Los primeros cien días de un gobierno demuestran las prioridades y la ruta de transición trazada por los nuevos gobernantes. Demuestran también el estilo de gobierno, el tono de su retórica y la composición de su liderazgo político. También es el período en que las expectativas suben, se mantienen o bajan, como la confianza ciudadana depositada a través del voto.
Antes de que ese período se le cumpliera al nuevo gobierno de Honduras, encabezado por Xiomara Castro, las redes sociales oficiales hicieron propaganda de una encuesta publicada en abril de 2022 por Mitofsky en conjunto con TResearch en la que Castro sale en quinto lugar en el ranking de presidentes mejor evaluados del mundo. El listado lo encabeza el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Pero ahora, distintos analistas y funcionarios dicen que cien días no son suficientes para evaluar a la presidenta, al menos no para apuntar sus desaciertos.
Castro pidió cien días a diferentes sectores, incluyendo a la empresa privada, para presentar una ruta clara para el rescate del país, después de doce años de una autocracia sostenida por redes criminales.
En Honduras, después de toda la esperanza que la ciudadanía depositó en las urnas para que ganara la presidencia Xiomara Castro, se espera conocer el nivel de cumplimiento de sus promesas y saber si el gobierno va por buen camino o es más de lo mismo con diferente envoltorio. Es evidente que después de doce años de un régimen autoritario, después de un golpe de Estado y de ser catalogado como un Narco-Estado, Honduras incrementó la pobreza, el desempleo y la crisis social, su expresión más grande fueron las multitudinarias caravanas migrantes y sus miles de ciudadanos que huyen del país de manera visible o invisible. Honduras camina este 2022 con una cifra alarmante: 73.6 % de la población vive en pobreza y 53.7% en la extrema pobreza. Castro, con su gobierno de unidad partidaria, se encuentra frente a un Estado saqueado y debe responder a una población empobrecida y golpeada.
Llevamos cien días escuchando al nuevo gobierno culpar a los anteriores de haber dejado el país en «jirones» pero al mismo tiempo lo hemos visto comenzar con paso firme su agenda. La primera acción, apenas un día antes de tomar posesión, fue asegurar el control de la presidencia del Congreso Nacional a través del partido en gobierno. Desde allí, desde ese control, podemos contar lo que ha pasado estos cien días.
Todo inició con la alianza política por la cual el gobierno de Xiomara Castro está condicionado. Los nombramientos en las secretarías, los presupuestos, las líneas políticas con respecto a temas económicos, de salud, de mujeres, de lucha anticorrupción, se trazan a dos manos en esta alianza partidaria. En una conferencia de prensa el pasado febrero en Casa Presidencial, Manuel «Mel» Zelaya, asesor presidencial, esposo de la presidenta y expresidente de Honduras dijo que «Dios escribía líneas rectas en renglones torcidos, algo incomprensible» pero según él una perfecta analogía sobre lo que pasa con este gobierno nuevo, el gobierno del Poder Ciudadano 2.0.
La primera línea que trazó el nuevo gobierno tachó varias promesas controversiales que había hecho la ahora presidenta en su campaña: abrir relaciones con China Continental, vender el avión presidencial y vehículos de lujo, cancelar los monopolios y oligopolios del país, aprobar un ingreso universal para familias pobres financiado por los programas anticorrupción y la cereza del pastel: el llamado a una asamblea nacional constituyente.
La segunda línea definió el poder sobre el Congreso Nacional. La cabeza visible, el presidente, la acordaron entre los dos partidos de la alianza: el diputado Luis Redondo, ya conocido por su lucha anticorrupción en el gobierno anterior pero no uno de los más populares en las urnas. Este compromiso cumplido y con una junta directiva del Congreso Nacional en la que el hermano de Mel, Carlos Zelaya, le habla al oído al presidente de ese poder, dio paso al cumplimiento de varias acciones prometidas.
Por ejemplo, las dos primeras leyes aprobadas en el Congreso por iniciativa de la presidenta fueron la ley que permitió el subsidio energético para familias pobres y la ley que condena el golpe de Estado y aprueba una amnistía para presos políticos. La primera es una medida económica que aun no se sabe cómo impacta, sobre todo a la delgada y vulnerable clase media del país, pero que fue criticada por algunos sectores por ser una medida populista y poco realista ya que el país está en bancarrota. La segunda, la de la amnistía, fue aun más controversial. Aunque el gobierno ha dicho que esta ley beneficiaría a más de 7.000 personas criminalizadas durante y después del golpe, esta ley ha sido criticada por ser utilizada para dar cartas de libertad a personajes como Enrique Flores Lanza, exministro de la Presidencia del expresidente Mel Zelaya, Marcelo Chimirri condenado por un caso previo al golpe de Estado y también familiar de la actual presidenta, y al exalcalde de San Pedro Sula, Rodolfo Padilla Sunseri, en ese momento del mismo partido que Mel Zelaya. La inclusión de exfuncionarios cuestionados o procesados por corrupción durante el gobierno del expresidente Zelaya ha abierto una puerta que podría ser contraproducente para la lucha contra la corrupción en Honduras, pero es, sin duda confusa o incoherente con la promesa de erradicar la corrupción.
Otra línea trazada con contundencia en los renglones torcidos de Honduras fue la del nuevo presupuesto general de la república, que fue aumentado en un 16.9% con respecto del presupuesto que dejó aprobado el gobierno de Juan Orlando Hernández y que fue duramente criticado por el actual gobierno de ser «una fuente de corrupción» por ser tan elevado e inapropiadamente distribuido. El Poder Ejecutivo actual envió el nuevo presupuesto al Congreso el cual asigna más recursos a la generación de empleo, a la educación, salud, preservación del medioambiente y protección a los Derechos Humanos. Sin embargo, en materia de seguridad y defensa, el nuevo presupuesto sigue mostrando una inclinación hacia la militarización al darle a la secretaría de defensa más presupuesto que a la de seguridad, a pesar de que de acuerdo al proceso de desmilitarización implementado, algunas funciones clave —y onerosas— ahora las tiene que asumir la Policía Nacional con el mismo famélico presupuesto de años anteriores.
Por otro lado, algunos presupuestos aumentados muestran la tendencia presidencialista del actual gobierno al no desaparecer la Partida 449 (una partida discrecional de Casa Presidencial) y al aumentar el presupuesto del Congreso Nacional y el del Consejo Nacional Electoral. El artículo 287 de la reestructuración presupuestaria indica que a través de la 449 se busca « proyectos de generación de empleo para jóvenes de entre 18 y 30 años incluidos en el Plan de Gobierno para el Reintegro de Honduras, excepto los asignados a las Secretarías de Estado en materia de Seguridad y Defensa». Por otro lado, para justificar el aumento del presupuesto en el CNE, el asesor Mel ha dicho que este será un gobierno lleno de consultas ciudadanas para la construcción de un Estado socialista.
La reestructuración del Estado es otra de las líneas para la valoración de estos primeros cien días. El 6 de abril de 2021, en el Consejo de Secretarios de Estado, la presidenta Xiomara Castro también reestructuró la administración pública suprimiendo 17 secretarías de estado y programas del antiguo gobierno.
Se creó la Secretaría de Estado en los Despachos de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, la Secretaría de Estado en el Despacho de Planificación Estratégica, la Secretaría de Estado en el Despacho de la Mujer; la Secretaría de Estado en los Despachos de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de los Pueblos de Honduras; cambiaron de nombre la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT) y la Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo Social.
Esta reestructuración también nos ha mostrado cómo el círculo más cercano a Mel Zelaya ha cerrado sus filas. Si ya es cuestionado que Mel sea asesor presidencial, cuando se hizo la reestructuración, la presidenta creó una Secretaría para su hijo mayor, Héctor Manuel Zelaya, su secretario privado. En pocas horas Hector Manuel pidió a su madre revertir esa decisión aunque se quedara siempre como secretario privado. Lo vemos seguido en reuniones de alto nivel en representación de la presidenta pero sin tener una secretaría y sin que esté claro cuál es su potestad ante grandes decisiones. También vemos en este tipo de acciones al hijo menor, José Manuel, quien se autodenomina asesor presidencial «ad honorem». Pero no son los únicos familiares, está José Manuel Zelaya, el hijo del secretario del Congreso y sobrino de Mel quien ahora es el ministro de Defensa. Además es importante contar a los exfuncionarios que acompañaron en su gobierno a Mel y los vemos de regreso con mucho poder en el gobierno de Xiomara Castro: el actual canciller, Enrique Reina, la actual ministra de finanzas Rixi Moncada, la presidenta del Banco Central de Honduras Rebeca Santos, el actual ministro de Transparencia Edmundo Orellana, Fredis Cerrato el nuevo director del INFOP, Tomás Vaquero de Gobernación y Justicia y Marco Sierra de la Comisión Nacional de Bancas y Seguros.
En el Congreso, los Zelaya tienen su voz de mando también con la hija de la pareja presidencial, Xiomara Hortensia, quien es diputada y Carlos Zelaya quien es el secretario del Congreso. Desde allí, las reformas y leyes más populares, prometidas por la nueva administración, pasaron sin problema, como la derogación de la ley de las Zonas Especiales de Desarrollo (ZEDE) y de la llamada «Ley de secretos». Castro también salió el Día del Trabajo para hacer propaganda sobre otra promesa cumplida: la derogación de la Ley de Empleo por horas. Su narrativa triunfalista choca con las condiciones reales que vive el país y las demandas que siguen sin ser escuchadas.
A pesar de que a nivel de imagen se le ha sacado mucho provecho al hecho de que Xiomara es la primera presidenta mujer en Honduras, los temas que siguen siendo una deuda tienen que ver con las demandas de las mujeres, sobre todo en el ámbito de los derechos sexuales y reproductivos y el fin de la violencia contra las mujeres. Todavía no hay garantías de que tener una Secretaría de Estado de Asuntos de la Mujer responda a los reclamos de las mujeres, sobre derechos sexuales, la participación activa de las mujeres en temas políticos, el acceso a préstamos para negocios o el acceso a la tierra y también la justicia para las sobrevivientes de violencia. Hasta el momento, una de las demandas más fuertes del movimiento feminista, la aprobación de la píldora anticonceptiva de emergencia —prohibida durante el golpe de Estado— no ha sido resuelta, además aún no hay señales de cambio en el tema de la investigación penal de los feminicidios. La bandera feminista que Castro ha levantado, poco a poco se ha ido bajando.
En cien días, con estas acciones y discursos, con estas líneas trazadas los renglones torcidos heredados difícilmente se enderezan, Castro no ha podido controlar la crisis del país y el descontento y cuestionamiento no solo de la ciudadanía sino también de sectores como el sector privado, organizaciones de mujeres, indígenas y de defensa territorial, incluso su propia militancia, no se hacen esperar. Para un país como Honduras, cien días son suficiente espera cuando las expectativas son tan altas y la esperanza tan baja.
