Integración centroamericana, desintegración democrática

El voto de Rodrigo Chávez, presidente de Costa Rica, fue decisivo para que el candidato del dictador nicaragüense Daniel Ortega, Werver Vargas, fuera nombrado secretario general del Sistema de Integración Centroamericana (SICA). Rodrigo Chávez ignoró la recomendación de ocho expresidentes de Costa Rica de no votar a favor del candidato del régimen Ortega-Murillo debido al desprestigio que produce el hecho que la Secretaría General del SICA esté representada por un país que ha sepultado la democracia a costa de la libertad e integridad de miles de sus ciudadanos. 

La decisión fue unánime. Esta alineación populista y autoritaria incluye al nuevo Gobierno de Honduras, que al inicio de su mandato se veía como la promesa democrática de la región. En dos ocasiones, el Gobierno de Honduras se ha abstenido de votar a favor de condenas internacionales a los excesos del régimen Ortega-Murillo que ha llevado al exilio a decenas de periodistas, ha suprimido a la sociedad civil y a la oposición política partidaria al extremo de ensañarse ahora contra un sector de la Iglesia Católica y hasta con la Real Academia de la Lengua Española. La dictadura en Nicaragua se cierra como una ostra, expulsando cualquier intento por defender la libertad.

A pesar de eso, Vargas fue electo de forma unánime por los ocho países que integran el SICA, que argumentaron que esa elección ayudaría a que fondos de la cooperación internacional puedan fluir a la región.

Largo y tortuoso ha sido el camino de la tan deseada integración regional. Pese a deficiencias y vacíos, la institucionalidad existe gracias al apoyo de la cooperación internacional que ve en el sistema de integración una herramienta para aumentar el impacto de los recursos orientados a la región. Pero la necesidad de la integración regional va más allá de los intereses de la comunidad internacional. La región centroamericana, incluidos Panamá, Belice y República Dominicana, son países pequeños con economías frágiles que les permiten una inserción en los mercados globales sumamente vulnerable. Basta recorrer la carretera panamericana para imaginar el costo absurdamente elevado que implica pasar una y otra vez por fronteras con sistemas aduaneros y migratorios precarios, poco estimulantes para el comercio regional.

Ha sido motivo de frustración que gobiernos que respetaban –o al menos les preocupaban– las formalidades democráticas no hayan tenido la suficiente voluntad política para lograr una integración regional efectiva. Pero es motivo de preocupación que gobiernos abiertamente autoritarios, violadores de derechos humanos y que han socavado las bases de la democracia de la forma más descarada sean quienes asuman el reto de la integración centroamericana. Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala tienen ya recorrido antidemocrático y populista que no distingue diferencias entre la vacía dicotomía de derechas e izquierdas. Lo que alarma ahora es que también Costa Rica, la necesaria excepción democrática centroamericana, sea atraída por el magnetismo del populismo autoritario.

La integración regional guiada por los gobiernos actuales cercena las bases de la democracia. El 18 de agosto de 2022, el canciller hondureño, Eduardo Reina, justificó la abstención de votar en la Organización de Estados Americanos (OEA) para condenar las violaciones a la ciudadanía, prensa e Iglesia en Nicaragua diciendo que el Gobierno de Xiomara Castro no se entromete ni interviene en problemas internos de otros países. El argumento del canciller es falaz dado que la Declaración de Derechos Humanos de 1948 dejó claro el carácter universal de sus principios y Honduras no solo es un país firmante, sino que su actual Gobierno abrazó esos principios para diferenciarse de la dictadura de Juan Orlando Hernández, quien –a propósito– fue el único presidente de la región que asistió a la toma de posesión de Ortega en enero de 2022. 

Los gobiernos populistas autoritarios actuales han echado a andar una maquinaria propagandística en torno a la soberanía nacional, la autodeterminación y la independencia ante cualquier injerencia extranjera. Este discurso subió de tono debido a las acciones de Estados Unidos orientadas a exponer y sancionar a personas vinculadas a la corrupción o que cometan acciones que atenten contra la democracia, la famosa «Lista Engel». Los países centroamericanos alegan su soberanía cuando un bloque de países expone sus acciones corruptas y autoritarias, pero abren sus puertas a otras potencias dispuestas a inyectar recursos sin tantas condiciones como las que imponen Estados Unidos y algunos países europeos.

Por otro lado, los resultados nefastos de la injerencia de los Estados Unidos en la región han dependido de la voluntad de sus élites políticas y económicas. Nicaragua es un buen ejemplo. Augusto César Sandino luchó contra la ocupación militar norteamericana, fue un liberal, nada tuvo que ver con la ideología que luego tomó su nombre y cuyo Gobierno de diez años estuvo liderado por Daniel Ortega, actual dictador del país. Sandino fue traicionado por Anastasio Somoza, quien fue el general a cargo de la Guardia Nacional creada por Sandino para defender a Nicaragua. Somoza fue un dictador con el apoyo de Estados Unidos y creó el modelo de dictadura familiar que ahora reproduce Ortega luego de haberla derrocado en nombre de la revolución de 1979. Durante diez años, Ortega tuvo que resistir la guerra patrocinada por Estados Unidos con el apoyo de militares hondureños que prestaron el territorio para entrenamiento de la «Contra». Pero no lo hizo solo, tuvo el apoyo financiero y político de la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y de otros países aliados ideológicamente, incluso grupos de los mismos Estados Unidos que apoyaban la revolución sandinista. La URSS no solo entregó recursos, también, como en Cuba, fue injerencista. Cuando todo eso terminó, llegó otra vez la ayuda de Estados Unidos para el desarrollo, con sus condiciones, y cuando Daniel Ortega inició su rápido ascenso a dictador ístmico recibió enormes cantidades de dinero por parte de otro bloque ideológico, ahora encabezado por Venezuela a través de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA). Esos recursos llegaron con condiciones también, aunque con pocas restricciones y controles, lo que dio lugar a cimentar las lealtades a la familia presidencial a través de la corrupción. Cuando eso también terminó, Ortega entró en problemas e inició el cierre del país, expulsó a la comunidad internacional, a la sociedad civil, al periodismo independiente, a algunas órdenes religiosas, a artistas y censuró (y sigue censurando) cualquier expresión de libertad. Ortega ha buscado desesperadamente encontrar recursos en China, con el canal interoceánico, por ejemplo, y con Rusia. Poco tiene todo eso que ver con la dignidad soberana con la que el régimen reviste su naturaleza autoritaria y represiva.

El régimen Ortega-Murillo no encontrará recursos financieros en Centroamérica, pero sí una alineación de intereses que tiene que ver más bien con la resistencia de estos gobiernos a respetar las normas democráticas. 

Nayib Bukele criticó duramente a Juan Orlando Hernández porque era dictador, pero ahora abraza sin cuestionamientos una alianza con gobernantes antidemocráticos como Ortega, en Nicaragua, y Giammattei, en Guatemala.

Inmediatamente después de que Honduras se abstuviera de votar en la OEA, el Congreso Nacional y el Ejecutivo dijeron haber firmado acuerdos con el Gobierno de El Salvador durante la visita de uno de los hermanos del presidente Bukele. Pareciera ser que el rechazo de Bukele a la transparencia en su país se extiende a los acuerdos que firma con los vecinos, porque el contenido de los acuerdos no es conocido en Honduras.

De Guatemala hay muchas lecciones que un populista autoritario puede aprender, y la primera de ellas es cómo quitarse de encima una molesta comisión internacional contra la impunidad (la conocida «Cicig»). En ese país llevaron a la sofisticación el argumento de la soberanía y la injerencia para impedir la lucha contra la corrupción, al punto que actualmente el Gobierno funciona como una mafia corporativa que arremete contra periodistas, fiscales y jueces anticorrupción, sociedad civil y pueblos indígenas.

Panamá, el paraíso fiscal del canal interoceánico, rompió su relativa estabilidad con una demanda ciudadana masiva ante la mala gestión y corrupción del Gobierno de Laurentino Cortizo y la gigantesca desigualdad y el desempleo, herencias dejadas por el gobierno del general Noriega, narcotraficante derrocado a través de una intervención militar norteamericana. Panamá: el paraíso fiscal para el lavado de dinero a nivel global, el país de los Panama Papers y de los Pandora Papers. La ciudadanía panameña rechazó también un intento por reformar la constitución, un proceso caótico y confuso en el que diputados oficialistas buscaron introducir reformas para criminalizar la opinión pública, por ejemplo.

Honduras y Costa Rica están en la situación más riesgosa en este nuevo capítulo del autoritarismo centroamericano. Costa Rica porque su democracia está a prueba con la llegada de Rodrigo Chávez, un economista que laboró por casi tres décadas en el Banco Mundial –institución que lo sancionó por haber sido denunciado por acoso sexual– y que ha iniciado su gestión retando la democracia costarricense y el reconocimiento de ese país por el medio ambiente. Un presidente conservador, religioso y sin experiencia que se enorgullece por su desdén hacia las instituciones democráticas, decidido a acabar con la «ideología de género» y que ha permitido que una poderosa organización evangélica dedicada a la política coloque a varios ministros de su Gobierno. Apenas tres meses de haber tomado posesión, miles de ciudadanos costarricenses salieron a las calles para evitar que el Gobierno redujera el presupuesto de la universidad de Costa Rica, una institución clave en la promoción de la democracia y la educación de alto nivel en ese país. La ciudadanía lo logró, la reducción del presupuesto se evitó, pero queda mucha democracia por defender en Costa Rica.

Honduras, por su lado, no tiene democracia que defender, sino más bien democracia que construir, y ahí radica el principal riesgo de que –tan temprano– el Gobierno de Xiomara Castro opte por omitir la denuncia de las violaciones a los derechos humanos que se cometen en la región. Construir democracia requiere hoy, más que nunca, nadar contra la corriente autoritaria y populista que domina en Centroamérica.

El compromiso por la democracia, incluido el apego ético a los valores implícitos en los derechos humanos, no acepta matices ni condicionamientos. El Gobierno de Honduras prometió refundar el país, pero ¿hasta dónde eso es posible cuando se omite la condena por violaciones a la libertad y la vida? Este es un momento en el que las simpatías ideológicas no pueden estar por encima de la ética que recubre los valores democráticos. Es una apuesta riesgosa unirse al grupo de países populistas y autoritarios de la región; no por la falta de recursos, porque poco se necesita para reinar en la miseria que viven estos países, sino por la pérdida de la libertad, la vida y la paz que eso conlleva. Sí, los centroamericanos deseamos una región integrada, un conjunto de democracias que se fortalezcan mutuamente. Pero no deseamos un bloque de dictaduras populistas alineadas en torno a la impunidad y la abolición de libertades, por liberales y burguesas que les parezcan, pero libertades a fin de cuentas.