El Gobierno de Honduras ha prometido que la construcción de catorce represas en todo el país evitará inundaciones como las ocurridas con el paso de las tormentas Eta y Iota en noviembre del año pasado. Sin embargo, estos proyectos han sido controversiales por su falta de transparencia y consulta lo que genera conflictos en las comunidades.
Texto: Fernando Silva
Fotografías de Martín Cálix
En «La Venecia de Honduras» se convertirá Chinda, municipio de Santa Bárbara, cuando se construya la represa El Tornillito, dijo la empresa generadora de energía Hidroeléctrica El Volcán S. A. de C.V. (Hidrovolcán), en la socialización del proyecto a los pobladores de este pequeño municipio al occidente del país. Con la construcción de esta represa, el río atravesará la entrada del casco urbano del municipio y esto lo convertirá en una atracción turística, dijeron los inversionistas a la gente que vive en este lugar con altos índices de desempleo y pobreza.
Lo que podría ser Venecia, en realidad es ahora un lugar anegado después de las tormentas Eta y Iota, donde catorce familias que habitaban en el barrio Brisas del Ulúa, ubicado a unos 500 metros del río Ulúa, han tenido que sobrevivir albergados en un centro de educación básica ante la pérdida total de sus casas hace cuatro meses.
En este barrio, las viviendas, en su mayoría construidas con adobe y bajareque, quedaron sumergidas en un compactado de arena y lodo seco que algunos todavía están intentando limpiar para regresar y continuar su vida.
Entre esas familias se encuentran María y su esposo Pedro, que por las tardes trabajan en cimentar las bases de una casa temporal, justo sobre la arena que cubre el lugar que habían construido por quince años y que estaban a punto de vender a la empresa Hidrovolcán, como parte del proceso para la construcción de la represa que fue anunciada como el proyecto hidroeléctrico de capital privado más grande de la región centroamericana, y que según las proyecciones cubrirá con aguas del embalse toda la zona que el río ya se llevó con las tormentas.
A finales de noviembre del año pasado el presidente Hernández anunció que esta represa —y al menos tres más— sería declarada «proyectos prioritarios» con el objetivo de controlar las inundaciones en el Valle de Sula. En ese sentido se emitió el decreto ejecutivo PCM 138-2020 en el que se busca la aprobación, construcción y operación rápida de catorce proyectos a través de un fideicomiso con la banca privada que obtendría poderes absolutos en el sector energético del país.
Presidencia decide sobre el sector energético
«Y ahora estuvimos hablando con la gente del Valle de Sula, de la región, para llevarnos el compromiso de declarar “prioridad uno”, como proyectos estratégicos nacionales, las represas de El Tablón, Jicatuyo, El Tornillito y Los Llanitos», aseguró el presidente Hernández el pasado 27 de noviembre.
Menos de un mes más tarde, el presidente junto al Consejo de Ministros emitieron el PCM 138-2020 que ante los efectos de los huracanes y tormentas tropicales Eta y Iota, declara como prioridad catorce megaproyectos de represas, y etiqueta como de interés nacional el diseño, la construcción, ampliación y operación de estas. Entre ellas El Tablón, Jicatuyo y Los Llanitos. El Tornillito finalmente no fue declarada prioridad y seguirá su curso como proyecto sin estar bajo las posibles consideraciones de esta reforma.
El decreto incluye Incorporar los proyectos al Fideicomiso para Generación de Energía operado por Banco Atlántida y contemplado en el Decreto Legislativo No. 373-2013 para crear represas de generación hidroeléctrica y contención de inundaciones. El banco tendrá plenos poderes para decidir sobre el sector energético del país, ya que estos proyectos gozan de un certificado de incorporación y viabilidad de operación que incluye todos los permisos requeridos por la legislación hondureña. Las consultas o socializaciones ya no serían necesarias para comenzar una hidroeléctrica.
Luis Cosenza Jiménez, ingeniero eléctrico y antiguo jefe de campaña del Partido Nacional, apuntó en un escrito publicado en un medio de comunicación que «el PCM contradice la Ley General de la Industria Eléctrica (…) que manda que el Operador del Sistema, prepare el plan indicativo de la expansión de la generación y que los proyectos que figuren en ese plan sean contratados mediante licitación pública internacional. El PCM contradice ambos ya que sería el fideicomiso creado en el Banco Atlántida quien decidiría qué proyecto se construiría y cuando, ignorando el plan indicativo, y luego Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) tendría que comprar la energía que genere el proyecto, sin que medie licitación pública internacional. En pocas palabras, el PCM viene a destruir la institucionalidad del sector».
Cosenza también apunta que la Ley General de la Industria Eléctrica, al ser un decreto legislativo, prima sobre un decreto ejecutivo por lo que las disposiciones que forman la sustancia del PCM, no pueden entrar en vigor y son nulas de pleno derecho. Ante esta dificultad legal evidente, el Congreso Nacional a través de una comisión especial integrada por once parlamentarios trabajó en un dictamen para poder concretar la modificación.
Luis Redondo, diputado del Partido Innovación y Unidad (PINU) que se opuso desde un inicio a la reforma, apunta que los expertos catalogan este intento como «uno de los robos más grandes que se pretenden hacer en la historia del país, ya que pretenden terminar de quebrar la ENEE, repartir los ríos y tener el control de las aguas que casualmente ahora está cotizando en la bolsa de valores de Wall Street, esto desde hace años que se viene planificando».
Ante el proyecto de reforma que nació a partir del PCM 138-2020 diputados de oposición han denunciado la intención de que la banca privada adquiera deuda pública para la construcción de las represas y señalan que esta reforma también traería violación a los derechos de los pueblos indígenas al dejarlos sin oportunidad de consulta.
Redondo apunta que no se trata de colores políticos, sino que es un escenario en el que están intentando entregar el recurso hídrico a la empresa privada, todo esto bajo el engaño de las tormentas y de que ahora sí se van a realizar las obras necesarias para que el Valle de Sula no vuelva a inundarse. Sin embargo, en este decreto se incluyen proyectos que no están en el área de influencia de esa zona del país.
Un ejemplo es la represa que se plantea construir en San Fernando y Morolica, en el río Choluteca, que coincide con la promesa de campaña del precandidato nacionalista Mauricio Oliva, quien a través de sus dirigentes ha apuntado que si llega a la presidencia del país construirá la represa en su primer año de gestión.
Desde la Asociación Hondureña de Energía Renovable (AHER), organización no gubernamental que vela por los intereses de las empresas generadoras, también se oponen al proyecto y han manifestado que «como asociación recientemente le enviamos una carta al representante del FMI en Honduras, para aclarar por qué este PCM no debe proceder, lo importante es que el Congreso Nacional, no utilice este PCM-138-2020 como una guía o pretexto para realizar reformas a la Ley General de la Industria Eléctrica, porque sería retroceder con los planes del mercado eléctrico».
Otro de los proyectos contemplados en el PCM es la construcción de las represas Los Llanitos y Jicatuyo, identificados con potencial hidroeléctrico sobre el río Ulúa desde 1979, y que tendrían influencia en múltiples comunidades del departamento de Santa Bárbara, una de esas comunidades es la aldea La Isla en el municipio de Colinas.
Para cruzar hasta La Isla desde la comunidad de Inguaya, cercana al casco urbano de Santa Bárbara, solo hay una opción: subirse a una pequeña canoa con capacidad máxima de cinco personas, equipada con un equipo de sonido que solo toca rancheras y confiar en la experiencia del barquero que ha surcado el río Ulúa toda su vida. Casi en la entrada de la comunidad, cerca de la orilla del río se encuentra la casa de doña María de los Ángeles y don Emilio, quienes sufrieron pérdidas tras las tormentas en noviembre.
«Yo miré el río como a las nueve de la noche y vi que estaba allá en la orilla, entonces le dije a la vieja que no teníamos peligro, pero cuando me desperté a las dos de la mañana ya lo teníamos encima», cuenta don Emilio. Doña María lo interrumpe para recordar que en ese momento la única opción que les quedaba era «doblar rodillas» y pedirle a Dios que no les pasara nada. En su casa tenían gallinas, cerdos, cosecha de sandía, plátano, mango, aguacate y maíz; y aunque ha sido duro perder las plantaciones, agradecen que la mayoría de los animales sobrevivieron a la inundación.
«Aquí no esperábamos que nos vinieran a rescatar y después nadie ha venido a dejar ni tan siquiera una bolsita de comida, ni siquiera el alcalde», cuenta doña María.
Sobre la instalación de las represas, Juana María Baide, pobladora de esa misma comunidad, dice que no saben nada de las represas porque «nadie nos ha dado información y quisiéramos saber por lo menos qué podría pasar si llegan a construir esa represa. La verdad es que se supone que puede traer fuentes de empleo y aquí no hay empleo, pero nos afectaría porque si en una tormenta hacen una descarga, nos inundamos».
El temor de la gente a que la represa cause inundaciones catastróficas en su comunidad ha crecido a partir de los rumores de que las inundaciones en el Valle de Sula fueron causadas por descargas de agua que la ENEE hizo sin reportar en El Cajón. Lo cierto es que entre el 14 y 28 de noviembre se hicieron descargas de 623 millones de metros cúbicos de agua, según información que diario El Heraldo obtuvo de la ENEE.
Juana cuenta que no les dan información porque siempre han permanecido abandonados y que para colmo la única ayuda que han recibido después de las tormentas es por parte de un canal de televisión y una iglesia, dice que en esa zona no existen los diputados porque nadie llega a ayudarles, ni siquiera en tiempo de campaña política.
La represa El Tornillito como solución al desastre
Según cifras oficiales, Eta y Iota provocaron la muerte de al menos un centenar de personas en todo el país, 4 millones de afectados y, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), una pérdida económica de 45.676 millones de lempiras. Este escenario se convirtió en la oportunidad perfecta para que el Gobierno incluyera la construcción de represas en el denominado Plan de Reconstrucción Sostenible, que según el Gobierno también tiene como enfoque la habilitación de infraestructura vial, reactivación del agro en zonas afectadas y el apoyo a la Mipyme.
El desastre climático de mayor impacto en los últimos veinte años se convirtió en el escenario perfecto para impulsar la política extractiva que desde hace un tiempo se había visto obstaculizada por la oposición de organizaciones comunitarias, y que en algunos casos llevó al asesinato de líderes indígenas y ambientalistas.
El presidente ha liderado el discurso que promueve la construcción de represas para evitar nuevas inundaciones y dice que serán necesarios 1500 millones de dólares para construir estos proyectos. Declarar estos proyectos como prioridad nacional llevaría a que se olvide por completo la consulta a las comunidades afectadas.
Hernández declaró el 27 de noviembre que «la oportunidad que nos da a los hondureños esta petición de declarar proyectos prioridad nacional es para que no sigamos con aquel debate estéril, porque mucha gente se opone a las represas, mucha gente no quiere reubicarse».
En Chinda, un pequeño municipio de 68.4 kilómetros cuadrados habitado en su mayoría por indígenas lencas en el departamento de Santa Bárbara, ya está en curso la construcción del proyecto hidroeléctrico El Tornillito sobre el río Ulúa, que tendrá una capacidad de producción de energía entre 160 y 200 megavatios, y que antes de emisión del PCM había sido mencionado como prioritario entre los planes del presidente. Sin embargo, aunque las familias de la colonia Brisas del Ulúa que serán afectadas por la zona de embalse del proyecto están de acuerdo con su construcción y están dispuestos a reubicarse, el poco ingreso económico y falta de oportunidades de empleo para acceder a tierras en zonas seguras causó la pérdida de sus casas.
«A las cuatro de la tarde estaba crecido el río, pero nunca creímos que iba a subir hasta donde nosotros, y luego no había luz, todo estaba oscuro. Nos dimos cuenta de que era una lluvia que no se quitaba y ya a las siete de la noche vimos que el río estaba cerca y no nos dio tiempo de sacar nuestras cosas», cuenta María, quien se encuentra con su esposo Pedro intentando reconstruir su casa en los escombros.
Con el agua furiosa del río tocando a su puerta, María les dijo a sus hijas que tomaran los cobertores de tela de las camas y recogieran toda la ropa posible para llevársela. Esa ropa junto a una cama que recibieron como donación en el albergue por parte de una organización y una foto borrosa de toda la familia es lo único que tienen tras cuatro meses desde el desastre. María tiene 35 años, y es acompañada casi siempre por sus cuatro hijas, al regresar al lugar donde antes estaba su casa sus ojos se llenan de lágrimas y hace un listado de algunas cosas que tenían: camas, cuadros en la pared, roperos, baño, pileta para lavar la ropa.
«El siguiente día regresamos para ver cómo estaba todo desde la montaña, y de la casa que habíamos dejado ya no había nada, era simplemente arena», cuenta.
Antes de marzo de 2020, cuando la pandemia por COVID-19 detuvo una gran parte de las actividades en el país, María y su esposo negociaban con el ingeniero Carlos Madrid, encargado de la gestión de tierras de Hidrovolcán, quienes, según la legislación hondureña para proyectos de este tipo, tienen que comprar las tierras que serán afectadas por el proyecto a los dueños legítimos de las mismas, por eso la empresa negociaba la compra y una posible reubicación. También negociaban la compra de la tierra y la casa de su hermano que vive en Estados Unidos, construida en la comunidad. El acuerdo preliminar era de más de 800,000 lempiras por las dos propiedades. La pandemia detuvo las negociaciones, y según María, el ingeniero Madrid le dijo a su esposo que ahora la empresa no está interesada en concretar una oferta, ya que las lluvias demostraron que esta es una zona de riesgo inhabitable.
El Tornillito tiene entre sus proyecciones que el embalse del proyecto llegará a inundar la zona de Brisas del Ulúa y la entrada del municipio de Chinda, puntualmente la represa estará ubicada entre los municipios de Villanueva y San Antonio en Cortés, hasta influir en comunidades de Concepción del Norte, Chinda, Trinidad e Ilama en Santa Bárbara.
El proyecto hidroeléctrico El Tornillito costará unos 600 millones de dólares y será el segundo en tamaño a nivel nacional después de El Cajón. Tras las lluvias de noviembre se espera que su construcción se retrase al menos un año, mientras tanto los pobladores de Chinda esperan llegar a un acuerdo para tener oportunidad de una vida digna, tras perder todo lo que tenían con las tormentas.
«Por la necesidad que tenemos, mi esposo le preguntó al ingeniero sobre el trato que teníamos, ya que ese dinero nos podría servir para comprar camas y ropa por lo menos, pero le contestó que la empresa ahorita no estaba interesada en continuar con las compras y le dijo que en todo caso ya no sería el mismo valor, pero nosotros tenemos papeles y le dije a mi esposo que mejor nos esforcemos para regresar al lugar donde teníamos nuestra casa», asegura María con preocupación.
Dennis Rivera, otro poblador a quien la alcaldesa Mirian López le donó un terreno en la colonia Brisas del Ulúa, dice que los representantes de Hidrovolcán le han dicho que no puede volver porque es zona de riesgo y además le han señalado que «si la alcaldesa me había ubicado acá, ella tenía el deber de ubicarme en otro lado».
Según testimonios de las familias damnificadas, el Gobierno municipal les ha dicho que regresen a sus tierras, reconstruyan sobre los escombros de lo que antes eran sus hogares y ellos se encargarán de donarles láminas de zinc, pero que por el momento no pueden reubicarse, también les han dicho que esperen la ayuda de la empresa.
Vía teléfono, Mirian López, alcaldesa de Chinda, aseguró brevemente a este medio que Hidrovolcán no podía eximirse de su responsabilidad de compra sobre las tierras a pesar del desastre, y prometió una entrevista amplia con nosotros. Sin embargo, luego de esta breve comunicación no hubo otra respuesta a nuestras llamadas. Mirian Lopez es alcaldesa por el Partido Nacional y es precandidata a la reelección, justamente se encontraba en una visita de campaña en otras comunidades del municipio cuando solicitamos la entrevista.
«Nos parece lamentable que se les diga que regresen a una zona insegura, viene un tercer huracán y esa gente va a estar arriesgando su vida. Esa zona será responsabilidad nuestra, debemos protegerlos y sacarlos, pero en este momento no es nuestra responsabilidad», asegura Karen Gallegos, gerente de Relaciones Públicas de Hidrovolcán, y sobre las advertencias de personal de la empresa hacia los damnificados mencionándoles que sus tierras no tienen valor, asegura que esa no es la posición oficial de la empresa.
«La empresa no puede evadir una responsabilidad que ya está adquirida, si tienen dominio pleno y están en zona que Hidrovolcán va a afectar con el embalse se va a negociar o ya se negoció con ellos», asegura Gallegos.
A pesar de que la mayoría de las familias damnificadas no habían pactado un acuerdo con Hidrovolcán para la venta y reubicación de sus casas, hay un grupo del otro lado de la colonia Brisas del Ulúa que sí había hecho un trato previo a las tormentas, entre ellos a un grupo inicial de cinco familias se les está construyendo casas tras perderlo todo.
Sobre esto Gallegos aclara que ya no tienen recursos para comprar tierras y construirle a todas las familias con las que estaban negociando, dice que «la gente cree que la empresa e inversionistas están nadando en dinero y no es así».
Según el acta de constitución de Hidrovolcán con fecha de 18 de agosto de 2005, el principal accionista es Napoleón Larach, presidente de Electricidad de Cortés S. A. (Elcosa), una de las principales generadoras de energía térmica en el país. Actualmente tanto Elcosa como Hidrovolcán forman parte del conglomerado de empresas Inversiones y Representaciones Electromecánicas, S. A. de C. V. (Iresa) que en total maneja la operación de 493 megavatios de energía a nivel nacional, casi un 30 % de los 1670 megavatios que el país requirió en 2020.
Desde su creación y con la solicitud del estudio de factibilidad y luego el contrato de concesión, Hidrovolcán asegura que ha trabajado en el marco de la legalidad, aunque están conscientes de los precedentes de corrupción y violencia que han marcado a la industria generadora de energía en los últimos diez años. «Si usted quiere un proyecto transparente y que se cumpla la ley, el proceso lleva más tiempo», asegura la gerente de relaciones públicas de esta empresa.
Sobre las demandas de los pueblos indígenas que ante los proyectos que tienen influencia en sus territorios piden la organización de una consulta previa, libre e informada según el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Gallegos dice que «hemos pedido que establezcan las reglas de esa consulta, pero eso le corresponde al Gobierno. Lo que nos corresponde a las empresas son las socializaciones y estas las hicimos».
Desde 2012 el Gobierno hondureño y organizaciones indígenas vienen trabajando y discutiendo la creación de un mecanismo de consulta, el último intento fue en enero de 2020 cuando se nombró una comisión que presidía el diputado nacionalista Óscar Nájera, del departamento de Colón, una zona conocida por el narcotráfico, los conflictos de tierra, el cultivo de palma africana y las mineras.
Nájera realizó una reunión con actores de los pueblos indígenas para socializar la iniciativa y durante una conferencia de prensa posterior dijo: «hemos iniciado hoy un día que va a quedar en la historia del país y nos hemos encontrado con el amor, el cariño y sobre todo el humor de los indios que conformamos todos los pueblos afro hondureños e indígenas».
Ante esta situación, organizaciones de pueblos originarios se manifestaron días después frente al Congreso Nacional para declararse en contra del proyecto y presentar su análisis al respecto. Entre las observaciones denuncian que la ley no cumple con los estándares internacionales al no consensuar con todos los pueblos indígenas, además de abordar la consulta desde una perspectiva homogénea y sin respetar las diferencias de cada pueblo.
En el caso de El Tornillito, sobre la oposición de grupos indígenas y campesinos organizados en contra del proyecto, Gallegos asegura que no existe y que siempre se sienten bienvenidos. «En Chinda nadie nos dice: es que ustedes van a destruir nuestras raíces lencas».
Gallegos también recuerda el asesinato de Berta Cáceres, dice que las condiciones de su asesinato no están claras y que «su muerte ha traído consecuencias que se van a seguir arrastrando por muchos años», pero hace una aclaración y apunta que «sí hay que saber que no todos los ambientalistas han muerto por ser ambientalistas».
Una estadística recolectada por Contracorriente para el proyecto Tierra de Resistentes muestra que al menos 138 asesinatos a defensores del ambiente en Honduras sí fueron provocados por su activismo.
La oposición del Movimiento Ambientalista Santabarbarense
Las tormentas y el discurso gubernamental de que las represas son la única solución para evitar las inundaciones también llevó a un repunte en las amenazas hacia defensoras y defensores del ambiente, este fue el caso de Betty Vásquez, coordinadora del Movimiento Ambientalista Santabarbarense (MAS), una de las pocas organizaciones que está llevando procesos de organización y formación en las comunidades de Santa Bárbara, territorio con sesenta concesiones de generación de energía, el segundo departamento con mayor cantidad de proyectos de explotación de recursos en el país.
En la emisión del telenoticiero Al Cierre, la noche del 25 de noviembre, el periodista Edward Fernández aseguró que «no tendríamos una Honduras desgarrada en el norte si esas represas existieran. Y sobre las defensoras del medio ambiente, aquella muchacha Betty, ni tan siquiera a regalar una bolsa de comida ha salido, los que se opusieron a la represa El Tornillito ni tan siquiera han salido a dar la cara con una bolsa de comida para los damnificados porque saben en su corazón que son culpables de que esta gente haya perdido sus casas y todo en la vida, son culpables los que se han opuesto a las represas».
A pesar de las acusaciones vertidas por Edward Fernández, desde finales de noviembre el MAS gestionó ayudas alimentarias dirigidas a los damnificados de diversas comunidades en el departamento. Betty se encarga de almacenar las bolsas en su casa y luego llevarlas hasta los beneficiarios, en ocasiones se sube a una canoa y cruza los ríos que defiende para llevar las ayudas, tal como lo hizo el 25 de enero —día de la mujer hondureña— cuando llevó decenas de bolsas de comida a la aldea La Isla, amenazada por la construcción de la represa Los Llanitos.
Betty promueve la defensa de los bienes naturales desde la manifestación activa de la ciudadanía e instancias públicas como el cabildo abierto, que es una reunión entre toda la comunidad y sus autoridades para votar a favor o en contra de los proyectos que pueden afectar los recursos vitales que sustentan su forma de vida.
El 23 de febrero de 2017 los pobladores de Chinda y la autoridad municipal realizaron un cabildo abierto en el que declararon el municipio libre de proyectos hidroeléctricos. Sin embargo, la represa nunca se detuvo y realizó socializaciones con los patronatos de cada barrio en donde aseguran que fueron aceptados. En el registro del expediente del proyecto que tiene la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MiAmbiente) no hay pruebas documentales de dichas socializaciones.
«El cabildo no funciona, pero es lo único que tenemos porque las consultas previas, libres e informadas no están reglamentadas y si lo hacen según su conveniencia igual no va a servir. En ocasiones ha funcionado, creo que en el caso de Chinda ha funcionado porque se han detenido ciertas cosas», dice Betty.
A pesar de que los representantes de la represa aseguran que no han encontrado oposición por parte de la comunidad, según Betty hay un aproximado de cien personas organizadas que se han manifestado públicamente en contra de la construcción de este proyecto.
Según Manuel Medina, habitante de Chinda y miembro del MAS, empezaron la oposición a la represa cuando en 2018 se encontraron con la maquinaria del proyecto, y cuenta que «trajeron documentos para demostrar que tenían permisos, y así nos dimos cuenta que la construcción era 12 kilómetros arriba del departamento de Cortés, entre los municipios de Villanueva y San Antonio, que además eran los únicos dos municipios que iban a recibir una mensualidad de 8000 dólares en enero de cada año por 15 años, y Chinda no recibiría pagos. Con ese argumento teníamos cómo encaminar esta lucha y empezamos a hacer protestas, hicimos dos plantones en el puente colgante del Río Ulúa y nos cayó la policía».
Entre las integrantes del MAS originarias de Chinda también se encuentra Rosemary, una joven ingeniera industrial graduada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras quien —como muchos jóvenes— no tiene oportunidad de empleo dentro de la comunidad.
«Nos prometieron que Chinda sería la próxima Venecia y que tendremos la oportunidad de salir adelante, de poner nuestros hoteles, pero somos una comunidad muy pobre y tal vez dos familias serán las que tienen posibilidad de construir un hotel. Estamos defendiendo el municipio porque es el pueblo más afectado, los otros van a obtener sus beneficios y no se van a inundar», explica.
Los miembros del MAS aseguran que la represa hará que se pierda uno de los acontecimientos culturales más importantes de su comunidad: el brote de las sardinas, justamente en un lugar que llaman La Sardinera, allí la comunidad camina durante cuarenta minutos para recoger los pequeños peces que brincan del río y luego sirven para alimentarlos en medio de la escasez en la que siempre viven. Gallegos de Hidrovolcán dice que las sardinas no van a desaparecer y que no sabe si realmente habrá acceso con la instalación de la represa, asegura que ellos no tienen nada que ver con la sardinera.
Los pobladores de Chinda aseguran que no hay fuentes de empleo, la única actividad a la que se pueden dedicar es la agricultura de subsistencia y la minería no metálica a cielo abierto que es sacar arena del río para venderla. Esta falta de oportunidades lleva a que siete de cada diez habitantes viven en pobreza, según datos del MAS.
Sin embargo, según la empresa la inundación que sufrirá Chinda no es una amenaza ,sino que es justamente lo que les traerá las oportunidades que nunca han tenido en la comunidad, Gallegos explica que «le llamamos la Venecia de Honduras porque el embalse va a hacer que la zona sea turística, ese río que cuando no está inundado es un charquito, pero ahora va a permanecer en un cierto nivel que va a permitir que las lanchitas crucen y la gente pueda llegar a pasear a Chinda», y reafirma que es una oportunidad para que los pobladores piensen en «hotelitos».
Gallegos también dice que van a generar un aproximado de 3000 empleos temporales para los municipios de influencia del proyecto. Sin embargo, asegura que no podrán resolver los problemas que el Gobierno ha desatendido desde hace mucho tiempo, y afirma que no es rol de la empresa sustituir al Estado.
A pesar del poco interés que la empresa pone a la oposición indígena de Chinda, Betty Vásquez cree que su activismo es riesgoso.
«No quiero aparecer en la camiseta de la gente, no quiero aparecer en mantas. Mis hijos me dicen que les da miedo porque ya viví lo de Berta, lo de Margarita Murillo y yo les digo que a mi no me va a pasar eso porque hago cosas tranquilas. No quiero ser heroína, pero tampoco le tengo miedo a nada», dice Betty quien fue amiga de Berta Cáceres, esta le apoyó desde el nacimiento de la organización en 2011.
Ante la campaña de desprestigio que sufrió cuando la acusaron de ser culpable del desastre en el Valle de Sula, tras las inundaciones de noviembre, Betty presentó una querella formal en contra del periodista Edward Fernández que se resolvió con la disculpa pública del comunicador.
Kenia Oliva, abogada de Betty en este caso, aseguró al final de la audiencia que «es importante que estas personas rindan cuentas socialmente para que la institucionalidad funcione y la gente no se sienta tan vulnerable porque las comunidades están desde una posición de desventaja».
Mel Zelaya, las represas y Odebrecht
Sobre las otras represas Los Llanitos y Jicatuyo, calificadas por el actual Gobierno como prioridad, Manuel Zelaya, expresidente depuesto en 2009 por un golpe de Estado, aseguró a través de su cuenta de Twitter que en su gestión se habían aprobado ambos proyectos y su respectivo financiamiento, pero que los ejecutores del golpe habían anulado dichos acuerdos. El memorándum 457-2016 de la Unidad Especial de Proyectos de Energía Renovable indica que la cancelación del proyecto no se hizo hasta varios años después de la gestión de Zelaya. En dicho documento se narra el proceso mediante el cual la represa Los Llanitos fue aprobada, modificada y suspendida por la misma empresa ejecutora en 2013.
Identificada en estudios de evaluación del potencial hidroeléctrico en 1979 sobre el río Ulúa, la represa tuvo su primer paso firme en el Gobierno de Zelaya, primero con el PCM 04-2006 que declaraba al sistema energético nacional en estado de emergencia, y que daría pie a la autorización para que la ENEE pudiese contratar directamente sin necesidad de licitaciones y con la modalidad B.O.T (Construir, Operar y Transferir), en la que una empresa privada se encargaba de la construcción del proyecto y su etapa inicial de operación para luego transferir al Estado sin ningún costo. Este es el mismo modelo utilizado para grandes concesiones de infraestructura como los corredores logístico y turístico del país donde se implementaron las casetas de peaje.
En ese escenario el Gobierno de Zelaya ratificó el 6 de enero de 2009, la emergencia en el sistema energético para que la junta interventora de la ENEE, que en ese entonces dirigía Rixy Moncada, ordenara la firma del acuerdo 01-JI-61-2009 con fecha del 22 de enero del mismo año, con la constructora Norberto Odebrecht, una empresa de construcción brasileña que en 2016 protagonizó el descubrimiento de una red de corrupción que según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, pagó unos 788 millones de dólares en comisiones ilegales por más de 100 proyectos de construcciones públicas en 11 países de América Latina, así como en Angola y Mozambique, en África.
El memorándum de la ENEE cuenta que en 2012 con avances significativos en diseño y gestión socio-ambiental, los trabajos fueron interrumpidos y según el expediente 39-E-2003 que contiene toda la información del proyecto hidroeléctrico Los Llanitos (118 megavatios de potencia instalada) la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (actualmente denominada MiAmbiente) nunca pudo acceder a una copia del contrato que suscribió el gobierno de Zelaya con Odebrecht, y que en los cuatro años que la empresa operó en el país nunca entregó un estudio de factibilidad.
Luego, entre 2009 con Roberto Michelletti como presidente de facto y 2013 con Porfirio Lobo al mando del ejecutivo, se firmaron al menos dos modificaciones del contrato para dar tiempo para entregar los estudios pactados. Finalmente, la razón de que el acuerdo se suspendiera fue la falta de cumplimiento de una contraparte gubernamental por 100 millones de dólares en diciembre de 2012.
En 2018 la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih) de la OEA anunció que estaba llevando a cabo una investigación en contra de seis exfuncionarios hondureños para comprobar si habían sido parte de la red de corrupción que sobornó a funcionarios públicos en todo el continente para la aprobación de contratos de construcción con Odebrecht, después de la salida de la Maccih a finales de 2019 no se volvió a conocer del caso.
Contracorriente solicitó una entrevista al expresidente Zelaya para aclarar los procesos que se llevaron en el contrato, sin embargo, no respondió.
La soledad de Chinda
Justo frente al refugio de afectados por las lluvias en Chinda, están construyendo las casas de cinco familias damnificadas que ya habían cerrado un trato con la represa El Tornillito, esto aumenta la inquietud de los demás y genera un conflicto interno entre los pobladores que en lo único que parecen estar totalmente de acuerdo es que la llegada de la represa puede mejorar por un tiempo las condiciones de trabajo y de vida de la comunidad.
«La represa va porque va, eso nadie lo quita, quizá solo un milagro de Dios», dice María y asegura que oponerse a la construcción es algo ilógico porque ellos no tienen el poder para detener un proyecto tan grande por lo que lo único que les queda es exigir un trato digno.
«Nosotros necesitamos un terreno para ubicar nuestras casas, han salido ayudas para construirnos las casas, pero no tenemos el terreno. Nosotros no podemos solo abandonar las tierras porque son lo único que tenemos y si a ellos les interesan nuestros lugares igual tendrán que comprarlos como hicieron con otras personas», dice María.
Notablemente afligida María dice: «hemos superado un poco la pérdida, porque es cosa de la naturaleza y todo lo que pasa es permitido por Dios, y sabemos que él nos va a bendecir para obtener la casa que teníamos anteriormente».
Mientras María platica con otros pobladores sobre lo que la empresa les ha dicho, sus hijas juegan alrededor de lo que antes era su casa, su hija mayor de 17 años, sube a un muro que quedó semidestruido con las tormentas, observa el río y escucha su corriente a unos 500 metros de distancia. Desde el desastre no han vuelto a nadar o lavar dentro de sus aguas, solo esperan que alguien les ayude para no tener que esperar otro desastre.
