El testimonio de Alejandro Sinibaldi, exministro de Comunicaciones y número 3 del gobierno de Otto Pérez Molina menciona pagos directos a nueve diputados del Congreso 2012-2016, algunos de hasta 64,000 dólares; pagos a través de intermediarios para otra veintena y la asignación de obras a empresas afines a diputados, “chantajes”, operadores en la sombra y negociaciones de última hora para pedir más sobornos. Otras tres fuentes que conocieron del reparto, fiscales y documentos oficiales permiten reconstruir una trama que, acusa Sinibaldi, contó con la coordinación del expresidente, la entonces vicepresidenta, Baldetti, y la constructora brasileña Norberto Odebrecht para comprar la voluntad de 108 congresistas.
Por Bill Barreto | Fotografías: Oliver de Ros | Diseño de portada: Monserrat Benítez
A las 15:48 del jueves 11 de octubre de 2012, la constructora Norberto Odebrecht compró al Congreso de Guatemala.
Aquel día, a esa hora, 108 diputados votaron a favor de otorgar a la empresa brasileña la ampliación de la carretera CA-2 Occidente, un proyecto de cerca de 400 millones de dólares. Según el testimonio del exministro de Comunicaciones y número 3 del gobierno de Otto Pérez Molina, Alejandro Sinibaldi Aparicio, al que ha tenido acceso Redacción Regional, detrás de esa votación se había tejido una red de sobornos a los congresistas con pagos en efectivo de entre 250,000 hasta medio millón de quetzales (alrededor de 64,100 dólares), la asignación de obras a empresas afines a diputados, “chantajes” y negociaciones en la sombra hasta el último momento. La trama de corrupción que compró la voluntad de los congresistas, de acuerdo a la declaración de Sinibaldi, funcionó en coordinación con el expresidente Pérez Molina y la entonces vicepresidenta, Roxana Baldetti.
Sinibaldi detalló en su testimonio ante la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) que de los 108 diputados que asegura fueron comprados, a nueve les entregó personalmente el dinero pactado o participó en reuniones en las que estos recibieron los sobornos. El exministro nombra a otros 20 diputados que asegura recibieron dinero a través de intermediarios. De los 108 diputados que votaron a favor de Odebrecht, 16 son congresistas en la actual legislatura. Sinibaldi, además, habla de la adjudicación de obras públicas como pagos complementarios por votos y a favor de empresas afines a los bloques de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y de Compromiso, Renovación y Orden (Creo).
El testimonio, autentificado por tres fuentes cercanas al caso, es prueba en el expediente de la investigación de Odebrecht en Guatemala, confirmó Rafael Curruchiche, el actual jefe de la FECI. Las declaraciones de Sinibaldi fueron contrastadas, además, con la declaración judicial del directivo de Odebrecht Marcos de Cerqueira Lima Machado, quien en Brasil confesó a las autoridades de su país haber urdido una estrategia de sobornos junto a las principales figuras del PP para ganar la contratación de la ampliación de la carretera CA-2 Occidente.
Los primeros acercamientos con los congresistas habían arrancado en la Legislatura anterior, relata Sinibaldi, por medio del entonces secretario privado de la presidencia del gobierno de la UNE, Gustavo Alejos Cambara. Pero al tomar posesión el nuevo gobierno las negociaciones se habían reiniciado. El acuerdo final involucró a las bancadas del PP, Todos, Creo, Gana y UNE, entre otras, e implicaba el pago de un soborno de Q125 mil antes de la votación y otros Q125 mil después por cabeza. Además, en la recta final de las negociaciones varios congresistas pidieron pagos extras, relata Sinibaldi, quien acepta haber cobrado $19.7 millones de dólares de un total de $31.95 millones que habrían sido repartidos en una estructura que incluía al expresidente, a la exvicepresidenta Baldetti y los diputados del Congreso 2012-2016.
Redacción Regional reconstruyó uno de los mayores casos de corrupción de la historia reciente de Guatemala que desembocó en esa votación a través del testimonio de Sinibaldi ante la fiscalía, con fuentes que participaron en la votación y confirman el reparto de sobornos; y con registros oficiales de los órganos Legislativo y Ejecutivo.
La compra del Congreso de Guatemala por intermediación de Otto Pérez Molina, Roxana Baldetti y Sinibaldi fue una operación que se fraguó durante diez meses y se cerró en apenas 38 minutos.
La “gesta política” de comprar la voluntad de un Congreso
A las 3:10 p.m., dos firmas necesarias para realizar la operación legislativa llegaron a costar un cuarto de millón de quetzales (US$ 32,350) más cada una. Eran las rúbricas del presidente del Legislativo, el oficialista Gudy Rivera Estrada del Partido Patriota (PP), y la del diputado Christian Jacques Boussinot Nuila, del bloque Todos.
“Yo personalmente entregué el dinero extra por un monto de Q.250 mil a Gudy Rivera y Christian Boussinot tal como lo habíamos platicado anteriormente”, dice Sinibaldi en su declaración.
Después del pago extra, ambos presentaron a la Junta Directiva una moción privilegiada para conocer de urgencia nacional los préstamos a favor de la constructora. Consultado sobre este testimonio Boussinot declinó brindar declaraciones al respecto. Redacción Regional intentó contactar a Rivera a través de sus teléfonos y su abogado defensor, César Calderón, pero no se obtuvo una respuesta.
El trámite era necesario para que los diputados del Congreso de Guatemala pudieran cambiar la agenda del día y aprobar los créditos por US$399.4 millones destinados al proyecto de Odebrecht. El escrito presentado por Rivera y Boussinot significaba que la alianza conformada por Sinibaldi, Otto Pérez Molina y la vicepresidenta, Roxana Baldetti, había conquistado la voluntad de al menos 105 legisladores que requería la votación.
En los 38 minutos que duró la votación, mientras Rivera presidía la plenaria desde la mesa de la Junta Directiva, los operadores políticos del oficialista Partido Patriota (PP) llamaban al orden a sus compañeros. En esa legislatura, el PP de Otto Pérez Molina tenía a diputados designados como “jefes de línea” por la fila que ocupaban en el hemiciclo. Eran los encargados de, en palabras de algunos congresistas que participaban en la tarea, “arrear” a sus compañeros, asegurarse de que estuvieran presentes en el parlamento, buscarlos en los baños, en los pasillos del Congreso o llamarlos por teléfono para asegurar su presencia y sus votos.
Ese día los jefes de línea estuvieron muy ocupados.
Uno de los votos que ya se habían asegurado, pero que al momento de la votación estaba echándose para atrás, fue el del presidente de la comisión de Transparencia del Congreso, el diputado Amilcar Pop Ac del partido Winaq. “Por lo que fue necesario convencerlo en el pleno”, relata Sinibaldi, sin entrar en detalle sobre cómo lograron encauzarlo. Según Sinibaldi, él estuvo presente cuando pactaron con Pop Ac. “Se le pagó también Q250 mil a través de Guillermo Sosa, yo estaba presente en la reunión”.
Consultado al respecto, el actual secretario general de Winaq y diputado al Parlamento Centroamericano (Parlacen) negó como primera respuesta haber emitido un voto a favor de la iniciativa, pero al recordarle que su voto quedó registrado en el expediente del decreto aseguró que votó junto a propuestas del PP, pero que no recordaba haber votado por Odebrecht.
Pop aseguró que en ocasiones votó con los oficialistas para conseguir la inclusión en la agenda legislativa de iniciativas relacionadas con los derechos de los pueblos indígenas. “Quien se me acercó en alguna ocasión fue el diputado (Luis) Fernández Chenal, para dar mis votos, pero yo nunca acepté ir a una reunión privada con ellos”, aseguró Pop. El congresista negó haber recibido sobornos y dijo que nunca conoció a Sinibaldi.
El diputado Fernández Chenal es descrito por Sinibaldi en su testimonio como “mi enlace en el Congreso” y era subjefe de bancada del PP.
Aquel jueves, el propio Sinibaldi realizó llamadas telefónicas a sus operadores en el Congreso para reunir los votos necesarios. El entonces ministro se encontraba de visita en el departamento de Jutiapa, fronterizo con El Salvador, acompañado por los diputados oficialistas William Recinos y Aníbal Salguero, según detalla su testimonio. Consultado al respecto el excongresista Salguero confirma la visita de Sinibaldi a Jutiapa en octubre de 2012, así como una visita a Jalapa con el entonces diputado Recinos (de ese departamento), pero no tiene claro la fecha en la que se realizó. Por su parte, el exdiputado Recinos apunta a un detalle de logística de última hora. Dice que él, junto al ministro Sinibaldi y el entonces diputado Sandoval regresaron a la capital en helicóptero para votar: “yo llegué, creo (a) la segunda o a la redacción final a votar, ese día había yo pedido permiso por el compromiso que tenía acá en Jalapa con el entonces ministro Sinibaldi”. Los votos de Recinos y Salguero aparecen registrados como votos “a favor” del contrato y realizados el propio día de la votación, según la redacción final del decreto. Recinos niega haber recibido ofrecimientos de dinero por su voto.
En Jutiapa, el exministro asegura haber montado lo que él denomina “un cuarto de guerra”. Allá, a 125 kilómetros de Ciudad de Guatemala, tenía los listados de los diputados presentes en el hemiciclo. En aquella lista figuraban los nombres de los diputados a favor, y otra más de los que estaban en contra. El exministro incluso presume de haber tenido “planes de contingencia por si no se juntan los votos necesarios o si los que se oponen salen con alguna jugarreta parlamentaria para que no avance la aprobación”.
La presión era intensa, había mensajes constantes del directivo de Odebrecht, Lima Machado, y “presión de Otto Pérez” relata el exministro. Durante todo ese día, el hombre de confianza a su lado fue el ex congresista Guillermo Sosa, entonces viceministro de Comunicaciones, quién le ayudó a coordinar la votación, declaró Sinibaldi a la fiscalía. Se buscó contactar a Sosa vía telefónica, pero no se consiguió una respuesta a los señalamientos de su antiguo jefe.
En esos 38 minutos claves para la aprobación del contrato la voz de Sinibaldi incluso se escuchó en la mesa de la Junta Directiva. Relata el exministro:
Todos estos esfuerzos eran necesarios. Aunque el oficialista PP contaba con la mayor bancada (63 diputados); la meta era el voto favorable de al menos 105 congresistas, así que la búsqueda de apoyos tenía que abarcar a otros bloques legislativos. Al final consiguieron el respaldo de 108 diputados, una acción que Sinibaldi describe en su testimonio con orgullo, debido al intrincado mecanismo de expedientes técnicos y aprobaciones ejecutivas antes de llegar a la votación legislativa. “Lo cual me lleva a relatar los sucesos que se dieron en el Congreso para lograr tal gesta política”.
El primer intento de Odebrecht
La aprobación legislativa para el crédito a favor de Odebrecht ocurrió en el gobierno del PP, pero las intenciones de la constructora por hacerse de una megaobra en Guatemala venían desde 2010.
A juzgar por los testimonios de Sinibaldi y del directivo de Odebrecht, Marcos Cerqueira Lima Machado, judicializado por este caso, la empresa ya se había acercado al anterior Gobierno y había logrado que algunos de sus operadores cabildearan por el acuerdo en instancias del Ejecutivo y el Legislativo. Entre estos estaba Gustavo Alejos Cámbara, el exsecretario privado de la Presidencia de Álvaro Colom.
El empresario Alejos Cámbara es una figura omnipresente en la política guatemalteca durante los últimos veinte años como recaudador de fondos para campañas de diferentes partidos políticos, a la fecha es indagado en cinco grandes casos de corrupción investigados por CICIG. Fue incluido en la Lista Engel de actores corruptos y antidemocráticos de Centroamérica en julio de 2021.
Lima Machado dice que el presidente Colom manifestó “que era de su interés iniciar ese proyecto, y que estando en agenda su presencia en la toma de posesión de la presidenta Dilma Roussef, girando (sic) entonces Álvaro Colom a Guillermo Castillo para viabilizar el proyecto”.
Según Sinibaldi, en una reunión con el directivo de Odebrecht a finales de 2011, antes de ser nombrado como ministro y cuando todavía no había asumido Pérez Molina, Lima Machado le dijo que “ya tenían avanzada la aprobación en el Congreso con las diferentes bancadas, y que tenían buena relación con la mayoría”.
Se buscó contactar a Gustavo Alejos Cámbara tanto a través de sus números telefónicos, cuentas en redes sociales y familiares, pero al cierre de la edición de este reportaje no hubo respuesta.
En el primer capítulo de la trama Odebrecht, el directivo Lima Machado declaró en su testimonio a la fiscalía guatemalteca que la empresa presentó el proyecto de infraestructura y les indicó que el gobierno brasileño podría brindar los créditos para la obra. Pero el proyecto comenzó a derrumbarse cuando la administración Colom se topó con la negativa de la Secretaría General de Planificación (Segeplan). Esta instancia del Ejecutivo negó la aprobación para adquirir los créditos que se buscaban con el Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico e Social de Brasil (BNDES) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
En el oficio DIP-174-2011, de fecha 14 de octubre de 2011, la entonces secretaria, Karin Slowing, le informó al entonces ministro de Comunicaciones su negativa a que continuará el procedimiento para adquirir los créditos. Estos originalmente iban a ser gestionados a través del Banco VP Export Finance y el BPN Paribas de Brasil.
Entre las razones, Slowing detalló la falta de estudios de impacto ambiental, adquisición de derechos de vía y estudios de preinversión. Pero una gran alarma era que los préstamos estaban condicionados a “la utilización de bienes y servicios de origen brasileño, así como la contratación de una empresa de dicho país para la ejecución”. Una dedicatoria nada velada a Odebrecht, cuyos directivos habían presentado el proyecto al presidente Colom.
En su carta, Slowing le recuerda al ministro Castillo que la Ley de Contrataciones exige que se realice una licitación pública internacional para la adjudicación de una obra de este tipo. Consultada por Redacción Regional, Slowing confirmó estas gestiones del Ministerio de Comunicaciones, aunque también señaló que no recibió ningún tipo de presión del entonces presidente Colom para otorgar un dictamen favorable.
La recomendación de realizar una licitación pública internacional tampoco fue atendida en el siguiente gobierno. En 2012, ya con el general Pérez Molina como mandatario, el nuevo secretario de Segeplan, Luis Fernando Carrera Castro, avaló proseguir con la solicitud de los créditos y la adjudicación de la obra a la constructora Odebrecht.
A diferencia del gobierno de la UNE, el dictamen favorable de esta otra Segeplan señala en su punto 5, las condiciones que el Ministerio de Comunicaciones debe cumplir: “El Congreso de la República debe aprobar la modalidad de contratación de la ejecución del proyecto con la entidad brasileña Constructora Norberto Odebrecht”.
Consultado por Redacción Regional, el exsecretario Carrera Castro aseguró que no recibió ningún ofrecimiento de beneficios, favores o sobornos de Alejandro Sinibaldi, Odebrecht o los Bancos BCIE y BNDES. Indicó que tampoco recibió amenazas ni presiones indebidas, pero describe una evidente urgencia de su superior, el entonces presidente de la República, para agilizar el proyecto.
“El expresidente Otto Pérez Molina me solicitó en varias ocasiones que se emitiera el dictamen de Segeplan de manera rápida. Sólo una vez me citó en su oficina para demandar ese dictamen, en presencia de Alejandro Sinibaldi. En todas esas ocasiones expliqué que los técnicos del Ministerio de Comunicaciones tenían que responder a las preguntas de los técnicos de SEGEPLAN”, dice.
El exfuncionario aseguró que el dictamen favorable de Segeplan fue “una opinión técnica sólida” que respondía a las dudas planteadas por el Ministerio de Comunicaciones que dirigía Sinibaldi. “Los técnicos de Segeplan determinaron que si se quería contratar a Odebrecht sin seguir la Ley de Compras y Contrataciones, se debería emitir un contrato ley emitido por el Congreso. No se respondió en función de los condicionamientos de los créditos, sino en función de lo que el marco jurídico nacional establece”, justifica Carrera.
El proyecto, entonces, encontró puerto firme en el Congreso de la República, donde Sinibaldi y la vicepresidenta Roxana Baldetti cabildean por los votos. Sinibaldi, sin embargo, buscó consejo en aquellos que como ahora él, ya habían maniobrado para buscar un Congreso a su favor.
Meses antes del día de la votación de octubre de 2012, Sinibaldi asegura que se reunió junto a Gustavo Alejos, a quien llega a perfilar como el ‘operador político de la legislatura 2008-2012’, para evaluar la viabilidad de la operación. Luego de explicarle lo que estaba en juego y los recursos para comprar diputados, este le aseguró que con el pago de Q125 mil antes y Q125 mil después de la votación “sería pan comido”.
Un testimonio que desnuda al sistema de pagos y componendas
La declaración de Alejandro Sinibaldi fue brindada ante la fiscalía a finales de 2020 luego de cuatro años de estar prófugo de la justicia. Buena parte de ese tiempo lo pasó en Italia, hasta que pactó su entrega e inició un periplo que lo condujo de Florencia a Ámsterdam, en los Países Bajos, a la Ciudad de México para finalmente llegar por tierra a Guatemala a través de la frontera de Tapachula. Desde ahí, una avioneta de la Fuerza Aérea Guatemalteca lo condujo hasta la capital de Guatemala.
En una pequeña oficina de la sede central del Ministerio Público, en la zona 1 de Ciudad de Guatemala, Sinibaldi contó la “gesta política” de lograr los 108 votos favorables. Durante alrededor de cuatro horas, reflejadas en 41 páginas, el exministro detalló la operación. En la sala en la que le fue tomado el testimonio nunca se presentó abatido. Por el contrario, una fuente judicial presente durante su testimonio lo describe como tranquilo y sin ningún signo de arrepentimiento. De hecho, durante uno de los recesos en su larga declaración uno de los defensores le comentó al personal de la fiscalía: “él sigue con la intención de ser presidente de Guatemala, está seguro de que puede retomar su carrera política”.
En su declaración, Sinibaldi da detalles de cómo él y el equipo formado por Baldetti adelantaron pagos para honrar la primera promesa a los involucrados: el adelanto de 125 mil quetzales antes de la votación; y 125 mil después de efectuada. El primer pago era necesario para demostrar que la trama iba en serio, y para asegurarse la votación el día acordado, ya que en la negociación original, Odebrecht se había comprometido a pagar los sobornos hasta que comenzaran a caer los desembolsos de los créditos.
Los pagos los tenía que adelantar Sinibaldi, por una parte, y la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti, por medio de sus operadores políticos. Todo esto con el visto bueno del presidente de la república, el general Otto Pérez Molina, dice Sinibaldi. Consultado por Redacción Regional, el abogado defensor de Pérez Molina y Baldetti, César Calderón, dijo que hasta la fecha sus representados no han sido inquiridos por la fiscalía por el Caso Odebrecht y desconocen cualquier señalamiento en su contra.
Para pagar a los diputados con los que él o sus allegados cabildearon, Sinibaldi adelantó de sus propios fondos pagos en efectivo para parte de la bancada del PP y partidos aliados. Pero algunos acuerdos fueron más allá. Sinibaldi asegura haber comprometido otras obras públicas adjudicadas por la cartera que dirigía para empresas afines a los congresistas. Otro tanto hizo la exvicepresidenta Roxana Baldetti. En su caso, según el exministro, el encargado de realizar los pagos fue el empresario Carlos Arturo Batres Gil, quien se entregó a la justicia guatemalteca en abril de 2021. Según el testimonio, Batres Gil obtuvo préstamos con el Banco de Desarrollo Rural (Banrural) para poder comprar diputados.
Juan Guevara, abogado defensor de Batres Gil, indicó que no pueden pronunciarse sobre los señalamientos de Sinibaldi ya que el caso se encuentra bajo reserva. Guevara comentó que en todo caso la declaración del exministro no puede ser utilizada para acusar a otros procesados en la investigación, ya que él mismo es uno de los acusados en el caso Odebrecht. “Cuando se levante la reserva del caso desmentiremos con documentos muchas de las cosas que se dicen”, dijo el abogado defensor.
El exjefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, asegura que lograron documentar estos créditos con el banco. El exfiscal huyó de Guatemala en julio de 2021 luego de que su jefa, la actual fiscal general, Consuelo Porras, lo destituyera. Desde el exilio, Sandoval acusa a Porras de obstruir las investigaciones de corrupción a su cargo.
Según Sandoval, la fiscalía confirmó la adquisición de estos préstamos con el banco, mientras que algunos de los pagos fueron ratificados por los ex diputados del PP procesados por casos de corrupción: Edgar Cristiani (cuyo acuerdo de colaboración eficaz es puesto en duda por el actual jefe de la FECI designado por Porras) y Emilenne Mazariegos.
En su declaración, Sinibaldi señala que la mayoría de los diputados guatemaltecos únicamente aceptaban dinero en efectivo. Y la compra de los congresistas requería efectivo, mucho efectivo. El exfiscal Sandoval refiere que pudieron documentar tres créditos contraídos con Banrural, dos de ellos por Q3 millones cada uno, y un tercero por Q4 millones. En total Q10 millones (1.28 millones de dólares).
Se contactó vía correo electrónico al oficial de cumplimiento de Banrural, Joaquín Revolorio, pero al cierre de esta edición no se había obtenido una respuesta.
Otro grupo de diputados pidió más dinero. Así como el presidente del Congreso y el diputado que le acompañó con la moción de urgencia, otros 11 diputados también pidieron un cuarto de millón de quetzales extra para ejercer sus buenos oficios.
Sinibaldi testificó que estos pagos se dieron, además de a los citados Rivera y Boussinot, a 11 diputados del PP: Estuardo Galdámez, primer secretario de JD; Emilenne Mazariegos, tercera secretaria de JD; Boris Roberto España Cáceres; Gustavo Medrano Osorio, en ese entonces presidente de la Comisión de Obras Públicas; Iván Arévalo y Luis Contreras Colindres. También recibieron más fondos Manuel Barquín Durán, de la GANA, quinto secretario de la JD; Fidel Reyes Lee, congresista independiente, y los diputados de la UNE: Mario Taracena Díaz-Sol, Orlando Blanco Lapola y Carlos Barreda Tarecena. De los once mencionados, solo la exdiputada Mazariegos aceptó a la FECI haber recibido sobornos en un acuerdo de colaboración eficaz. Cinco niegan haber recibido fondos. Contreras, actual diputado por Creo, responde que no hablará del caso. El exdiputado Manuel Barquín falleció en 2018. Redacción Regional intentó obtener respuestas de los ex diputados Galdámez, Medrano Osorio y Arévalo, pero fue imposible contactarlos a través de sus números telefónicos, allegados y cuentas oficiales en redes sociales.
El exministro declaró que Edgar Barquín Durán, presidente de la Junta Monetaria y hermano de Manuel Barquín, también recibió este bono de un cuarto de millón de quetzales, para garantizar el visto bueno de los créditos por parte de la Junta Monetaria que presidía. Consultado al respecto, Oscar Poroj, abogado de Edgar Barquín, indicó que este no brindará declaraciones sobre este caso.
Vestiduras rasgadas, alarmas tardías
En la tarde del 11 de octubre, mientras avanzaba la aprobación del proyecto, desde la última fila del hemiciclo parlamentario estalló una denuncia pública. Mientras se preparaba la aprobación del decreto, el jefe de la bancada del partido Líder, Roberto Villate, tomó el micrófono y denunció: “doscientos cincuenta mil quetzales para cada uno, posiblemente algunos oficialistas no lo sepan, posiblemente algunos tampoco lo irán a recibir, pero viva la fiesta, hagamos carnaval, lo que hoy es desgracia”, recoge el Diario de Sesiones del Legislativo.
Líder era la agrupación que había obtenido el segundo lugar en las elecciones presidenciales de 2011 con su candidato Manuel Antonio Baldizón Méndez, quien perdió la contienda frente a Pérez Molina.
Minutos antes a esta denuncia, el diputado Mario Taracena, de la UNE, había fustigado a los diputados oficialistas del PP y a la bancada de Líder recordándoles sus contradicciones. Taracena, quien minutos después votaría a favor de los préstamos, se dirigió así al presidente del Congreso, Gudy Rivera:
“Durante dos años, presidente, con usted a la cabeza, que era jefe de bancada, se pasó oponiendo a este préstamo, se lo hicimos ver, la urgencia y cómo se necesitaba, y mire su incoherencia y su inconsistencia, ahora viene a pedir ese préstamo.(…) Y por el otro lado, para terminar de ponerle la guinda al espectáculo, la otra bancada (en referencia a Líder), durante la campaña, el “Smiley” (apodo de un famoso pandillero que Taracena le colgó al presidenciable de Líder, Manuel Baldizón) dijo que este préstamo lo iba a aprobar, y ahora mírense a su bancada, viene a decir que no y se quieren poner de honrados, “el lagarto hablando de trompas”. ¡Imagínense, señores diputados! Muchas gracias, señor presidente”.
ABUCHEOS Y RISAS (recoge la transcripción del Diario de Sesiones como anotación)
En su declaración, Sinibaldi dice que el operador político Gustavo Alejos le recomendó: “vos te tenés que meter de cabeza en la negociación del Congreso, porque yo estoy algo desgastado y Roxana es roba vueltos y los diputados la conocen. A vos te tienen confianza, además ya sé que Botox -Guillermo Sosa (viceministro de Comunicaciones)- habló con la mayoría. Tratá de dejar fuera a Baldizón, no necesitas sus votos y no hay que darle más pisto (dinero) o es el próximo Presidente”.
Sinibaldi asegura que su entonces viceministro fue el encargado de los pagos a los dirigentes de la GANA, los diputados Jaime Martínez Lohayza y Manuel Barquín Durán; así como al líder del bloque Todos, Roberto Alejos, por entonces ya distanciado de su hermano. Sosa, según Sinibaldi, también sostuvo reuniones para coordinar los votos con los diputados de CREO: Carlos Rafael Fión Morales y José Alberto Gándara Torrebiarte (fallecido en 2018); y con el diputado del FRG, Luis Fernando Pérez. Con este último, según Sinibaldi, compartía la propiedad de una avioneta como parte de su pago por las gestiones a favor del contrato.
Fuentes que participaron del proceso y pertenecientes a diferentes bloques de esa legislatura confirman la recepción de pagos a los congresistas; pero todos apuntan a sus rivales políticos en ese entonces. Las fuentes dibujan el siguiente mapa: Sinibaldi y Baldetti, por medio de sus operadores, se encargaron principalmente de los pagos a los diputados del PP y Gana. Mientras que Gustavo Alejos participó en los pagos a parte de los diputados de la UNE y Todos. Por otra parte, la declaración del exministro señala que los pagos a la bancada de CREO los realizaron por medio de la empresa constructora CONASA.
El empresario Álvaro Mayorga Girón, uno de los propietarios de CONASA, consultado por Redacción Regional dijo desconocer la declaración del exministro Sinibaldi, “en lo personal o institucional no tuve ninguna relación o vinculación con la bancada mencionada, así como con ningún actor político relacionado con el proyecto citado en ninguna de sus fases”, refirió el constructor.
Las otras obras canjeadas por votos
A cambio de sus siete de votos, la bancada del partido CREO, según el testimonio de Sinibaldi, logró un desembolso en conjunto de 1.75 millones de quetzales (224 mil dólares). Pero ese monto no era suficiente, y para garantizar su lealtad en la votación el exministro detalla que le pidieron el contrato de mantenimiento de carreteras NOG 24550 para la empresa Compañía Constructora de Obras Civiles S.A. (Cocisa) con valor de Q7.41 millones, 950 mil dólares, el cual en efecto fue adjudicado a la compañía en febrero de 2013. Los NOG son los códigos que asigna el portal de compras del Estado en Guatemala, llamado Guatecompras.
Según reportes del Registro Mercantil, Cocisa fue constituida por Rafael Ángel Díaz Samos y Jesus Augusto García Ibañez en 1983. Hasta la fecha tiene por uno de sus representantes legales a Gabriel José Díaz Fión, hijo de Díaz Samos, y sobrino del entonces jefe de bloque de CREO, el diputado Carlos Rafael Fión Morales.
Consultado al respecto, Carlos Fión actual diputado al Parlacen por Creo, aseguró que nunca recibió un soborno de parte de Sinibaldi a cambio de sus votos y que votaría de nuevo por una propuesta como la de Odebrecht ya que se trataba “de una obra de interés nacional”. Fión reconoció su vinculación familiar con los propietarios de Cocisa, pero afirmó que nunca canjeó sus votos “a cambio de obras para Cocisa o cualquier otra empresa”.
Sinibaldi también acusa que la bancada de la UNE pidió un contrato de mantenimiento de carreteras para la empresa Constructora Imesa S.A.NOG 2427109 valorado en Q74.99 millones, 9.61 millones en dólares. Adjudicado en marzo de 2013 por el Ministerio de Comunicaciones a dicha empresa.
Las obras prometidas, según los registros, fueron entregadas a las empresas vinculadas a los diputados. Algunos pagos en efectivo, según Sinibaldi, tuvieron contratiempos. “Es importante mencionar que el encargado de pagarle a parte de la bancada de la UNE fue Gustavo Alejos el cuál, según ellos mismos me comentaron les quedó mal con el pago, y los envió a recoger el dinero a una casa ubicada cerca del colegio Bethania en la zona 15”, dice el testimonio.
En la asignación del contrato a Imesa, Sinibaldi también se aseguró una tajada de ese otro pastel. El ex ministro aseguró que de ese contrato, el 15 por ciento fue repartido entre los diputados Taracena, Blanco y Barreda: “en mi caso en particular de ese 15%, yo recibí un 5% en efectivo sobre los pagos que se le hicieran en el año 2014 (…) a ese proyecto se le pagaron en el 2014 cerca de Q17 millones; es decir, recibí aproximadamente Q850 mil”, declaró Sinibaldi. Los diputados Taracena, Blanco y Barreda negaron cualquier pago recibido del exministro.
Sinibaldi añade detalles que no alcanzaron a ser corroborados por la FECI de Sandoval y que, se presume, son insumos para la FECI de Curruchiche: “Mario Taracena amplió su casa en Villa Sol y Sandra Torres recibió un millón de quetzales”. Sinibaldi asegura que el mismo día de la votación, el congresista le pidió un millón de quetzales extra para la exprimera dama y ex candidata presidencial de la UNE, Sandra Torres “alegando que ella le había dado órdenes de no votar, debido a eso se incluyó como parte de la negociación que se adjudicó a Imesa”.
El diputado Taracena, distanciado de Torres desde la ruptura en el partido en 2020, niega las acusaciones. “Ni quiero defender a esa señora, pero eso es falso”, aseguró el congresista. Redacción Regional buscó contactar vía telefónica y mensaje de texto con Torres, pero fue imposible. Su hija, la diputada al Parlacen por la UNE, Nadia de León, niega los señalamientos de Sinibaldi. “En el 2012 ni le contestaban las llamadas los diputados mencionados, que hoy son sus enemigos”, refiere De León. “La relación de ella con ellos era cero. Esas son calumnias infundadas”, dice.
Sinibaldi testificó que entregar este contrato era el seguimiento de un proyecto previo adjudicado al contratista Giovani Eliseo Estrada Zaparolli con elNOG 895091 por Q66.49 millones. Reportes del Registro Mercantil comprueban que ambos contratos fueron adjudicados a la misma empresa.
El NOG 2427109 fue otorgado a Constructora Imesa S.A., mientras que el NOG 895091 a Importadora y Exportadora de Maquinaria y Equipo S.A., la anterior denominación de esta misma compañía, la cual tiene por representante legal a Julio Antonio Elías Estrada Zaparolli.
El diputado Taracena confirma que durante años lo han relacionado al constructor Estrada Zaparolli.“Soy amigo de Giovanni (Estrada Zaparolli) desde hace 35 o 40 años, cuando él era diputado del PLP (1999-2003). Me han querido vincular a él, ojalá tuviera algo que ver con sus negocios… El señor, si ha hecho pisto (dinero), pero su servidor no”.
Aplausos generalizados
El 11 de octubre de 2012, a las 15:48, se adjudicó de la obra por alrededor de 400 millones de dólares a la constructora Norberto Odebrecht. Un imperturbable Gudy Rivera daba trámite a la aprobación del decreto sin apartarse ni una palabra del guión que establecen las normas parlamentarias: sometió a discusión la moción de urgencia nacional que él mismo había planteado, llamó a los parlamentarios a votar, le otorgó la palabra al jefe de bloque de Líder, Roberto Villate. Escuchó sin sobresaltos los señalamientos del diputado que acusaba a los congresistas de aceptar un soborno de 250 mil quetzales por su voto favorable.
Luego, Rivera le otorgó la palabra a otros cuatro diputados de Líder, y a un congresista de Encuentro por Guatemala (EG) que se quejaron amargamente del endeudamiento del país, así como al único congresista que se manifestó a favor del decreto, el diputado Nery Orlando Samayoa Barrios, del bloque Todos, originario de Quetzaltenango, uno de los departamentos en donde se realizaría la obra. Por último, sin entrar a discutir los reclamos y provocaciones que le hicieron los diputados oponentes, el diputado Rivera hizo el llamado a votar por la redacción final del decreto.
PRESIDENTE RIVERA ESTRADA: A discusión en su redacción final.
SECRETARIO BOUSSINOT NUILA: No habiendo discusión, se entrará a votar en su redacción final.
PRESIDENTE RIVERA ESTRADA: Se realiza llamado a votación.
108 votos favorables, 26 en contra y 24 diputados ausentes sellaban la aprobación del decreto 29-2012.
Ocho años más tarde, en un salón de interrogaciones de la Fiscalía, cuando Sinibaldi rememoró aquella “gesta política”, dejó escapar ante los fiscales un recuerdo lleno de satisfacción por haber afianzado la confianza del presidente Pérez Molina a su favor. “Mi relación con el Congreso y las principales bancadas siempre fue muy buena, pero además de eso contaba con la credibilidad por parte de ellos, razón por la cual a partir de finales del 2012 el mismo Otto Pérez empezó a solicitar mi ayuda para operar temas de la Presidencia”, dijo.
El exministro incluso encumbró su trabajo en esta trama. “La aprobación de ese Préstamo/Contratación significó una labor de operación política, trabajo técnico, seguimiento y el poder económico de Odebrecht, algo pocas veces visto (…)”, dijo.
Lejos de mostrar vergüenza, una fuente judicial que presenció la declaración de Sinibaldi lo describe como “confiado y seguro” de todas sus palabras durante ese encuentro.
“Sólo la operación en el Congreso de la República fue una operación compleja. Poner de acuerdo a 108 diputados no es tarea sencilla, lo que requirió de mi parte muchísimas reuniones con los jefes de bloque y diputados con liderazgo propio para garantizarles el pago”, dijo el exministro.
A finales de 2012, sin embargo, los aplausos pronto se convirtieron en reclamos. En el seno del PP, las cuentas no habían sido bien saldadas.
Rencillas, robos y diputados condicionados en el PP
Para la bancada oficial del PP la red de compromisos adquiridos por la recepción de los sobornos de Odebrecht no acabó aquella tarde del 11 de octubre de 2012.
Alrededor de dos semanas antes de esta votación, el presidente Pérez Molina, según Sinibaldi, incluyó en el combo de votaciones a cambio de 250 mil quetzales el voto favorable tanto para la obra de Odebrecht como dos préstamos para la compra de aeronaves de ataque Embraer EMB314/A-29, por US$133 millones con el BNDES, y la adquisición de radares por $36 millones con el BBVA de España. El paquete incluía además la elección de la Junta Directiva del Congreso, lo cual les facilitaba el control del Legislativo para el año 2013.
La ampliación de este paquete de préstamos fue “una de las enormes dificultades que se tuvo semanas antes a la votación”, refiere Sinibaldi en su declaración. El ejecutivo quería hacer rendir el dinero de los sobornos y consiguió con esto la aprobación del decreto 28-2012 destinado a la compra de los aviones y radares.
“Otto Pérez y Roxana Baldetti convocaron a todos los diputados de la Bancada Patriota para terminar de afinar los detalles”, relata Sinibaldi. Algo que en efecto sucedió con los decretos 28-2012 y 29-2012.
La compra de estos aviones Embraer, sin embargo, fue cancelada el 1 de agosto de 2013 por el propio Pérez Molina por sospechas de sobrevaloración. “Estamos con la duda de que los 6 aviones Super Tucano estén sobrevalorados. Fueron negociados en el gobierno pasado”, dijo el mandatario en aquella oportunidad al diario oficial.
Y pese a que la bancada había cumplido con dar sus votos, el segundo pago de 125 mil quetzales no había llegado a todos los congresistas.
“A raíz de ese atraso se generó una serie de descontentos dentro de los diputados, ya que varios diputados a los cuales yo personalmente les había pagado el dinero extra, les comentaron a los otros diputados que yo ya les había pagado”, testificó el exministro.
Sinibaldi aseguró en su declaración que esos retrasos en los pagos se dieron entre los diputados que debían ser pagados por Baldetti y sus operadores; “por lo cual Roxana dispuso citar a todas las mujeres de la Bancada Patriota” refiere Sinibaldi y le llamaron por teléfono para reclamarle.
Una fuente consultada por Redacción Regional que estuvo presente en esa reunión aseguró que Baldetti apeló a la sororidad de las diputadas oficialistas, en su disputa con Sinibaldi por el control de los sobornos.
“En dicha llamada y en presencia de las diputadas del partido, Roxana me recriminó directamente del por qué yo había pagado extras a algunos diputados y de porqué yo estaba diciendo que ella estaba encaprichada en no entregar el dinero”, relata el exministro.
En el río revuelto en el que se convirtió la entrega de sobornos de Odebrecht, la desconfianza y las rencillas internas entre los diputados del PP fue tal, que entre ellos se llegaron a acusar de robos de fondos provenientes del soborno. Refiere Sinibaldi en su testimonio: “en el caso particular de Emilenne Mazariegos (la segunda secretaria de la Junta Directiva), el dinero fue entregado por Estuardo Galdamez (primer secretario de JD), y recibí la queja puntual de parte de ella que la segunda entrega se le hizo en el mes de diciembre en dólares, y en lugar de los USD 16,500 que repartieron a la mayoría de diputados, ella recibió USD 14,500, situación que se repitió en otros diputados de la Bancada del Partido Patriota”.
Los diputados que niegan haberse vendido
Han pasado casi diez años desde la votación que favoreció a Odebrecht con un contrato de cerca de $400 millones de dólares. Desde que aquella legislatura culminó su mandato en 2016, la mayoría de los 108 diputados que según Alejandro Sinibaldi fueron comprados con sobornos han salido de la esfera política, algunos han fallecido, mientras que un puñado guarda prisión por otros casos de corrupción investigados por la CICIG y la FECI, o sirven, actualmente, de testigos en otros casos.
Así, por ejemplo, el expresidente del Congreso, Gudy Rivera, fue encontrado culpable de intentar sobornar a una magistrada de Salas de Apelaciones para favorecer a la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, y salió de prisión en septiembre de 2021 gracias a un beneficio de libertad anticipada. Mientras que el exdiputado Christian Boussinot fue destituido del Legislativo en 2016 por el casoPlazas Fantasma y continúa ligado al proceso aunque en libertad.
Para 2022, de todos aquellos congresistas, solo uno ha logrado un puesto en el actual gobierno de Alejandro Giammattei.
Se trata de Álvaro González Ricci, ex diputado del bloque CREO y ahora ministro de Finanzas Públicas. El funcionario niega cualquier relación con la recepción de sobornos. “Yo en lo personal no tuve ningún contacto jamás con el Sr Sinibaldi, y como recordarás, mi trabajo siempre fue técnico y alejado de estos temas”, dice el excongresista. “Me imagino que habrán muchos dimes y diretes, pero en mi caso particular ya sabés que todo se hace al 100 en el marco de la ley”, añade.
De todos los que votaron a favor de Odebrecht, entre jefes de bloque y diputados, en el actual congreso sobreviven 16 legisladores. Todos niegan haber recibido sobornos.
Redacción Regional logró consultar a diez de ellos de manera directa.
Carlos Alberto Barreda Taracena, electo por la UNE, aunque ahora disidente de la agrupación, justificó su voto aduciendo que era parte de los proyectos contemplados desde el gobierno de Álvaro Colom. En el mismo sentido respondió el diputado Orlando Blanco Lapola quien califica las declaraciones de Sinibaldi como “una irresponsabilidad”; mientras que el diputado Mario Taracena Díaz-Sol dijo que son señalamientos “falsos, espurios”.
El diputado Carlos Santiago Nájera Sagastume, también de la UNE, afirmó “desconocer sobre ese tema” mientras corría a refugiarse en su oficina al escuchar la palabra Odebrecht.
Oscar Stuardo Chinchilla Guzmán, actual jefe de bloque de CREO, negó todo conocimiento del pago de sobornos: “No es justo juzgar a un bloque completo cuando tal vez existan terceros que hacen una labor de intermediar por alguien”, dijo. Además, Chinchilla pidió que se consultara al respecto al entonces jefe de la bancada Carlos Fión, actual diputado al Parlacen por CREO.
Boris Roberto España Cáceres, en aquella época parte de la bancada del PP y ahora diputado de TODOS, invitó a Sinibaldi a que “dé a conocer lo que tenga”. A la vez que aseguró tener ofertas de algunos partidos para continuar en el Congreso.
Iguales negativas emitieron los diputados Julio César Longo Maldonado, en 2012 en la GANA, y actualmente en FCN-Nación; Fidel Reyes Lee, actual diputado por el partido BIEN.
Hernán Morán Mejía, congresista por el partido UCN en 2012, actualmente en el PC, aseguró que volvería a votar por un préstamo similar al de Odebrecht. “El deber del Congreso es aprobar préstamos y nosotros aprobamos ese préstamo para la construcción de la carretera. Que yo sepa en ningún momento de parte del señor Sinibaldi se nos ofreció nada”, dijo.
El único diputado que afirmó estar seguro de que hubo pagos por la aprobación del contrato a favor de Odebrecht fue Juan Carlos Rivera, del partido Victoria, aunque negó haber recibido sobornos o favores a cambio de su voto favorable.
“Estoy seguro que algunos diputados recibieron dinero de esa negociación. Yo en lo personal no negocié nada con Sinibaldi”, dijo el diputado.
También se consultó al ex diputado Roberto Alejos, hermano de Gustavo Alejos, quién fue señalado por Sinibaldi de recibir dinero para la bancada Todos. El ex congresista negó haber recibido dinero a cambio de los votos de su bloque.
Un diputado, Luis Alberto Contreras Colindres, de CREO, dijo no tener tiempo para atender las preguntas. Los restantes cinco fueron consultados vía mensajes electrónicos y cartas entregadas en sus despachos. De estos, al cierre de esta edición, ninguno envió respuestas.
Estos son:Felipe Alejos Lorenzana (TODOS); Sofía Jeanneth Hernández Herrera (UCN); Joel Rubén Martínez Herrera (FCN-Nación); Jairo Flores Divas (UNE) y Jorge Adolfo García Silva (PC).
Redacción Regional también intentó obtener una reacción de la constructora Odebrecht, pero al cierre de esta investigación no hubo respuesta
*Esta nota forma parte de República Finquera, un proyecto de cobertura del autoritarismo en Centroamérica y México de la Redacción Regional, una alianza entre medios y periodistas de la región, entre ellos Contracorriente Honduras.
