriaza Chicas, al ministro de la Defensa, a la Fiscalía y a Casa Presidencial. Se pidió, además, que se explicara por qué capturas realizadas el sábado 26 fueron incluidas en un documento del régimen de excepción presentado a tribunales , cuando la medida arrancó un día más tarde.
El jueves 1 de septiembre, un asesor del director de la PNC se comunicó vía telefónica y pidió detalles de las preguntas realizadas, por órdenes del director Arriaza Chicas. El asesor se comprometió a tramitar una respuesta, y adelantó que las capturas del 26 respondieron a los homicidios de ese día, un detalle que no cuadra debido a que los delitos imputados en esas capturas no tenían que ver con asesinatos. “No los pudieron haber metido en régimen si el régimen no hubiera sido aprobado. Seguramente los metieron al sistema del régimen después por la cuestión de las garantías”, dijo. Luego agregó que es la Fiscalía la que dirige las investigaciones y la PNC es un órgano auxiliar que cumple con las órdenes de captura que elabora la Fiscalía. “Corresponde a la Fiscalía comprobar si estas personas tienen delitos o no”. Al cierre de este reportaje no hubo más respuestas.
*Este reportaje forma parte de República Finquera, un proyecto de cobertura del autoritarismo en Centroamérica y México de la Redacción Regional , una alianza entre medios y periodistas de la región, entre ellos Contracorriente.
