Texto: Laura García
Los sistemas judiciales de Honduras, Guatemala y El Salvador están en crisis por la politización de sus órganos de justicia. La ciudadanía del Triángulo Norte espera la independencia e integridad judicial como la salvaguarda de sus garantías individuales. Esta fue una de las conclusiones del foro virtual: Retos y Amenazas para la Independencia e Integridad Judicial en los países del Triángulo Norte impulsado por la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) tras la realización de una investigación sobre independencia judicial en los tres países.
Los ponentes Leonardo Aguilar de Contracorriente Honduras, Úrsula Indacochea de Due Process of Law Foundation Perú, Verónica Torres, Maynor Alvarado de Guatemala, Héctor Carrillo de FESPAD y Celia Medrano de El Salvador, miembros de los equipos investigadores, abordaron temas como la injerencia política partidaria en los órganos judiciales de los tres países como principal obstáculo para alcanzar la imparcialidad y autonomía judicial. Aunque la culpa podría recaer en todos los partidos políticos, son los partidos de gobierno los principales actores que contribuyen a la ilegitimidad en los órganos y procesos judiciales, coincidieron.
La independencia judicial es un principio y una costumbre jurídica internacional, por lo tanto, los Estados están obligados a velar por su cumplimiento, aún si no está contemplado en su Constitución Política, según lo expuesto por Indacochea «se presenta como un todo frente a otros poderes y le confiere independencia del juez», expresó.
Esta iniciativa de la FESPAD surgió días después de que la independencia de los órganos judiciales en El Salvador fue amenazada por acciones en contra de los procesos legales del país, todo avalado por el Poder Ejecutivo de la nación.
La política partidaria presente en los órganos judiciales de los tres países es el principal obstáculo para alcanzar la imparcialidad y autonomía judicial.
El acceso a la libertad judicial no solo es un derecho universal de todos los ciudadanos bajo legislaciones de Estados democráticos, también es el principio jurídico que garantiza en cada nación el derecho inherente de cada ser humano a ser oído por un juez independiente e imparcial, además es necesaria para la protección de la democracia, de acuerdo a lo expuesto por Indacochea.
Antecedentes en el Triángulo Norte
«En Honduras, según la Constitución de la República, la forma de gobierno es republicana y es ejercida por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los cuales son independientes y sin relaciones de subordinación. Sin embargo, las facultades constitucionales del Poder Judicial han sido inhibidas desde el Poder Legislativo por una serie de reformas que han aprobado para blindar a altos funcionarios de gobierno y a los dirigentes del sector empresarial», explicó el abogado y periodista de este medio, Leonardo Aguilar.
«Hubo una disminución de la independencia [judicial] desde el Golpe de Estado contra José Manuel Zelaya Rosales en el 2009; posteriormente con la reelección inconstitucional de Juan Orlando Hernández en el 2017. Ambos hechos fueron avalados por la Corte Suprema de Justicia, lo que ha provocado que el poder se concentre en el Ejecutivo», agregó.
Aguilar también se refirió al Consejo de Defensa y Seguridad que preside el Poder Ejecutivo como un órgano de control de poderes en manos del presidente en Honduras. «Esto es una violación a los preceptos constitucionales que dictan la independencia y prohíben la subordinación de un poder del Estado a otro de su mismo rango», apuntó Aguilar.
Los grupos de poder en el país causaron una crisis política en el 2020 al entrar en vigencia el nuevo Código Penal, mismo que favorece a los imputados por crímenes como narcotráfico y lavado de activos. Las penas para estos delitos fueron reducidas beneficiando a algunos funcionarios del gobierno y sus aliados en otras élites, contextualizó el expositor.
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Cuando los procesos de judicialización se ven comprometidos, la ciudadanía ha buscado intervención externa. Un ejemplo de esto fue el movimiento indignado en Honduras, luego del desfalco millonario en el Instituto Hondureño de la Seguridad Social (IHSS), tal como apuntó Aguilar, cuando la nación exigía la protección e inspección de una entidad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), finalmente se logró la instalación de un mecanismo de apoyo por parte de la Organización de Estados Americanos (OEA).
En junio de 2010 en Honduras, el Poder Judicial destituyó a tres jueces y una magistrada que se posicionaron en contra del Golpe de Estado contra Manuel Zelaya Rosales y en diciembre de 2012, el Congreso Nacional destituyó a cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional. La historia se repitió este año en El Salvador, cuando el presidente Nayib Bukele destituyó a magistrados de la Sala de lo Constitucional y al Fiscal General de la República.
En el caso de El Salvador, el asalto al Poder Legislativo de febrero de 2020 fue una alteración a los principios jurídicos y una violación a la inamovilidad de los jueces, según explica el panelista salvadoreño, Héctor Carrillo.
Además, declaró que lo ocurrido en la sesión, con consentimiento del Ejecutivo, «lesionó la tranquilidad jurídica, mediante vía de hecho, violando procesos salvadoreños».
De acuerdo a la estricta justicia, El Salvador no tiene magistrados de la Sala de lo Constitucional y no hay presidente de la Corte Suprema de Justicia, según lo explicó Carrillo. Estos motivos, consideró, son suficientes para provocar una crisis política nacional.
En Guatemala la crisis judicial también se agudizó hace tiempo, este mes se cumplen dos años de no hacer la renovación obligatoria de los jueces y magistrados de las cortes de justicia. Esto representa un retroceso en el camino hacia la independencia judicial. El panelista, Maynor Alvarado, explicó por su parte que la normativa se está usando para atacar las mismas normas judiciales y para frenar procesos de elecciones, utilizando erróneamente los mecanismos del país.
Hace algunos días, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público guatemalteco solicitó que se retire el derecho de antejuicio a 8 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, un magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y uno de la Corte de Constitucionalidad (CC). Según la investigación Comisiones Paralelas, iniciada en el 2020, los magistrados están involucrados en hechos ilícitos. El panelista guatemalteco explicó cómo los funcionarios hacen constantes esfuerzos por protegerse de ser juzgados con todo el peso de la legislación y evadir procesos judiciales.
Los expositores enfatizan en la necesidad de formar rigurosamente en la academia a jueces y magistrados imparciales en su ejercicio. Se debe proveer a las Cortes Supremas de Justicia la independencia y protección que necesitan cuando sus representantes se preocupan por la aplicación de las leyes. Es pertinente la incidencia de las organizaciones de sociedad civil y la presencia de observadores internacionales, pues la posición de los actores sociales es esencial para alcanzar la independencia judicial.
Los desafíos para Honduras, Guatemala y El Salvador en su camino para la aplicación de la justicia de forma igualitaria son similares. Los tres países necesitan mejorar los mecanismos para la selección de los operadores de justicia, asegurar mediante un conjunto de garantías la protección de juezas y jueces para que apliquen la ley con imparcialidad y sin estar sometidos a terceros.
Las recomendaciones de los expertos son, principalmente, ofrecer seguridad a las magistradas y magistrados, por la condición del ejercicio de su cargo, contra presiones externas, sin preocuparse por inmunidades de altos funcionarios. Honduras, Guatemala y El Salvador también están en la necesidad urgente de un proceso adecuado para la selección, ascensión y remoción de las autoridades judiciales de alto y bajo rango, basándose en la trayectoria de cada magistrada y magistrado.
Integridad de Procesos Judiciales
Entre las recomendaciones de los panelistas está mejorar los controles democráticos -que según lo investigado por ellos en estos países- son débiles y no protegen como deberían a los operadores de justicia cuando, por su ejercicio, se enfrentan a presiones políticas y sociales.
Agregaron además que se deben anular las normativas que imposibilitan al Ministerio Público de cada país y a los demás órganos de fiscalización, la persecución de funcionarios implicados en crímenes que causan perjuicio a la dignidad ciudadana. De acuerdo a los principios del Derecho y de la independencia e integridad judicial, los altos funcionarios también deben ser sometidos a juicios cuando se vinculan a hechos delictivos, explicaron.
La situación crítica de las entidades judiciales en los países del Triángulo del Norte centroamericano es una amenaza constante para la estabilidad de los Estados de Derecho y la independencia judicial está íntimamente vinculada a la protección de los derechos humanos, según explicaron los expertos.
En Honduras, la rigurosidad con la que se aplica la ley a la ciudadanía en general es más estricta que con los enjuiciados en destacados puestos de poderes políticos, económicos y religiosos. Hay casos emblemáticos sellados en la memoria histórica de la nación.
