El Gobierno ha cambiado el criterio para conceder modificaciones de penas a mujeres condenadas por aborto, según la principal organización que trabaja el tema en el país, lo cual es percibido como un retroceso. La Corte Interamericana de Derechos Humanos enjuiciará al Estado salvadoreño el próximo 10 de marzo por el caso de Manuela, una de las mujeres criminalizadas luego de sufrir una emergencia obstétrica.“A nivel mundial El Salvador se conoce por dos cosas: por toda la criminalidad de las pandillas y por la criminalización de las mujeres por aborto”, critica Morena Herrera.
Jessica Avalos | @javaloss
El día que Sara Rogel presentaría su examen final para convertirse en bachiller, le tocó responder preguntas frente a un estrado judicial. Sara, entonces de 20 años, estudiaba tercer año de bachillerato en contabilidad. El 7 de octubre de 2012, dio a luz a su hija en el patio de su casa, la niña murió, y la joven fue procesada por el delito de homicidio agravado.
“En la audiencia inicial la abuela de Sara Rogel le explicaba al juez: ‘mi nieta no es mala persona, ella lava y plancha desde los 11 años para poderse cubrir los estudios. Y aquí traigo el uniforme con el que ella se iba a presentar este día. No la mande a la cárcel, señor juez’”, recuerda Morena Herrera, la presidenta de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, la ONG que le ha dado respaldo jurídico. Sara fue condenada a 30 años de prisión, y es una de las 21 mujeres encarceladas en El Salvador por aborto o por el homicidio agravado de sus recién nacidos.
Sara, según relata nueve años después su abogada Abigail Cortez, estaba lavando ropa aquel 7 de octubre. Se resbaló y comenzó su labor de parto. No había nadie en su casa. Cuando se paró, expulsó a su hija y esta cayó al suelo. La causa de muerte, según la autopsia a la niña, fue trauma craneoencefálico. “El juez lo vio como si era un golpe que ella había ocasionado. Como si ella buscó un objeto, pero esto no sucedió porque fue un parto precipitado”, dice la defensora de la joven.
La jurista plantea que el juez no tuvo prueba directa, sino supuso que la joven mató a su hija, porque los médicos que fueron interrogados en el proceso de peritaje establecieron que “de una caída puede desprenderse la placenta de la madre en término”. Para emitir la sentencia condenatoria, el juez señaló que no se observaron fracturas en el cráneo de la pequeña.
Los testigos en el juicio fueron los policías que recogieron el cadáver de la recién nacida a la casa de Sara y que llegaron al hospital a imputar los cargos. También vecinas que confirmaron que Sara nunca negó su embarazo. Declaró un joven que dijo ser la pareja de Sara. Él afirmó que tenían una relación estable, que sabían que serían padres y que habían planeado ponerle Sara, al igual que la madre, si era niña; o Ángel, como el padre de Sara, si era niño.
El testimonio de Sara
En la sentencia quedó plasmado lo que Sara dijo en su defensa: “Comenzó a sentir que su hijo se le quería salir del estómago, sintió dolores cada vez más fuertes, pasó como media hora queriendo tenerla en el suelo y no podía, trataba la manera de que su hija no muriera porque la amaba, la ama aun cuando no la tiene”, se lee en la resolución del Tribunal de Sentencia de Cojutepeque, en la zona central de El Salvador.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) determinó que hubo desproporcionalidad en la pena de 30 años que le fue impuesta a Sara. “Desde el aspecto moral, de justicia y equidad, se visualiza una clara desproporción en atención a las circunstancias personales de Sara, como es su edad al momento en que ocurrieron los hechos (20 años)”, concluyó la Corte. Fue a partir de ese dictamen que, en febrero del año pasado, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, que depende del Órgano Ejecutivo, decidió conmutarle la pena de 30 por diez años de prisión. Sara podrá salir en libertad en 2022.
“Las conmutaciones de los años 2018, de 2019, daban la libertad inmediata a las mujeres. En el caso de Sara, acababa de cumplir ocho años, le faltaban dos. Vimos un retroceso en esa situación, porque pudo haber sido una libertad inmediata. Nos han dado otras dos conmutaciones, en donde el consejo criminológico dice que si la mujer no acepta que cometió el delito, es como si no se hubiera reformado. Ha habido un retroceso”, señala Abigail Cortez, la abogada de Sara.
Las autoridades del Ministerio de Justicia y Seguridad, el encargado de modificar las penas a mujeres condenadas por aborto, cambiaron desde el 1 de junio de 2019, con la llegada del Gobierno de Nayib Bukele y la finalización del último gobierno del izquierdista FMLN.
La barrera va más allá de los tribunales. La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, la principal organización que da asistencia jurídica a las mujeres que son condenadas por sufrir emergencias obstétricas, ha notado un cambio de criterios en las respuestas a las solicitudes de conmutación de penas que han recibido en el último año, que coincide con el cambio de Gobierno.
“Nosotras no culpamos al presidente Bukele de todo lo que hacen los ministros, pero sí él es responsable de revisar lo que hacen sus ministros. Hemos tenido dos respuestas en las que la CSJ establece que no hay razones para que las mujeres continúen en la cárcel, pero el Ministerio deja que las mujeres sigan 10 años más en la cárcel. ¿Y en base a qué dicen eso? Que ella no ha reconocido que cometió un error. ¡Cómo es posible que El Salvador siga condenándolas de esa manera!”, cuestiona Morena Herrera, presidenta de la Agrupación.
Se trata de los casos de María del Rosario Hernández Ruiz, a quien el Ministerio de Seguridad le conmutó la pena de 30 a 20 años por homicidio agravado, y de Liliana Yesenia Alonzo, a quien le sustituyeron la pena de 30 a 15 años de prisión.
“Hay un endurecimiento de los criterios, pero también una mirada ciega al género, y ciega a la injusticia social. Estamos en un momento histórico donde el país se está caracterizando por represión, por grandes retrocesos democráticos”, dice Sara García Gross, coordinadora de incidencia de la Agrupación.
Se llamó al director jurídico del Ministerio de Seguridad, Élmer Castro, para consultarle sobre los últimos casos, prometió devolver la llamada, pero al cierre de este reportaje eso no había ocurrido.
Sin reformas a la vista
El Salvador, uno de los 16 países en el mundo, a la par de Iraq, Congo y Egipto, que tienen la penalización absoluta del aborto. Es la nación centroamericana con las leyes más severas para mujeres que sufrieron emergencias obstétricas. Desde 1998 a 2019, 181 mujeres fueron procesadas por aborto o por homicidio agravado, con penas de hasta 40 años de prisión, según la investigación Del Hospital a la Cárcel, de la Agrupación.
Hay 20 madres en prisión en la actualidad: 15 tienen condena firme y 5 tienen un proceso activo porque aún no han enfrentado juicio, según los registros de la Agrupación, que desde su fundación en 2009 ha logrado la libertad de 45 mujeres.
“A nivel mundial El Salvador se conoce por dos cosas: por toda la criminalidad de las pandillas y por la criminalización de las mujeres por aborto. El primero requiere una solución compleja. El segundo requiere voluntad política de los actores, y eso es lo que ha faltado”, señala Morena Herrera, presidenta de la Agrupación, y un referente del tema en El Salvador.
En 2016 llegó a la Asamblea Legislativa la propuesta de despenalizar el aborto en algunas circunstancias: cuando corre peligro la vida de la madre, o cuando el embarazo sea producto de una violación, por ejemplo. Pero esa iniciativa, pese al cabildeo de la sociedad civil, no prosperó. El partido más progresista, el FMLN, que en aquel momento era partido de Gobierno, desperdició la oportunidad de dar un acompañamiento más robusto, a juicio de las integrantes de la Agrupación.
“Esta lucha por la despenalización del aborto todavía no es un componente crucial en la agenda de ningún partido”, advierte Sara García Gross.
Fuera del debate político
En la campaña electoral que recién finaliza tampoco hubo luces de cambio. La única candidata que incluyó abiertamente el tema fue Bertha Deleón, de Nuestro Tiempo, pero no resultó electa. Los demás partidos políticos no consignaron el tema en sus plataformas legislativas.
El patrón se mantiene. Mujeres jóvenes, en situación de pobreza, procedentes de la zona rural y sin acceso a servicios de salud, están enfrentando procesos judiciales por la muerte de sus hijos. Estos juicios van “cargados de estereotipos de género y graves faltas al debido proceso”, según la investigación “Del Hospital a la cárcel”, realizada por la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto de El Salvador. Y no solo lo dicen las organizaciones. Doris Luz Rivas Galindo, la magistrada que presidió en los últimos 8 años la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, no tiene dudas de que los jueces han estado resolviendo sin enfoque de género en estos casos.
“El problema es que el sistema es androcéntrico. El sistema penal está diseñado para un sistema patriarcal y así lo han construido. Cuando las mujeres entran al proceso, como víctimas o victimarias, tienden a ser tratadas como los hombres. Las juezas y los jueces invisibilizamos la condición de mujer”, reconoce la magistrada de la Corte Suprema.
La Sala de lo Penal ha corregido varias sentencias condenatorias en casos donde los jueces impusieron penas por homicidio agravado a mujeres que sufrieron partos extrahospitalarios.
“Hemos entrado a analizar las condiciones de vulnerabilidad en las que se ve la mujer desde el momento en que queda embarazada. La mujer a veces lleva el embarazo como puede. Esos son los análisis que no se hacen. Es bien fácil decir que lo quería matar, pero si no quería parirlo en los primeros meses buscan la forma de no tenerlo. ¿Cómo va a llegar hasta los nueve meses poniendo hasta en riesgo su vida?”, afirma la magistrada Rivas Galindo.
La mirada puesta afuera
La Agrupación, junto al Centro de Derechos Reproductivos y la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, llevaron hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el caso de Manuela, quien falleció en abril de 2010 a causa de un cáncer linfático cuando cumplía una condena de 30 años por la muerte de su hijo recién nacido.
Manuela dejó a dos hijos en la orfandad. Su condena ocurrió con irregularidades y violaciones al debido proceso, según La Agrupación Ciudadana, porque las autoridades hicieron que su familia, que no sabía leer ni escribir, declarara en su contra. Las organizaciones denunciaron que las autoridades obligaron al padre de Manuela a poner su huella en un documento que no supo leer.
“Ese nivel de saña contra las mujeres, ese nivel de odio es el que estamos denunciando con la historia de Manuela. Buscamos reparación del daño porque dejó dos hijos en orfandad, y también medidas de no repetición”, dice Sara García, coordinadora de incidencia de La Agrupación Ciudadana.
El caso pasó primero por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que después lo pasó a la Corte IDH. Esta realizará la audiencia por el caso el próximo 10 de marzo. Herrera explica que buscan que este caso se convierta en un parteaguas para que el Estado salvadoreño deje de criminalizar a las mujeres pobres que enfrentan emergencias obstétricas.
“Tenemos distintas vías para el cambio de legislación. Estamos con mucha expectativa del proceso de litigio internacional que eso, a su vez, activa a distintas instancias del Estado, porque las resoluciones de la Corte son de obligatorio cumplimiento. De fuera para adentro”, declaró Herrera.
Otra oportunidad para Sara
En junio de 2020, el Grupo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas emitió recomendaciones para el caso de Sara Rogel: sugirió su liberación inmediata, y una indemnización y reparación por su detención discriminatoria. Pero a la fecha nada de eso se ha cumplido. La Agrupación pidió al Tribunal de Sentencia de Cojutepeque la revisión de la sentencia y el próximo de 15 de marzo, casi 10 años después de su condena, la justicia salvadoreña revisará si no erró con el veredicto inicial.
“Vamos a incorporar un peritaje forense con el cual vamos a determinar que no hubo un dolo para que ella ocasionara la muerte de su recién nacida. El peritaje demuestra que la recién nacida tuvo un golpe, pero no a causa de un objeto, si no fue un parto precipitado”, asegura la abogada Cortez.
Los padres de Sara viven de la agricultura en un municipio de Cuscatlán. Tuvieron que vender la mitad de un terreno para pagarle el primer abogado a su hija. La Agrupación Ciudadana retomó el caso en 2018.
“Sarita era la única compañía de nosotros. Hace un año que cayó mi esposa en depresión. Yo le digo: tenés que ser de espíritu porque conocés de Dios, pero es mentira, la depresión lo desvía a uno”, dice Ángel, el padre de Sara.
“¿Por qué es importante la revisión de la sentencia? Queremos que se limpie su nombre y sea absuelta, porque se afectó su proyecto de vida”, explica la coordinadora de incidencia de La Agrupación Ciudadana.
Sara Rogel recibió su título de bachiller dentro de la cárcel. Está encarcelada en la granja penitenciaria de Zacatecoluca. Para visitarla, su padre tendría que viajar 3 horas y pagar un camión para que lo traslade. Pero no ha podido hacerlo desde hace un año. Las visitas en los penales estáLorem fistrum por la gloria de mi madre esse jarl aliqua llevame al sircoo. De la pradera ullamco qué dise usteer está la cosa muy malar.n suspendidas.
INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZO, la deuda de Centroamérica con las mujeres es un trabajo regional colaborativo encabezado por DIVERGENTES.
