El pasado 23 de agosto inició el juicio público contra 6 de los 16 implicados en el caso de la concesión del Río Gualcarque en Intibucá. Este se considera la continuación de la lucha de la líder indígena y activista ambiental Berta Cáceres, asesinada en marzo de 2016.
Texto: Laura García
Fotografías: Martín Cálix
En el día de inicio del juicio oral y público, mientras algunos miembros de la comunidad lenca esperaban en las afueras del Tribunal de Sentencia en Materia de Corrupción en la capital de la República, el Ministerio Público (MP) presentó 31 medios de prueba en contra de los implicados.
El MP argumentó que la empresa Desarrollos Energéticos S. A. (DESA) no participó en la licitación, en la que sí estuvieron 37 empresas que cumplían los requisitos, según la base de requerimientos. El MP, en la presentación de los incidentes, argumentó que «a DESA no se le debía otorgar los beneficios de este marco jurídico».
El caso «Fraude sobre el Gualcarque» fue el noveno caso que presentó la Misión de Apoyo contra la Impunidad y Corrupción en Honduras (Maccih), y simultáneamente, la Unidad Fiscal contra la Corrupción e Impunidad (Ufecic) del MP presentó el requerimiento fiscal ante Juzgado de Letras del circuito en materia de corrupción. Esta concesión es una de las 51 en territorio indígena que Berta Cáceres denunció cuando lideraba el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh).
La defensa de los imputados también presentó medios probatorios, cuatro por parte de la defensa privada de Roberto David Castillo Mejía (condenado el pasado 5 de julio como uno de los coautores intelectuales en el asesinato de Berta Cáceres Flores) y tres por parte de la defensa de Roberto Anibal Martínez Lozano, exgerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
Solo 6 de 16 imputados se defienden en este juicio oral y público, los 10 implicados restantes mencionados en el requerimiento fiscal no están presentes en el juicio pues presentaron recursos de amparo a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
La defensa de los imputados solicitó tiempo para que, luego de la presentación de pruebas del MP, pudieran ubicarla, relacionarla y hacer la oposición pertinente.
La organización que lideraba Berta Cáceres, Copinh, argumentó en un comunicado que este caso de corrupción «devela cómo operan desde el Estado las redes de corrupción en la concesión de ríos en Honduras».
La comunidad lenca, como afectados directos por la concesión otorgada a DESA en su territorio ancestral, fue aceptada como víctima en el juicio «Fraude sobre el Gualcarque» por el Tribunal de Sentencia, esto luego de que presentaran recursos de amparo y con el apoyo de organizaciones internacionales de derecho.
Es pertinente recordar que el 25 de marzo de 2019 inició la audiencia del caso «Fraude Sobre el Gualcarque», y que el 30 de agosto del mismo año, la Corte de Apelaciones rechazó a Copinh como víctima en el proceso judicial de Gualcarque, como también sucedió en el juicio contra los imputados en el asesinato de Berta Cáceres.
Copinh, en el comunicado publicado el 23 de agosto de 2021, denunció que el juicio de la semana del 17 de agosto del 2021 inició «violando los derechos de las víctimas», pues el Estado de Honduras seguía negándole «la condición de víctima a quienes han sufrido de la violencia y muerte del proyecto hidroeléctrico».
Bertha Zúniga, una de las tres hijas de Berta Cáceres y quien tomó la decisión de dirigir Copinh luego del asesinato de su madre, manifestó en un comunicado enviado por la organización indígena que «es bastante grave y delicado que, a pesar de tener dos solicitudes de amparo (de 2019 y 2021) para participación de las víctimas en este proceso, no se les haya resuelto y permitido ser partícipes (en condición de víctimas) en este caso que fue emprendido a través de las denuncias de esta organización».
La comunidad solicitó, amparándose en el artículo 17 de Código Procesal Penal, el «derecho de participar como víctimas en este proceso, al ser la comunidad y organización directamente afectadas por la corrupción de dicho proyecto» ubicado en Agua Zarca, jurisdicción del municipio San Francisco de Ojuera en el departamento de Santa Bárbara.
La Fundación para el Debido Proceso y la organización de Abogados Sin Fronteras de Canadá, enviaron a la Corte Suprema de Justicia una solicitud para la pronta resolución del recurso de amparo enviado por Copinh para permitirle la condición de víctima a la comunidad lenca de Agua Zarca.
El 25 de agosto, la Sala de lo Constitucional de la CSJ resolvió otorgar el amparo que finalmente reconoce a los miembros de la comunidad lenca como víctimas en el juicio. Acción que la organización indígena define como «una victoria para todas las organizaciones y comunidades indígenas de Honduras».
En ese sentido, el Copinh solicitó el mismo miércoles 25 de agosto la suspensión del juicio público y el retorno del proceso judicial a la etapa en donde la organización indígena quedó excluida. El Tribunal que lleva el caso citó a los apoderados legales de Copinh para ese día a la 1:30 p. m. en la CSJ. Víctor Fernández Guzmán, apoderado legal, se pronunció ante el tribunal sobre la sentencia de amparo que «reconoce el derecho de Copinh a participar e intervenir» en el juicio.
La sentencia de la Sala de la Constitucional obligó al Tribunal a suspender el juicio y reanudarlo en la etapa cuando Copinh fue excluido, órdenes que el Tribunal que lleva el caso acató en conformidad con la ley, otorgándoles su derecho de fungir como «parte acusadora privada», tal como informó el portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva el 25 de agosto.
Copinh denunció que el juicio inició «violando los derechos de las víctimas», pues el Estado de Honduras le negó «la condición de víctima a quienes han sufrido de la violencia y muerte del proyecto hidroeléctrico».
Imputados
Los delitos por lo que son acusados los imputados, establecidos así en el requerimiento del MP, son fraude, abuso de autoridad, violación a los deberes de los funcionarios, falsificación de documentos públicos, ursurpación de funciones y negociaciones incompatibles en perjuicio del Estado.
Roberto David Castillo Mejía, como lo explica una nota de Contracorriente sobre la resolución del juicio por el asesinato de Berta Cáceres, fungió como presidente de la empresa DESA y como militar de las Fuerzas Armadas. David Castillo fue vinculado durante el juicio por el asesinato de Berta Cáceres a una de las familias con mayor capital económico e influencia política en la región: los Atala.
En la presente causa, la defensa de David Castillo está a cargo del abogado Juan Carlos Sánchez Cantillano, quien fue su defensor privado en el juicio anterior. Carolina Lizeth Castillo Argueta, exfuncionaria de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y segunda imputada en el caso, es acusada de fraude en perjuicio de la administración pública. También enfrentan el juicio oral y público Roberto Anibal Martínez Lozano (exgerente de la ENEE, exministro de Energía e involucrado en el fraude del proyecto hidroeléctrico Patuca III) y Luis Eduardo Espinoza Mejía, acusados por los delitos de fraude y abuso de autoridad.
Por su parte, Raúl Pineda Pineda es señalado de usurpación de funciones y falsificación de documentos públicos mientras ejercía como alcalde municipal de San Francico de Ojuera, y José Mario Carbajal Flores, defendido por Héctor Omar Durán, es acusado de violación de los deberes de funcionarios. El abogado de José Carbajal Flores es el mismo defensor legal de Ilsa Damaris Aguirre e Ilsa Vanessa Molina, madre e hija respectivamente, ambas implicadas en el caso del millonario desfalco del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
Los 10 implicados restantes son: Aixa Gabriela Zelaya, actual candidata a designada presidencial de Yani Benjamin Rosenthal para las elecciones generales del 28 de noviembre. Además de Francisco Rafael Rivas Bonilla, Julio Alberto Perdomo Rivera, Catarino Alberto Cantor López, Ana Lourdes Martínez Cruz, Darío Roberto Cardona Valle, Mauricio Fermín Redondo Flores, Óscar Javier Velásquez Rivera, Julio Ernesto Eguigure Aguilar, y Saida Odilia Pinel.
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Antecedentes
La investigación relata cómo la ENEE presentó una licitación para comprar 250 MW de energía a proyectos limpios, es decir, un concurso público para recibir ofertas de empresas interesadas en proveer insumos y ejecutar el proyecto. DESA, quien posteriormente ganó la concesión, no participó en esta licitación, sino que en el 2009 (mismo año de su fundación como sociedad mercantil) presentó una solicitud independiente para desarrollar el Proyecto Hidroeléctrico de Agua Zarca, es así cómo se marcó el inicio del caso de corrupción.
El requerimiento de la Ufecic-MP presentó evidencias de los delitos cometidos por los 16 implicados para demostrar que la concesionaria DESA resultó beneficiada con el contrato sobre el Río Gualcarque a través de la aprobación de contratos para suministros de energía, dictámenes técnicos y la licencia ambiental aprobada en el 2013.
Las oficinas de Gobierno involucradas también en el caso son la Secretaría de Recursos Naturales, (Serna/MiAmbiente), la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), el Instituto Nacional Agrario (INA), el Instituto de Conservación Forestal (ICF), y la Corporación Municipal de San Francisco de Ojuera.
David Castillo laboraba simultáneamente en la ENEE y en la empresa DESA. El acusado fue nombrado coordinador de Control de Gestión en la ENEE bajo solicitud de la entonces directora general de la estatal eléctrica, Rixi Moncada Godoy, actual consejera representante del Partido Libertad y Refundación (Libre) en el Consejo Nacional Electoral (CNE). David Castillo inició su cargo en la ENEE el 1 de agosto de 2009, siendo ya miembro directivo de Desa. Previamente, ese cargo fue ocupado por Carolina Lizeth Castillo Argueta, segunda imputada en este caso por su posición como apoderada legal de DESA, durante 8 años.
Copinh, además de demandar «que sean enjuiciados y condenados los principales beneficiarios del fraude del proyecto Agua Zarca: la familia Atala Zablah», solicita que se cancele definitivamente la «concesión ilegal» en el Río Gualcarque que la comunidad lenca considera sagrado.
