Texto: Mahmoud Mohieldin y Mario Cimoli
Fotografía: Archivo CC
La transición energética y la resiliencia climática pueden ser catalizadores del crecimiento y la inclusión, si se escala el financiamiento y salvan las distancias entre los inversores y los proyectos transformadores.
La intensificación del cambio climático, los efectos socioeconómicos de la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) y los desafíos de la seguridad alimentaria y energética a nivel mundial están frenando los avances logrados durante décadas en la lucha contra la pobreza, el hambre y la desigualdad de ingresos y de género. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) estima que la economía de la región crecerá un 2,7 % en 2022 mientras que 16 países aún no han recuperado los niveles del PIB anteriores a la pandemia. La región enfrenta el creciente desafío estructural de la baja inversión, que se situó en el 19,7 % del PIB, por debajo de los niveles observados en gran parte de los países desarrollados y emergentes.
Para lograr las transformaciones necesarias para hacer frente a la crisis climática se necesitan billones de dólares en inversiones y es esencial la movilización de un financiamiento inclusivo que no agrave la deuda de los países. Sin embargo, los países desarrollados ni siquiera han cumplido el compromiso asumido en 2009 de aportar 100,000 millones de dólares provenientes de todas las fuentes, por año, hasta 2020. Dado que muchos países en desarrollo se enfrentan a una deuda creciente y a un espacio fiscal reducido, las nuevas formas de cooperación, los instrumentos innovadores y los subsidios y el financiamiento en condiciones favorables deben tener prioridad sobre los instrumentos basados en la deuda. En América Latina la deuda pública bruta de los gobiernos centrales se sitúa en niveles de hace 20 años (52,1 % del PIB), y en el Caribe en el 84,1 % del PIB. La vulnerabilidad al cambio climático también afecta las evaluaciones de riesgo y el costo de la deuda pública.
Es preciso transformar los compromisos en acción y traducir las promesas mundiales de contribución en soluciones regionales y locales. América Latina y el Caribe están bien posicionados para beneficiarse de la transición climática. La dotación de recursos de la región es importante (litio, cobre, energía eólica y energía solar). Contar con energía limpia y asequible puede reducir las brechas sociales, ser un catalizador del crecimiento en los sectores productivos y contribuir a abordar las consecuencias indirectas de los precios de la energía en los precios cada vez más altos de los alimentos. América Latina y el Caribe son la región en desarrollo más urbanizada (80 %) por lo que la inversión en electromovilidad e infraestructura puede volver sostenible el creciente sector del transporte, y podrían aprovecharse, además, las capacidades de fabricación y los recursos naturales de la región. La transición climática puede promover el cambio productivo y la inclusión social si se apoya en inversiones coherentes, a través de lo que la Cepal ha denominado «el gran impulso para la sostenibilidad» y la implementación simultánea de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Para los pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID) del Caribe y los países vulnerables de Centroamérica —que enfrentan un acceso insuficiente a las medidas de alivio de la deuda y a las opciones de financiamiento en condiciones favorables— es urgente abordar la asimetría entre la escasa contribución a las emisiones mundiales y los efectos de la emergencia climática. Los flujos de financiamiento para la adaptación equivalen a una pequeña parte de los dedicados a los esfuerzos de mitigación. Las soluciones innovadoras, como los canjes de deuda por medidas de adaptación al clima, el uso de cláusulas sobre desastres naturales en la gestión de la deuda y la creación de un Fondo de Resiliencia del Caribe necesitan apoyo internacional.
Las comisiones regionales de las Naciones Unidas, junto con Egipto, país que ejercerá la Presidencia de la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 27), y los campeones de alto nivel para la acción climática de la COP 26 y la COP 27, organizarán cinco foros regionales denominados «Hacia la COP 27: Foros Regionales sobre Iniciativas para Financiar la Acción Climática y los ODS». Los foros reúnen a las partes interesadas de los sectores público y privado para catalizar la inversión en la mitigación y la adaptación al clima. La innovación de los foros radica en la creación de espacios para mostrar un catálogo de proyectos listos para ser financiados, debatir la creación de un entorno propicio y de instrumentos para movilizar el financiamiento para proyectos que correspondan a las distintas necesidades de las cinco regiones, aborden el cambio climático de manera integral y reduzcan la brecha en los flujos financieros en consonancia con el Acuerdo de París.
