Las comunidades al sur de Honduras que habitan en la franja del Corredor Seco se dedican mayormente al trabajo en las industrias del «Club de Coyolito»: camaroneras, azucareras y meloneras. Estas empresas, que además de ser la única fuente de empleo, enfrentan denuncias por violar derechos humanos y laborales de sus trabajadores, podrían ser las responsables de la agudización de los problemas medioambientales que sufre este territorio abandonado por el Estado. Todos estos factores impulsan la huida de los migrantes.
Texto: María Celeste Maradiaga y Laura García
Fotografías: Laura García
Adriana Telles y Manuel Lagos viven juntos desde hace 36 años. Ella es de Monjarás, una aldea dentro del municipio de Marcovia, y él es del municipio de Cedeño en Choluteca. Han vivido toda su vida en el llamado Corredor Seco, sur de Honduras, y con los años han visto cómo el mar va comiéndose las comunidades; en Cedeño, la erosión costera se ha convertido en un problema grave para los pobladores.
La recolección de curiles, la pesca y la venta de comida en la playa El Edén en el Pacífico han sido los trabajos que les han permitido sobrevivir todo este tiempo, pero Manuel dejó el oficio de la pesca hace seis años cuando la policía nicaragüense, por conflictos territoriales, le quitó todas sus herramientas de trabajo, incluso su lancha.
La migración es la segunda opción para sobrevivir. Manuel y Adriana tuvieron tres hijos: Marvin Manuel, José Luis y Walter. Todos intentaron irse del país. Uno incluso lo logró y pasó la frontera de México-Estados Unidos: Marvin Manuel, quien hace cuatro años fue deportado. Antes de migrar, Marvin era pescador —de los mejores según cuentan en su comunidad—, pero para lograr la subsistencia también trabajaba «en lo que saliera»: pintura, construcción o soldadura. No era suficiente.
Marvin Manuel y su pareja compraron casa y carro en Estados Unidos, tenían empleos y estaban seguros de que vivirían allí el resto de sus vidas. Después de dos años, «la migra lo capturó», relata su madre. Marvin Manuel tuvo que regresar a Cedeño solo; otra vez se dedica a la pesca, pues no tiene otra opción de trabajo. Los demás pescadores de la comunidad lo siguen buscando para que les ayude a pescar. «A eso se dedica, a andar allí buscando la vida en el mar. A veces trae poco, a veces no trae nada», lamentó Adriana.
La cabañita que comparte la familia está casi sobre una laguna que desemboca en el Pacífico. Esta laguna cada año parece más un pantano, pues su nivel de agua ha disminuido en niveles alarmantes. El principal problema, según cuentan los miembros de la comunidad, son las camaroneras y los bordos que construyen. Estos bordos obstaculizan el flujo del agua hacia el mar; además, los filtros que utilizan son muy pequeños y bloquean el paso de las larvas hacia el Pacífico.
Según una investigación realizada por Juan Angel del Cid Gómez y José David Cáceres, investigadores del Departamento de Ciencia y Tecnologías de la Información Geográfica en la Facultad de Ciencias Espaciales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), la afectación en la aldea de Cedeño es algo que incrementa año con año debido al cambio climático y los fenómenos hidrometeorológicos que ocurren en estas playas.
«Retroceso de la línea de costa, inundaciones debido al aumento del océano, pérdida de humedales, intrusión de agua salina, y desplazamiento de personas son algunas de las consecuencias que viven estos pobladores», indica la investigación.
La investigación determina que al menos el 16.18 % del territorio urbanizado de la aldea de Cedeño ha sido inundado por el ascenso del nivel del mar, tomando en cuenta la última marejada del año 2015 en esta zona que causó una intensa erosión costera en las playas de Cedeño, modificando la línea de costa, dañando infraestructuras y ocasionando un desplazamiento de personas hacia sitios más seguros. La situación no es alentadora, los investigadores recomiendan dar seguimiento al monitoreo de la costa debido al comportamiento erosivo de esta playa, la cual muestra un nivel más alto de avance del mar hacia la costa en comparación a playas de aldeas aledañas.
Walter, el hijo menor de Adriana y Manuel, reconstruye por quinta vez la pequeña cabaña sobre polines donde aún vive con sus padres. Las marejadas ciclónicas cada vez son más intensas en esta zona de la playa, y siempre destruye las casas que están a la orilla del mar. «Todito se lo lleva el mar…aquí solo Dios con uno», dice Walter.
Impacto ambiental en los cultivos de granos básicos
La región sur de Honduras ha sido afectada por el cambio climático desde hace mucho, los inviernos han cambiado y la cosecha de distintos frutos o granos básicos no es la misma. Los agricultores dejan de cultivar la tierra debido a la sequía que afecta sus cultivos; muchos llegan a endeudarse si continúan «viviendo del maíz» después de sacar préstamos en el Banco de Desarrollo Agrícola (BANADESA) y con malas cosechas como resultados.
La península de Zacate Grande, ubicada en el departamento de Valle, siempre al sur del país, es de las zonas que más sufre estas afectaciones en la costa pacífica. La cosecha de maicillo, una especie de grano, ha desaparecido; la sandía ya no es cultivada debido a que ocupa mucha agua para su desarrollo y es afectada por una plaga que solo puede combatir la lluvia, cosa que no sucede en la zona; y el ajonjolí, una semilla utilizada con distintos fines alimenticios, también escasea.
Abel Perez, presidente de ADEPZA, explica que las cosechas de distintos frutos o granos básicos ya no son posibles en el sur del país, específicamente en Zacate Grande, debido a los efectos del cambio climático en el lugar. Esto hace que personas migren constantemente a otros países.
La introducción a todo esto la da Abel Perez, presidente de la Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA), quién además señala el aumento de precio en los insumos que tienen que comprar los agricultores debido a las enfermedades que se dan en el cultivo ocasionadas por el cambio climático.
«Antes era una gran cantidad de sandía la que se sacaba en camiones hacia El Salvador. Ahora no, los compradores de sandía salvadoreños ya no están haciendo nada en Zacate Grande debido a que el tamaño de la sandía ha disminuido por la poca cantidad de agua en el lugar», explica Abel, quién asegura que el problema más grande en la zona es la falta de agua.
Marcela Isabel Matamoros, bióloga del Colegio de Biólogos de Honduras (CBH), explica que en las comunidades en donde hay sequías es normal que las personas abran pozos.
«Muchas personas en la zona sur manifiestan que sus pozos se han secado, esto se da por una falta de planeación de la extracción del recurso hídrico subterráneo», manifiesta Matamoros, quien añade que debido a la escasez de agua, los habitantes de estos lugares no tienen más remedio que consumir el agua salada en ocasiones, desencadenando esto en problemas de salud, como piedras en los riñones.
El sector pesquero también está en un constante peligro en Zacate Grande, actividad económica que, según Abel, ya no da lo necesario para vivir en el día a día. La contaminación que afecta al Golfo de Fonseca, rincón del océano Pacífico situado entre las Repúblicas de El Salvador, Nicaragua y el sur de Honduras, hace que familias completas queden sin pescar.
Esto también lo menciona la bióloga Marcela Matamoros, quien expresa que el problema de la contaminación del Golfo de Fonseca y la escasez de agua en las comunidades del sur de Honduras se da por la destrucción de los manglares por parte de la industria camaronera al sur del país.
«Los manglares son una interfase entre el agua salada y el agua dulce. Esa línea o límite entre esos dos tipos de agua es el agente filtrador, pero si lo vamos deforestando se vuelve cada vez más delgado. Entonces, por fuerzas de gravedad y del viento, el agua marina toma más fuerza, y aquí es donde los pozos se vuelven salados», explica la bióloga, quien añade: «en el sur hablar de la agricultura o la industria camaronera y derivados es un tema delicado, pues hablamos de productos de exportación que implican mucho dinero».
Abel asegura que de no poder dedicarse a la pesca, a los cultivos y no obtener un empleo en una melonera o cañera —industrias que, según él, solo emplean a personal durante 6 meses—, la única alternativa de los hondureños que residen en estos lugares es migrar.
El Gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández en alianza con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), el Global Agriculture and Food Security Program (GAFSP) y el Banco Mundial, ha promovido la Alianza para el Corredor Seco (ACS). En ello se han invertido, en 5 años, más de 38 millones de dólares. Este programa se divide en tres proyectos, ACS-USAID, ACS-Prosasur y ACS-Comrural. Cada una debe trabajar en enfoques diferentes. Una se dedica a la reducción de pobreza, la segunda se dedica a mejorar las condiciones de seguridad alimentaria y la última debe incrementar la productividad y rentabilidad de los productores.
ACS pretende enfocar «esfuerzos en la reducción de la pobreza y la desnutrición a través de inversiones estratégicas en varias comunidades vulnerables del denominado Corredor Seco de Honduras». Sin embargo, además de Abel, otros habitantes de la zona aseguran que estos programas no son de beneficio para ellos realmente.
Contracorriente contactó al ingeniero Francisco Posas, Gerente del proyecto Competitividad Rural (ComRural) implementado por Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H), por medio de su asistente y vía correo electrónico. Sin embargo, los intentos de entrevista para conocer más acerca de este proyecto y otras iniciativas no fueron atendidos.
Industrias que no han traído desarrollo a la zona sur
Blanca Bonilla salió hacia Estados Unidos desde Monjarás con su hijo menor en el 2019. Su hijo para entonces solo tenía 14 años. Mauricio, el esposo de Blanca, es paciente renal y no puede trabajar. Por esto, Blanca y su hijo son quienes deben sostener su hogar. Decidieron salir del país por el mismo motivo que empuja a todos los migrantes de la zona: la falta de empleo.
Blanca recuerda como un suplicio la travesía desde la Reserva de Monjarás, Choluteca, hasta México, donde fueron capturados por la Policía Federal de México. «Yo no podía ver a mi hijo, le tocaba la mano a través de un plástico», comenta.
Blanca y las otras diez personas con las que viajaba fueron detenidas por la Policía Federal de México mientras tomaban un descanso. Allí fueron separados los niños y adultos, luego los trasladaron a las celdas que el Gobierno mexicano había destinado para los «migrantes irregulares» provenientes de Latinoamérica; «albergues» les llaman los oficiales de migración. «El camino es diferente a lo que uno espera», recordó Blanca.
«A las 8 se apagan las luces…usted no sabe quién puede pasar por arriba», advirtió. Los barrotes en las celdas no llegan hasta el techo, y en las noches no hay oficiales para supervisar a los migrantes. Blanca contó con mucho terror el riesgo que tienen las mujeres de ser violadas en los «albergues».
Para los migrantes supone una gran inversión económica salir de Honduras. Algunos venden sus casas, carros o cualquier bien bajo su posesión para costearse el camino hasta Estados Unidos; otros, deben pedir préstamos. Los migrantes salen del país creyendo que lo pueden lograr, pero al ser retornados «el peor sentimiento es la desesperanza, porque uno sale de aquí con metas», concluyó Blanca.
Según un estudio realizado en 2004, la tasa de desempleo del municipio de Marcovia es del 5.5 %, sin embargo, las mujeres aparecen como desempleadas en una mayor cantidad en el área rural (4.5 %) que en el área urbana (2.3 %). Del mismo modo, el estudio explica que para el análisis de estos porcentajes es necesario tomar en cuenta el lugar de residencia y la rama de actividad en la que está concentrada la población, que en este caso es la agricultura.
También conforme al censo del año 2018 del Instituto Nacional de Estadística (INE), el 58 % de habitantes del municipio de Marcovia se dedican a la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca, siendo estas actividades las principales del municipio sureño. En este porcentaje están los habitantes que trabajan en las distintas meloneras, camaroneras, y cañeras al sur de Honduras, empleos que son temporales debido a las estaciones de siembra y cosecha.
Suany Arriola de 26 años, se encuentra en una situación similar. Aún recuerda con lágrimas su viaje hacia Estados Unidos con su pequeño de 6 años en el 2019. «Cuesta, porque nos tocaba viajar de noche y de día, y lo poquito que llevábamos no nos ajustaba ni para comer», dice Suany al preguntársele acerca de su travesía hacia los Estados Unidos.
Salió desde Marcovia, municipio de Choluteca al sur del país, y en un mes llegó a la entrada de México, lugar en el que fue detenida por agentes del Instituto Nacional de Migración en México y donde tuvo que esperar otro mes a que llegaran suficientes migrantes para llenar dos buses y ser deportados. Suany asegura que al migrar arriesgó su vida, pero que es la única alternativa que hay al no tener apoyo ni un empleo estable.
Suany volvió a migrar hace poco, con 2 meses de embarazo, y su salud se agravó en Chiapas, México, en donde casi pierde a su bebé. «Me dijo el doctor que, si quería continuar (en el camino) iba a ser de mucho riesgo para mi embarazo. Entonces le dije que no, que me iba a regresar», relata. Retornó en compañía de su hermana, quién también tenía como meta llegar a los Estados Unidos. En el camino solo quedó su cuñado, quien también fue deportado a Honduras un tiempo después.
«Yo le digo a ella, “hoy te quedas vos”, yo voy a hacer el intento. Tengo la fe en Dios de que sí voy a llegar (a Estados Unidos), por ser mayor y más experimentada», interviene la mamá de Suany, María Rosa Ramos, una mujer de 44 años originaria de la ciudad de Choluteca.
María Rosa relata que es originaria de Choluteca, llegó a Marcovia hace 23 años en busca del alquiler de una casa. Explica que Suany es la única hija que se ha quedado con ella de los primeros 6 que tuvo con su primer esposo; en total María Rosa tiene 9 hijos.
«Yo le digo que no se aflija (a Suany), que no tenemos de donde, pero Dios es el que provee. Ella se pone a llorar porque tiene 2 hijos, proximamente 3, pero a mí el papá me dejó con 6 cuando murió, y ahí están, con una herencia en donde solo pudieron estudiar hasta el sexto grado porque poner a estudiar a los hijos es duro», cuenta María Rosa mientras Suany, su hija, rompe en llanto.
María Rosa cuenta que fue empleada de una melonera al sur del país, pero por un tiempo muy corto, algo común en estas industrias debido a sus tiempos de cosecha. Cuando se le pregunta acerca de su experiencia siendo empleada en una de estas empresas no se muestra muy cómoda.
Las oportunidades son cada vez más escasas en estas comunidades de la zona sur. En Marcovia las alternativas son trabajar en una melonera, azucarera, camaronera o como ayudante de albañil, las mismas ocupaciones disponibles en todo el sur de Honduras. Sin embargo, son estas industrias las que enfrentan demandas por violaciones a derechos humanos y laborales de sus trabajadores.
Así lo describe Tomas Membreño, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Agroindustria y Similares (STAS), un sindicato que opera a nivel nacional y ha seguido muy de cerca los casos de explotación laboral y violación a derechos humanos de distintos empleados al sur de Honduras. En esta ocasión, Tomás nos cuenta acerca de la empresa Suragrícola de Honduras (Suragroh), una melonera al sur del país perteneciente a la transnacional Fyffes, una empresa de frutas y productos frescos de propiedad japonesa, con sede en Dublín, Irlanda.
Fyffes es una de las seis fruteras más grandes del mundo. En el caso de Honduras a ella están añadidas las meloneras Suragroh y Melon Export S.A., y es mediante Fyffes, o Sol Group Marketing, que el fruto es comercializado a Estados Unidos, contando con el sello de Comercio Justo (Fair Traid Certified) de EE. UU. Uno de los beneficios de la certificación es que la fruta se vende a mejor precio en el país nortemaericano, sin embargo, esto cambió luego de que se evidenciaran las violaciones a derechos humanos a los trabajadores en Honduras.
Por esta razón, en el 2016 los trabajadores decidieron organizarse para hacerle frente de manera legal a la empresa, pero esto derivó en una serie de despidos ese mismo año, explica el presidente del sindicato de la agroindustria.
«Existía un grupo de trabajadores que había tomado esa decisión (de denunciar la empresa), eran alrededor de 300 trabajadores. Sin embargo, la transnacional, después del 2016, luego de todas las denuncias que venía enfrentando en donde existían documentaciones de las violaciones a los derechos humanos y laborales de los trabajadores ya constatadas por el Ministerio del Trabajo, se interpuso una denuncia internacional. Es aquí cuando vienen comisiones internacionales a constatar los hechos y se descubre que esta empresa logró certificarse de manera fraudulenta en Comercio Justo (Fair Trade Certified) a pesar de las denuncias de los trabajadores», expone Tomás Membreño. Esto desencadenó en la desertificación de la empresa transnacional Fyffes.
Pero la lucha de la trasnacional japonesa en su afán de borrar su mala imagen ya a nivel internacional no termina ahí. «Fyffes inició un proceso de organización sindical con dos sindicatos en dos empresas que son Suragroh y Melon Export S.A., todo con la finalidad de limpiar su imagen ante la comunidad internacional, pero con los antecedentes y la documentación que se encontró, eso no les sirvió de nada, prácticamente siguen descertificados por violadores a los derechos humanos y laborales», asegura Tomás Membreño.
Cuando The Fair Trade Certified envió a la comisión evaluadora a realizar auditorías en Honduras, encontró violaciones a salarios, salud, y libertad sindical de los trabajadores de las meloneras. A partir de ahí la certificadora sanciona a las meloneras quitándoles la certificación y también son expulsadas de la iniciativa de comercio ético en Europa (Ethical Traiding Initiative) señalada en la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Todo esto es explicado en un vídeo de la Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Agroindustria (Festagro), una federación a nivel nacional a la cual está añadida el STAS. La página web de Festagro es muy activa en cuanto a denuncias presentadas por los trabajadores de las meloneras al sur del país, pronunciamientos de empresas a nivel internacional en cuanto al tema de la certificación de Fyffes y otros contenidos referentes a las luchas sindicales de toda Honduras en el rubro de la agroindustria.
«Uno de los principales problemas que se pueden encontrar aquí es el no derecho a la salud de los trabajadores, ya que en tiempos de cosecha del melón, trabajan alrededor de 7 mil a 10 trabajadores, en donde el 95 % son temporales y, por esta razón, argumentan los patronos, no tienen derecho a seguro social», explica Tomás Membreño, presidente del STAS.
Tomás Membreño, presidente del STAS, asegura que uno de los principales problemas de los trabajadores en las meloneras al sur de Honduras es que el 95% de ellos son temporales, y, por esta razón, no tienen derecho a seguro social.
Del mismo modo, continúa explicando que a estos trabajadores tampoco se les otorga una remuneración de ningún tipo luego de trabajar de 5 a 6 meses seguidos, y tampoco, con el argumento de que son temporales, se les protege cuando trabajan aplicando químicos o agroquímicos en las plantaciones de melón. Lo anterior debería de ser una obligación de las empresas, igualmente es un deber que tienen con los mercados internacionales a los que pertenecen.
Suany no considera volver a migrar a los Estados Unidos. Actualmente está a la espera de una niña, no sabe qué nombre le va a poner pero con mucho cariño acaricia con sus manos su barriga. «Le quería poner Evelyn Fabiola, pero a ver si me encuentro uno más bonito», dice riendo después.
Contracorriente intentó contactar a personal administrativo de Suragroh para una entrevista, sin embargo, las solicitudes nunca fueron atendidas.
El presidente del STAS señala que algo similar se da en las cañeras (industrias productoras de azúcar) al sur del país, en las cuales la mayoría del personal es temporal. Una de las industrias cañeras más reconocidas al sur de Honduras es Azucarera La Grecia, la cual pertenece a la Asociación de Productores de Azúcar de Honduras (APAH). Esta azucarera también se encuentra dentro de la queja que interpusieron distintos trabajadores de la agroindustria del sur del país por coacción al derecho de libertad sindical y por los distintos abusos en materia de derechos humanos y derechos laborales.
Tomás indica que esta queja fue interpuesta en el año 2012 y hasta el momento el Estado de Honduras no ha podido resolver ninguno de los casos de abuso a los trabajadores adjuntos en esta denuncia. Sin embargo, para Lorena Rodríguez Rico, Gerente de Asuntos Públicos de Azucarera La Grecia, esto no es así.
Mediante una entrevista respondida vía correo electrónico, la gerente de La Grecia explica que la empresa, la cual emplea alrededor de 5,000 personas y de las cuales 900 son permanentes, es una de las que más genera empleos en la zona sur de Honduras. Del mismo modo, agrega que estos empleos son «fuente de ingresos dignos para miles de familias y adicionalmente representan la posibilidad de encontrar oportunidades en su país y en su comunidad», escribió. No se refirió al tema de las denuncias.
Al preguntar por las políticas ambientales de la azucarera y el manejo de sus desechos o residuos tóxicos, la gerente de Azucarera La Grecia responde que la cañera se rige por las disposiciones de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MiAmbiente+), pero que también están implementando un proyecto de compost que podría reducir el uso de fertilizantes químicos.
Del mismo modo, manifiesta que la empresa es ambientalmente responsable y que gestiona pertinentemente cada uno de sus residuos y desechos tóxicos «según lo establecido por la ley en Honduras y particular y estrictamente con cada elemento requerido para su disposición final por la Unidad Municipal del Medioambiente (UMA). Para Azucarera La Grecia el compromiso con el medioambiente es un punto fundamental, razón por la cual se trabaja arduamente para cumplir e intentar dejar el planeta un poco mejor de cómo lo encontramos», indicó la responsable de Relaciones Públicas de La Grecia.
«Los empleados y personas que van a laborar ahí saben que hay contaminación, pero esta es su única fuente de empleo», dice por su parte Abel Perez de ADEPZA y también explica que estas empresas no son supervisadas por ningún ente del Estado, como ser la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MiAmbiente), ni el Instituto de Conservación Forestal (ICF).
«Cuando se dio la contaminación en el Golfo y se dio la muerte de los moluscos, ni MiAmbiente, ni el ICF investigaron o averiguaron cuál fue la causa; es más, nosotros los pobladores no sabemos cuál fue la contaminación que ocasionó la muerte de esta especie y las autoridades no brindan información al respecto, o sea, no les interesa», manifiesta Abel.
La contaminación del Golfo viene desde el río de Nacaome, en el departamento de Valle. Ahí se encuentran distintas industrias importantes para la economía de la zona, como ser meloneras, cultivo de la caña de azúcar y camaroneras. Estas empresas son las que riegan químicos en sus cultivos, contaminan el agua de la costa pacífica y consumen una gran parte del agua en el riego de sus cultivos; sin embargo, son las que mayor empleo proporcionan a las personas del área.
Luego de contactar en distintas ocasiones a la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MiAmbiente), antes del cambio de autoridades gubernamentales, los intentos de entrevista para Contracorriente fueron negados. No se logró concretar entrevista al cierre de esta investigación.
El control de «El Club de Coyolito» en Zacate Grande
Ethel Verónica Corea de 41 años se dedicaba a la pesca en Zacate Grande, algo inusual ya que, según Abel, las mujeres se dedican más a la recolección del molusco. Además, Ethel pertenece a la lucha en defensa de la comunidad de Zacate Grande con ADEPZA.
«Primero nos organizamos como ADEPZA, y dentro de esta asociación nos hemos organizado como mujeres, ya que somos las pioneras en el hogar y vemos todo lo que sucede en el mismo. También somos madres y quienes están migrando a otros países son nuestros hijos, nuestros jóvenes», manifiesta Ethel.
La migración forzada es uno de los problemas principales por los que fue creada la Red de Mujeres del Municipio de Valle a la que pertenece Ethel, grupo que no solo se reúne, analiza propuestas y presenta soluciones a la comunidad, sino que también es una red de empoderamiento y apoyo entre mujeres locales. «La idea es que este grupo de mujeres que se ha formado esté bien empoderado para la defensa del territorio», manifiesta Ethel.
Ethel estuvo con medidas sustitutivas a la prisión preventiva por ocho años por el delito de usurpación de tierras. Ella asegura que fue criminalizada por Miguel Facussé, hijo de uno de los más grandes empresarios en Honduras, Miguel Facussé Barjúm, padre. Facussé hijo es dueño mayoritario de la península de Zacate Grande, aseguran los pobladores. En ese tiempo, ella cuenta que le tocaba ir a firmar con su esposo, quien también fue apresado. Iban cada día desde el 2007 hasta el 2013, cuando se cansaron de ello. Entre esos años, en el 2010 precisamente, se dio un enfrentamiento entre la policía y los pobladores del lugar, que le dejó una cicatriz un poco arriba de su frente al lado izquierdo.
«Un trabajador de los de Facussé me pegó el “balinazo” (haciendo referencia a una pistola de balín) en la cabeza, porque yo le decía que no estuvieran pateando el maíz, ya que cuesta tener una matita de maíz para el sustento de uno. El que me golpeó a mí también salió golpeado porque todos en la comunidad vieron lo que hizo», relata Ethel.
La intimidación no quedó ahí. Ethel Veronica asegura que, desde entonces, tienen otros sistemas para vigilarla, llegando al punto de entrar a su casa. «Yo luché poniendo este cerco, ya que entraban a la casa de uno dejando las huellas de sus botas marcadas en la tierra que rodea la casa», explica. Cada vez que ella pone una denuncia las autoridades le responden: «por andar peleando tierras que no son de usted».
Pero no solo ella ha sido víctima de intimidación en su familia. Sus dos hijos mayores huyeron del país y emigraron a los Estados Unidos por esto. Inmediatamente al preguntarle de sus hijos y la vida que viven allá, Ethel llora explicando que uno de ellos sufrió un atentado hace poco en el país norteamericano. «¿Qué mara rifas?» fue la única pregunta que le hicieron a uno de sus hijos antes de ser acribillado con 6 disparos, detalla Ethel, mientras llora preocupada por el estado de salud de su hijo, el menor de ambos.
«La desintegración familiar es pésima, yo no hubiese querido que mis hijos se me fueran, pero estaban siendo reprimidos por militares. Ellos se fueron a la “zumba marumba”, así, sin coyote ni nada, y al mes ya estaban allá trabajando», cuenta Ethel, mientras añade que su hija de 20 años está considerando migrar al norte por la falta de oportunidades en la península de Zacate Grande.
Abel y Ethel aseguran que el triunfo de Xiomara Castro en las pasadas elecciones trae esperanza para la comunidad de Zacate Grande, en donde aseguran que ninguno de los proyectos anunciados por la administración de Juan Orlando Hernández se desarrolló para beneficio de ellos. «La Hora del Sur solo fue un dicho, aquí no ha llegado nada de ese programa, solamente se llegaron a poner los rótulos en la carretera», asegura Abel, y agrega que las ayudas anunciadas por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) tampoco han llegado a la península.
En el sur se encuentran los expulsados de varios países
Karla Escoto es acompañante de migración en el Proyecto Ampliando Oportunidades zona Sur (Pao-Sur) de la Cruz Roja en Choluteca. Antes de este proyecto, funcionaba el Proyecto Mariposa Monarca con un similar propósito. Pao-sur brinda acompañamiento en la zona sur del país a la población migrante, en tránsito o retornada por violencia de cualquier tipo. Escoto comentó que «ahora que se está regularizando el flujo de migrantes, le damos asistencia a 30-50 personas diarias». No hay muchos más programas de asistencia para migrantes en la zona. La Cruz Roja trabaja con el «Hogar de la Esperanza», proyecto de la Iglesia Católica que brinda hospedaje, medicamento y alimentación a migrantes nacionales y extranjeros.
Los migrantes que ingresan a territorio hondureño por Choluteca deben pagar 200 dólares (4,873 L) a la oficina de migración del Gobierno por concepto de «migración irregular». Por esto, Escoto informó que «los migrantes en tránsito están tomando la ruta de El Paraíso para ingresar a Honduras, porque allí no les cobran multa».
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Justo por esta multa, Marvin de nacionalidad nicaragüense ha estado en Honduras dos semanas tratando de recolectar el dinero para seguir su camino. Marvin huyó de su país por miedo. Él es enfermero de profesión, y aún siendo personal de salud de primera línea tuvo que salir de Nicaragua a buscar la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19. Es, además, uno de los miles de perseguidos políticos. «Salí por pensar diferente que el régimen…en esa democracia uno no puede hacer eso. Solo busco protección», comentó Marvin con un tono de impotencia.
En 2018, Nicaragua estuvo llena de protestas que exigían la renuncia de Daniel Ortega y de su esposa, Rosario Murillo, vicepresidenta desde 2017. El motivo de las protestas se dio por la instalación de una dictadura con cimientos en la corrupción y el nepotismo, aseguraron los manifestantes. Solo en ese año, 328 personas murieron en la represión de las protestas según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y 100 mil nicaragüenses salieron exiliados.
Actualmente, la crisis continúa, y Marvin está en un territorio de donde también la gente huye. Las condiciones de vida en Honduras no son muy diferentes a las de Nicaragua tomando en cuenta que Honduras también ha vivido una autocracia los últimos 12 años y la pobreza ha aumentado.
Los informes de la Cruz Roja indican que la migración aumenta en tiempos de sequía en esta zona del país. Los meses cuando aumenta el flujo de migrantes son octubre, noviembre y diciembre. Estas fechas coinciden con los meses cuando las empresas azucareras, meloneras y camaroneras en el sur prescinden de sus empleados de campo. Algunas de las personas que no pueden trabajar en el sur durante estos meses, deciden ir al norte del país a trabajar en maquilas. En caso de no encontrar trabajo en la zona industrial, optan por migrar a Estados Unidos o España.
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«Aquí vienen las ayudas pero salteadas (seleccionadas), no vienen parejo, y el pescador necesita de los mariscos, porque todos tenemos hambre», explica Adriana cuando se le pregunta acerca de programas que ayuden a personas en Cedeño. Al mismo tiempo, agrega que los pescadores solo van al mar a «colar agua»; es decir, solo tiran la red de pescar al pacifico y no extraen peces para la venta.
Cuando se le pregunta a ella y a Manuel, su esposo, por qué la situación del Golfo de Fonseca ha empeorado, mencionan que es culpa de los empresarios dueños de las industrias del sur de Honduras, que riegan químicos contaminantes al mar y que, en el caso de las camaroneras específicamente, los cercos de estas impiden el paso de larvas al mar, razón por la que no se encuentran peces.
«Al Golfo lo están matando ellos mismos», manifiesta Adriana, mientras hace tajadas de guineo verde para la venta de comida en la playa. «Al plato de comida a veces lo acompaña un pescado frito, y a veces no», asegura su esposo, Manuel.
1 comentario en “Los migrantes olvidados del Corredor Seco de Honduras”
Muy informativo el reportaje ,que lastima que las oportunidades de desarrollo no llevan a todas las comunidades del país,no se crean fuentes de trabaje que den a la población esa satisfacción de echar raíces en el lugar que los vio nacer.
Las felicito por su trabajo 🥰🥰