Miembros de organizaciones de sociedad civil en la lucha anticorrupción se reunieron con la Comisión de Transición del nuevo Gobierno para dialogar sobre una posible misión internacional contra la corrupción y los retos que podría enfrentar el Gobierno de Xiomara Castro, como la derogación de leyes que favorecen a la impunidad.
Texto: Francis Cálix
Fotografía: Martín Cálix
Quedan menos de dos meses para la toma de posesión de la presidenta electa Xiomara Castro, quien prometió ─como una de sus prioridades en los primeros 100 días de su Gobierno─ la instalación de una Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad (Cicih). Para ello, la Comisión de Transición de Gobierno se reunió con organizaciones de lucha anticorrupción para identificar los retos y oportunidades del nuevo Gobierno sobre esta problemática, así como la gestión de una misión internacional contra la corrupción en el país.
Pedro Barquero, coordinador de la Comisión de Transición del próximo Gobierno y expresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), comentó en un foro que el día de las elecciones, justo después de dar una conferencia de prensa, Xiomara Castro los convocó en una oficina para dar las primeras instrucciones, los primeros temas y uno de ellos fue precisamente el de anticorrupción.
Asimismo, aseguró que «después de haber ganado las elecciones, este proyecto político sigue recibiendo en las redes sociales el clamor de la población para el combate y la eliminación de la corrupción. Tres de cada cinco mensajes que recibimos en las redes sociales están relacionados con el tema de la corrupción», dijo.
«Estamos haciendo contacto con organismos internacionales para poder traer una misión que nos ayude con la lucha anticorrupción en el país», afirmó Barquero en el foro «Transparencia y acciones para desmontar las redes de corrupción e impunidad: Retos y oportunidades del nuevo Gobierno», que fue organizado por la Coalición Anticorrupción.
Barquero recalcó la importancia de una misión de apoyo en el país porque «las instituciones del Estado están atadas por las leyes que se han creado para blindar la corrupción y el narcotráfico. Estas leyes se necesitan derogar y en estos momentos se está definiendo si vamos a tener o no la mayoría simple en el Congreso», dijo refiriéndose a la conocida como Ley de Secretos, nuevo Código Penal y reformas a la ley de Lavado de Activos.
Aún sin resultados definitivos, el Partido Libertad y Refundación (Libre) y el Partido Salvador de Honduras (PSH) hasta la fecha solo cuentan con 60 diputados (50 Libre y 10 PSH) en el Congreso Nacional, de acuerdo a resultados preliminares del Consejo Nacional Electoral (CNE). Necesitarán 5 más para alcanzar la mayoría simple.
En el mismo foro de la Coalición Anticorrupción, participó de forma virtual Juan Jiménez Mayor, exvocero de la extinguida Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), quien comentó que «ya se ha planteado por parte de las nuevas autoridades la creación de una misión internacional que ayude al país a generar mejores capacidades en el combate contra la corrupción. Se habla de una CICI (Comisión Internacional contra la Impunidad), que en algún momento la población estuvo reclamando desde 2015». Este reclamo vino tras el desfalco de 3.6 millones de lempiras del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), que fueron utilizados para financiar la campaña del presidente Juan Orlando Hernández en las elecciones del 2013.
Sin embargo, para Jiménez Mayor es importante que «más allá de la voluntad política de quienes expresan la necesidad de una misión hay que configurar los detalles. Es decir, cómo se va configurar esta misión y cómo va a funcionar en el país. (…) Tenemos que ver la manera si se va establecer una misión de este tipo se configure a partir de los errores o a partir de las lecciones aprendidas sobre lo que se debe hacer o no hacer».
Asimismo enfatizó la importancia de conocer sobre qué dependencia internacional se va a configurar: «No voy a recomendar que sea la Organización de Estados Americanos (OEA) la que patrocine o la que pueda anclar esta misión por las razones que todos ustedes conocen. Quizá Naciones Unidas sea la unidad más idónea para esto», dijo.
De igual forma, Jimenez Mayor destacó que el nuevo Gobierno deberá corregir y exigir que esta misión internacional tenga la suficiente independencia para realizar su trabajo. «La Maccih tuvo muchos problemas por la falta de independencia que tenía la misión en el terreno. Todo se decidía en la Secretaría General y eso era nefasto para la propia misión», aseguró.
Por otro lado, Luis Javier Santos, Fiscal de la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco), también estuvo presente en el foro y expresó que si el Gobierno de Xiomara Castro quiere demostrar la lucha contra la corrupción debe «derogar todas esas leyes que forman parte del pacto de impunidad iniciado con la reforma a la Ley del Presupuesto (2018), La Ley de Liquidación de Fondos Públicos, las reformas al Código Procesal, interpretaciones y reformas a la Ley de Lavado de Activos y la impunidad creada desde la Ley Orgánica del Congreso Nacional para los diputados que en 2019 se adicionó el artículo 10 A, que de alguna manera impide actuar contra los actuales diputados del Congreso Nacional».
Asimismo, enfatizó que se espera que el nuevo Gobierno «le apueste a un proceso transparente de nombramiento del fiscal general de la República y a un proceso transparente del nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El Ministerio Público debe desligarse de todo color político, debe ser manejado por personas que no hayan participado en partidos políticos».
En ese sentido, la abogada Fátima Mena, del Frente Parlamentario contra la Corrupción y diputada por el PSH en Cortés, manifestó que «el Congreso Nacional juega un papel importante tanto para poder desarticular la impunidad y las redes de corrupción como también ha sido la principal piedra en el zapato de los operadores de justicia. Es por ello que es importante poner una mirada en cuál debe ser la agenda legislativa que va a acompañar al Ejecutivo en la desarticulación de las redes de corrupción y a otras instituciones que son independientes y descentralizadas del Poder Ejecutivo», dijo Mena durante su participación en el foro de la Coalición Anticorrupción.
También comentó que existen índices de transparencia legislativa del Congreso Nacional que lo posicionan como el menos transparente de toda Centroamérica y el segundo menos transparente de toda América Latina. Por ello, «es necesario que el Congreso Nacional se democratice, que represente a todo el soberano que es el pueblo», expresó.
El foro concluyó con la participación del doctor Mauricio Díaz Burdett del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras, quien expuso que el nuevo Gobierno de Xiomara Castro tendría siete retos sobre la lucha contra la corrupción: auditoría Forense de las leyes aprobadas, cuantificación de los costos humanos y económicos, nueva derrama legislativa, priorización de abrogación de leyes y demandas, la nueva Maccih, elección de nuevas autoridades y la inclusión de género.
