«Toda mina contamina», corearon los miembros de la Coalición Nacional de Redes y Organizaciones Ambientales de Honduras (Conroa) la mañana del 29 de septiembre, en Tegucigalpa, en las afueras de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Acompañados de otras organizaciones sociales y religiosas, interpusieron dos recursos de inconstitucionalidad en contra de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) y la Ley de Minería, documentos en los que están trabajando desde hace cuatro meses y dos años, respectivamente.
Carlos Padilla, del Centro Hondureño de Promoción al Desarrollo Comunitario (Ceprodeh), cree que reformas hechas a la Ley de Minería «son otra forma de manipular la legalidad para favorecer tanto a las empresas como al Gobierno que están coludidas».
La Conroa presentó un recurso de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Minería en 2014 y en 2018 la CSJ resolvió a favor. En lugar de corresponder a la solicitud de Conroa en contra de 6 artículos de la Ley, estos fueron agravados cuando el Ejecutivo envió una propuesta para reformar la Ley, «pero a favor de intereses privados», explicó Padilla.
Las organizaciones ambientalistas esperan que en esta ocasión los recursos de inconstitucionalidad no sean «tergiversados» por el Estado, según manifestó Octavio Escoto, director de la Asociación Nacional para el Fomento de la Agricultura Ecológica (Anafae).
