Alejandro Sinibaldi, exministro de Comunicaciones y ‘número 3’ del gobierno de Otto Pérez Molina se entregó a la fiscalía en 2020 y confesó haber confeccionado, con indicaciones del expresidente, una trama de corrupción para favorecer a la constructora brasileña Norberto Odebrecht con un contrato de US$399.4 millones. La Redacción Regional accedió a esta declaración en la que Sinibaldi acepta haber cobrado $19.7 millones de un total de $31.95 millones que, acusa, habrían sido repartidos en una estructura que incluía al expresidente, a la exvicepresidenta Baldetti y a 108 diputados del Congreso 2012-2016. A la fecha, 16 de ellos son congresistas en esta legislatura.
Por Bill Barreto | Imágenes de Oliver de Ros | Diseño de portada: @donmarcial
Alejandro Sinibaldi Aparicio, exministro de Comunicaciones del gobierno de Otto Pérez Molina, recibió sobornos por valor de 19.7 millones de dólares por parte de la constructora brasileña Norberto Odebrecht, según él mismo declaró ante la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en 2020, cuando regresó a Guatemala tras cuatro años prófugo de la justicia. En el documento, al que ha tenido acceso Redacción Regional, Sinibaldi detalla también un supuesto entramado de corrupción en el que Odebrecth compró el favor del gobierno a través de una red de sobornos por un total de 31.95 millones de dólares que incluiría al entonces presidente, su vicepresidenta, Roxana Baldetti, y 108 diputados del Congreso en 2012.
Sinibaldi, el número 3 del gobierno del Pérez Molina, ha roto el silencio en torno a uno de los mayores casos de corrupción de Guatemala. Su confesión, cuya autenticidad ha sido verificada por la actual administración de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) así como por otras tres fuentes cercanas al caso, relata cómo funcionarios de gobierno y diputados supuestamente aceptaron sobornos de Odebretch a cambio de un contrato por US$399.4 millones (Q3,007.97 millones). Se trata de la contratación de la ampliación de la carretera CA-2 Occidente, la rehabilitación y ampliación a cuatro carriles del trayecto de 140 km en los departamentos de Suchitepéquez y San Marcos. Esta obra, nueve años después, continúa inconclusa.
La declaración de 41 páginas del exministro detalla la logística del supuesto pago de Q250 mil a cada uno de los 108 diputados al Congreso de la República (2012-2015) que votaron en octubre de 2012 para favorecer a la constructora. El testimonio también señala el protagonismo de Pérez Molina en la negociación con Odebrecht; y la participación de Baldetti para gestionar la compra de diputados en el Legislativo para agilizar la aprobación del proyecto. Según Sinibaldi, el propio expresidente acordó la operación con la constructora y desde el inicio estuvo al tanto de los detalles, al punto que llegó a comentarle que con un directivo de la empresa habían acordado “una comisión del 3 % sobre el total del proyecto, más el costo de ser aprobado por las diferentes bancadas”.
Sobre ese reparto, Pérez Molina “agregó que la única forma de mantener tranquila a Roxana era darle parte de ese 3 %, sobre lo cual comentó diciendo que a él ese 3 % le parecía un porcentaje muy bajo y que por esa razón Roxana estaba presionando y seguiría presionando hasta llegar a un 5 % como mínimo”, dijo Sinibaldi a las autoridades.
En su testimonio, el exministro perfila a Pérez Molina como el líder de una estructura que tomó todas las decisiones y descargó en él y la vicepresidenta la ejecución y coordinación de la compra de votos en el legislativo. El expresidente incluso llegó a solicitarle una presentación ante el Gabinete “para que todos entendieran la magnitud del proyecto y la complejidad que implicaría llevarlo a cabo”.
Sinibaldi también acusa que la fórmula presidencial recibiría cada uno el 1% del total del costo de la obra. Alrededor de US$3.99 millones para cada uno.
Redacción Regional también contrastó el testimonio del exfuncionario con declaraciones ante la fiscalía de otros dos colaboradores del exministro y con diez actuales diputados al Congreso de la República que votaron favorablemente por el contrato asignado a Odebrecht, fuentes políticas que participaron en el proceso de aprobación de la obra y registros documentales, como el expediente completo de la iniciativa de ley enviado desde el despacho de Pérez Molina al Congreso, y registros de la gestión de los préstamos por US$399.4 millones hasta su ejecución en Guatemala.
La actual administración de la FECI reconoce que esta declaración es prueba en la investigación del caso Odebrecht. Con este testimonio, el Ministerio Público no descarta imputar a excongresistas, actuales diputados, así como a Pérez Molina y Baldetti (actualmente en proceso por varios casos de corrupción). Sin embargo, la Fiscalía aún no ha iniciado ninguna nueva acusación al respecto porque siguen ‘verificando’ la información brindada por el exministro. César Calderon, abogado defensor de los exmandatarios, aseguró que desconocen cualquier investigación en su contra por este caso.
El acuerdo de sobornos que narra Sinibaldi fue impulsado desde los despachos de la compañía en Brasil, y habría sido ratificado en sus oficinas personales, así como en el propio Palacio Nacional. A modo de preámbulo, según el exministro, la constructora financió con $1.5 millones al Partido Patriota (PP) de Pérez Molina y Baldetti en la recta final de la campaña electoral de 2011. El financiamiento de campañas electorales de futuros clientes es una práctica señalada con anterioridad en otros países en la trama de Odebrecht, la mayor red de corrupción de la historia reciente de Latinoamérica.
Sinibaldi tiene investigaciones abiertas en los casos Cooptación del Estado, Construcción y corrupción (Fase I y II), Odebrecht y Transurbano. Cuando el exministro rindió su testimonio, buscaba un beneficio penal a cambio. En sus propias palabras, el de Odebrecht es un caso con el que “se puede evidenciar más claramente cómo se pueden comprar las voluntades de básicamente un gobierno”.
El testimonio del alfil del gobierno de Pérez Molina
La Fiscalía Especial Anticorrupción obtuvo el testimonio de uno de los hombres fuertes de la administración de Pérez Molina luego de que este se entregara el 25 de agosto de 2020. Al momento de presentarse a los tribunales dijo que su intención siempre fue regresar a Guatemala “y poder aclarar los errores que yo haya cometido. Y poder señalar a la gente que en mi ausencia me ha utilizado”.
La colaboración de Sinibaldi estremeció a la élite política y económica coludida, en momentos en que estaba en disputa la justicia del país tras el desmantelamiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG). Proveniente de las élites investigadas por la CICIG y la FECI, Sinibaldi siempre fue considerado como uno de los líderes de la maquinaria de cooptación del Estado que fue el PP de Pérez Molina. El exministro fue incluido en 2021 en la lista Engel, la nómina elaborada por el gobierno estadounidense sobre figuras, que según su criterio, socavan la democracia y la lucha contra la corrupción en el Triángulo Norte de Centroamérica.
En su declaración, revelada hasta ahora, Sinibaldi prácticamente reseña que el gobierno de Pérez Molina trabajó desde el día uno para consumar un proyecto, con soborno incluido, con Odebrecht. Al décimo mes de la gestión, el 11 de octubre de 2012, 108 diputados votaron a favor tan solo 38 minutos después de que este fuera presentado al Congreso.
Sinibaldi, confiesa, tejió varios de los hilos para esa votación gracias a que conocía cómo funcionaba el Congreso: fue diputado del partido entre 2008 y 2012, lo cual garantizaba importantes alianzas con buena parte de los congresistas reelectos. El político también aportaba al partido lazos sólidos con el empresariado guatemalteco. Sinibaldi es familiar del cuatro veces presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), Ricardo Castillo Sinibaldi, candidato a la vicepresidencia junto a Otto Pérez Molina en las elecciones generales de 2007. A la llegada del PP al poder, recaló como ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda luego de haber intentado, sin éxito, ganar la alcaldía capitalina en los comicios generales de 2011.
Tras su entrega, Sinibaldi aseguró que contaría “las verdades” sobre la adjudicación de obras públicas en Guatemala. “Los constructores que me llamaron extorsionista”, dijo entonces Sinibaldi, son “los creadores del sistema de corrupción en el Ministerio de Comunicaciones. (…) Han creado un sistema de corrupción para así lograr adjudicarse, prácticamente a dedo, las obras que a ellos les interesan”.
El testimonio que se analiza en este reportaje fue recogido durante la gestión de Juan Francisco Sandoval en la FECI. El exfuncionario asegura que la indagación estaba por alcanzar a actuales diputados y excongresistas cuando fue removido del cargo por la actual fiscal general, Consuelo Porras. Sandoval ahora está asilado en Estados Unidos mientras en Guatemala se le persigue por supuestas irregularidades en las investigaciones a su cargo.
La mayor parte de las denuncias en su contra provienen de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT) encabezada por Ricardo Méndez Ruiz, designado en julio de 2021 en la Lista Engel por el gobierno de Estados Unidos como un actor que obstruye investigaciones contra la corrupción. La FCT es una organización que de manera constante atacó el trabajo de la FECI y de la CICIG, y celebró el desmantelamiento de la comisión en 2019, un año antes de la entrega de Sinibaldi.
Redacción Regional también contrastó la declaración de Sinibaldi con el testimonio del directivo de Odebrecht Marcos de Cerqueira Lima Machado, obtenido por un acuerdo de colaboración eficaz en el año 2018. Hace tres semanas, la defensa de Sinibaldi logró anular dicho acuerdo a través de una apelación que fue apoyada por el Ministerio Público dirigido por Porras.
En ese otro testimonio, el relato de Lima Machado confirma, complementa e incluso suma detalles a la declaración de Sinibaldi sobre la colaboración al más alto nivel entre Odebrecht y el Gobierno de Guatemala. Por ejemplo, el directivo narra que el 10 de mayo de 2012 coordinó junto a Sinibaldi una reunión entre Luis Mameri, vicepresidente de la constructora brasileña para Latinoamérica, y Otto Pérez Molina en la capital guatemalteca. “Al día siguiente de la cena en mi casa fue la reunión en el Palacio Nacional con el Presidente de la República. En la reunión en el Palacio Nacional estuvo presente Alejandro Sinibaldi, mi jefe, Otto Pérez y yo”, dijo el directivo brasileño.
El testimonio de Sinibaldi también coincide con la confesión de Juan Arturo Jegerlehner, el abogado del que se apoyó para mover los fondos entregados por Odebrecht hacia cuentas abiertas por sociedades de cartón. Jegerlehner ya fue condenado por lavado de dinero por este caso.
Una cita de negocios en México
El primer contacto entre Alejandro Sinibaldi y representantes de la empresa Odebrecht, según la declaración del exministro, se produjo en México, en agosto de 2011, un mes antes de la primera vuelta en las elecciones generales de Guatemala. Ese año, el Partido Patriota (PP) postulaba a Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti como sus candidatos. Este binomio era el favorito en las encuestas.
“El objetivo de esa gira en México era básicamente el tema de financiamiento de campaña con empresarios, miembros del gobierno mexicano y otros actores políticos”, refiere el exministro. Junto a Sinibaldi viajó además la fórmula presidencial. Tocaron puertas a las empresas “Odebrecht, Grupo Tomza y el Grupo mexicano Mharnos que está a cargo del peaje de Palín, Escuintla”.
Según el testimonio, estas reuniones incluyeron al entonces secretario de Gobernación, Genaro García Luna (actualmente detenido en Estados Unidos por narcotráfico).
Durante la primera vuelta de las elecciones generales de 2011, Odebrecht realizó un aporte de US$500 mil no registrado a las autoridades guatemaltecas, aseguró Sinibaldi, el cual se canalizó a través de la filial de la empresa en Panamá. Pero el exministro declaró que el apoyo fue todavía mayor: la cúpula del PP pidió en esas mismas reuniones de agosto patrocinio para una eventual segunda vuelta a cambio de su respaldo para la adjudicación del contrato CA2-Occidente. Las encuestas apuntaban a una segunda vuelta electoral. La no inscripción de la candidata oficialista, Sandra Torres, esposa del entonces presidente Álvaro Colom y candidata por el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) dejaba la batalla entre dos figuras: Pérez Molina y Manuel Baldizón, del partido Líder.
Dinero a cambio de votos: quid pro quo
El proyecto de ampliación de la carretera CA2-Occidente prometía convertir esta ruta en una autopista de cuatro carriles que mejoraría la comunicación entre los departamentos del oeste de Guatemala: Suchitepéquez, Retalhuleu, Quetzaltenango y San Marcos durante una extensión de 140 kilómetros, llegando a apenas 2 kilómetros de la frontera con México. Una ruta que estaba contemplada en el Plan Mesoamericano de Carreteras que busca integrar el sur de México, Centroamérica y Panamá para favorecer el comercio en la región.
Para financiar esta obra se requería de la aprobación de dos préstamos, los cuales comenzaron a ser gestionados durante el gobierno de Álvaro Colom (2008-2012). Pero en la recta final de esa gestión el Ejecutivo ya no contaba con el apoyo del Congreso para aprobar los créditos por US$399.4 millones con el Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico e Social de Brasil (BNDES) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
A nivel legislativo, la constructora dependía del apoyo del partido que se vislumbraba como el ganador de la contienda electoral. Así lo define Sinibaldi: “(…) solicitaban el apoyo de la bancada del Partido Patriota para tener los votos necesarios para aprobar el contrato del préstamo, pues entendían que quedaba muy poco tiempo de Gobierno (de la UNE) y que estábamos cerca de una primera vuelta electoral”.
En efecto, los resultados de la primera ronda de los comicios, que incluía la elección de todas las curules del Congreso, arrojó una mayoría para el PP, pero aún se encontraban lejos de poder aprobar un proyecto como el de Odebrecht sin el apoyo de otras bancadas.
Para la segunda vuelta, según el testimonio, Odebrecht apostó por el favorito y realizó un aporte adicional de US$1 millón a través de cuentas manejadas por Carlos Batres, operador de la candidata a la vicepresidencia, Roxana Baldetti. El Tribunal Supremo Electoral, el ente rector de las contribuciones a las campañas, no registra estos supuestos aportes al Partido Patriota. Para entonces, la recepción de fondos sin registro contable para fines de proselitismo ya era constitutiva de delito, según la legislación guatemalteca.
Carlos Batres se entregó en abril de 2021 y es procesado en el caso Odebrecht, pero según el Registro de Detenidos del Organismo Judicial él no se encuentra recluido en el sistema penitenciario. Redacción Regional intentó obtener una reacción de Batres, pero al cierre de esta investigación fue imposible obtener un enlace con él o sus abogados.
Odebrecht requería para evitar cualquier cuestionamiento a este contrato que los préstamos fueran aprobados sin discusión. Para esto necesitaban el apoyo del Gobierno y los votos favorables de dos terceras partes de los diputados, lo cual en esas fechas significaba conseguir 105 votos para su aprobación directa.
Tras los comicios del 2011, el PP de Otto Pérez Molina logró 56 diputados; la segunda fuerza, la UNE, en alianza con el partido Gana sumaba 48. Los siguientes bloques en tamaño eran la Unidad del Cambio Nacional (UCN, cuyo dirigente Mario Estrada fue detenido por narcotráfico en Estados Unidos en 2019) con 14 diputados; Libertad Democrática Renovada (Lider) con 14 congresistas y Compromiso Renovación y Orden (CREO) con 12.
Durante casi todo 2012, la empresa junto con Sinibaldi y su equipo prepararon una estrategia para comprar el voto de la mayoría de los congresistas. La aprobación de los préstamos incluía además la adjudicación directa de la obra a la constructora brasileña, sin ningún tipo de licitación. Una potestad que solo tiene el Congreso de la República. Odebrecht jugaba sobre seguro con los votos de los diputados para evitar cualquier competencia.
La división del pastel
El triunvirato al frente del gobierno formado por Pérez Molina, Baldetti y Sinibaldi se llevaba casi la mitad del soborno, según confesó Sinibaldi a la FECI. El compromiso con la empresa era cobrar un ocho por ciento del total del contrato a cambio de su aprobación. Como arquitecto detrás de las transferencias, a Sinibaldi le correspondía el 1.5 por ciento del costo total de la obra, mientras que a Pérez Molina y Baldetti les tocaba uno por cierto para cada uno.
Este compromiso para cobrar sobornos por un ocho por ciento del costo del proyecto representaba US$ 31.95 millones, alrededor de Q242.83 millones. De este monto, según la acusación de la Fiscalía, Sinibaldi habría recibido US$19.7 millones (alrededor de Q146 millones) para repartirlos entre la estructura criminal.
El testimonio judicializado del directivo de Odebrecht, Lima Machado, confirma este acuerdo con el entonces ministro de Comunicaciones. “(…) tuve alrededor de cuatro reuniones en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) y después nos reuníamos en la que conocíamos como la ‘Casa Verde’ indicando que él iba a trabajar para el proyecto”. En estas reuniones además participaban los exviceministros del CIV Rubén Mejía y Guillermo Sosa, relata el empresario.
Este testimonio del directivo fue obtenido gracias a un acuerdo firmado por la fiscalía guatemalteca en Brasil. El directivo comenzó a trabajar en Odebrecht en 1997 luego de graduarse como ingeniero civil. Entre 2004 y 2011 fue director de contratos de la empresa en República Dominicana, pero a partir de 2010 comenzó a viajar a Guatemala en busca de nuevas obras. Lima Machado y otros directivos además proveyeron información documental como registros de las transferencias bancarias de cuentas creadas por la estructura de Sinibaldi para recibir los sobornos.
Antes de la aprobación de los préstamos y la adjudicación de la obra, en octubre de 2012, Lima Machado refiere que Sinibaldi le pidió un adelanto de los sobornos.
“Entre agosto y septiembre de 2012 Alejandro Sinibaldi me dijo que le diera algo, para que el Congreso aprobara, yo le dije que ni llevaría esta solicitud a la compañía porque no teníamos operación en el país y estábamos muy lejos del contrato”, refiere el directivo.
Luis Mameri accedería a un pago de comisiones del 7.5 por ciento pedido por Sinibaldi hasta enero de 2012, en una nueva reunión conjunta. El entonces ministro dio un ultimátum: “eso no va, si no me da mi parte, no va a caminar los trámites que faltan para arrancar el proyecto”, aseguró Machado.
El propio Sinibaldi confirmó en su testimonio este regateo por el cobro de sobornos e indicó que Lima Machado le aseguró “que no podían dar más por política de la empresa, ya que la misma impedía pagar más de un 8%, monto que debía incluir lo acordado para nosotros, además del costo de la aprobación por el Congreso de la República y gastos adicionales”.
Las condiciones de Odebrecht para entregar los recursos incluían que el pago de los sobornos se realizara en el extranjero y que no fuera en efectivo.
Según Sinibaldi, la empresa ya había pagado un 1 por ciento del contrato a funcionarios del gobierno saliente de la UNE, para agilizar el trámite de la gestión de los préstamos. El jefe de bloque del partido en 2012, el diputado Mario Taracena, niega cualquier recepción de fondos por parte de los congresistas o el partido. Aseguró que los votos comprometidos para la aprobación del contrato eran en seguimiento a una política del gobierno de Álvaro Colom que había iniciado la negociación por los préstamos.
Los registros de la iniciativa de ley con la que se contrajeron los préstamos y adjudicó la obra a Odebrecht, más el testimonio del directivo Lima Machado muestran que los primeros contactos formales entre el gobierno de Guatemala y la compañía se dieron en 2010. Las gestiones prosiguieron en 2011, pero al acercarse los comicios de ese año ya no había margen para lograr una aprobación de parte de ese Congreso.
La disputa por los sobornos entre la vicepresidenta y el ministro
El control sobre el PP, inscrito en junio del 2002, y más tarde sobre el gobierno, residía en tres actores: el general Otto Pérez Molina, exjefe del Estado Mayor Presidencial y firmante de los Acuerdos de Paz, que impulsó la creación del partido con miras de alcanzar la presidencia. La segunda fuerza era Roxana Baldetti, exsubsecretaria de Relaciones Públicas de la Presidencia y más tarde diputada por el PP, quien controlaba los hilos administrativos del partido y dirigió buena parte de las campañas electorales del 2007 y 2011.
El otro vértice de este triángulo era Alejandro Sinibaldi Aparicio, empresario guatemalteco con inversiones en los sectores de la publicidad, turismo, agricultura y ganadería, entre otros.
El reparto de un 3.5 % del soborno de Odebrecht para estas tres figuras, según la confesión de Sinibaldi, no puede entenderse sin el rol que cada uno tenía en la estructura de poder del PP en el Ejecutivo y en el Legislativo.
Una fuente que forma parte de la élite política de Guatemala, y que tiene un amplio conocimiento sobre los grupos de poder en el país, indica que estas tres figuras formaban una especie de triunvirato: “La jefatura la tenía el general Pérez Molina, la estructura del partido la controlaba Baldetti y Sinibaldi tenía muchos de los principales contactos con el sector privado y la estructura metropolitana del partido”, dice la fuente reservada.
Sinibaldi incluso apuntaba a convertirse en el relevo de Pérez Molina y fue proclamado como precandidato presidencial en septiembre de 2014, pero sus aspiraciones cayeron junto a las denuncias de corrupción contra el presidente y la vicepresidenta que provocaron sus dimisiones en 2015. Su salida del partido, de hecho, fue anunciada en una conferencia de prensa en sus oficinas particulares, en la “Casa Verde”, mencionada como un punto de encuentro para negociaciones y pago de sobornos.
La “Casa Verde” está situada en la 6ta Avenida y 5 calle de la zona 10 de Ciudad de Guatemala y actualmente está en proceso de extinción de dominio. En este recinto amurallado Sinibaldi realizaba algunas de sus principales reuniones de negocios y tratos políticos, también se celebraron en ese inmueble fiestas a las que asistían los principales dirigentes del partido.
En el Congreso de Guatemala, los hilos del poder eran movidos por Sinibaldi y Baldetti. El cruce de intereses, sin embargo, provocó fuertes diferencias que se resolvieron con un pacto en la distribución del soborno, según señala el exministro. Desde el inicio del gobierno del PP, en 2012, fue claro que Sinibaldi y Baldetti entraban en franco conflicto por el control del partido, según detallan dos fuentes de la agrupación en ambas facciones. Investigaciones realizadas por la CICIG y el MP en casos de corrupción ligados a ese gobierno también evidencian que entre las disputas estaba el control por el cobro de sobornos.
En su declaración, Sinibaldi señala que desde el inicio hubo una disputa por el cobro de los pagos de Odebrecht. La entonces vicepresidenta, según el exministro, intentó desplazarlo en esta tarea y designó al empresario Arturo Batres Gil como mediador ante la constructora. Este punto también es mencionado por el directivo Lima Machado.
Según Sinibaldi, el directivo brasileño le contó que “Roxana lo estaba presionando para llegar a un acuerdo económico con ella para que le adjudicara el tramo carretero a Odebrecht y que lo estaba amenazando con que si no lo hacía, se lo adjudicaría a un grupo constructor dominicano”.
Baldetti “me presentó a Arturo Batres. Semanas después me llamó Arturo Batres para decirme que yo no debería tratar más con Alejandro Sinibaldi, sino hacerlo por medio de la Vicepresidencia de la República”, testificó Lima Machado.
Al final, según lo relatado por el propio Sinibaldi, después de muchas tensiones se dio una distribución de las tareas. El ministro, sus viceministros y operadores políticos en el Congreso se encargaron de una parte de la bancada del PP y de los pagos a los bloques de UNE y CREO, con ayuda de otros intermediarios, y de los bloques de Gana, el partido Todos y otros bloques menores. Estas labores de “gestión” ante los congresistas arrancaron en agosto de 2012 y continuaron hasta el mismo día de la votación del proyecto, el jueves 11 de octubre.
Baldetti, por medio del empresario Batres, se habría encargado del resto de la bancada del PP.
Durante la legislatura 2012-2016, según apunta el testimonio de Sinibaldi, así como otras investigaciones abiertas por la FECI con apoyo de la CICIG, en el Legislativo se realizaba el pago de sobresueldos de Q50 mil en efectivo cada dos meses a los congresistas del partido para mantener su lealtad y conseguir sus votos. Esto quedó evidenciado en el caso llamado Subordinación de Poderes (denominado también Ley Tigo), que reveló el pago de sobornos para la aprobación de una reforma a la Ley de Telecomunicaciones en favor de la empresa telefónica.
Sin embargo, la aprobación de proyectos de obra pública especiales como el contrato de Odebrecht requería un pago adicional, refiere Sinibaldi. Por lo que el ofrecimiento que realizó, por medio de sus viceministros Rubén Mejía y Guillermo Sosa, fue el pago de Q125 mil antes de la aprobación y Q125 mil después de la misma.
En palabras de Sinibaldi: “ya existía un primer ofrecimiento del Gobierno de la UNE hacía los diputados del Congreso por un monto de Q250 mil por voto y que si ese ofrecimiento se mantenía los votos de las bancadas estarían asegurados. Siendo dicho monto básicamente no negociable, y que sería pagado así: Q125 mil por adelantado y Q125 mil después de las respectiva votación para la aprobación”.
La Constructora Norberto Odebrecht establecía no obstante las siguientes condiciones: el pago de los sobornos se realizaría en el extranjero, por medio de cuentas de su Departamento de Operaciones Estructuradas, no debería manejarse efectivo y los desembolsos se iban a producir conforme el ministerio pagara la obra.
FECI: “Sinibaldi quiere ser colaborador eficaz”
En 2022, la continuación de la investigación del caso Odebrecht ha recaído en José Rafael Curruchiche Cucul, designado por la fiscal general Consuelo Porras en agosto de 2021. El fiscal Curruchiche procede de la fiscalía de Delitos Electorales, la cual comenzó a dirigir en junio de 2019, luego de que el encargado de esta, Oscar Schaad, abandonara el país por amenazas de muerte. Curruchiche asume la dirección de la FECI luego de que el exfiscal, Juan Francisco Sandoval, denunciara públicamente la intervención de Porras para impedir el avance de investigaciones de corrupción contra el gobierno del presidente Alejandro Giammattei.
Curruchiche aseguró a la Redacción Regional que la investigación por el caso Odebrecht prosigue y no descarta imputar un nuevo caso de corrupción al expresidente Pérez Molina, la exvicepresidenta Baldetti, solicitar el retiro del antejuicio contra los 16 diputados al Congreso que aprobaron la suscripción de los créditos por US$399.4 millones y la asignación de la obra a la Constructora Odebrecht. O imputar a otros empresarios guatemaltecos mencionados en la declaración de Sinibaldi como implicados en la gestión de sobornos.
A la fecha, sin embargo, no ha realizado ninguna de estas acciones.
“Cuando tomamos el caso la investigación estaba avanzada un 15 por ciento, faltaba el restante 85 por ciento”, dijo Curruchiche. El fiscal aseguró que, hasta la fecha, 21 de junio de 2022, no había suscrito un acuerdo de colaborador eficaz con Alejandro Sinibaldi, ya que considera que esta figura no es aplicable al exfuncionario “porque es el jefe de una estructura y siguiendo los criterios de la instrucción general 05-2012 del MP (sobre la aplicación de los beneficios por colaboración eficaz) no se puede acoger a esta figura”.
Curruchiche también cita el artículo 92 Bis de la Ley Contra la Delincuencia Organizada que indica que “no podrán otorgar los beneficios de Criterio de oportunidad, suspensión condicional de la persecución penal o sobreseimiento, a los jefes, cabecillas o dirigentes de organizaciones criminales”.
El exjefe de la FECI, quien logró la entrega de Sinibaldi y autorizó que se tomara la declaración del exministro no está de acuerdo. Sandoval señala que la fiscal Porras se oponía a que se le brindara la categoría de “colaborador eficaz” al político empleando los mismos argumentos que aduce ahora Curruchiche.
Según Sandoval, la ley penal guatemalteca no prohíbe que un cabecilla sea “colaborador eficaz” si no que solo dispone que no se puede beneficiar de “la rebaja de la pena hasta en dos terceras partes (…) o la libertad condicional o la libertad controlada” como establece la citada ley.
Entre la FECI de Sandoval y la FECI de Curruchiche y Porras también estriba otra diferencia: el caso con apoyo de la confesión de Sinibaldi apunta contra Otto Pérez Molina. El caso actual, sin embargo, acepta que se desmantelen pruebas que apuntan hacia una estructura presuntamente liderada por el expresidente. En su testimonio, Sinibaldi dice: “Es importante mencionar que desde el principio fui claro y enfático en comunicar que sin el apoyo decidido del Presidente era casi imposible lograr los dictámenes de las diferentes instituciones (para la aprobación de los préstamos)”.
Esta Fiscalía, además, se suma a la narrativa en la que la FECI de Sandoval negoció acuerdos con directivos de Odebrecht para, presuntamente, eximir a la empresa de sus responsabilidades. El sistema de justicia de Guatemala actual, con denuncias de cooptación, también se ha plegado a ese discurso. De fondo, una prueba que apunta hacia Pérez Molina y Baldetti fue desmontada el viernes 24 de junio, cuando la Sala Segunda de Apelaciones decidió anular los tres acuerdos de colaboración eficaz suscritos por el caso Odebrecht, entre ellos el del directivo Lima Machado. El actual jefe de la FECI publicó ese mismo día un video-comunicado respaldando esta decisión y dijo: “los acuerdos estaban plagados de ilegalidades, pues evidenció seis vicios”.
Respecto a la anulación de los convenios de colaboración eficaz del caso #Oderbrecht, el #MPInforma: pic.twitter.com/S7UdqhDDCe
— MP de Guatemala (@MPguatemala) June 25, 2022
Según el fiscal estos “vicios” incluyen las acciones del exfiscal Sandoval, la ex jueza Ericka Aifán, el abogado defensor de los directivos, a los propios empresarios y una supuesta “falsedad ideológica” en la documentación usada para los acuerdos.
Al día siguiente de este mensaje de Curruchiche, el 27 de junio, el equipo de abogados defensores de Sinibaldi publicó un comunicado en donde el exministro niega ser parte de un plan para anular los acuerdos de colaboración eficaz con los directivos brasileños que lo señalan. Sin embargo, Sinibaldi parece no recordar su propio testimonio, detallado en este reportaje.
Según Curruchiche, el exministro ha brindado más testimonios desde su llegada a la FECI, y cuentan con al menos 25 reuniones de trabajo en las que realizó declaraciones.
El fiscal aseguró que el exministro “ha ampliado” sus testimonios previos, pero que no los ha contradecido. También aseguró que el relato de los hechos alrededor del caso de corrupción de Odebrecht brindados ahora por Sinibaldi involucran a la ex fiscal general, Thelma Aldana, aunque no quiso indicar que elementos tienen para sostener esta afirmación ya que el caso se encuentra bajo reserva.
Consultada por Redacción Regional, la ex jefa del MP aseguró que desconoce cualquier denuncia en su contra por este caso. “Le puedo asegurar que mi trabajo lo hice conforme a la ley y que he sido criminalizada”, indicó.
Durante la elaboración de este reportaje también se consultó con el defensor de Sinibaldi, el abogado Paolo Montes, quien adujo que no pueden pronunciarse sobre el testimonio de su defendido porque el caso Odebrecht se encuentra bajo reserva.
*Esta nota forma parte de República Finquera, un proyecto de cobertura del autoritarismo en Centroamérica y México de la Redacción Regional, una alianza entre medios y periodistas de la región, entre ellos Contracorriente Honduras.
