El actual jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Tito Livio Moreno, concluye este martes su periodo al frente de la institución castrense, por lo que ha anunciado al comandante José Fortín Aguilar como su sustituto. Moreno deja la institución tras dos años en los que incrementaron los señalamientos por el involucramiento de las fuerzas de seguridad y funcionarios públicos en el narcotráfico. Ahora, se tienen las promesas de Xiomara Castro de quitar protagonismo a las FF.AA. en la seguridad pública
Texto: Fernando Silva
Fotografía: Archivo de Contracorriente/ Martín Cálix
En 2013, cuando Xiomara Castro lanzó su primera candidatura presidencial por el partido Libertad y Refundación (LIBRE), repetía en sus discursos que al llegar al poder regresaría a los militares a sus cuarteles, refiriéndose a que las Fuerzas Armadas (FF. AA.) atenderían estrictamente sus labores constitucionales, entre ellas, la defensa del territorio, garantizar la alternabilidad en el poder y el apoyo en caso de emergencias nacionales. No se supo si Castro se refería a las tareas de las FF.AA. en el área de la seguridad pública o si se reformaría la Constitución de la República donde también se le asignan otras tareas civiles que no deberían estar bajo la tutela militar.
La familia de Castro venía de enfrentar un Golpe de Estado donde la institución castrense tuvo un papel protagónico al capturar al depuesto presidente Manuel Zelaya enviándolo en un avión militar a Costa Rica. Posteriormente, las FF.AA. junto con la Policía Nacional estuvieron involucradas en «la muerte de por lo menos cuatro personas, decenas de heridos, miles de detenciones arbitrarias, cierre temporal de canales de televisión y agresiones a periodistas», según un informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El discurso de Castro en 2013 respondía al repudio que se ganaron las FF. AA. por parte de la ciudadanía.
Desde ese entonces, y con el impulso de la administración autoritaria de Juan Orlando Hernández, miembros de las FF. AA. avanzaron considerablemente en la influencia gubernamental, llegando a ostentar cargos como directores, ministros, interventores y consejeros de instituciones civiles. Sin embargo, ahora se enfrentan a la victoria de quien quería regresarles a sus cuarteles, aunque mantenga esa promesa de forma menos confrontativa. Castro ahora promete en su plan de gobierno «asegurar la conducción civil de la seguridad y defensa y la separación precisa y respeto de las funciones propias de las fuerzas armadas y la policía, tomando como referencia la doctrina democrática de la seguridad ciudadana».
El periodo turbulento de Tito Livio Moreno
Previo a la llegada del nuevo gobierno, Tito Livio Moreno concluyó su período como jefe del Estado Mayor Conjunto de las FF.AA., una institución señalada de ser parte de la estructura criminal que le dio poder al narcotráfico en Honduras en las últimas décadas, según menciones de testigos y fiscales en juicios contra narcotraficantes hondureños en Estados Unidos.
En marzo de este año se llevó a cabo el juicio en contra de Geovanny Fuentes, un capo del narcotráfico en Honduras al que los fiscales señalaron como socio del presidente Juan Orlando Hernández. Ese juicio salpicaba a un alto oficial del Ejército y a un ex comisionado de la Policía Nacional, demostrando que Fuentes Ramírez recibió apoyo y asistencia de miembros de las FF. AA. y del gobierno para proteger sus cargamentos de droga.
Previo a ese juicio y que se declarara culpable a Fuentes, ante los señalamientos en contra del actual presidente y la institución castrense, Tito Livio Moreno aseguró que eran interpretaciones de medios de comunicación y que los entes legales en Estados Unidos hacían las menciones sin ser específicos. Además, recalcó el supuesto trabajo del actual presidente en la lucha contra el narcotráfico.
En reiteradas ocasiones, Moreno ha evitado pronunciarse sobre el conocimiento que tenían las FF. AA. acerca de las actividades de estos narcotraficantes. Esto incluye al excongresista Juan Antonio Hernández, hermano del presidente y declarado culpable el pasado 30 de marzo en la Corte del Distrito Sur de Nueva York por cuatro cargos que presentó el Departamento de Justicia de los Estados Unidos relacionados con el narcotráfico, incluyendo el envío de toneladas de cocaína a territorio estadounidense.
«Yo no quiero ser irresponsable y opinar en temas que no me compete, yo solo puedo decir sobre el gran trabajo que ha hecho el Estado contra el narcotráfico, hay que ser objetivos y lo que queremos es que se valoren los esfuerzos que se han hecho, no hay que seguir denigrando ni difamando, no somos los peores del mundo», apuntó en marzo el entonces jefe del Estado Mayor Conjunto.
Pero las FF. AA. sí han sido recompensadas y no solamente desde el golpe de Estado. El gobierno de Manuel Zelaya fue el que inició el proceso de dar más protagonismo a esta institución con la instalación de una junta interventora militar en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica en 2007.
Sin embargo, fue desde la llegada de Porfirio Lobo a la presidencia en 2010 y con el liderazgo actual de Tito Moreno, que la institución castrense ha tenido un papel rescatista en todas las instituciones con sospechas de corrupción o mala administración. Ese ha sido el caso del Hospital Escuela Universitario, uno de los principales centros asistenciales del país; el Instituto Nacional para la Atención de Menores Infractores (INAMI) y quizá la institución de gobierno más importante en los últimos dos años de pandemia: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H), que carga con los señalamientos de corrupción por compras sobrevaloradas y el fracaso en la puesta en marcha de Hospitales Móviles (valorados en 47 millones de dólares) destinados a atender a pacientes graves de COVID-19.
Durante la emergencia por la pandemia, vimos a las FF. AA. en programas que van desde el asistencialismo hasta la administración de hospitales; sin embargo, la Secretaría de Finanzas omitió en la rendición de cuentas de la pandemia el presupuesto que ejecutaron y pasaron desapercibidas la mayoría de las compras de insumos y medicamentos para sus unidades.
Además, el presupuesto de la Secretaría de Defensa, al igual que el de salud, educación, energía y seguridad, no fue parte de la reducción del 2 % establecido a través del decreto ejecutivo PCM 020-2020 para todas las instituciones del sector público no financiero para atender la emergencia.
Celeste Espinoza, coordinadora de la Comisión Técnica de Transición del Gabinete de Prevención, Seguridad y Defensa, explica que las FF. AA. están adscritas a ese gabinete que tiene las facultades para ocultar información del presupuesto ejecutado, por lo que con la transición del nuevo gobierno se plantea derogar la Ley de Secretos y abrir la información del gasto público. La comisión del próximo gobierno recopila información que aclare el estado económico de las instituciones, incluyendo a las FF. AA. lideradas por Moreno.
«Hemos encontrado unidades y direcciones que no sabemos exactamente cómo operan internamente y eso tiene que ver con la naturaleza del gabinete y todo el régimen de secretos establecido en los últimos 12 años», apunta Espinoza.
Espinoza también explica que hay partidas presupuestarias que no tienen un destino rastreable, y que el resultado de los programas no corresponde al enorme recurso que se les asigna. Además, cuenta que más del 90% de los recursos de las secretarías de seguridad y defensa se gasta en pagar salarios a militares y policías, un fondo que no sale de recursos propios ni del tesoro nacional, sino que se suma al endeudamiento público.
Un informe de la oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), apuntó que, a pesar del incremento de su presupuesto, las Fuerzas Armadas siguen sin rendir cuentas ante los mecanismos civiles de control. Entre 2014 y 2022, el presupuesto de la Secretaría de Defensa aumentó de aproximadamente 5 mil millones de lempiras a más de 9 mil millones de lempiras.
«La falta de transparencia en la ejecución de su presupuesto se ampara en la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional, al considerar que el manejo de sus fondos es un secreto de Estado», denunció el informe.
Sobre la situación en la que dejan a este sector las autoridades actuales, Celeste Espinoza concluye que «tenemos un gabinete que depende del endeudamiento público y con muy pocos resultados a nivel programático».
Antes de las elecciones del 28 de noviembre, Contra Corriente consultó a través de una encuesta para el sitio “A quién elijo” a los candidatos de Libre a diputados y alcaldes su opinión sobre algunos temas relacionados con las FF.AA. De un total de 89 candidatos que respondieron la encuesta, 84 dijeron no estar de acuerdo con las funciones actuales de la Policía Militar y 65 dijeron estar de acuerdo con una reforma de las Fuerzas Armadas con observación internacional. De los restantes partidos que integran la alianza «de hecho» que posibilitó el triunfo de Xiomara Castro, respondieron a esas preguntas 38 candidatos. De ellos, 29 dijeron estar de acuerdo con una reforma de las Fuerzas Armadas con observación internacional y todos (38) dijeron estar en desacuerdo con las funciones de la Policía Militar.
Una reforma de las Fuerzas Armadas con observación internacional no ha ocurrido en Honduras y es una condición necesaria para definir con transparencia el rol de los ejércitos en las democracias, sobre todo cuando éstas -como fue el caso de Honduras en los años noventa- fueron instauradas luego de largos períodos autoritario militares o bien sufrieron quiebre institucionales con participación directa de los militares -como fue el caso del golpe de Estado de 2009-.
La urgencia de la desmilitarización
El informe de WOLA apunta que «la creación de unidades como la Policía Militar del Orden Público (PMOP), de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (FUSINA) y de la unidad policial militarizada TIGRES, ha institucionalizado el involucramiento de las Fuerzas Armadas en las tareas policiales y, por ende, debilitado la institucionalidad civil en materia de seguridad».
Esta organización es uno de los múltiples denunciantes que han advertido el impacto de la militarización de la seguridad sobre los derechos humanos. En el mismo informe apuntan que «se evidencia que el involucramiento de algunos militares en tareas de seguridad pública ha implicado abuso y uso excesivo o ilegítimo de la fuerza».
Ahora, ante las promesas del nuevo gobierno de desmilitarizar el Estado, diferentes organizaciones defensoras de derechos humanos han manifestado su esperanza en que la nueva administración detenga la represión y criminalización de líderes sociales por parte de operadores de justicia y de las fuerzas de seguridad.
Sobre esto, Edy Tabora, del Bufete para la Justicia de los Pueblos, apunta que dicho proceso no será sencillo ni en un futuro inmediato. Explica que hay que considerar que las FF. AA. han evolucionado desde 2009, por lo que tienen muchas herramientas de presión hacia el nuevo gobierno.
«Ni siquiera sabemos con exactitud cuántos elementos tienen, sumado al armamento que han obtenido, los mecanismos de inteligencia; dependerá mucho de las exigencias sociales sobre ellos, por mientras, se pueden recuperar espacios en las instituciones públicas y en la rendición de cuentas que deberían enfrentar por las graves violaciones a derechos humanos producidas en los últimos años», señala.
Un informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Honduras, reveló que la respuesta del Estado a las protestas postelectorales de 2017 dio lugar a graves violaciones a los derechos humanos. En ese sentido apuntaron que elementos de las fuerzas de seguridad, especialmente la Policía Militar del Orden Público y el Ejército, utilizaron una fuerza excesiva para controlar y dispersar las protestas, incluso fuerza letal, lo que provocó muerte y heridas de manifestantes y transeúntes.
Puntualmente, señalan que al menos 23 personas resultaron muertas en el contexto de las protestas postelectorales, entre ellas 22 civiles y un agente de policía y que al menos 16 de las víctimas murieron violentamente a causa de disparos efectuados por las fuerzas de seguridad, entre ellas dos mujeres y dos niños. Ninguno de esos casos ha obtenido una resolución.
Sobre el proceso de desmilitarizar la seguridad pública, Víctor Meza, analista del Centro de Documentación de Honduras (CEDOH), apunta que se tendrá que establecer la línea divisoria entre la defensa externa del territorio y su integridad plena, como tarea de los militares y la defensa del orden público interno, como tarea de la policía.
Celeste Espinoza, quien además pertenece a la militancia del partido LIBRE, asegura que la promesa de desmilitarizar la administración pública se mantiene, pero depende de otros factores, principalmente de «la apertura que tengan las Fuerzas Armadas a reconsiderar y renegociar su papel en la sociedad».
«Sería muy juicioso de su parte considerar que al renunciar a estás funciones y dárselas a quienes verdaderamente tienen el mandato para eso, significa reducir su carga y que ellos puedan finalmente dedicarse a lo que deberían que es defender la soberanía nacional», concluye Espinoza.
En ese sentido, Joaquín Mejía, doctor en derechos humanos y miembro del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (Eric-sj), recuerda que incluso con el actual gobierno hubo promesas de desmilitarizar la seguridad pública y que no se cumplieron por lo que este ámbito representa un reto para el nuevo gobierno.
Mejía señala que en 2016, el estado de Honduras, a través de la exministra Carla Cueva como representante, se comprometió a iniciar el proceso de desmilitarización ante el Comité contra la Tortura de Ginebra y que «obviamente fue toda una mentira porque a las dos semanas de regresar de Ginebra se estaba inaugurando un batallón de la Policía Militar».
«Que no pase lo que pasó en otros gobiernos en la década de los noventa, que se comenzó el mismo proceso, pero quedó inconcluso», apunta.
Jefe de las FF. AA. en suspenso
Según la Constitución de la República el jefe del Estado Mayor Conjunto debe ser nombrado por el presidente de la República, por lo que la asignación del comandante José Fortín Aguilar tendría que ser provisional.
Sin embargo, Víctor Meza apunta que «si la intención fue nombrar una nueva Junta de comandantes como un acto de desafío al nuevo gobierno, las cosas pueden resultar complicadas», pero también señala que puede ser un acto administrativo normal con el objetivo de llenar el vacío entre el 21 de diciembre que termina el periodo de la actual junta y el 27 de enero que toma posesión el nuevo gobierno.
«La ley establece claramente que la nueva presidenta debe nombrar al nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto. Lo mejor es que lo escoja en base a méritos y respetando el escalafón profesional», concluye Meza.
Cuando se anunció que Xiomara Castro era la virtual ganadora de las elecciones presidenciales, Tito Livio Moreno apuntó que estaban listos para trabajar con la nueva autoridad y se mencionaba que podría extender su mandato hasta el traspaso de mando, hecho que no ocurrió.
Joaquín Mejía apunta que los cambios en la actitud de las FF. AA. ante el nuevo gobierno y el nombramiento de una junta provisional podrían tener otra lógica. Según esa fuente, esto tiene que ver con la caída del poder que ha sostenido al régimen autocrático de Juan Orlando Hernández.
«Las fuerzas armadas han actuado todo este tiempo como sicarios con uniforme que se venden al mejor postor y ahora que están viendo que el barco se hunde, simplemente lo que hacen es mantener una posición de consentimiento frente a la nueva realidad que se les viene, pero el nuevo gobierno tiene un desafío grande ante uno de los logros del régimen que es establecer las Fuerzas Armadas como la única institución capaz de salvar la democracia de nuestros enemigos: los narcos, los mareros, los sicarios y extorsionadores. Sin embargo, la realidad nos dice otra cosa, realmente la Fuerza Armada han servido para proteger el narcotráfico y para proteger narcotraficantes», concluye Joaquín.
