A pocos días de las elecciones generales los hechos de violencia política incrementaron en comparación con los comicios generales de 2017. Organizaciones de sociedad civil argumentan que esto no solo afecta a los candidatos a cargos de elección popular, sino a toda la población hondureña.
Texto: María Celeste Maradiaga
Fotografías: Martín Cálix y Antonio Gutiérrez
Falta menos de una semana para las elecciones generales en Honduras y la violencia ha sido una constante en la propaganda política. Los mensajes de terror del Partido Nacional en contra de la oposición han tomado temas como el comunismo, el aborto y la lucha anticorrupción.
Esto no es algo nuevo, pero forma parte de la cadena de violencia que, en algunos casos, termina en atentados y asesinatos. El Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Ov-unah) contabiliza, desde el llamado a votar para las elecciones primarias en octubre de 2020 hasta la actualidad, al menos 27 muertes violentas, 18 casos de coacción, 11 atentados, 6 amenazas, un rapto y una coerción. El boletín emitido el 15 de noviembre también indica que, de todos estos hechos mencionados, 36 fueron cometidos con armas de fuego.
En este mismo boletín del Ov-unah, su titular, Migdonia Ayestas, señala que «son las bases de los partidos políticos las que sufren de esta violencia y criminalidad hacia los militantes, simpatizantes o líderes políticos».
En este contexto, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (Oacnudh) ha hecho un llamado a las autoridades hondureñas para que tomen las medidas urgentes en la etapa final del proceso electoral, evitando así repetir los acontecimientos de violencia de las elecciones en 2017.
Sin embargo, el ministro de Seguridad, el general Julian Pacheco Tinoco, expresó en una conferencia de prensa el pasado 15 de noviembre que los casos de violencia acontecidos a días de las elecciones generales no tienen algún vínculo con la violencia política, y que tienen preparado un despliegue del 100 % de autoridades policiales el día de los comicios generales.
Agudizan las campañas de odio
«Honduras es un país muy frágil y muy propenso a resolver los problemas a través de la violencia. Por esta naturaleza el proceso electoral también produce nuevos matices de violencia, aquí es donde entra la campaña electoral», asegura Lester Ramírez, director de gobernanza y transparencia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
En este sentido, Ramírez explica que la campaña electoral que se ha venido desarrollando en las últimas semanas ha contribuido a que se den hechos violentos, y a esto se le añade la narrativa usada en redes sociales, en donde muchas personas no miden la magnitud de los mensajes de odio que emiten hacia candidatos a estas próximas elecciones que son opositores a su ideología.
Lester Ramírez considera que también algunos medios de comunicación son responsables en el incremento de esta violencia política, ya que replican mensajes de odio, tanto en las grandes cadenas de televisión, como los medios locales.
En esto coincide el analista político Josue Murillo, quién asegura que, en ocasiones, los medios de comunicación sirven como canales para las campañas de odio, de tergiversaciones de la realidad y la ridiculización hacia el opositor, lo que se traduce como violencia política.
«Todo cuanto ha sucedido en este proceso electoral ha incrementado las tensiones ciudadanas, sobre todo el desánimo y la desesperanza, porque no hay reglas claras en el proceso electoral», indica Murillo, y también agrega que discursos como el del comunismo o del aborto, por ejemplo, son una estrategia que candidatos utilizan para generar spots o material audiovisual que capta votos, y que, finalmente, generan zozobra en la ciudadanía.
Murillo también explica que los medios de comunicación juegan un papel crucial en temporada electoral, debido a que sirven como canales para comunicar, tanto las propuestas de los partidos políticos y sus perfiles, o todo el montaje de marketing para vender la imagen de un aspirante a un cargo de elección popular.
El llamado a frenar la violencia política
Indyra Mendoza, fundadora de la Red Lésbica Cattrachas, manifestó en una entrevista a Contracorriente que la violencia política evidenciada en estos últimos días también afecta a organizaciones que trabajan en la defensoría de derechos humanos, no solo a aspirantes a cargos de elección popular y sus allegados.
«Ya sea violencia política partidaria o dirigida a defensores de derechos humanos o periodistas, nos afecta a todos. No tenemos la capacidad de salir a trabajar y hacer incidencia por Honduras, solo en 2009 (año del golpe de Estado) asesinaron a 31 personas de la comunidad Lgtbi en solo 6 meses», señala la fundadora de Cattrachas.
Mendoza también asegura que el discurso de odio hacia las personas Lgtbi en Honduras y hacia las organizaciones que luchan en pro de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres «ya está rayado», porque «Honduras ya creció y sabe que no hay que caer en esas campañas. Pero, del discurso de odio al asesinato, ahí sí se les está yendo la mano», sentencia Indyra.
El actual diputado y candidato a reelección por el Partido Libertad y Refundación (Libre), Jari Dixon, afirma que las manifestaciones de distintos sectores en contra de la violencia política deben ir dirigidas a los líderes políticos, incitándolos a que bajen sus discursos violentos, ya que esto ocasiona que sus seguidores o activistas los reproduzcan .
El abogado Jari Dixon, en entrevista con Contracorriente, también hace un llamado a los medios de comunicación, a dejar de reproducir los discursos de odio y que así, de esta manera, ayuden a garantizar un proceso electoral con paz y armonía.
«A nosotros en Libre no nos cabe la idea de que a nuestra candidata Xiomara Castro la muestren como una mujer asesina que está con un puñal queriendo matar a una madre embarazada, eso no ayuda en nada, eso solo trae más violencia. Yo creo que los líderes debemos dar el ejemplo, y respetar la vida independientemente de la persona que sea, su partido o su ideología», asegura Dixon.
El diputado Jari Dixon está en ¿A Quién Elijo? una plataforma con más de 200 perfiles políticos de candidatos a elección popular este próximo 28 de noviembre. Según sus respuestas, él tiene como prioridad mejorar el sistema educativo del país, está en contra de la Ley de secretos y de las ZEDE. A su vez, se posiciona a favor de la reinstalación de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (Maccih) y la creación de una entidad autónoma de derechos humanos.
Organizaciones en contra de la campaña del Partido Nacional
El pasado 15 de noviembre las plataformas Somos Muchas y 25 de noviembre, interpusieron una denuncia contra el presidente del Partido Nacional y candidato a la alcaldía capitalina por ese partido, David Chávez, debido a sus discursos y campañas de odio dirigidas en contra de las mujeres, según argumentaron las organizaciones feministas.
En la manifestación frente al Consejo Nacional Electoral (CNE) exigieron que el órgano electoral tome las sanciones administrativas pertinentes contra el candidato, y que los ataques contras las mujeres, organizaciones y candidatas a cargos de elección popular no incrementen en estas dos semanas preelecciones.
«Esta campaña política viola la Ley Electoral, la Constitución de la República y los tratados internacionales. Son varios niveles en los que está infringiendo esta campaña, además de estar resultando en mayor nivel de discurso de odio», aseguró Neesa Medina, de la plataforma Somos Muchas.
Sin embargo, también candidatos del Partido Nacional aducen ser víctimas de violencia por parte de la oposición. La diputada y candidata a reelección por el Partido Nacional, Johanna Bermudez, aseguró en una entrevista a Contracorriente: «Como mujer, he sido destrozada moral, psicológica y físicamente por personas de la oposición, durante todo este tiempo en política, pero he tenido que entender que solo el cuervo es capaz de atacar el águila», manifiestó Bermudez.
«Yo he estado en contra de cualquier campaña que fomente la violencia y hemos sido formados (como Partido Nacional) para llegar a acuerdos de paz. Es por esto que me parece injusto que nos quieran venir a atacar como Partido Nacional diciendo que nosotros hemos iniciado una campaña de odio, cuando en realidad han querido enmasillar nuestra imagen en los medios de comunicación solo por pertenecer a un partido político», señala la diputada.
Johanna Bermudez llenó la encuesta de ¿A Quién Elijo?, una plataforma de Contracorriente. En ella, la doctora asegura tener como ejes centrales la transparencia y lucha anticorrupción, el turismo, empleo, educación, y salud. También, se posiciona en contra de la reinstalación de la Maccih y a favor de la Tasa de Seguridad.
El pasado 17 de octubre el presidenciable por el Partido Nacional, Nasry Asfura, firmó un «Acuerdo por Honduras» con el presidente de la Confraternidad Evangélica de Honduras (CEH), Oswaldo Canales. En este acuerdo promete rechazar aún más la idea del aborto, fomentar el matrimonio solo entre parejas heterosexuales y fortalecer las relaciones con Israel, en caso de ganar el Partido Nacional en las próximas elecciones.
Sin embargo, dos días después la Red de Pastores y Líderes Evangélicos de Honduras (Replieh), la Fundación Lucas para la Salud y la Fraternidad Teológica Latinoamericana de Honduras (FTL-Honduras), emitieron una carta hacia la CEH en la que niegan haber sido consultados antes de la firma del «Acuerdo por Honduras» entre el candidato presidencial nacionalista Nasry Asfura y el presidente de la CEH, Oswaldo Canales.
En el comunicado calificaron la acción del pastor Oswaldo Canales como «abuso de autoridad y en la violación de los objetivos de esa confraternidad, que luce ante la nación como un ente al servicio de intereses partidarios».
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A su vez, el pasado 18 de noviembre la Mesa Multisectorial, integrada por más de 22 organizaciones de sociedad civil, entre ellas miembros del sector empresarial, académico y religioso de Honduras, emitió un pronunciamiento en donde llama suscribir a los distintos partidos políticos un acuerdo de paz para un proceso electoral pacifico.
Posteriormente, Cesar Chirinos, representante de la Asociación Nacional de Empleados Públicos de Honduras (Andeph), explicó que como Mesa Multisectorial han analizado la posibilidad de proponer un toque de queda que entre en vigencia después de los comicios generales de este 28 de noviembre.
El director en gobernanza y transparencia de ASJ, Lester Ramírez, asegura que la situación puede empeorar este 28 de noviembre en cuanto a hechos violentos, pero que también puede influir en la voluntad de los hondureños a la hora de ejercer el sufragio.
«Estamos viendo una antesala muy complicada, si continúan estos niveles de violencia yo diría que mucha gente no iría a votar, es más, esta puede ser la estrategia de algunos sectores para desmovilizar el voto independiente que no tiene alguna vinculación clientelar con algún partido político», asegura Lester Martínez de ASJ.
«Estamos viendo una antesala muy complicada (previo a las elecciones), si continúan estos niveles de violencia yo diría que mucha gente no iría a votar», asegura Lester Ramírez de ASJ, conforme a los últimos acontecimientos de violencia política en el país.
