Ante la crisis legislativa producida por el nombramiento de dos juntas directivas del Congreso Nacional —una liderada por el diputado Luis Redondo del partido Salvador de Honduras (PSH) y la otra encabezada por Jorge Cálix, expulsado del partido Libertad y Refundación (Libre)—, analistas señalaron ayer en un Twitter Space organizado por Contracorriente que se debe solventar este problema a través de un pacto político, pues no existen las condiciones apropiadas en el país para plantear una solución a través de los canales jurídicos competentes.
Por: Daniel Fonseca
El pasado 23 de enero, Jorge Cálix fue nombrado presidente de la Junta Directiva Propietaria en una sesión llevada a cabo en el área social de Bosques de Zambrano, a más de 30 kilómetros del hemiciclo legislativo de Tegucigalpa. Su nombramiento fue respaldado por el voto a favor de 79 diputados propietarios. Al mismo tiempo, en la sede de el Congreso Nacional, sin flujo eléctrico y con la presencia de personas particulares, Luis Redondo fue juramentado en el mismo cargo. Los miembros de la Junta Directiva presidida por Redondo aseguran contar con 96 votos de diputados propietarios y suplentes. Sin embargo, la lista oficial de votos de esa elección aún no ha sido publicada.
El debate en redes sociales se concentró ayer en que la elección de juntas directivas paralelas produce un problema de legalidad y legitimidad. Por una parte, el Congreso presidido por Jorge Cálix cuenta con mayoría simple de votos de diputados propietarios tal y como lo estipula el artículo 19 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Por otro lado, el nombramiento de Luis Redondo goza del reconocimiento de la presidenta electa, Xiomara Castro, y de un sector de la población que ha manifestado su apoyo en las calles y redes sociales.
Para el abogado Joaquín Mejía Rivera, el establecimiento de dos juntas directivas del Congreso Nacional es una manifestación de la crisis política y jurídica que el país ha experimentado desde el golpe de Estado de 2009. «Creo que no hay que cometer el error de decir que hay una Junta Directiva legal y otra legítima, porque la legalidad y la legitimidad no pueden separarse y son necesarias para que un acto sea válido en derecho», aseguró en el Twitter Space.
Fabio Lara, abogado y politólogo, quien también participó en el debate, opinó que ya existía un problema desde el nombramiento de la Junta Provisional el día 21 de enero, pues no se siguió el debido proceso. «Está en la Constitución la posibilidad de poder interponer un recurso, una acción de inconstitucionalidad frente a los vicios de nulidad que contuvo los actos que se celebraron en el establecimiento de la Junta Directiva Provisional.»
El ente jurídico encargado de conocer y resolver las diferencias en la interpretación de la Constitución es la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, un organismo que ha sido señalado por la parcialidad de sus fallos y su falta de independencia respecto del Ejecutivo, según apuntó el abogado Joaquín Mejía. En abril de 2015 esta misma Sala permitió la reelección presidencial —prohibida en el artículo pétreo 239 de la Constitución de la República— luego de que cuatro de los cinco magistrados fueron destituidos inconstitucionalmente en 2012.
«Hay un problema de legitimidad institucional y es generalizado ¿Cómo confiar en una Sala de lo Constitucional para dirimir un conflicto como éste cuando sabemos que la Sala de lo Constitucional forma parte del problema y tampoco tiene legitimidad?» cuestionó Mejía Rivera.
Además, algunos expertos en materia constitucional señalan que no es facultad de la Corte Suprema de Justicia fiscalizar los procesos orgánicos por los cuales el Congreso Nacional elige a sus autoridades, pues esto sería ejercer injerencia en otro poder del Estado y violaría el principio de separación de poderes.
Por este motivo, los analistas consideraron que, al no haber un mecanismo jurisdiccional que pueda resolver el conflicto en el Legislativo, el único recurso dentro de las instituciones del Estado es el diálogo entre los diversos actores en búsqueda de un acuerdo político para así retornar a la gobernabilidad a pocos días de la toma de posesión de la presidenta electa Xiomara Castro.
«En ambos casos los procedimientos institucionales fueron alterados, la pregunta es ¿Cuál es la consecuencia para la democracia en Honduras? Aquí se aplica el principio de que la democracia se construye con más democracia y eso significa no solamente la retórica de que el pueblo es el que decide, sino también significa respetar y fortalecer los procedimientos institucionales», comentó por su parte el politólogo Otto Argueta.
Hasta el momento, el Partido Liberal de Honduras publicó un comunicado en el que se compromete a colaborar con el Poder Ejecutivo para satisfacer las demandas del pueblo hondureño y llama a los institutos políticos a superar sus diferencias y establecer un diálogo. Sin embargo, ninguno de los miembros de las juntas directivas nombradas ha manifestado muestras de acercamiento. Los analistas coinciden en que, dadas las condiciones de ilegitimidad de las entidades jurídicas por las que se tendría que dirimir el conflicto, el problema debe resolverse de forma política entre las partes para así no profundizar la crisis existente.
