Decenas de hectáreas de repollo crecen sobre la zona núcleo de la reserva natural del Parque Nacional La Tigra, ubicada en el centro de Honduras. Ahí donde debería haber una zona de conservación forestal, se reproduce la hortaliza que se convierte en el complemento de las comidas de los citadinos y el sustento económico de una comunidad que existe en el lugar equivocado.
Texto: Fernando Silva
Fotografías: Ezequiel Sánchez
Patricio Colindres camina entre una alfombra de repollos que se extiende cerca de su casa. Va acompañado por su perro Canelo, que camina a su lado en la comunidad de Montaña Grande, donde la familia Colindres ha trabajado la tierra desde hace tres generaciones.
Patricio tiene 55 años, lleva botas de hule, pantalones llenos de lodo y una gorra para protegerse del sol que, a pesar de encontrarnos en la zona núcleo de una reserva natural, a 1700 metros sobre el nivel del mar, es agresivo y pica en la piel.
Mientras nos presentamos, Patricio —de contextura ruda y voz amable— se mueve entre la plantación de una variedad diferente a la mayoría de los repollos que se ven sobre toda la montaña, son hojas verdes con tonos amoratados que albergan cabezas de un brillante repollo morado. Las hojas crujen mientras camina. Crujen hasta que se detiene, se inclina, y, con ambas manos, recoge una de las hortalizas de la tierra.
–Desde que nacimos sembramos repollo –cuenta, mientras observa el resultado de semanas de trabajo, y aclara que, en esos tiempos, cuando su papá le enseñó todo sobre el patrimonio familiar, no sembraban repollo morado —repollo “fufurufo”, como le dice él—, por ser un repollo fino que se vende caro en la ciudad.
–Le digo así porque solo es decoración, un pobre no lo compra, porque solo es decoración.
Patricio es proveedor de repollos en uno de los supermercados más populares del país, quienes le compran cada cabeza de repollo verde —de unas 4 libras— a 12 lempiras (USD 0.50) y lo venden en la ciudad al público hasta en 32 lempiras (USD 1.35). El repollo morado del mismo peso se lo compran a 32 lempiras (USD 1.35) y pueden venderlo hasta en 120 lempiras (USD 5.05). En cada hectárea de tierra pueden producirse —asegura Patricio— hasta 32 mil cabezas, que alcanzan para proveer a los supermercados y distribuir en zonas rurales.
Patricio y sus hermanos son dueños de unas 18 hectáreas donde siembran en mayor cantidad repollo verde y algo de morado. A la hora de la venta se reparten las ganancias y para la producción dan empleo a casi toda la comunidad.
Pero este hombre, los repollos y su perro Canelo tienen algo en común: no deberían estar en la zona núcleo del que fue el primer parque nacional declarado área protegida en el país, el Parque Nacional La Tigra.
La Tigra fue declarada reserva natural por el Gobierno hondureño el 14 de julio de 1980, con el objetivo de proteger el bosque nublado que se encarga de limpiar el aire y proporcionar agua a la ciudad y las comunidades aledañas; además de ser una gran área de conservación natural para diversas especies animales y vegetales. Cuando se dio esa declaratoria por parte del Congreso Nacional de Honduras, la comunidad ya existía y las familias utilizaban la tierra para el cultivo.
La zona protegida cuenta con una extensión de más de 24 mil hectáreas de bosque, divididas en zona de amortiguamiento y zona núcleo, que forman parte de la cadena montañosa central de Honduras. Desde allí sale alrededor del 25 % del agua que abastece al Distrito Central, capital del país que se encuentra a unos 12 kilómetros de distancia del parque y que es beneficiada con el agua que se produce allí de forma natural.
A pesar de contar con gran riqueza de recursos, entre 2019 y 2020 el país sufrió la peor sequía de la última década, tiempo en que algunas comunidades recibían el agua en intervalos de entre 25 a 30 días. En el caso de la capital ni siquiera la reserva de La Tigra logró paliar la crisis, por lo que la mayoría recurrió a comprar agua en carros cisterna que sacaban el líquido de los pozos de la ciudad. La desesperación era mayúscula considerando que con la pandemia aumentó la necesidad de agua para mantener limpios los alimentos.
En Honduras los datos de la organización «Water For People» señalan que el 49 % de personas que habitan zonas rurales no tienen acceso a ningún servicio de saneamiento de agua.
En ese contexto, el parque tiene mucha importancia como fuente de agua para los cuatro municipios que atraviesa: el Distrito Central (la capital), Cantarranas, Santa Lucía y Valle de Ángeles; estos dos últimos son pequeños pueblos coloniales que están creciendo en población y se han convertido en destinos turísticos para salir de la capital. Gran parte de sus restaurantes, cafeterías y zonas de recreación están dentro de la zona de amortiguamiento del parque, y los proyectos habitacionales se han multiplicado ya que ahora los capitalinos piensan en esa zona para poder vivir fuera de la ciudad y más cerca de la «naturaleza».
En el camino hacia esos dos poblados turísticos se encuentra el desvío hacia Montaña Grande, a donde se puede llegar de dos formas: caminando durante dos horas y jadeando por el cansancio de subir 500 metros de terreno quebrado, o en un carro doble tracción, con un conductor habilidoso que logre sortear el terreno angosto y accidentado en la montaña; de la segunda forma, desde el desvío de la carretera principal hasta la comunidad, son por lo menos 20 minutos de camino.
La comunidad se encuentra en una región de la zona núcleo donde las actividades van dirigidas a la recuperación del bosque por medio de la regeneración natural o la reforestación asistida, para devolver a su estado natural los terrenos dañados por la actividad humana, y desastres como las plagas y los incendios.
El plan de manejo del parque que realizó el Instituto de Conservación Forestal (ICF) con el acompañamiento para el periodo 2013-2025 señala esta zona como el lugar donde «se ha cortado el bosque para dedicar los suelos a la agricultura, causando daños al suelo por erosión y provocando la contaminación del agua con sedimentos y residuos de fertilizantes y pesticidas». En otras palabras, el objetivo es que el bosque nublado que debería existir en esa zona se recupere, y por lo tanto se espera limitar en la mayor medida la producción de cultivos, como el repollo de Patricio y su familia.
Patricio cuenta que cuando sus antepasados, que vivían allí desde inicios del siglo pasado, descubrieron que podían cultivar para vender y no solo para subsistir. En un inicio, intentaron con las zanahorias, pero el proceso no fue satisfactorio; por eso cuando el papá de Patricio probó con el repollo y notó que en cuestión de dos meses podrían tener cientos de libras para vender, toda la familia se volcó a ese producto. Hoy en las tierras de Montaña Grande desde algunos puntos no se alcanza a ver ningún otro cultivo.
Según los últimos datos de 2019 dados por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en Honduras se producen casi 95 mil toneladas de repollo y sus variantes denominadas crucíferas, siendo el onceavo cultivo de mayor producción en el país, incluso por encima de otros cultivos de consumo esencial en la región como el plátano. Según estos mismos datos, la producción del repollo es para consumo local ya que no tiene grandes niveles de exportación.
Patricio se dedica a cultivar repollos Greenboy, Royal vantage, Escazú y Cairo; algunas de estas variedades soportan lo suficiente hasta que, sin previo aviso, llegan una vez al mes los encargados del supermercado a recoger la cosecha. Del promedio de 5000 cabezas de repollo que se producen mensualmente, casi siempre compran apenas unas 1500 unidades.
–En un mes todo eso –dice, y señala una zona amplia de tierra donde antes hubo bosque– estará verde.
Lo dice mientras dos jornaleros plantan las semillas de repollo, y él señala que siempre tiene que haber producto disponible para cuando el supermercado lo necesite.
No es posible contar la cantidad de repollos que alfombran la tierra que debería estar llena de pinos y árboles de diversos tipos, pero Patricio niega que sus repollos se encuentren dentro de la zona núcleo del parque, y dice que, aunque el Gobierno le indemnizara, no podría vivir en otro lugar.
–¿Cómo nos vamos a otro lado con lo mismo que tenemos aquí? –se pregunta, sin poder imaginar otro lugar que no sea la tierra de su familia.
Pero los repollos de Patricio sí están dentro de la zona núcleo del parque, y él ha sido informado de la situación. Eso cuenta Justo Zapata, uno de los pocos pobladores que no está de acuerdo con el cultivo de la hortaliza en la zona protegida.
Justo explica que comprender el daño de la agricultura en la zona es tan fácil como ver el mapa del Parque Nacional La Tigra. Se puede notar un parche de color café en la zona núcleo que es toda la comunidad de Montaña Grande, incluidas las tierras donde Patricio siembra repollos.
–Ya lo hemos hablado muchas veces en reuniones –dice–. Los productores de la zona saben que se encuentran dentro de la zona núcleo del parque.
Justo, de 48 años, también es originario de la comunidad y es uno de los pocos que no trabaja con el repollo; de hecho, ahora es el técnico local del «Eden Reforestation Projects», que ejecuta acciones por la reforestación de 250 hectáreas de parque, contempladas la zona núcleo y amortiguamiento.
–Yo pienso que es casi un desmayo cuando uno llega allí y dice: Dios, ¿esto está pasando? No puede ser –comenta sobre llegar a esa comunidad y ver repollos donde debería haber bosque.
Justo afirma que el trabajo de reforestación es importante para ayudar en la única opción que tienen en La Tigra: aguantar la pérdida de la reserva el máximo tiempo posible.
–Es difícil que las comunidades mejoren; el bosque se seguirá perdiendo. Ya solo queda aguantar, aguantar, aguantar.
Incapacidad gubernamental para cuidar La Tigra
–No se les puede exigir a los productores. Si fuese un mundo ideal, las empresas pagarían un mejor precio y parte se dedicaría al tema de mejores prácticas agrícolas; eso podría ser una estrategia. Pero realmente en este momento no se les puede exigir.
Eso lo dice la ingeniera Alejandra Reyes, jefa del departamento de Áreas Protegidas del ICF.
También cuenta que el Estado ha sido incapaz, en el caso de los supermercados que afectan indirectamente la zona núcleo de La Tigra con contratos y compra del repollo, de llegar a acuerdos de conservación con la empresa privada. No hay conciencia ambiental ni regulaciones o leyes que les obliguen a restaurar o minimizar el daño.
Por otro lado, Jorge Palma, director técnico de la Fundación Amigos de la Tigra (Amitigra), explica que desde la fundación del parque como zona protegida trabajan con las comunidades asentadas antes para que realicen sus actividades con técnicas más amigables con el ambiente, y monitorean los agroquímicos que utilizan.
–Generar ese cambio cultural de pasar de los agroquímicos pesados y rápidos a procesos orgánicos es casi imposible, sobre todo porque viene vinculado a los mercados. Por ejemplo, el mercado nacional no está interesado en pagar productos de calidad o que llevan un poquito más de trabajo. Entonces los compradores dicen «yo prefiero comprar este tomate producido con glifosato y cualquier otra cosa, porque cuesta dos lempiras comprar este que es orgánico, que daña menos, pero es más pequeño y cuesta más del doble».
Actualmente los dos supermercados más grandes y populares en Honduras son la cadena internacional Walmart y la nacional La Colonia. Ambos se presentan al consumidor con campañas de apoyo a pequeños productores locales, pero estas solo implican ayudas en diversificación de hortalizas y financiamientos. El consumidor promedio no está informado sobre el origen de las frutas y verduras, o si están dañando zonas de reserva como es el caso de los repollos.
Jorge subraya que, en Montaña Grande, aunque los productores logran sacar beneficios suficientes para vivir, también tienen temporadas en las que pierden casi todo. Ese fue el caso de 2020 con la pandemia. Por las restricciones de movilidad casi no lograron vender.
–Me quedo pensando en sociedades más avanzadas que nosotros en estos temas como Alemania, Suiza, que aún no logran, por ejemplo, normar a entidades embotelladoras de refrescos.
A pesar de la dificultad, uno de los sueños de Jorge es practicar una idea que surgió recientemente: crear la certificación de «Amitigra» para las verduras que salen del parque y que el comprador pueda verificar que el repollo es bondadoso con el ambiente, y de paso motivar al productor a tener mejores prácticas agrícolas.
La preocupación por los problemas del parque, y en particular por el núcleo, es grande para todas las organizaciones que se aproximan; sin embargo, este no es un caso aislado, explica Byron Mejía, coordinador técnico en «Eden Reforestation Projects» y jefe inmediato de Justo. Mejía asegura que de las casi 73 áreas protegidas en el país no hay ni una en la que se respete a cabalidad la no expansión de la frontera agrícola y los asentamientos humanos.
Datos del ICF, proporcionados vía acceso a la información pública, indican que del total de zonas de protección, cinco tienen concesiones activas de hidroeléctricas o mineras, nueve tienen denuncias sobre cultivos ilegales de palma africana o café, diez tienen denuncias o investigaciones en proceso por construcciones, tala de bosque, cultivo o incendios forestales, y cinco tienen proyectos habitacionales de infraestructura, hidroeléctricos o Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) dentro de sus límites.
En el caso de las ZEDE, en el último mes el coordinador de la Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras (ARCAH), Cristopher Castillo, alertó a medios de comunicación local sobre la pretensión de convertir La Tigra en una ZEDE. Las ZEDE son áreas del territorio nacional que están sujetas a un régimen distinto o especial, donde los inversionistas extranjeros y nacionales estarían a cargo de la seguridad, resolución de conflictos y la política fiscal. Las únicas leyes nacionales aplicables en este pequeño territorio son la Constitución de la República y el Código Penal. En otras palabras, es una porción de Honduras que se convierte en un enclave.
Ante esa amenaza, la junta directiva de «Amitigra» publicó un pronunciamiento en el que apuntaron que la ley de las ZEDE atenta contra diversas formas de derecho, poniendo en riesgo «la prevalencia de las salvaguardas ambientales», y se declararon en contra de cualquier modelo económico que no proteja los recursos naturales y las fuentes de agua.
–En estas zonas se afecta la cobertura arbórea, eso significa que cuando las nubes pasan y no hay árboles, el agua no puede filtrarse hacia la tierra y esto afecta para la producción de agua para las comunidades de todo alrededor. La gente solo ve la parte pelada del bosque, pero no piensa en la otra parte que es la generación de agua –explica Mejía sobre las zonas protegidas que ya están siendo afectadas.
En el caso de Montaña Grande, dice que los esfuerzos deben concentrarse en reducir el crecimiento de la población en la zona, sobre todo evitando que personas de otros lugares migren hasta la zona núcleo.
–Los nuevos hijos van a ocupar casa, alimento, patio y obviamente agua, pero ya cuando crezcan no habrá acceso al agua porque van a haber otras familias con más hijos haciendo lo mismo.
Gracias al trabajo de esta organización, que tiene como objetivo generar empleo con base en la restauración del bosque, mujeres y hombres que antes trabajaban sembrando repollo están usando diversas técnicas para reforestar las zonas afectadas en La Tigra.
Desde el Gobierno central la respuesta ha sido tardía y ha quedado en la mayoría de los casos en discursos. El pasado 18 de mayor el presidente Juan Orlando Hernández participó en la firma de un «Convenio Interinstitucional para el Desarrollo de un Proceso Conjunto para el Manejo Sostenible y Resiliente del Parque Nacional La Tigra». El temor de Jorge y las otras organizaciones que trabajan por la conservación de la zona es que este plan no se ejecute y la cobertura arbórea se pierda para dar paso —con permiso de los gobiernos locales en las municipalidades— a los capitalinos que huyen del estruendo de la ciudad.
Parcelas de repollo que se aprecian en algunos claros de la zona núcleo del Parque Nacional La Tigra donde no hay árboles nativos como pinos o liquidámbar a causa del gorgojo descortezador, los incendios o la tala ilegal. Tegucigalpa, 24 de abril de 2021. Foto: Ezequiel Sánchez.
La expansión urbana que amenaza La Tigra
Al subir caminando por uno de los senderos en dirección a Montaña Grande, unos 500 metros después de la última casa en la zona de amortiguamiento, se puede leer en un cartel colgado en un pino de unos 10 metros: Se prohíbe cercos, casas y cultivos. Fue colocado allí por «Amitigra», que hace todo para reducir la intervención humana, aunque parezca que grita en un bosque donde nadie está cerca para oír.
Jorge asegura que en los últimos cuatro años el urbanismo dentro del parque ha crecido como nunca. Jorge empezó a trabajar hace diez años en la fundación; primero, como asistente del programa de uso público, luego como coordinador del programa de investigación biológica. Ahora, desde hace más de un año, es director técnico. En los últimos meses ha sido testigo de la llegada de más personas a la zona.
–En estos dos años de pandemia ha aumentado la venta de tierras. Cada vez nos aparece más gente que compró y que quiere construir dentro del parque. Yo atiendo entre cinco y diez llamadas diarias de gente que me pregunta por propiedades en el Piligüin, El Chimbo, Las Golondrinas, que son áreas pobladas del área protegida. Me dicen que tienen un terreno y necesitan el dictamen ambiental que «Amitigra» tiene que aprobar –cuenta.
Solo hasta abril de 2021 se habían emitido 92 constancias de solicitudes que le habían hecho a la fundación, comenta indignado. Hasta 2019 se imprimían 60 o 65 constancias en todo el año.
Las solicitudes van desde permisos para cortar árboles que pide la gente que vive dentro del parque, hasta solicitudes para saber si los terrenos son parte de la zona de amortiguamiento o la zona núcleo. Jorge cuenta que hay gente que es responsable y al darse cuenta de que la tierra que quiere comprar se encuentra dentro del parque, desiste.
–Hay otros que empiezan a pedir el plan de manejo para que los abogados encuentren vacíos que les permitan construir dentro del área protegida. En la mayoría de los casos, las alcaldías terminan dando los permisos.
El plan de manejo de La Tigra impide en toda el área protegida establecer nuevos asentamientos humanos de cualquier tipo (lotificaciones y urbanizaciones). Solo es permitido «el crecimiento vegetativo de los asentamientos ya existentes». Finalmente son las alcaldías las principales responsables de que esta directriz no se cumpla, al permitir que personas externas a las comunidades se asienten en la zona. En ese sentido, el 75 % del parque pertenece al Distrito Central. Jorge cuenta que hasta hace unos cuatro años nunca se habían involucrado en temas de conservación.
–Para ellos era un lugar abandonado. Se concentraban en trabajar en la ciudad. Toda esa zona ha sido un lugar donde rigen las reglas de la gente de las comunidades; ahora es un conflicto cuando les decimos que tienen que hacer un trámite de permiso en la alcaldía. Ellos dicen: «pero por qué si la alcaldía nunca ha hecho nada por nosotros». Otro problema es que hacer el trámite de permiso es costoso y mucha gente que vive en las comunidades no tiene el dinero.
Uno de los principales conflictos en los que se ha visto involucrada la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) en relación con la conservación del área protegida ha sido el proyecto habitacional Bosques de Santa María, aprobado por el despacho del Ministerio de Ambiente y dicha alcaldía. Nasry Asfura, alcalde capitalino, señaló que el proyecto se aprobó debido a una demanda de más de 150 mil viviendas en la ciudad.
El proyecto inmobiliario destinado a la clase privilegiada de Tegucigalpa contempla una extensión de 500 hectáreas e incluye 2300 viviendas, un centro educativo, centros comerciales y tiendas, club de equitación, una iglesia, una estación de bomberos, un lago artificial para actividades acuáticas; así como áreas boscosas protegidas, áreas de recreación y de esparcimiento.
Según información de la página web de los desarrolladores del proyecto, este sería «autosuficiente en agua potable, tratamiento de aguas servidas, redes de riego y combate a incendios y que asegura un desarrollo ambientalmente amigable, mediante el uso de energía solar y efluentes de aguas tratadas».
«Desde el inicio de la planificación, el SANAA dejó claro que no podría suministrar agua para este desarrollo. Por lo tanto, se trabajó para buscar soluciones alternas perforando pozos que están a 1070 msnm a kilómetros abajo de La Tigra y que no afectan», señaló Guy Pierrefeu, desarrollador del proyecto en una entrevista con un medio nacional.
De acuerdo con sus desarrolladores, este proyecto consta de tres etapas a un plazo de veinte años en el que inicialmente se invertirá un monto estimado de 1,300 millones de lempiras ($52 mil). El terreno donde se planea desarrollar el proyecto tiene una extensión de 499.72 hectáreas, y 96.21 se encuentran dentro de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional La Tigra.
La publicidad de este proyecto colocó en primera línea el problema de los asentamientos humanos en el área protegida del parque, lo que en septiembre de 2019 resultó en manifestaciones de los pobladores de las zonas aledañas en contra de la construcción del proyecto, muchos de ellos preocupados por la sobredemanda de agua que supondrán las nuevas viviendas. Esas manifestaciones terminaron en represión con gas lacrimógeno por parte de la Policía Nacional.
Para evitar mayores conflictos y ante el revuelo que la situación estaba creando, la alcaldía detuvo el proyecto. Fiscales del Ministerio Público secuestraron los documentos que lo autorizaron en primer lugar. El alcalde Nasry Asfura —ahora candidato presidencial— anunció la organización de un cabildo abierto para tomar una decisión. La consulta ciudadana no se ha realizado y no hay esperanza de que se realice en el futuro.
Jorge dice que para pelear por las 96 hectáreas de este proyecto que entran a la zona de amortiguamiento de la reserva, prefiere luchar y detener las construcciones en zonas ya urbanizadas dentro del parque; esas en las que los dueños siguen vendiendo de forma indiscriminada y afectando con incendios y talas, siempre dentro de las zonas de amortiguamiento y núcleo dentro del parque.
Solo en mayo la página de Facebook de la Fundación Amitigra reportó cinco incendios forestales dentro del parque. Jorge apunta que en la mayoría de los casos esos siniestros tienen su origen en la intervención humana. Según datos de la fundación proporcionados por Jorge, se pierden unas mil hectáreas de bosque al año por los incendios. En Honduras desde 2015 se ha perdido un total de 12,5 % de bosque por plagas, incendios forestales, el cambio de uso del suelo y la tala ilegal en zonas prohibidas.
Aparte del trabajo de la fundación, a nivel estatal el Instituto de Conservación Forestal (ICF) se encarga de vigilar las zonas protegidas de todo el país. En el caso específico de La Tigra, la jefa de áreas protegidas de esa institución, la ingeniera Alejandra Reyes, señala que la presión de defensa del parque viene principalmente por tratarse de un área tan cerca de la zona urbana.
–Tenemos el caso de la zona protegida de la montaña del Merendón en el departamento de Cortés, que también tiene presiones similares por el tema de nuevas residenciales; o sea, el tema de asentamientos en áreas protegidas es serio, es muy serio.
La mitología del repollo
El primer registro del repollo remite a los egipcios 2,500 años antes de Cristo. Se dice que luego los griegos y romanos lo implementaron en su producción al ser considerada una planta digestiva y eliminadora de embriaguez. Una vez cultivado por los romanos, su consumo se extendió a todos los países de la cuenca mediterránea, aumentando en la Edad Media. En el siglo XVI se adoptó en Inglaterra y Francia, y en el siglo XVII se extendió en el viejo continente, para llegar a América con la conquista. En la actualidad es una de las hortalizas de mayor consumo en las zonas templadas con producción de proporciones mundiales. Según la FAO, actualmente el principal productor de repollo es China con más de 33 millones de toneladas anuales.
En Honduras, la ensalada de repollo es esencial como acompañante de comidas típicas y golosinas al ser un complemento de larga duración, fácil de cocinar y almacenar. Se sirve con tajadas de plátano, pastelitos de maíz fritos rellenos de papa y carne molida, pupusas (una tortilla gruesa a base de masa, rellena con uno o más ingredientes), yuca con chicharrón de cerdo y otras comidas fritas.
Por otro lado, la situación del bosque en el país es muy diferente al gusto y reproducción del repollo. Según un informe del Instituto de Conservación Forestal (ICF) hace cincuenta años el 65 % del territorio nacional era bosque nublado o seco; sin embargo, en la actualidad se pierden un promedio de 23 mil hectáreas al año.
El contexto de la pérdida del bosque se vuelve más alarmante considerando que hasta 2019 Honduras era considerado el segundo país más afectado por huracanes, tormentas e inundaciones, según el Índice de Riesgo Climático (IRC) de Germanwatch.
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Cientos de personas cada fin de semana asisten al parque para hacer ecoturismo. Algunos hacen ciclismo de montaña, caminan por los senderos y nadan en sus pozas naturales. De alguna forma, esta utilidad recreativa crea conciencia de la importancia de La Tigra, aunque el impacto de los asentamientos humanos en la zona sigue siendo ignorado; casi nadie sabe sobre los repollos de Patricio, incluso cuando La Tigra es la última zona boscosa que ofrece agua de calidad en la zona central y que ninguna otra represa del centro del país puede presumir tener mejor calidad o pureza.
Es, además, el único sistema de microcuenca hidrográfica en Honduras que no tiene una represa ni nada que almacene el agua. Cuando se inició la distribución del líquido desde la montaña hasta las casas de las comunidades aledañas, los caudales eran tan altos y la población tan pequeña que nunca se imaginaron que en algún momento se iba a necesitar una reserva, pero con las sequías de los últimos años ha sido evidente que esa visión es obsoleta.
Hoy en día construir una infraestructura para reserva de agua es mucho más complejo, porque casi toda el área viable para un proyecto de ese tipo está poblada. El 80 % de la zona protegida pertenece a personas naturales, por lo que la única opción sería indemnizar a los pobladores y reubicarlos.
Además de los componentes naturales, La Tigra contiene los vestigios de la operación minera en el centro del país que se desarrolló entre 1880 y 1954 con la concesión de la New York and Rosario Mining Company en la comunidad de El Rosario. Durante esta operación minera se construyeron senderos y veredas que se integraron al sistema del parque y ahora son usados por los turistas.
En ese sentido, la Fundación Amitigra se ha convertido en el ente encargado de la administración y protección de la zona, pero desde su creación como oenegé en 1993 ha contado con mínimo apoyo estatal, tanto a nivel local con la nula cooperación de las alcaldías para evitar la expansión de los asentamientos humanos, como en el presupuesto que podría desembolsar el Gobierno central para impulsar acciones de reforestación, conservación de especies o mejoramiento de las cuencas hidrográficas.
En 2015, por ejemplo, redujeron su presupuesto.
La falta de apoyo estatal se da a pesar de que entre los años 2013 y 2017 se registró una plaga de gorgojo descortezador de pinos que afectó más de 500 mil hectáreas de bosque a nivel nacional, según datos del gobierno. De estos, 5 mil hectáreas pertenecían a La Tigra, bosques de pino que ahora son matorrales.
En Amitigra proyectan el parque como una isla forestal para la conservación de la flora y fauna que debería conectarse con otros espacios de biodiversidad en el país para permitir que, por ejemplo, los pumas y tigres de montaña que viven en La Tigra tengan otros espacios de caza y reproducción. El poco interés del Gobierno ha impedido el desarrollo de puentes ecológicos entre espacios, y aún más el desarrollo de otros proyectos que reduzcan el impacto de los seres humanos en la zona
Un repollo potencialmente mortal
–¿Van a llevar morado? –pregunta Patricio.
Entre risas, todos los presentes reciben un «repollo fufurufo»; menos Justo, que pone excusas para tomarlo. Dice que hace mucho no come repollo.
Justo no come repollo ni cuando almuerza pupusas. Dice que si la gente fuese consciente de los pesticidas con los que se fumigan las plantaciones de repollo en esa zona del parque, dejarían de comprarlo.
En el repollo que se siembra en la zona núcleo de La Tigra se utiliza como insecticida Clorfenapir, prohibido en 28 países incluyendo la Unión Europea, por la evidencia de estudios que indican que interrumpe el sistema endocrino en testículos y útero, además de ser potencialmente cancerígeno. El uso de este químico en una zona protegida se torna más grave considerando que la Agencia para la Protección Ambiental (EPA por sus siglas en inglés) ha señalado la biopersistencia del compuesto y su toxicidad en abejas, peces y en la reproducción de aves.
También se utiliza el Paraquat como herbicida en las plantaciones de repollo, un compuesto químico que también está prohibido en la Unión Europea y que se ha comparado con el temido Glifosato que por muchos años distribuyó Monsanto a nivel mundial. Estudios científicos han señalado la exposición ocupacional a este compuesto como un causante de la enfermedad de Parkinson, y se ha considerado altamente peligroso ya que el simple contacto con la piel puede causar serios problemas digestivos, renales o pulmonares, y una pequeña ingesta puede matar a un adulto.
Las investigaciones indican que el Paraquat puede aumentar el riesgo de Parkinson en un 150 % o más, y se han reportado casos de intoxicación por este compuesto en Perú y Costa Rica.
Por otro lado, Justo explica que otra de las razones por las que no come repollo es por el daño que ha producido esta hortaliza en su comunidad.
–Hace tres años esta zona no estaba así –dice–, si usted miraba desde Valle de Ángeles, miraba bosque. Pero ahora solo es el puro suelo o cultivo, y eso es lo que no debe seguirse expandiendo.
En la organización donde trabaja Justo, solamente en mayo de este año sembraron unos 30 mil árboles en la zona deforestada del parque nacional La Tigra. El objetivo final es devolver cobertura a unas 250 hectáreas.
Todo este trabajo le ha llevado a reflexionar de forma más profunda sobre su comunidad, aunque asegura que siempre ha tenido claro que lo mejor que se podría hacer es reubicar a la comunidad para evitar que la expansión descontrolada siga su curso.
–Se trabaja sin freno. Lastimosamente la situación en la que se vive en la comunidad es un desastre, no hay voluntad del ser humano y nadie piensa en que nuestra vida viene del bosque, el agua, el oxígeno. No hay voluntad. El suelo se arruina con el cultivo, y con la deforestación. ¿De qué vive la gente de la comunidad? No tiene una estufa eléctrica, no tiene una estufa de gas, necesita leña, ¿de dónde cree usted que sale la leña? Del bosque y ahí es cuando el problema se hace cada vez más grande.
Justo explica que además el repollo requiere mucha agua. Para regar durante tres días unas dos hectáreas de repollos se necesitan en promedio unos 29 mil galones de agua.
–Vivir en esta zona es bello, a mí nunca me falta el agua, si me quiero bañar cinco veces lo puedo hacer. Es muy rico, se respira aire puro, también vivo más seguro que cerca de la capital. Podemos dormir sin problema. Cuando era adolescente había un lindo bosque, pero ahora todo es gris –dice con nostalgia.
Justo y Patricio no se ven viviendo en otro lugar. En la frontera entre la zona deforestada de la zona núcleo y el inicio del bosque nublado, Justo señala las propiedades que pertenecen a su familia y dice que siempre han intentado respetar y convivir con el entorno.
Cuando el sol empieza a caer sobre el parque nacional La Tigra, baña con sus rayos las plantaciones de repollos y una casa grande y nueva en la zona núcleo del parque. Justo que es propiedad de alguien de la capital. Desde afuera se puede observar un asador para parrilladas y dos pequeños perros de raza schnauzer que no paran de ladrar ante el paso de los extraños.
Justo dice que si les pidieran mudarse en beneficio de conservar el parque, él personalmente lo haría con gusto, pero también apunta que entonces no hay razón para construir nuevas casas en la zona.
–La gente podría vivir y asegurar su vida en cualquier otro lado sin dañar el bosque –asegura.
Patricio, por su parte, tiene la voluntad de sembrar árboles a pesar de que la agricultura es su modo de vida y no piensa cambiarlo. Dice que algunas organizaciones se los han sugerido y ellos están dispuestos. No les caería mal tener limones, naranjas, plátanos, y pinos resguardando los cercos de sus propiedades.
Reconoce que como productor tiene la tarea pendiente de usar compuestos naturales en lugar de los químicos que utiliza, aunque no habla de ninguno en específico o sus consecuencias; de hecho, cuenta que su familia suele acompañar comidas con ensalada de tomate y repollo.
–Se come sin tortilla y uno queda lleno. Si falta, cocemos yuca, le agregamos más tomate y mezclamos repollo verde y morado. Pero sin tomar Coca Cola porque nos hace daño.
Esta historia es una colaboración entre:
Revista Late en el contexto de la Escuela de Reportería de Revista Late.
