En Guatemala hay un debate pendiente y es el del aborto. La criminalización del tema lo ha convertido en tabú y “espinoso” por lo que no existe una conversación técnica que permita atender de manera integral la cuarta causa de mortalidad materna a nivel nacional. La falta de discusión entorpece la atención al problema que se genera en la salud pública, y no permite analizar cuál es la verdadera causa detrás del aborto: los embarazos no deseados.
Por: Gladys Olmstead/ No-Ficción
Fue un viernes de diciembre por la noche. “Ya tenía cuatro semanas, casi cinco, cuando lo hice”, recuerda Cristina. “Y no lo hice porque no podía mantenerlo económicamente, ya que mi novio y yo trabajamos. Lo que pasa es que tengo claro que no quiero tener hijos, al menos no en este momento. Tengo sobrinas y, aunque las quiero mucho, pienso en que en un país como Guatemala van a sufrir. Y yo no quiero traer un niño o una niña a este país, a este mundo.”
Los limitados datos que existen en Guatemala nos muestran que la realidad con frecuencia se encuentra lejos del ideal: muchos embarazos ocurren demasiado pronto o ni siquiera son deseados.
Y así lo vivió Cristina, nombre ficticio con el que identificaremos a esta mujer, una joven de 22 años que tomó la decisión de terminar con su embarazo durante una pandemia mundial. El temor a contagiarse del nuevo coronavirus era una de sus preocupaciones, pero no la más importante. Lo primordial consistía en resolver cómo no tener ese hijo o hija.
Las estadísticas alrededor del problema de los embarazos no deseados son escasas, y el sub-registro es casi incalculable. Sobre todo, en países como Guatemala, donde es excepcionalmente difícil abordar el tema del aborto porque la cultura dificulta a las mujeres reconocer públicamente el concepto de no desear un embarazo. Y la ley les criminaliza si actúan en consecuencia. Por lo que, así como Cristina, la mayoría de mujeres debe hacerlo en la clandestinidad.
Datos a medias
Según los datos el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) solo en 2020, se registraron 28 análisis forenses relacionados con abortos que se complicaron en mujeres entre los 10 y los 39 años.
Por su parte, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social reporta que, de las 425 muertes maternas registradas en 2018, 25 fueron directamente por abortos. En el primer semestre del 2019, el total fue de 179 muertes maternas, 8 fueron provocadas por aborto. Y en el primer semestre de 2020, del registro total de 149 muertes, cinco se atribuyen al aborto.
Si bien, los datos epidemiológicos del Ministerio de Salud no especifican las condiciones de esos abortos, espontáneos o provocados, sí reflejan el efecto que tienen en la vida y salud de las mujeres. Y los reportes de estas instituciones demuestran que existen.
La falta de acceso a los datos reales de mujeres que han abortado, se evidencia en que solo existe un estudio en los últimos 15 años alrededor del tema. El estudio realizado en 2006, por el Instituto Guttmacher con el Centro de Investigación Epidemiológica en Salud Sexual y Reproductiva (CIESAR), estimaba que en Guatemala se realizaban 65 mil abortos inducidos al año. En ese entonces el país tenía 8 millones de personas, actualmente, luego del Censo 2018 se reportan más de 14 millones.
“El único estudio dedicado directamente al aborto en Guatemala fue el de Guttmacher, y vemos que 15 años después las mujeres se siguen muriendo por lo mismo: se siguen muriendo por abortos”, lamenta la médica ginecóloga y obstetra, expresidenta de la Asociación de Ginecología, Linda Valencia.
Tanto Valencia como Rossana Cifuentes, médica y consultora en Derechos Sexuales y Reproductivos, coinciden en que los datos y la experiencia les han demostrado que la legalidad alrededor de la práctica no influye en la decisión final de una mujer: “Si ella quiere abortar y ya lo decidió, lo va a hacer”, expresa Cifuentes.
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Y así lo vivió Cristina, “lo primero que pensé fue ¿cómo lo voy a hacer? Lo que más me preocupaba era mi salud y qué me podía pasar. Pero nos preparamos –hasta sobre preparamos- para lo que pudiera pasar: me fui a su casa desde el viernes para tener todo el fin de semana para recuperarme. Sabíamos que si algo salía mal su papá nos podía ayudar, porque él trabaja en el área de salud y era nuestra opción de emergencia”.
“Conseguimos el contacto para comprar las pastillas (de misoprostol), las pedimos a domicilio y averigüé todo lo que pude con una amiga que ya había pasado por el proceso y hasta encontré información en Instagram. Traje mi ropa, un termómetro, todo lo que podía necesitar. Me inyecté ibuprofeno antes de tomarme las pastillas, para prepararme para el dolor. Y la verdad creo que de todo el proceso ese fue el peor momento, no sé si porque estaba muy nerviosa o qué pasó, pero casi me desmayo. Luego empezamos el proceso como a las 6 de la noche: me puse las pastillas debajo de la lengua hasta que se deshicieron. Esperé por horas hasta que empezaron dolores similares a cólicos leves. A partir de ahí comencé a sangrar, y ya me tomé las siguientes pastillas. Creo que lo que más me afectó a mí fue la fiebre, yo temblaba y tenía demasiado frío. Pero mi novio me cuidó todo el tiempo con pañitos de agua fría y midiéndome la temperatura, no durmió nada esa noche. Sentía dolores fuertes por momentos, y como a las 11 me dormí”, recuerda Cristina sobre su experiencia.
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La única mención en la legislación de Guatemala a la palabra “aborto” se encuentra en el capítulo 3 del Código Penal de la legislación guatemalteca, vigente de 1973. En este apartado, la Ley establece en qué casos se comete un crimen cuando una mujer interrumpe o termina un embarazo.
La legislación establece penas de seis meses a tres años, dependiendo de los motivos por los que la mujer tome la decisión. Y para la persona que practique o cause un aborto, las penas pueden ir desde los tres hasta los doce años de prisión, dependiendo del consentimiento de la mujer y si ella muere en el procedimiento.
En Guatemala, el único caso que no se considera un crimen es el “aborto terapéutico” que es cuando la continuación del embarazo representa un riesgo para la vida de la mujer y se han agotado las opciones. Según el artículo137 del Código Penal, “no es punible el aborto practicado por un médico, con el consentimiento de la mujer, previo diagnóstico favorable de por lo menos otro médico, (…) y con el solo fin de evitar un peligro, debidamente establecido para la vida de la madre”.
Además, según los datos de sentencias penales en los últimos 20 años, hay muy pocos procesos abiertos por este crimen. “Es muy interesante cómo resulta siendo algo más bien discursivo en la legislación. Porque en los procesos judiciales más operativos no se observa realmente una persecución real de esta práctica”, explica la politóloga Jeraldine del Cid, doctora en Ciencias Sociales.
Sin embargo, según del Cid esta legislación resulta problemática porque la criminalización de prácticas como el aborto no las elimina. Según explica, “en Guatemala se tiene una excepción despenalizada y lamentablemente no ha habido un cambio. Digo lamentablemente porque desde la perspectiva de políticas públicas hemos identificado cómo penalizar el aborto realmente no inhibe su práctica”.
A lo que la abogada Stephanie Rodríguez, agrega que “es importante recordar que las leyes y quiénes hacen las leyes –en su mayoría hombres- muchas veces responden a intereses personalísimos, a creencias buenas o malas, o irracionales, a prejuicios entre otras cosas más”, por lo que una reforma a esa regulación es necesaria.
La penalización y criminalización del aborto en Latinoamérica se ha ido reformando con los años en diferentes países. Luego de la reciente despenalización en diciembre 2020, Argentina se sumó a Uruguay, Cuba, Guayana, Guyana Francesa y Puerto Rico, entre los países en los que se puede terminar con un embarazo sin restricciones, en las primeras semanas de gestación.
El resto de países cuentan con restricciones y condiciones diferentes para poder acceder al procedimiento, y en México depende de la legislación de cada Estado. Sin embargo, en la mayoría se permite el aborto cuando la vida de la mujer está en riesgo, violación e inviabilidad del feto.
La mayoría de países europeos tienen una legislación permisiva en cuanto al aborto precoz –primeras semanas de gestación-, aunque hay algunas excepciones como Malta o Irlanda. Por ejemplo, en España se permite el aborto libre hasta las 14 semanas, y hasta la 22 si existe riesgo para la vida o salud de la madre, o anomalías en el feto.
“En los países con la oportunidad de tener leyes abiertas al tema y no restrictivas, lo que se ha visto es que las mujeres tienen acceso al procedimiento de forma segura y eso deriva en menos muertes, por recibir atención integral. Un caso de ejemplo, puede ser la Ciudad de México en donde se ha garantizado que estos procedimientos tengan acompañamiento”, expone Cifuentes.
Sin embargo, tres de los siete países de Latinoamérica que penalizan absolutamente la práctica se encuentran en Centroamérica: Nicaragua, Honduras y El Salvador. Y en Honduras, especialmente, también se prohíbe y sanciona el acceso a la anticoncepción de emergencia.
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Las complicaciones para Cristina llegaron después del aborto. Al principio, el procedimiento parecía haber sido exitoso, ella regresó a sus labores el siguiente lunes aún con sangrados abundantes, pero entre lo que consideraba normal. Eso, hasta que comenzó a encontrar coágulos del tamaño de un limón y comenzó a preocuparse.
“El sangrado no se detuvo, y cada día me empecé a sentir más débil hasta que un día me desmayé. A mi familia no le sorprendió, porque es algo que a mí durante mi período me ha pasado en otras ocasiones, pero yo sí me asusté. Fuimos con una doctora que me dijeron no iba a darme problemas por el aborto. Aun así, cuando llegué les dije que no sabía qué había pasado, que sí tuve un retraso pero que luego me bajó y no había parado de sangrar. Me hicieron exámenes –obviamente seguía con niveles hormonales variados- y salía embarazada, entonces me dijeron que había tenido un aborto completo. Y que el sangrado no solo iba a seguir unos días más, sino que me había causado anemia. Hasta ahora, llevo más de Q3 mil gastados (US$290) en todo lo relacionado con el proceso y aún no me siento realmente bien”, relata.
“Lo que produce una penalización del aborto es que se practiquen los abortos de manera clandestina. Y esto lo que está produciendo es más muerte”, explica la experta en políticas públicas Jeraldine del Cid.
El debate pendiente alrededor del aborto cobra vidas de mujeres que se exponen a malas prácticas, para no continuar con la gestación. Porque según la postura de analistas en temas de género y políticas públicas, la criminalización solo fomenta la clandestinidad. Y el retraso de esta discusión mantiene invisibilizados otros problemas que enfrentan las mujeres ante los embarazos no deseados y las niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual.
“El embarazo no deseado desde su inicio supone para las mujeres un problema de salud mental. Y si además de eso la persona tiene que someterse a un aborto en condiciones de riesgo -sumado al estigma moral y penal-, eso es lo peligroso para la salud física y mental”, explica Linda Valencia.
Las médicas reconocen que uno de cada siete de los abortos aún practicado con la “más alta seguridad y por ginecólogos” resulta en complicaciones, pero eso solo es una prueba de las condiciones de peligro que se presentan con los abortos clandestinos.
“Sabemos que en Guatemala se utilizan desde cualquier instrumento punzocortante para perforación del útero, como brebajes y materiales corrosivos como ácidos que las mismas mujeres se aplican o personas que lucran del negocio del aborto clandestino utilizan. Y esto se puede derivar en infecciones severas, shock séptico, e histerectomías hasta la pérdida de la vida”, explica Rossana Cifuentes.
Según las expertas consultadas, el error alrededor del abordaje del aborto es que se considera esta práctica como “el problema” cuando en realidad es solo un síntoma, o consecuencia. El verdadero problema son los embarazos no deseados.
“Sí tomé en cuenta que es algo contra la Ley, y por eso nunca regresé al lugar en dónde me hice la prueba y cambié de ginecóloga. También tomé las precauciones a la hora de comprar las pastillas de Misoprostol, pero la verdad no averigüé qué podía pasar si alguien se enteraba o cuál era la ley en específico sobre irme a la cárcel. Me preocupaba más que pasara más tiempo o que me pasara algo a mí”, relata Cristina al recordar todo lo que pasaba por su mente cuando tomó la decisión.
Niñas madre
El único intento reciente por modificar el Código Penal, dentro del tema del aborto, desde el Congreso de la República fue en febrero de 2018, cuando la entonces diputada Sandra Morán presentó la iniciativa 5376, llamada Ley de Protección integral, acceso a la justicia, reparación digna y transformadora a las niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual.
“Si yo estoy hablando de proteger a una niña que tiene 9 años y que quedó embarazada producto de una violación, lo más lógico es pensar cómo se interrumpe ese embarazo. No existe lugar para pensar si es deseado o no es deseado”, explica la exdiputada del bloque Convergencia Ciudadana, Sandra Morán.
El proyecto de ley que buscaba proteger a las niñas menores de 14 años de quedar embarazadas tras violaciones contaba con análisis técnicos y respondía a compromisos en derechos humanos adquiridos por el país. Este incluso contó con la opinión favorable de la Secretaría Presidencial de la Mujer, Ana Leticia Aguilar Theissen.
“Esta iniciativa fue bastante técnica y aunque los medios de comunicación decían que era una ley abortista, jamás se trató de hacer esto. Sino lo que se quería era que las niñas menores de catorce años tuvieran la oportunidad de no convertirse en madres, de no tener una maternidad forzada y un embarazo forzado”, explica la abogada Stephanie Rodríguez, exasesora de Sandra Morán en el Congreso.
El desenlace fue una campaña orquestada por grupos neo-conservadores –con facciones religiosas–, autodenominados “pro-vida” en contra del proyecto que proponía la despenalización del aborto en niñas menores de 14 años que sufrieron una violación. Con esto, también rechazaron que el Estado se responsabilizara por atender, reparar y proteger a las niñas y adolescentes que hubieran sufrido una violación o abuso sexual.
Finalmente el proyecto no obtuvo el visto bueno en el Congreso y además, Ana Leticia Aguilar, fue despedida, por el presidente Jimmy Morales por dar su apoyo técnico a la iniciativa. Esta decisión fue lamentada por diversas organizaciones y organismos internacionales como la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI).
Otro ejemplo de la falta de compromiso del Estado para proteger a niñas víctimas de violencia se evidenció en septiembre de 2020, cuando las bancadas del Movimiento Semilla y Winaq citaron a las autoridades del Registro Nacional de las Personas (RENAP) y del Ministerio de Salud para conocer sobre las acciones estatales para atender a niñas y adolescentes sobrevivientes de violencia sexual y sus hijas e hijos.
Al final de la reunión, tras conocer que desde estas instituciones no hay respuestas claras para las mujeres sobrevivientes de violaciones, los diputados exigieron que se garantice el derecho a la salud, al registro civil y a la justicia. Además, se propuso la creación de un protocolo de atención a menores y adolescentes víctimas de violencia sexual.
Para la realización de este reportaje, No-Ficción intentó hablar con diputadas de distintas bancadas, pero aseguraron no tener una “opinión pública” sobre el tema. Y algunas incluso explicaron no querer hablar sobre una cuestión considerada “espinosa”.
Aunque el tema es fundamental para evitar la muerte de mujeres, y constituye la tercera causa de muerte materna en el país, los grupos neo-conservadores se oponen, incluso a la discusión técnica.
Estos grupos presentaron un nuevo proyecto de ley –apoyado por estos mismos grupos- bajo el número 5272, en el que se busca criminalizar los abortos involuntarios y restringir también el aborto terapéutico. Actualmente, el aborto terapéutico está permitido, aunque tiene limitaciones en su implementación con pocos promotores de salud dispuestos a realizarlo.
No-Ficción logró comunicarse con el abogado José Estuardo Córdova, miembro de la Asociación Familia Importa (AFI) -una de las organizaciones civiles más conocidas y con mayores recursos financieros y políticos- pero no se pudo obtener declaraciones sobre la postura de la organización.
“Estos grupos han demostrado que sus fundamentos son vacíos, basados en su moral, en su religión. Y esto es contrario al marco de Derechos Humanos, al marco de Salud Pública y al de la evidencia científica, lo que provoca discusiones infructuosas y desgastantes. Yo hablo desde la ciencia y mi intención es transmitir las mejores tecnologías y los mejores servicios de calidad para la intención de las mujeres”, dice Rossana Cifuentes, experta en Derechos Sexuales y Reproductivos.
Esta acción le costó a Morán y a su equipo de trabajo –incluida Stephanie Rodríguez– una campaña de desprestigio y ataques penales y personales por parte de estas mismas organizaciones.
Y así se defendió Sandra Morán: “Yo no soy abortista, yo lo que lucho es por derecho a decidir de las mujeres. Y porque esas niñas que tienen 8, 9, 10 años lo único que quieren es jugar, ellas ni se explican lo que pasa en sus cuerpos y las obligan a ser madres. Porque AFI en lo que se enfoca es en talleres de “maternidad cariñosa”, dice la exdiputada.
“Desde una perspectiva de políticas públicas, desde una perspectiva analítica que busca resolver el problema público, si tú realmente deseas evitar la práctica del aborto por qué estás a favor de la vida: penalizar no es la vía correcta para resolver el problema de los embarazos no deseados”, explica Jeraldine del Cid, y continúa, “si hacemos un diagnóstico, desde la perspectiva de políticas públicas, nos encontramos con violencia, nos encontramos con falta de educación y formación integral en sexualidad, nos encontramos con una falta de acceso a los diferentes métodos para planificación que son las verdaderas problemáticas”.
“En lugar de garantizar a las mujeres salud sexual y reproductiva, se les está garantizando cárcel y penas”, insiste Stephanie Rodríguez, “esto no debería ser visto desde una óptica legal, sino desde una política pública de salud para las mujeres. Es importante que el estado pueda ir hacia políticas públicas y hacia legislación efectiva que garantice los derechos humanos de las mujeres”.
Para Cristina, el proceso de su aborto no ha terminado -a casi tres meses de realizado-. Sin embargo, asegura que aún después de todo lo que ha pasado lo volvería a hacer:
“Si mi testimonio ayuda a alguien que está pasando por lo mismo o se siente identificada, espero que le pueda ayudar. Yo no me arrepiento, ni nunca he pensado ‘por qué no lo tuve’ o ‘quisiera tener acá un hijo o a un bebé’, nunca. Más que todo me culpé y me sentía irresponsable conmigo misma, pero si estuviera en la misma posición lo volvería a hacer, aunque quizás buscaría más asesoría de un doctor o una doctora.”
INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZO, la deuda de Centroamérica con las mujeres es un trabajo regional colaborativo encabezado por DIVERGENTES.
