A pocos días de celebrarse las elecciones generales para el periodo gubernamental de 2022- 2026, uno de los temas que tomó relevancia por los partidos políticos como nunca antes, fue el abordaje de los problemas que vive la población LGBTIQ+ en Honduras. Sin embargo, para varios militantes miembros de esta población, la temática resultó ser utilizada para el populismo.
Por: Saraí Alvarado y Leonela Paz*
Las campañas propagandísticas y los confusos planes de gobierno de las principales instituciones políticas antes, durante y después de las alianzas de oposición contra el partido de gobierno, denotan cierto grado de demagogia; en el tema LGTBIQ+ específicamente, para el partido de gobierno ha sido un arma proselitista.
Ana Lucía Armijo, precandidata a diputada por el Partido Libertad y Refundación (Libre) en las elecciones primarias de marzo 2021, cuenta como su participación fue polémica a lo interno del partido debido a que ella ha publicado abiertamente sus preferencias sexuales, ideología política y ateísmo en un ambiente que ella califica de moralista y fundamentalista religioso. Armijo no quedó electa para la contienda general este próximo 28 de noviembre.
La excandidata opina que los mensajes de su partido «fueron contradictorios» en relación al abordaje de inclusión de la comunidad LGTBIQ+, debido a «fallas en los canales de comunicación». También señala que entre los miembros de la cúpula y responsables del plan de gobierno de la candidata presidencial Xiomara Castro «hay machistas y homofóbicos que no entienden los derechos de la comunidad».
Dentro de este mismo partido encontramos a Merary Ávila, actual candidata a diputada por el departamento de Cortés en la planilla de Libre. Ella asegura sentirse «parte de la comunidad LGBTIQ+» y explica que, cada vez que puede, confronta las bases del machismo y la homofobia dentro de su partido.
Como abogada defensora de Derechos Humanos, Merary dice que conoce de cerca «el dolor y la violencia a la que se enfrentan», por consiguiente su propuesta al Congreso Nacional es inclusiva. «La defensa de derechos no se complementa si no se incluyen los de la población LGBTIQ+», concluye Ávila.
De las siete propuestas que Libre enumera en su plan de gobierno a favor de la población LGBTIQ+, la primera indica que crearán una Ley de protección para personas LGTBIQ+ que asegure políticas de inclusión, su igualdad de remuneración, el respeto a su identidad e integridad personal.
Ante esta apertura, el doctor en economía Hugo Noé Pino, quien forma parte del equipo que aportó al plan de gobierno de la candidata presidencial de Libre, Xiomara Castro, indica que se ha abierto espacio «a mujeres con agenda feminista y a los grupos que participan en favor de la comunidad LGBTIQ+ (en el partido). Esas posiciones nos han traído ataques infundados, pero buscamos el respeto a los derechos de los grupos», explicó el candidato a diputado por Francisco Morazán.
Respecto al machismo y la homofobia dentro del partido, Hugo Noé Pino enfatiza que: «no lo ha visto de manera personal en Libre, pero no descarto que entre algunos miembros no hay niveles de conciencia a favor de los procesos incluyentes y de respeto que se han promovido en esta nueva agenda».
Al respecto, la diputada Patricia Murillo, miembro voluntaria del Tribunal de Honor de Libre, señala que en el presente no tienen denuncias sobre casos de discriminación y violencia homofóbica dentro de su partido. De llegar a suceder, «se hace una evaluación ética y se denuncia ante la coordinación general de Libre que dirige Manuel Zelaya».
No obstante, la parlamentaria de Cortés señala que el Tribunal de Honor no es un ente fiscal y no tiene ninguna función punitiva. También agrega que es muy importante que las secretarías, como la de la mujer y la diversidad, creen políticas para la autoformación que puedan ir cambiando comportamientos no adecuados y que van en contra de los estatutos de Libre. «Hay que hacer talleres educativos y trabajar mucho para cambiar ese tema cultural», concluyó.
El vaivén de la voluntad política
La población LGBTIQ+ lleva más de dos décadas exigiendo el cumplimiento de sus derechos e inclusión. Es después del Golpe de Estado (2009) que comienzan a marcar el camino dentro de la política participativa. En 2013 se inscribe la primera candidata trans, Claudia Spellman, quien optaba por Libre al cargo de diputada por Cortés. Para 2017 varias organizaciones LGBTIQ+ fortalecieron sus acciones y junto al Tribunal Supremo Electoral (TSE), ahora convertido en el Consejo Nacional Electoral (CNE), elaboraron una Guía de lineamientos básicos para facilitar la interacción con las personas LGTB en los procesos electorales de Honduras.
En la actualidad, ha sido más notoria su incidencia ante el CNE y en reuniones con funcionarios de la Unidad de Género e Inclusión de este órgano, con quienes acordaron no solo respeto en sus candidaturas, sino el involucramiento en las capacitaciones de procesos electorales y formación política. A pesar de todo este avance, la comunidad LGBTIQ+ no logra colocarse en espacios de trascendencia, aunque los partidos políticos los han usado como peldaños para sus campañas.
El excandidato presidencial y directivo del Partido Innovación y Unidad (Pinu), Guillermo Valle, resaltó que su partido, hoy unido en oposición al Partido Libre, fue pionero en incluir en sus planillas a una persona de la diversidad sexual como candidata a diputada en el 2017 cuando llevó a la reconocida activista de la comunidad Rihanna Ferrera; a la vez, Valle reconoce que a partir de ese fecha poco o nada se ha avanzado en inclusión y participación política activa.
«Tuvimos una lucha para incorporar a la compañera Rihanna como candidata a diputada cuando el desaparecido Tribunal Supremo Electoral (TSE) no la inscribió con su nombre de mujer», recordó Valle, al tiempo de reconocer que la participación de personas LGBTI «es una misión difícil ya que persiste discriminación en un ambiente de violencia machista, populista demagógico y también la falta de denuncia de los vulnerados».
Mencionó como ejemplo el caso de un presentador de farándula, muy reconocido en televisión, quien dejó su candidatura a diputado por el Partido Nacional «porque fue víctima de burlas y discriminación debido a sus preferencias sexuales. Le dijimos que podía participar en el Pinu, pero en el fondo él era cachureco (nacionalista) y no le importaba que se burlaran de él».
En el presente, el candidato en mención, participa por otro partido de escasa relevancia política, refirió Valle, quien también coordina el Frente Nacional para Elecciones Limpias (Frenael), un auditor social que agrupa a la sociedad civil para vigilar y apoyar elecciones transparentes y justas el 28 de noviembre de 2021.
Mientras que en el plan de gobierno del Pinu no precisamente hay inclusión, hay «cosas que han sido criticadas, pero sí hemos firmado convenios para crear conciencia y trabajo en agenda común en aspecto de la comunidad», enfatiza Valle.
Desde San Pedro Sula, ciudad pujante de la economía hondureña, las organizaciones también exigen. El candidato a diputado por Cortés del Pinu, Fredy Fúnez, destaca que la falta de apoyo económico, educación política y de propuestas respaldadas por los y las políticas es lo que mantiene la exclusión de participación de la comunidad LGTBIQ+.
Fúnez, hombre gay y cofundador de la organización Iguales, presenta una campaña a favor de la identidad de género y matrimonio igualitario que es avalada por dos de sus compañeros y una compañera (heterosexuales). Pero es consciente, dice, que «la comunidad LGBTIQ+ no triunfa en contienda porque falta voluntad política, muchas veces los llevan en sus planillas solo como relleno, se necesita más visibilidad», dice.
Es un doble reto salir a las comunidades siendo visiblemente miembro de LGBTIQ, explica Fúnez y exige que se incorporen capacitaciones y «no solamente abrir un espacio por decir soy inclusivo», sentencia. También le recrimina a Libre por la falta de apoyo a la comunidad, ya que por experiencia personal conoció el rechazo: «El apoyo de Libre no es real, aunque haya la Secretaría, a mi pareja le negaron ser miembro del MDR (Movimiento Diversidad en Resistencia)». Se trata de Javier Carrington, excandidato a diputado en las elecciones internas de Libertad y Refundación.
No obstante, es Libre el que tiene la mayor inclusión de la comunidad LGBTIQ+. Su Plan de Gobierno contempla el respeto a los derechos humanos y los convenios internacionales suscritos; además, su Secretaría de Diversidad está bajo la dirección de la abogada transfeminista Viena Ávila, cargo otorgado gracias a la incidencia y petición de los grupos diversos.
Decae participación política
En los últimos dos años, la participación política de personas trans, homosexuales y bisexuales se redujo de manera significativa, al punto en que en las planillas a cargos de elección popular —tanto en diputaciones, alcaldías y regidurías— no existe un número específico oficial de participantes.
El director del Centro para el Desarrollo y la Cooperación LGBTIQ+ Somos CDC, Alex Sorto, informó que en el monitoreo que realizaron en las elecciones internas (2021) participaron alrededor de 15 personas LGBTIQ+ abiertamente, y en elecciones generales están participando alrededor de seis.
«Pero estamos identificando más liderazgos abiertamente LGBTIQ+, para nosotros y nosotras no es importante aquella persona que está oculta porque necesitamos liderazgos que puedan comprometerse desde su propia existencia en el reconocimiento y la lucha para promover las agendas de igualdad de derechos en el Congreso Nacional», apuntó.
En el 2016, esta organización elaboró el informe «Reflexiones sobre la participación de las personas LGBTI en Honduras», donde exponen la lucha por participar en un ambiente político donde hay partidos que tienen estatutos y normativas de hace 40 años, mismos que no reflejan la evolución del reconocimiento de los derechos humanos basados en tratados y convenios internacionales que el Estado de Honduras se comprometió a cumplir tras ser firmante de los mismos.
«Hemos estudiado ocho planes de gobierno y visiblemente solamente el Partido Libre hace un planteamiento sobre el reconocimiento de la igualdad de derechos, más que todo para el acceso a la justicia. Esto es porque son más de 350 asesinatos que hemos tenido de personas LGBTIQ+ desde el 2009. Es importante que un partido refleje esa necesidad de llevar justicia a quienes han pagado con su vida la homolesbotransfobia y apología al odio», expuso Sorto.
En las elecciones generales de 2017 se postularon siete candidaturas LGBTIQ en cinco partidos: LIBRE, PINU-SD, Partido Unificación Democrática (UD), Partido Liberal (PL) y Frente Amplio. De estas ninguna fue electa, detalla un informe presentado por la Coalición de Observación Electoral no Partidaria.
No obstante, la contrariedad es parte de la democracia y en la población LGBTIQ+ es una constante. Los representantes de las organizaciones manifiestan que, tanto en el pasado como en el presente electoral, los partidos políticos «les utilizan». Para el psicólogo Osman Lara —director de Cepres, organización LGBTIQ+ en San Pedro Sula—, los acercamientos con los demás partidos políticos para buscar alianzas queda en lo mismo: aceptan la inclusión, pero la reducen a personas con discapacidad e igualdad entre mujeres y hombres, dejando de lado las mujeres trans y los hombres trans, bisexuales, homosexuales y más.
«Al final se redunda en que quieren votos en cada comunidad, que les apoyemos en las mesas con la promesa de que cuando estén en el poder nos apoyarán con las leyes, pero no llevan ninguna propuesta de ley al respecto», replica Osman, quien lamenta que las reuniones que se hacen «a puertas cerradas» con los partidos políticos, nadie las publica porque «sienten que es una carga negativa para su campaña política».
Partido Liberal y PSH se demarcan de la comunidad LGBTIQ+
Sua Martínez, representante del Partido Salvador de Honduras (PSH) y aspirante a diputada por el departamento de Atlántida, afirmó que en su partido sí hay personas de la diversidad que van dentro de las planillas, pero dentro de los planes generales de su partido no se incluyen sus peticiones relacionadas a la comunidad LGBTIQ+ precisamente.
Antes de que Salvador Nasralla —presidente del PSH— renunciara a su candidatura, no reflejaban ningún inciso a favor de la comunidad en el Plan de Gobierno. No obstante, tras unirse a la fórmula presidencial de Xiomara Castro, el pasado 13 de octubre, su partido ha pretendido incidir en las propuestas de Libre, según lo que han manifestado él y demás dirigentes, candidatos y candidatas.
En el caso del Partido Liberal (PL), también existe una demarcación del tema LGBTIQ+ y una ausente participación abierta de población diversa, aun cuando aglutina a miembros de la comunidad que no identificaron por respeto a su privacidad, pero aseguran les harán valer sus derechos fundamentales, haciendo la aclaración de que no están de acuerdo con el matrimonio igualitario ni lo que consideran alteraciones a la moral y estructura conservadora del núcleo familiar.
«La protección de la familia hace parte de los principios ideológicos», reafirmó la candidata a vicepresidenta, Yadira Bendaña, quien defendió los estatutos de su partido conservador en relación a esos temas y «el respeto de la Constitución de la República», con lo que dejó claro que no estaría de acuerdo tampoco con la aprobación de la Ley de Identidad de Género.
No obstante, Bendaña asegura que el PL «repudia toda discriminación y manifestación de violencia contra cualquier persona, indistintamente de su preferencia sexual». Se limitó a opinar que la correcta aplicación de la justicia en casos de crímenes de odio solucionará problemas de la población LGBTIQ+ como parte de sus constantes denuncias.
Propaganda homofóbica del Partido Nacional aumenta vulnerabilidad de población LGTBIQ+
En relación al Partido Nacional (PN), los temas de la población LGBTIQ+ se convirtieron en la mejor arma de ataque contra la oposición y —según ellos— genera más votos a favor enarbolando la bandera de la «moralidad y las buenas costumbres» al ratificar su oposición a los derechos de la comunidad de la diversidad sexual.
Ni siquiera tienen una política abierta de participación LGBTIQ+, afirma el director ejecutivo de la Asociación de Prevención y Educación en Salud, Sexualidad y SIDA en Tela (APREST), Leonel Barahona, quien tiene 22 años de pertenecer a ese instituto político desde el Consejo Juvenil y actualmente trabaja en la municipalidad con el alcalde nacionalista Darío Munguía.
Su inicio en el activismo sucedió cuando no era abiertamente gay. Ahora está consciente que han dejado de lado sus peticiones (y de las organizaciones) a nivel Legislativo y Ejecutivo. «El PN no lleva personas abiertamente LGBTIQ+ en sus papeletas, no porque no hay, porque sí hay, pero estas candidatas y candidatos deben mantenerse anónimos porque se les prohíbe a través de sus estatutos. Tampoco tienen vía libre para apoyar una ley que avale una relación entre personas del mismo sexo», dice.
Indistintamente de sus intenciones, los principios establecidos de un partido que dicen apegarse a la libertad y la equidad —desde su fundación en 1902— no son acordes a las acciones violentas y de ultraderecha que sus líderes imponen en contra de la población diversa. Sus reglas también limitan a alcaldes y alcaldesas. «Ellos y ellas no pueden hacer publicidad con nosotros y nosotras», enfatiza Leonel, quien se siente decepcionado y reconoce que el actual Gobierno es un desastre.
Aunque es «fiel» a su partido, Leonel recrimina las acciones, por lo que actualmente no apoyaría a otro candidato nacionalista que no sea Ricardo Cálix (para la alcaldía de Tela), con quien trabaja y tiene amistad. «En su administración, APREST ejecutaría proyectos como la casa hogar para la población LGBTIQ en Tela, ya que hay menores de edad que salen del closet y están siendo rechazados. Esa es nuestra visión», argumenta.
De esas niñas y niños que menciona Leonel Barahona no se preocupa el Gobierno, al contrario, los incluye en la la campaña de odio que llegó a su punto más alto cuando el propio presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, mandó un mensaje de desprecio y ataque directo para las personas por sus preferencias sexuales e identidad de género en un discurso durante el evento de celebración del Bicentenario Nacional el 15 de septiembre: «Hoy salen con más fuerza otros enemigos de la independencia, el ataque a los principios cristianos, el ataque al concepto de la familia, los que promueven los matrimonios entre personas de diferente sexo (quiso decir personas del mismo sexo) y la preservación de la vida de los niños no nacidos».
Las frases del mandatario dieron más fuerza a la campaña electoral del Partido Nacional. Quienes la han explotado al máximo son los candidatos a alcalde del Distrito Central, David Chávez y varios candidatos a diputados, como Ebal Díaz, asesor privado de Hernández y exministro de la presidencia. Ambos aprovechan las redes sociales y medios de comunicación para masificar sus mensajes homofóbicos y de odio extremo a la población LGBTIQ+.
Para el caso, en uno de varios tuits, Chávez expresó que la «conducta homosexual no es normal». Recientemente en una entrevista dijo que «no quería que sus hijos crecieran viendo a un hombre besar a otro hombre». Desde su papel como diputado, Chávez ha venido sosteniendo la campaña de odio llamándose a sí mismo como «la voz beligerante» en contra de los derechos de la comunidad LGBTIQ+.
Además de estas figuras, se quiso obtener opinión de parte de otros miembros del Partido Nacional, como Kilvet Bertrand (Secretario de Comunicaciones del PN), quien ignoró los mensajes de solicitud, y la candidata a diputada Ana Regina Sánchez, quien dio largas y posteriormente se excusó por estar enferma.
Campañas de apología al odio distraen de los verdaderos problemas
Javier Medina, director de la Asociación Kukulkan, defensor de los derechos de la población LGBTIQ+ en Honduras y quien por más de 20 años ha venido esquivando la discriminación y exclusión, considera que las campañas de odio superan cualquier acto populista o demagógico en relación a las personas de la diversidad sexual, y advirtió que el riesgo que corren es la muerte violenta.
Sumado a eso, con estas campañas de apología al odio, «están distrayendo a la población de los verdaderos problemas de este país, como el narcotráfico, las muertes violentas, las muertes por COVID-19, falta de respuesta a la pobreza, la migración, entre otros. Llaman la atención para evadir todo esto y la población LGBTIQ+ no estamos al margen de estos problemas, esto da tristeza», señala Javier.
En el informe: Red por la Equidad Democrática se destaca la exorbitante cantidad de dinero gastada en propaganda en medios tradicionales. Hasta el 30 de septiembre de este año, el Partido Nacional gastó más de 14,250, 495.00 lempiras. Partido Liberal: 5,789,674.50 y Libre: 202,765.00 lempiras. Queda evidenciado que el partido de Nasry Asfura asumió el costo del 68%, y dentro de ese porcentaje de anuncios se violentan derechos.
Reprochó que la publicidad política ha marcado el mayor de los escenarios violentos en la historia: «Aquí nadie puede hablar de diversidad sexual porque inmediatamente lo destruyen, lo denigran, lo apagan y hasta puede haber muertes simplemente por el matiz religioso y ahora político, recientemente murió una compañera y creemos que pudo haber sido un crimen de odio», denunció.
Medina llamó la atención a las y los candidatos que resulten elegidos para que su aporte a la ciudadanía no radique en ser «especiales con la comunidad LGBTI», sino en que «deben ser respetuosos de la ley y vernos como cualquier ciudadano común que tenemos derechos y cumplimos obligaciones, tenemos derecho a Seguro Social, a una pareja, a adoptar hijos, un trabajo digno, vernos como ciudadanos y ciudadanas; sin estigma, ni discriminación ni promociones de odio y religiosidad», concluyó.
Fundamentalismo religioso en política
El estudio de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso): «Opinión pública sobre la participación política electoral de grupos subrepresentados en Honduras», que coordinó su director en Honduras, Rolando Sierra, junto con César Castillo, Colectivo Violeta y el Instituto Multipartidario Holandés, concluye que no hay apertura de los partidos políticos para la participación.
Esta situación es fomentada por el prejuicio de la ciudadanía, que existe debido a la falta de educación y al dogma religioso hacia los grupos subrepresentados como indígenas, discapacitados y LGBTI, sostiene el estudio.
Entre la muestra de encuestas de esa investigación, arroja que las principales causas por las cuales la sociedad hondureña, mayor de edad, no vota por las personas LGBTIQ+ son las siguientes: 1) Va contra la moral y las buenas costumbres, 2) Porque la religión no lo permite, 3) Porque no me sentiría representado por ellos y ellas, 4) Porque no son normales, 5) Porque se quieren casar entre ellos.
Según una encuesta de CID Gallup publicada en mayo de 2020, el 34 % de la población se identifica como católico romano y el 48 % como protestante evangélico. En una encuesta del Observatorio Cristiano Digital de 2017-18, el 92 % de la población está afiliada a alguna organización religiosa, del cual el 45 % se identifica como católico romano y el 40 % como protestante, lo cual incluye a los grupos protestantes evangélicos.
«No entendemos cómo políticos lanzan propuestas en púlpitos cristianos en contra de la población LGBTI, quienes tenemos derechos y también cumplimos deberes ciudadanos como el pago de impuestos y cumplimiento de las leyes, por ejemplo; por eso muchos de la comunidad LGBTI que no pertenecen a ningún partido están indecisos y lo que se promueve más es huir de este país», expresó Javier Medina, de la organización Kukulkan.
Medina cree que en Honduras, pertenecer a la población LGTBIQ+ limita su participación política «porque ven a la persona con ojos de dogma religioso y no como un derecho civil, político e incluso y a algunos hasta les ha costado la vida».
Por su parte, Indira Mendoza, directora de la Red Lésbica Cattrachas. Considera que las personas que viven en esa lucha constante son «sumamente valientes» y merecen los puestos de poder para tener un cambio en el país. «Estamos en un país que nos odia, mata, desprecia y nos niega derechos», afirma.
En 2013 el pastor Evelio Reyes, representante de la Confraternidad Evangélica fue denunciado ante el Ministerio Público por incitar con mensajes transfóbicos y homofóbicos en contra de Claudia Spellman, Vicky Areli Victoria y Erick Martínez. En esa contienda, Spellman y Vicky (mujeres trans) y Erick (hombre gay), participan abiertamente y desatan el escarnio público.
Para Indira es allí donde comienza «este juego político, monedita de cambio de los derechos de las personas LGBTI, vemos como Libre aprovecha esta coyuntura para abrir los reglamentos en sus estatutos basados en esos derechos». Mendoza resalta que por otro lado, en los otros partidos no se da la igualdad y han mantenido alianzas estratégicas con las iglesias.
Psiquiatra condena que un partido político estimule el odio masivo
El psiquiatra Juan Carlos Munguía señaló el daño que las campañas políticas violentas han hecho en la psiquis de los hondureños y hondureñas que «están enfermando a la sociedad totalmente, es una sociedad ya enferma».
El especialista llamó la atención a las autoridades políticas a no estimular el odio masivo en relación a una población que pertenece a los grupos más vulnerables en el país.
«Están generando mayor violencia, mayor estigmatización, mayor etiquetamiento y mayor exclusión en una campaña política nunca antes vista, baja, sucia violenta, generando miedo, incertidumbre a la población y sobre todo atacando este tema fundamental que es grave para personas que aspiran a un cargo en el poder y quienes toman decisiones en el Poder Ejecutivo y Legislativo», argumentó.
Según el análisis de Munguía, los planes de gobierno relacionados a los grupos vulnerables y excluidos se reducen a la notoria política asistencialista demagógica que rodea la temática, dice que «no les interesa la conceptualización de los grupos vulnerables aun cuando el Estado ha sido denunciado internacionalmente como un violador de derechos humanos o que no se cumple los convenios suscritos».
Munguia resaltó que sea una mujer candidata a la presidencia (Xiomara Castro) quien haya incluido en su agenda de campaña política la temática de vulneración de los derechos humanos, especialmente de las mujeres, grupos indígenas y respeto a derechos de minorías como es la comunidad LGBTIQ+. Para él, esto representó una afrenta al partido de gobierno que tiene como responsabilidad proteger los derechos de todos los hondureños, por lo que no está de acuerdo en que la oposición haya ocupado el tema para la demagogia o populismo.
Al consultarle si Honduras está lista para el abordaje de la temática LGBTQ+, dijo que: «Es que es un deber. No se puede seguir invisibilizando y atacando de manera abierta, ilógica y troglodita como algunos políticos lo han estado haciendo», refirió.
Antecedentes de muerte e impunidad
Honduras reformó los artículos 112 y 116 para blindar la prohibición del matrimonio igualitario, aun si los y las contrayentes lo celebran en otro país.
Estos artículos fueron ratificados recientemente 2021 junto a la prohibición del aborto, siendo promovidos por el Presidente Juan Orlando Hernández y toda la bancada del nacionalista. La mayoría de diputados aspira a la reelección. En enero se aprobó una reforma para prohibir el matrimonio igualitario.
Esta situación de crisis, exclusión y riesgo de vida para los años subsecuentes fue advertida por las organizaciones LGBTIQ+ a nivel nacional e internacional cuando presentaron el Informe Alternativo del Comité de la Diversidad Sexual en el marco del Examen Periódico Universal de Derechos Humanos ante la ONU.
Posteriormente, en 2009 fue cuando aumentaron las muertes violentas, con evidente saña como si se tratase del comienzo de una cacería humana por su orientación sexual o condición de género, según recuerdan defensores y defensoras de Derechos Humanos y población LGBTIQ+. Insisten que todos los actos políticos que contradicen la disposición nacional e internacional en relación al respeto de los derechos, inclusión, igualdad y libertad ante la Ley, dejan como resultado muertes impunes.
Prueba de que la situación de desinterés estatal ante los crímenes contra la población es grave, se observa entre los entes de justicia, quienes apenas registran los homicidios de miembros de la comunidad LGBTIQ+ de forma ordenada y precisa.
En el caso de la Policía Nacional la estadística de muertes de miembros LGBTIQ+ desde 2017 al 2021 es de 11 muertes en 2017; 7 en 2018; 16 en el 2019; 4 en 2020 y 2 en el 2021, para un total de 39 casos. En el caso de la pregunta sobre la cantidad de denuncias realizadas en perjuicio de la población, respondieron desconocimiento ya que no registran de esa forma los casos.
Peor acontece en el Ministerio Público (MP), quienes ante preguntas como ¿cuántos crímenes de personas activistas de la comunidad LGBTIQ+ están siendo investigados? y ¿cuántos fueron cerrados y las razones de dichos cierres?, una de las respuestas fue: «No se tiene desagregada la información por activistas en su base de datos, no se cuenta con esa información por lo que no es pertinente su entrega (…)». Mientras tanto, de manera limitada respondieron que el cierre de cinco casos se dio por prescripción penal, cierre administrativo y falta de pruebas.
El reto continúa
Entre diciembre de 2020 y marzo de 2021, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), ejecutó un Programa de Subvenciones para obtener propuestas que impulsaran, entre otras temáticas, el empoderamiento de las comunidades desatendidas. El apoyo económico propuesto se valoró entre 1,000.00 a 25,000.00 dólares, con el cual podían trabajar organizaciones.
En octubre pasado, la ONG Centro de Desarrollo, en coordinación con Usaid, y la Cooperación LGBTI lanzó la campaña «Voto por la igualdad» para promover y lograr que esa comunidad participe en igualdad de oportunidades en las elecciones generales del 28 de noviembre.
Pero las organizaciones tienen constantemente desafíos. Claudia Spellman, la primera mujer trans que se lanzó como candidata a elección popular, ahora vive en Estados Unidos tras solicitar asilo en ese país después de recibir amenazas de muerte y un atentado en su organización Color Rosa en 2013. El sueño de Spellman era que después de las luchas tras el golpe de Estado (2009), los crímenes de odio iban a reducirse; pero, al contrario, aumentaron. «Ahora podemos caminar más libremente pero nos están asesinando», dice.
Rememoró el caso de Viky Hernández, la mujer trans que asesinaron militares en plena crisis del Golpe de Estado. Este caso fue llevado a un juicio internacional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un fallo en contra del Estado de Honduras.
Spellman, que ahora es modelo profesional en Nueva York, reconoce que en Honduras hubieran preferido que su reconocimiento en la Revista Time como personaje de influencia mundial «se lo den a políticos u otras personas», porque es parte de la doble moral que han infundado en la sociedad. Pero ella se mantiene positiva. En el futuro, dice, le gustaría volver a participar para una contienda electoral, pero en una atmósfera de mayor seguridad.
Por su parte, Indira Mendoza (también reconocida por TIME), recordó que aunque en la Corte Suprema hay varios recursos de inconstitucionalidad a favor del matrimonio igualitario, cambio de nombre o cambio de género, la esperanza de que respondan a favor no es mucha. «Si no responden vamos a ir a la CIDH; si no lo hacen, en un par de meses podemos hacer la petición, yo puse el recurso de institucionalidad en base a la prohibición del aborto y del matrimonio igualitario», dijo, dejando claro que el camino para alcanzar lo que tanto les han negado continuará con las próximas autoridades de Gobierno y diputados del nuevo Congreso Nacional.
*Este texto fue editado por Jennifer Avila y producido con el apoyo de la beca «¡Exprésate!» de International Women in Media Foundation (IWMF).
