Hablando de transición…

Por Óscar Hendrix

En democracia, una parte esencial de la presentación de propuestas y planes de gobierno son los nombres de las personas que integrarían las diferentes áreas en las que se concentra la mayor parte de las preocupaciones o demandas ciudadanas. En la recta final de la campaña electoral, suele conocerse con nombre y apellido el titular o al menos la composición de los equipos económicos, de seguridad, de derechos humanos, de gobernación o relaciones exteriores, en caso de alcanzar el triunfo en las elecciones.

No basta decir qué se quiere hacer o qué se hará, también importa saber quiénes serán los ejecutores o posibilitadores de las principales políticas públicas, planes o proyectos de las próximas autoridades estatales. El perfil, la procedencia política y laboral de estas personas nos dan luces sobre la coherencia entre la propuesta y la persona encargada de concretarla.

La reciente contienda electoral dejó en el aire muchas dudas o preguntas sin contestar sobre «los nombres», pero que en este momento de conformación de la Comisión de Transición y de la eventual composición del Gobierno ya no se pueden obviar.

La democracia hondureña es presidencialista y esto se manifiesta aún más con una institucionalidad históricamente ausente. Emerson decía que «una institución es la sombra alargada de una persona», así que pensando en esto podríamos agregar de que la gestión de la primer mujer presidenta de Honduras, Xiomara Castro, estará marcada no solo por su visión y sus decisiones, también lo estará por las personas que la acompañen y sean las encargadas de extender su visión y sus ideas en la burocracia estatal.

Ninguna persona que ejerza la presidencia es omnisciente ni omnipresente, por lo que en gran medida sus ojos, oídos, manos, etc. son quienes conforman su equipo de gobierno. Todas las áreas del Gobierno son importantes, pero algunas logran caracterizar en mayor medida una gestión que otras.

Seguridad ciudadana 

Tal como se ha hecho de manera casi ininterrumpida las últimas dos décadas, ¿se nombrará como ministro de seguridad a otro exmilitar o a alguien muy cercano a este sector?, ¿se pensará en alguna persona que pueda representar de manera más cercana la posibilidad de que realmente empecemos a avanzar hacia la seguridad ciudadana?

Sabemos que por su formación e identidad «de cuerpo», los entes de seguridad se sienten más cómodos con un expolicía o exmilitar. Sin embargo, son pocos los expolicías y exmilitares que nos den muestras de ejercer más su ciudadanía que su pasado policial o militar. Esperemos que, al menos, las subsecretarías estén a cargo de hombres y mujeres con amplia trayectoria ciudadana.

Las políticas de seguridad y el accionar de la Policía Nacional (junto al de las Fuerzas Armadas) dirán si en la práctica continúa vigente el Estado represor hacia la lucha social y a las juventudes. Sin el elemento represor de los órganos de seguridad a servicio de las elites, la lógica de despojo y acumulación en nuestro país encontraría un freno importante.

Democracia local y nuevo municipalismo

¿Será que la persona titular de la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización tendrá la visión democrática necesaria para darle vida a la recientemente publicada Ley de Descentralización del Estado de Honduras? ¿Será una persona que dé la milla extra porque realmente cree en la autonomía municipal y en la importancia de fortalecer los procesos de descentralización necesarios para profundizar la democracia en nuestro país?  

Si se crean y fortalecen mejores mecanismos de participación y decisión ciudadana desde lo local, el funcionamiento eficaz de estos o la ejecución de las decisiones del soberano en ese nivel, casi obligatoriamente deberán pasar por la instancia municipal. Por lo tanto, es ineludible pensar en vigorizar la democracia hondureña sin una reconceptualización del poder municipal. 

Si se está a la altura de responder a las demandas y necesidades de los pueblos en la lucha territorial, se puede dar el paso a la gestión más integral y participativa de los recursos en y desde los territorios. Esto implica necesariamente una aprehensión más multidimensional de la territorialidad en todas las acciones de gobernanza que crea, impulsa y supervisa esta secretaría de Estado. 

La escalada de cabildos abiertos contra las nefastas ZEDE en los últimos meses es un indicador esperanzador de que la ciudadanía exige decidir democráticamente y abiertamente sobre su territorio. Por ahora, tenemos la Ley de Descentralización, pero quizás sea necesario ir más allá y tener ahí a una persona que empiece a preguntarse si ya es tiempo de que colectivamente empecemos a discutir sobre la necesidad de una nueva ley de municipalidades.

La controvertida, pero imprescindible Mi Ambiente

La importancia de Mi Ambiente es transversal en la vida nacional. Los medios de vida, la gestión de los recursos naturales, la seguridad energética. Incluso, es imposible pensar en un cambio de la matriz productiva del país o la diversificación de la economía nacional sin que la Secretaría de Mi Ambiente sea parte inherente. La pauta del respeto del derecho a la consulta previa, libre e informada inicia desde las primeras acciones administrativas que Mi Ambiente realiza para otorgar permisos o licencias ambientales.

Una persona con objetividad es necesaria en Mi Ambiente, alguien que esté sin perderse en esos colores grises cuando el Estado es una parte tan interesada en que se aprueben grandes proyectos que decide obviar el daño irreversible al ambiente si procede con sus fines. 

Creo firmemente que podemos tener una Secretaría de Mi Ambiente más humana, que sepa escuchar, que su entendimiento del ambiente vaya más allá de lo técnico y que entienda de que se afectan vidas humanas, animales y vegetales, también comunidades y municipios enteros, que incluya en todo momento a los pueblos originarios y organizaciones territoriales. 

Transparencia y el plan de gobierno abierto 

La transparencia en el Poder Ejecutivo, en gran medida ha terminado siendo un mero acto mecánico de hacer informes periódicos para luego enviarlos a otra instancia o subirlos a portales de internet. Luego de ese proceso ininterrumpido, reciben diplomas o acreditaciones que les hacen sentirse «graduados» o «certificados» en transparencia.

La transparencia no solo debe ser un requisito, también es una herramienta para informar y crear espacios de colaboración ciudadana, es un elemento importante para el ejercicio permanente de la democracia. 

La Ley de Secretos desvirtúa plenamente al actual Gobierno como transparente.  Sin embargo, el Gobierno ha suscrito convenios internacionales para promover la transparencia, incluso creó una Secretaría de Transparencia. Y desde 2011 se adhirió a la Iniciativa de Alianza para el Gobierno Abierto (AGA).

La derogación de la Ley de Secretos es la primera tarea para empezar a practicar la transparencia en su justa dimensión en el Estado Hondureño. Y como ciudadano, espero que esta nueva administración sí entienda y practique la iniciativa de Gobierno  abierto, o mejor dicho, Estado abierto, en su concepción más amplia. Esto nos permitirá tener participación ciudadana presencial y digital en la creación, ejecución, monitoreo y evaluación de todas los planes, proyectos y políticas públicas. 

En conclusión, la legitimidad que da el avasallador triunfo de Xiomara Castro, crea el ambiente habilitante oportuno para incentivar y fortalecer la confianza ciudadana en el Gobierno y sus instituciones. Si existen las decisiones pertinentes desde el Poder Ejecutivo, después de estos primeros pasos de fortalecimiento, rediseño y recreación institucional no será tan importante hablar de nombres.