Un poco más de tres años después de la captura de Roberto David Castillo, presidente ejecutivo de la empresa Desarrollos Energéticos S. A. (Desa), se desarrolla el juicio oral y público por suponerlo responsable de la autoría intelectual del asesinato de la luchadora social Berta Cáceres. Las pruebas evacuadas en esta última semana muestran que hubo tráfico de influencias, mucho dinero de por medio y el involucramiento de empresarios de élite de Honduras en este asesinato de alto impacto.
Texto: Fernando Silva
Fotos: Martín Cálix
«He gastado mucho dinero y capital político para que salgan esas tres órdenes de captura», le decía Daniel Atala Midence, gerente financiero de Desa, a su pareja de ese momento vía whatsapp. Se refería a la posible captura de uno de los líderes del movimiento indígena que protestaba contra su proyecto. Hablaba de tres «cabecillas» en ese momento, una de ellos era Berta Caceres. La información de estos mensajes fue obtenida tras una pericia telefónica realizada por la acusación privada que es parte de los medios probatorios en el juicio oral y público contra Roberto David Castillo, supuesto autor intelectual del asesinato de Berta Cáceres, y se remonta a 2013.
Dos días antes de esos mensajes, el 15 de julio de 2013 en medio de una manifestación que pretendía impedir el acceso de la maquinaria de Desa para la construcción del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, en la comunidad de Río Blanco en el departamento de Intibucá, miembros de las Fuerzas Armadas dispararon a la multitud y el líder indígena Tomás García murió, mientras que su hijo resultó herido de un balazo en el pecho.
En esa misma relación de hechos, una investigación del medio estadounidense The Intercept también señala que el mismo día del asesinato de Tomás García, Roberto David Castillo envió un mensaje a Daniel Atala: «Los militares mataron a un indio», mostrando su desprecio por la población indígena lenca que se oponía al proyecto al no haber sido consultada según los tratados internacionales. Según la investigación, Castillo ordenó que se le pagara un aproximado de 100 dólares a un reportero local para presentar una noticia que favorecía a la empresa.
Aunque la fiscalía y la acusación privada buscan culpar a Roberto David Castillo como coautor intelectual del crimen, también buscan revelar cómo la familia Atala Zablah utilizó su cercanía con ministros, alcaldes y hasta el expresidente Porfirio Lobo para obtener favores de las fuerzas de seguridad.
Esto tiene relación con los mensajes que Daniel Atala Midence enviaba en el grupo que tenían los directivos de Desa poco después del asesinato de Berta, allí le decía a Sergio Rodriguez, gerente ambiental de Desa: «Sergio, relájate. Muy negativo estás. Todo va a salir bien, ya vas a ver. No caigas en pánico, que lo trasladas a otra gente (…). El ministro de Seguridad le dijo hoy a Pedro que era “lío de faldas”». Una de las primeras líneas de investigación de la Policía Nacional sobre el asesinato de Berta fue que se trataba de un femicidio por su expareja. El ministro con el que presuntamente habrían hablado es el exsecretario de seguridad Arturo Corrales.
La familia Atala en Honduras es accionista de instituciones financieras, equipos de fútbol, inmobiliarias y otras empresas, por eso son conocidos por ser uno de los conglomerados con mayor caudal económico en el país. Entre sus miembros se encuentran Daniel Atala Midence, Jacobo Atala Zablah, Pedro Atala Zablah y José Atala Zablah, todos ellos eran parte de la junta directiva de Desa.
Un ejemplo de esto es el momento en el que en octubre de 2015, en comunicación con Pedro Atala, preparaban acciones de sabotaje a las protestas de la organización indígena, los chats muestran comunicaciones en un grupo que organizaron con el nombre de Seguridad PHAZ. Allí David Castillo pedía al ejecutivo, empresario y presidente vitalicio del equipo de fútbol hondureño Motagua, que solicitara el apoyo de la Policía Nacional para la protección de las instalaciones de la hidroeléctrica. Esta conversación fue revelada el pasado viernes en la lectura del peritaje realizado en el celular de Sergio Rodriguez.
Otro de los chats indica que el exalcalde de Intibucá, Martiniano Domínguez Meza, habría solicitado al entonces presidente Porfirio Lobo (2010-2014) que interviniera en una protesta que habían organizado miembros de la organización indígena en contra de la represa.
Siguiendo la lectura de las extracciones telefónicas, en el teléfono de Douglas Bustillo —uno de los sentenciados por la autoria material del crimen— también se encontraron fotografías del 23 de febrero del 2016, donde aparecía Berta Cáceres y su casa, según un informe del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) esto evidencia el seguimiento que realizó Bustillo días previos al asesinato.
De acuerdo con un comunicado del Copinh, el juicio «es clave para demostrar no solo la responsabilidad de Castillo en el crimen, sino también la participación de la familia Atala Zablah en los ataques a Berta, el Copinh y en la planificación del asesinato», además señalan que debe ser el inicio del proceso de juzgamiento de las personas que eran los jefes de los imputados: Daniel Atala Midence, Jacobo Atala, Pedro Atala y José Atala.
La vinculación de la familia Atala también se demostró en septiembre de 2020, cuando en audiencia de revisión de medidas contra David Castillo los abogados defensores presentaron una constancia emitida por la gerencia de BAC Credomatic, en la cual se hizo constar el ofrecimiento de una fianza al Estado de Honduras por 4 millones de lempiras en garantía bancaria procedente de dicho banco, presidido por Jacobo Atala Zablah.
En noviembre de 2017 María Luisa Borjas, diputada y comisionada de la Policía, en condición de retiro, aseguró tener en su poder un informe de la Inspectoría General de la Secretaría de Seguridad, en el que supuestamente se refería a Camilo Atala y la familia Atala Zablah como los que proporcionaron los medios económicos para la ejecución del crimen.
Posteriormente la diputada fue acusada por abogados de Camilo Atala por los delitos de difamación y calumnia, resultando culpable según el tribunal y recayendo sobre ella una pena de dos años y ocho meses de prisión, condena por la que el pasado 30 de marzo un juzgado emitió una orden de captura en contra de Borjas.
La abogada Carmen Haydee López de la Misión de Observación Calificada, aseguró en una entrevista dada a Contracorriente que «estos chats vienen a ser de las pruebas más contundentes que tenemos al menos de forma escrita, porque ya teníamos conocimiento de cómo al final el Estado está al servicio de estas cúpulas económicas que también se entremezclan con el crimen organizado».
Y agregó que «se puede ver cómo Daniel Atala responde a una agenda política que va más allá del proyecto de despojo que no solo es toda la ilegalidad en el otorgamiento de concesiones e imposición de proyectos extractivos, sino que es mucho más grande. Se evidencia, por ejemplo, que estas cúpulas simplemente pueden pagar por órdenes de captura. En general pueden incluso presionar e influir por quienes son las autoridades por elegirse».
López explica que los chats hacen alusión a la necesidad de la empresa de tener estabilidad política, lo que para ellos significa mantener al Partido Nacional o al Partido Liberal en el Poder Ejecutivo. López se refiere al mensaje enviado por Daniel Atala a Raúl Agüero, amigo y miembro de la junta directiva del equipo de fútbol propiedad de los Atala, en el que manifestaba: «Si gana Libre me quitan la concesión, me invaden los indios (…), estabilidad política quiero».
Las empresas vinculadas al asesinato
En un comunicado emitido al inicio del juicio oral y público, el Copinh explicaba que «el asesinato de Berta Cáceres tuvo su origen en los actos de corrupción con los cuales fue otorgada la concesión del sagrado Río Gualcarque. Actos que se exponen en el caso Fraude sobre el Gualcarque, del cual el Copinh sigue estando excluido».
El caso mencionado es una línea de investigación iniciada por lo que fue la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) en el que la fiscalía presentó un requerimiento fiscal contra dieciséis personas —entre ellos David Castillo— por los presuntos delitos de fraude, abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y falsificación de documentos, en perjuicio del Estado, todo esto partiendo de denuncias presentadas en su momento por Berta Cáceres.
La Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic) presentó evidencia probatoria de que los acusados habrían cometido diversos delitos contra la administración pública, para lograr que Desa fuese beneficiada con el Contrato de Operación y la Contrata de Aguas sobre el río Gualcarque, con la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna) y un Contrato de Suministro de Potencia y Energía con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), así como con el Contrato de Operación para la Generación, Transmisión y Comercialización de Energía Eléctrica entre la Serna y Desa y el Contrato No. 043‐2010 de Suministro de Potencia y Energía Eléctrica, firmado el 3 de junio de 2010 entre la Enee y Desa.
Sumado a esto, en el juicio vigente en contra de Castillo, la acusación privada que representa a la familia de Cáceres y el Copinh presentó un medio probatorio que muestra que Daniel Atala realizó un pago desde la empresa Concretos del Caribe (Concasa) a Potencia y Energía de Mesoamérica, S. A. (Pemsa) —empresa dirigida por David Castillo en Panamá— por un monto de 1,254,000 dólares. Este pago fue realizado dos días antes del crimen, por lo que en contexto con otras investigaciones y peritajes que forman parte del juicio se relaciona con conversaciones para la entrega del dinero de parte de David Castillo a Douglas Bustillo, militar condenado en 2019 por coordinar el asesinato.
Aunque esta prueba fue presentada conforme al debido proceso, el tribunal la desestimó dejando por fuera de este juicio a una de las conexiones más importantes entre David Castillo y Daniel Atala para la ejecución del crimen.
Edy Tabora, codirector del Bufete Justicia para los Pueblos, explicó en una columna publicada en El Faro que Concasa fue constituida en Honduras por Castillo y un socio en 2009, pocos meses después de la creación de Desa. A finales de 2015, dos meses antes del asesinato de Berta, Castillo otorgó el poder general de administración de Concasa a Daniel Atala, lo que le habría permitido autorizar y realizar transacciones financieras.
Tabora explica que «además de su papel en Concasa, Atala Midence era también el director financiero de Desa en el momento del crimen. El documento bancario propuesto como evidencia muestra que Atala utilizó su correo electrónico de trabajo de Desa para realizar la transferencia de Concasa a Pemsa».
Señala también que, según las investigaciones, desde noviembre de 2011 Pemsa ha sido accionista minoritaria de Desa, y añade que la transacción internacional entre Concasa/Midence y Desa/Castillo se hizo a través del Banco Bac Credomatic, presidido por Jacobo Atala Zablah, miembro de la junta directiva de Desa y de inversiones Las Jacarandas S. A., como socio mayoritario de la desarrolladora del proyecto hidroeléctrico.
«El juicio de 2018 demostró que el gerente socioambiental de Desa, Sergio Rodríguez, dejó de ser pagado por Desa en 2016, el año del asesinato, pero seguía siendo pagado por Pemsa y Concasa, incluso después de ser capturado por el asesinato de Berta. Las líneas entre estas tres empresas podrían haberse difuminado para intentar limitar las responsabilidades de cada uno», añade.
La tarde del pasado viernes, el juicio cerró con el análisis de extracción del teléfono de Sergio Rodríguez, acción que para el Copinh «es clave para determinar la culpabilidad de David Castillo como coautor del crimen de Berta Cáceres y la responsabilidad de la familia Atala Zablah como autores intelectuales».
La lectura de estos mensajes fue detenida por el Tribunal, ya que consideraban que la lectura de estos era innecesaria. Sin embargo, la acusación privada presentó un recurso de reposición ya que esta decisión afectaría la comprobación de su tesis acusatoria en la que es necesario demostrar el contexto de ataques, seguimiento, criminalización y campañas de desprestigio a los que se enfrentó Berta Cáceres.
El Tribunal resolvió permitir de manera parcial la lectura de los mensajes solicitados por la acusación privada y se continuará la lectura de estos mensajes en la próxima audiencia que se programó para este lunes 10 de mayo a las 8:30 a. m.
