El 15 de febrero de 2021, aproximadamente a las 2 p. m., en un operativo de las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional de Honduras, fue capturado el expresidente Juan Orlando Hernández, solicitado en extradición por Estados Unidos (EE. UU.). Hernández es señalado por los crímenes de tráfico de drogas, tráfico de armas y asociación ilícita. De ser encontrado culpable podría ser condenado a cadena perpetua.
Por Daniel Fonseca
A solo 18 días de dejar su cargo como presidente de Honduras, un juez natural de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió una orden de arresto provisional contra Juan Orlando Hernández, luego de que el Gobierno de EE. UU. solicitara la extradición del exmandatario para ser juzgado por tres cargos relacionados al narcotráfico.
Esposado de pies y de manos y con un chaleco antibalas, Hernández fue capturado por agentes de la Policía Nacional comandados por el ministro de Seguridad, el general Ramón Sabillón. Posteriormente fue trasladado hacia el Comando de Fuerzas Especiales en un helicóptero en donde guardó prisión hasta su audiencia en la CSJ.
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Estados Unidos y la captura del expresidente Hernández
En un Twitter Space organizado por Contracorriente, expertos en política internacional y derechos humanos discutieron las implicaciones del arresto de Juan Orlando Hernández, la participación de la Policía Nacional y el impacto que EE. UU. tendrá en el desarrollo democrático del país.
Durante su Gobierno, Hernández se refirió a EE.UU. como «un amigo y aliado en la lucha contra el crimen organizado». Las muestras de afecto públicas eran recíprocas: en 2019 el expresidente Donald Trump felicitó a Hernández por el «trabajo fantástico que estaba realizando» en temas de migración, seguridad y lucha contra el narcotráfico. «Lo que más nos pasan diciendo nuestros colaboradores es cuánto amas a tu país», dijo Trump.
Sin embargo, la realidad era diferente. Según comentó el exembajador de EE. UU. en Guatemala, Stephen McFarland, en el Twitter Space, las investigaciones contra actores corruptos de la región centroamericana iniciaron con el Gobierno de Barack Obama, en 2009, y han continuado hasta el día de hoy con Joe Biden.
El fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Jacob Gutwillig, aseguró en 2021 que Juan Orlando Hernández había realizado alianzas con el cartel de Los Cachiros y que conspiró para introducir miles de kilos de narcóticos a EE. UU. Además, señaló a Honduras como un narco-Estado.
Según precisó Stephen McFarland, la solicitud de extradición contra Juan Orlando Hernández no tiene carácter político, sino que tiene que ser el producto de investigaciones debidamente autorizadas por un juez.
Para algunos expertos, en un escenario político y social diferente ver arrestado a Hernández hubiera sido impensable. Tal y como destacó el abogado Joaquín Mejía Rivera, «Parece que todos los astros se han alineado, en el sentido que los intereses de EE. UU. coinciden con los intereses del pueblo hondureño y también con los intereses del Gobierno para quitar todo el lodo que ha quedado después de vivir bajo un régimen autoritario».
Ante estas tendencias autoritarias que han surgido en los últimos años en la región Centroamericana, el exembajador McFarland asegura que existe un divorcio entre los intereses de los EE. UU. y los de figuras políticas que quieran perpetuarse en el poder a través del crímen y la corrupción, sin embargo considera que sí se encuentran alineados con los intereses y deseos de la mayoría de la población.
Reforma policial y construcción de la democracia
Durante su juramentación como presidenta de la república, Xiomara Castro le dio especial importancia simbólica a la Policía Nacional, la cual había sido relegada a segundo plano durante mandatos anteriores al priorizar la presencia de las Fuerzas Armadas. El nuevo estatus de las fuerzas militares quedaron en evidencia durante la operación de captura del expresidente. A pesar de ser los primeros en llegar a la casa de habitación de Hernández, la Policía Militar fue retirada poco a poco a más de 200 metros de distancia de la entrada de la residencial.
Para los expertos, esto es resultado de una nueva perspectiva para la Policía Nacional en el Gobierno de Xiomara Castro. Según señaló Stephen McFarland «a EE. UU. le ha interesado desde hace varios años apoyar intentos de reforma de la policía, tanto en Honduras como en Guatemala. Para tener la cooperación para tal reforma tendría que venir del Gobierno de Honduras».
Estos organismos armados del Estado han sido señalados como un agente vital para las narcoactividades de Honduras. Como señala la acusación contra el exmandatario, durante su primer Gobierno, Hernández recibió sobornos del narcotraficante Geovanny Fuentes Ramírez a cambio de protección e información sobre las actividades de las fuerzas de seguridad. Hernández le brindó a Fuentes personal de las Fuerzas Armadas para su uso personal.
Según apuntan los expertos, no solo hace falta la reforma de los organismos de seguridad para la construcción de una democracia ciudadana, sino que un conjunto de reformas integrales con justicia transicional. «Sabemos perfectamente que las figuras individuales en la corrupción y la impunidad son importantes, pero lo son más aún los sistemas corruptos e impunes que de alguna manera hacen posible que estas figuras se reproduzcan una y otra vez», aseguró el doctor en Ciencias Políticas, Otto Argueta, durante el Twitter Space de Contracorriente.
Un paso que se ha hecho en el proceso de restaurar la democracia es la ley de condena al golpe de Estado de 2009 que, en uno de sus apartados, concede amnistía a presos políticos, dirigentes criminalizados y defensores del medio ambiente. Para algunos, este es un ejercicio de memoria histórica que pretende retribuir a las víctimas de persecución política, pero otros creen que responde a un pacto de impunidad para blindar a funcionarios del Gobierno del expresidente Manuel Zelaya (2006-2009).
El abogado Joaquín Mejía Rivera considera que no es suficiente aprobar una ley de amnistía de manera aislada, sino que es necesaria una política integral que pueda tener en el centro a las víctimas y que brinde la justicia transicional que necesita la sociedad hondureña para poder avanzar hacia un futuro democrático.
En este contexto, algunos diputados del partido Libertad y Refundación (Libre), el Partido Salvador de Honduras (PSH) y otros de sus aliados en el Legislativo han propuesto remover de sus cargos y realizar un juicio político contra los magistrados de la CSJ y el fiscal general de la República, Oscar Chinchilla, por su inoperancia y complicidad ante los atropellos a la ley que Hernández cometió durante sus dos mandatos. De llevar a cabo este recurso, Xiomara Castro y el Partido Libre contarían con el poder absoluto sobre los tres poderes del Estado, lo que algunos analistas temen que se convierta en una autocracia.
El abogado Mejía Rivera realizó un paralelismo entre este escenario y la situación que se vive en El Salvador con Nayib Bukele, y en Nicaragua con Daniel Ortega. «Las dinastías (familiares) le hacen muchísimo daño al fortalecimiento del Estado de derecho. En Honduras estamos ante ese riesgo y es algo que tenemos que tener muy presente», apuntó.
Cabe destacar que actualmente diferentes miembros de la familia Zelaya Castro ocupan un puesto en el Gobierno. Carlos Zelaya (hermano del expresidente) y Xiomara Zelaya (hija de la presidenta), son diputados. Por otra parte, Héctor Zelaya (hijo de la presidenta) y José Zelaya (sobrino del expresidente e hijo del diputado Carlos Zelaya), son miembros del gabinete de Xiomara Castro. El expresidente Manuel Zelaya, coordinador del Partido Libre, ha asumido funciones del Ejecutivo mientras la presidenta Castro se recupera de COVID-19.
Por su parte, el exembajador apunta a que la relación entre el Gobierno de Xiomara Castro y EE. UU. podría brindar la posibilidad «de ver qué se puede hacer para tratar de ofrecer a los hondureños la capacidad de retomar su país de la cleptocracia y de los narcos».
El expresidente Juan Orlando Hernández acudió este miércoles a una audiencia informativa en donde será puesto al tanto de los crímenes contra los que se le acusa. En caso de que el proceso sea expedito, podría ser extraditado en los próximos días. Si, por el contrario, la defensa rechaza los cargos podrían pasar de tres a cuatro meses antes de obtener una resolución. De ser encontrado culpable de los cargos que se le imputan podría ser sentenciado a cadena perpetua.
