Más de 7000 hondureños salieron de San Pedro Sula en la primera caravana migrante del 2021. Buscaban llegar a Estados Unidos, pero en Guatemala fueron rodeados y luego dispersados con gases y garrotazos. Ahora están de regreso en el desastre hondureño.
Texto: Allan Bú
Fotografías de Rodolfo Sabillón y Deiby Yánes
«Señor, abre el camino, toca corazones. Tú eres el guía, señor», grita una mujer en medio de la multitud, su voz es fuerte y parece que la escuchan todos. En su cabeza lleva una pañoleta. Está de rodillas, con ojos cerrados y brazos abiertos hacia el cielo. A su alrededor hay cientos —en igual posición— que la acompañan en una multitudinaria oración.
En aquel improvisado culto a unos 100 metros de la frontera de El Florido, entre Honduras y Guatemala, hay unas 2000 personas, quienes salieron, el día anterior, viernes 15 de enero de la Gran Terminal en San Pedro Sula en busca de lo que muchos llaman el sueño americano, pero que más bien es el despertar de la pesadilla hondureña. Es una peregrinación que huye de la pobreza y devastación que causaron los fenómenos Eta y Iota, que se ensañaron con un país que ya era sometido a una brutal depresión económica por la pandemia de COVID-19, y que lucha desde hace años con sus males endémicos: la violencia y la corrupción.
En ese grupo camina Patricia, una mujer de 46 años, cuya casa fue soterrada por el lodo en la colonia San Jorge, de Chamelecón —localizada en San Pedro Sula, zona norte del país—, luego de que las lluvias de noviembre convirtieran las aguas del río Chamelecón en una fuerza destructiva.
Cuando en diciembre de 2020 se comenzó a hablar de la megacaravana que saldría de Honduras el 15 de enero de 2021, Patricia comenzó a pensar en unirse a esta caminata. Salió con tres hijas y un nieto. Ella, a quien le detectaron hipertensión y debe tomar medicamento de por vida, piensa en sus hijos. «Lamentablemente aquí no hay trabajo para ellos», nos decía minutos antes de arrodillarse en la oración del Florido. Entre lágrimas, Patricia clamó por apoyo al presidente de los Estados Unidos para ingresar: «no vamos a entrar violentamente, lo que quiero es construir mi casa». Largarse de un país que ya no les ofrecía nada era el plan de todos.
El Instituto Guatemalteco de Migración informó que ingresaron a su territorio unas 7200 personas. Y es que horas antes de que ingresara el grupo en el que viajaba Patricia, habían entrado al menos 4500 hondureños más. Es la mayor caravana desde las organizadas en 2018.
Óscar Duarte viaja desde Olanchito, Yoro. La finca bananera en la que trabajaba fue arrasada por las lluvias de Eta. Quedó sin trabajo. Atrás dejó a su esposa y cuatro hijos. «Busco un futuro para ellos ¿De qué me sirve estar con ellos si no tenemos un empleo fijo? Ojalá que la suerte nos acompañe», nos dice.
La aventura duraría menos de lo esperado. Los sueños de los migrantes fueron duramente golpeados en territorio chapín el sábado 16 y el domingo 17, cuando se encontraron con un fuerte contingente del ejército de Guatemala.
Habían arrancado bien. Tenían una gran convocatoria y se habían mantenido juntos. Pese a que, según algunos migrantes que se volvieron líderes en la caravana, hubo intentos de algunas personas que ellos identificaban como infiltrados, de separar a la masa humana. En territorio hondureño, la Policía Nacional los dejó pasar sin problemas. Aunque montó sendos operativos para pedirles a los migrantes sus documentos de identificación, nadie fue detenido.
En la frontera de El Florido, las autoridades hondureñas migratorias tampoco se opusieron al paso de los migrantes, que cantaron el Himno Nacional de Honduras, antes de romper endebles cercos puestos por la Policía Nacional y la Policía Militar de Guatemala. Y la aventura parecía que iba bien. Aplaudieron. Y llevaron su mirada al cielo, pero el sueño estaba a solo unas horas de convertirse en una pesadilla. A 45 kilómetros de El Florido, un nutrido contingente militar guatemalteco les cerraba el paso.
El Gobierno de Guatemala había condenado a través de un comunicado la violación de su soberanía nacional y exhortaba al Gobierno hondureño a tomar medidas para frenar la migración. Después de eso, aquellos que huían de la pobreza, la violencia y la corrupción de un Gobierno inoperante, fueron tratados con brutalidad.
En Vado Hondo, aldea en el departamento de Chiquimula, los militares bloquearon el camino de un grupo de unos 6000 migrantes. Cuando estos trataron de romper la barrera, fueron repelidos con garrotazos y gas lacrimógeno. En un tramo de la carretera C-11, con muro a un lado y una pendiente del otro, esperaron los uniformados.
«Nos tendieron una trampa. Hicieron que camináramos kilómetro tras kilómetro, porque nadie nos llevaba», dice Patricia, ahora nuevamente en su casa en la colonia San Jorge, en Chamelecón.
Ella piensa que el Gobierno de Guatemala pudo frenarles el paso antes, pero esperaron a que estuvieran cansados. Además, cuenta que en los negocios o tiendas en Vado Hondo no les vendían alimentos.
Desde una parte alta —recuerda Génesis, una de las hijas de Patricia— policías guatemaltecos les lanzaban piedras a los integrantes de la caravana. Ellos luego se defendieron. «Estábamos rodeados», remata Patricia. Según la Agencia de la ONU para Refugiados (Acnur), 11 migrantes y 2 policías resultaron heridos.
Las imágenes que sugieren que esta cifra podría quedar corta se volvieron virales en internet. El Gobierno de Alejandro Giammattei, justificando sus acciones en la contención de la pandemia, vio en los hondureños un problema de seguridad nacional en lugar de una crisis humanitaria. Pero es gente que perdió la esperanza en su país.
En julio de 2019, Guatemala firmó un acuerdo con el Gobierno de Donald Trump. En la Casa Blanca se aseguró que se trataba de un convenio de «tercer país seguro», un mecanismo internacional mediante el cual —cumpliendo con determinadas condiciones— es posible que un país acoja a los solicitantes de asilo de otro.
En territorio chapín negaron tal cosa, argumentan que en el acuerdo nunca se menciona «tercer país seguro». No obstante, este convenio firmado en Washington, seguramente influyó mucho en el trato que recibió la primera caravana migrante del año 2021. Las autoridades de Guatemala justifican el uso de la fuerza contra las personas desplazadas como una forma de conservar las medidas para frenar el peligro de contagio del COVID-19.
Michelle Klein Solomon, directora para Centroamérica y el Caribe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), hizo un llamado para que «no se emplee fuerza injustificada o excesiva contra ningún migrante, solicitante de asilo o refugiado durante las acciones de control migratorio, policial o sanitario». Esta solicitud pasó desapercibida en Vado Hondo, Guatemala.
Los militares guatemaltecos no eran el único muro que le esperaban a los migrantes. México reforzó el blindaje de su frontera en Chiapas, y en el Puente Internacional Rodolfo Robles, entre Ciudad Hidalgo y Tecún Umán. La Guardia Nacional mexicana desplegó sus soldados a orillas del río Suchiate, en la frontera sur del país, para impedir la llegada de más migrantes.
A través de un comunicado, el Gobierno de Alejandro Giammattei lamentó la transgresión de su soberanía nacional y pidió a su par hondureño tomar medidas para contener el flujo migratorio. Mientras tanto, desde la Casa Presidencial en Honduras se solicitó a Guatemala investigar las agresiones que sufrieron los compatriotas que integraban la caravana.
«No esperábamos eso de Guatemala, nos sentimos defraudados. No íbamos a quedarnos, solo queríamos pasar», nos dice Patricia ahora en su casa en Chamelecón. Pese al fracaso de la aventura y estar de regreso en su casa medio soterrada por el lodo de las inundaciones, cuenta su travesía mientras sonríe.
¿Por qué se van?
Patricia tenía un negocio de golosinas en una institución educativa de Chamelecón. Con ello mantenía la casa donde vive con dos de sus hijas menores. Alcanzaba para que Génesis, de 21 años, cursara la carrera de Contaduría y Finanzas en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y Dulce, de 13 años, cursara en el noveno grado de educación básica, pero en el año 2020 Patricia no trabajó. La llegada de la COVID-19 impidió las clases presenciales en todo el sistema de educación y con ello la fuente de ingresos de Patricia se extinguió. Los ahorros también se terminaron.
De acuerdo con cifras ofrecidas a El Heraldo por la Asociación Nacional de la Micro y Pequeña Industria (Amhpih), con la pandemia unos 30,000 pequeños emprendimientos que operaban en casas de habitación se perdieron, pero esta cifra aumentó tras el paso de Eta y Iota. Hasta 200,000 empleos se perdieron por el cierre de pequeños negocios, como el que tenía Patricia, antes de la llegada de la COVID-19. Las microempresas, son el primer empleador de la economía hondureña, generando 1.8 millones de puestos de trabajo.
En Honduras, la pandemia ha provocado en la población una pérdida de, aproximadamente, medio millón de empleos, no hay un recuento oficial. Según datos del Banco Central de Honduras (BCH), a causa de los problemas derivados de la COVID-19 y los fenómenos naturales, el producto interno bruto (PIB) tuvo una contracción de un 10.5 % en el año 2020.
Antes de comenzar el fatídico 2020, la pobreza en Honduras alcanzaba el 61.9 %, según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), pero al comenzar el 2021, este indicador ya podría rondar el 70 %, según estimaciones de expertos.
La Comisión Económica para América Latina (Cepal), esperaba que el PIB cayera 6 % para 2020, pero estas estimaciones no tomaban en cuenta la llegada de la pandemia ni la devastación por las tormentas tropicales.
Honduras ya estaba de rodillas con el largo confinamiento por la pandemia. La gestión ineficiente del Gobierno de Juan Orlando Hernández es marcada por la compra de 7 hospitales móviles por los cuales se pagaron 47 millones de dólares, pero el Consejo Nacional Anticorrupción ha denunciado que la operación podría tener una sobrevaloración de hasta 31 millones de dólares.
Y en noviembre llegaron las tormentas, con apenas 12 días de diferencia entre una y otra. El 5 de noviembre comenzaron a palparse los estragos por las lluvias que dejó Eta. Miles de damnificados, daños a la infraestructura y pérdidas agrícolas. Cifras oficiales indican que Eta y Iota, dejaron más de 4 millones de damnificados. También hubo pérdidas incuantificables en la agricultura y graves daños a la infraestructura. El Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), estima que el país perdió unos 12,500 millones de dólares por la pandemia y las lluvias.
Las tormentas afectaron especialmente el Valle de Sula, donde se origina el 60 % del PIB. En un análisis nada halagador el Fosdeh estima que la economía hondureña retrocederá unos 20 años por el efecto de las tormentas. El estallido social se manifestó en una caravana de 7000 personas en época de pandemia.
En el caso de Patricia, huyó de Chamelecón, una colonia destruida por las tormentas y sumergida en la violencia. Su hogar, una pequeña casa de tres piezas, fue inundada por las aguas del río Chamelecón. Los dos cuartos de la vivienda aún están soterrados por el lodo que dejó la inundación. Las paredes colapsaron. Ahí también quedaron las camas y otros muebles.
Su refrigeradora se arruinó. La estufa de gas también. El microondas no sabe si funciona. En el camino hacia la frontera de El Florido, ella nos dijo que se iba porque quería reconstruir su casa, que apenas se mantuvo de pie en las inundaciones.
Casi tres meses después, los destrozos de Eta y Iota están latentes en las calles de la colonia San Jorge, en Chamelecón. Hay calles que siguen inhabilitadas y en otras hay montañas de lodo que recuerdan la tragedia de noviembre.
El publicitado programa del Gobierno de Hernández, No Están Solos, ha sido selectivo en Chamelecón y en todo el país. «Las iglesias nos han apoyado, esa estufa me la regalaron», sostiene Patricia, mientras señala el pequeño aparato que está en una mesa. «Dicen que ayudan (se refiere al Gobierno), pero tienen a sus personas (activistas) y estas escogen a los que quieren. Los bonos los hacen sorteados y todos tenemos necesidad», manifestó. Los hondureños también huyen del abandono del Gobierno. En el bulevar que conduce de San Pedro Sula a Tegucigalpa todavía hay cientos de damnificados que viven a la intemperie.
Abandono en muchas presentaciones y formas. El mejor caballito de batalla del Gobierno nacionalista es el éxito de sus programas de seguridad. La realidad sigue apuntando a otra dirección. En Chamelecón, y otros sectores populosos, como la Rivera Hernández, las pandillas se sostienen con fuertes tentáculos. Hay sectores cuya única ley, es la que dicta la pandilla.
En el año 2019, Honduras registró 4051 homicidios de acuerdo con las cifras de la Policía Nacional. Esto representa un aumento del 8.5 % respecto al 2018. En el año de la pandemia, pese a nueve meses de confinamiento, en el país perdieron la vida 3496 personas. De la violencia también huyen los hondureños.
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Se van también los jóvenes. Hay dos apartados del grupo. Parecen una pareja de novios planificando su futuro juntos. Mariela y Carlos se van en la caravana. Ella tiene 18, él 16. Son amigos. Oriundos de Villanueva y Pimienta, dos municipios del norte de Honduras devastados por el paso de los huracanes.
Pimienta fue uno de los primeros municipios inundados por el río Ulúa. Carlos tenía un trabajo como ayudante de bus, pero lo dejó. La pandemia volvió menos rentable este empleo. Se ha prometido que si no logra pasar esta vez (y no lo hizo) no lo intentará nuevamente.
Mariela trabajaba en un bar que cerró por la pandemia. Había rentado una pieza en donde vivía sola, pero el paso de las inundaciones le llevaron sus pertenencias en la colonia Tres Reyes de Villanueva, entonces junto con varios amigos decidió emprender el viaje. Antes de ser retornados al país, Mariela aseguraba que intentaría llegar a Estados Unidos las veces que fuese necesario.
Cuando hablaron con Contracorriente tenían 2 días sin dormir y habían caminado unos 60 kilómetros. Estaban agotados, pero con los sueños intactos. Eso duró hasta que se chocaron con los militares guatemaltecos. Mariela regresó al país el lunes y Carlos el martes. Ambos sin trabajo. Tampoco estudian, ese es un privilegio de pocos en una nación donde el promedio de escolaridad es de 7.7 años.
El martes 20 de enero, Joe Biden asumió la presidencia de Estados Unidos. Muchos miembros de la caravana pensaban que este cambio de gobierno allanaría el camino para la consecución de su sueño. Se equivocaron. La política migratoria en el país del norte no cambiará automáticamente con la llegada de Biden a la silla presidencial. La experta en migración de Centroamérica, la antropóloga Amelia Frank Vitale asegura que, en términos generalizados, parece que el Gobierno de Biden buscará un camino hacia un estatus legal y permanente para las personas indocumentadas y las que tienen TPS (Estatus de Protección Temporal) en Estados Unidos (EE. UU.), «pero eso no equivale a una apertura para migrantes nuevos», aclaró.
El Sistema Integral de Atención al Migrante Retornado ha registrado que entre 2016 y 2021, unos 244,101 hondureños migrantes fueron retornados al país desde EE. UU., México y Guatemala. Aunque la cifra puede ser mayor, la Iniciativa de Gestión de la Información de la Movilidad en el Triángulo Norte registra que 655,232 personas nacidas en Honduras residen en EE. UU. No todas tienen estatus legal.
En el 2019, tras las sendas caravanas salidas de Honduras en 2018, el Gobierno de Donald Trump endureció las políticas migratorias en EE. UU. y firmó tratados con México y Guatemala para que los solicitantes de asilo permanecieran en estos países.
«Creo que hay buenas señales de que terminará el programa de MPP (permanecer en México), pero eso no está confirmado, ni implica que las personas que están esperando sus citas en cortes en este programa tendrán estatus legal en EE. UU., solo que harían todo el proceso dentro del país», nos explica Amelia Frank.
Para Honduras, las penurias que viven los miles migrantes que lograron llegar a EE. UU. significan vitalidad en su economía. Las remesas significan hasta la quinta parte del PIB. En el 2018 fueron el 19.8 % (4753 millones de dólares) y en el 2019, esta cifra aumentó al 21.4 % (5384 millones de dólares) de PIB.
Según un estudio de la Cepal, las remesas y el trabajo de los hondureños en el extranjero evitan que entre 150,000 y 240,000 hondureños ingresen en las estadísticas de pobreza. Mientras estas estimaciones no cambien el flujo migratorio hacia el norte continuará.
Ahora de regreso en Chamelecón, Patricia quiere intentarlo nuevamente. «No se pudo, pero no nos damos por vencidas. Aquí en Honduras ya no hay nada», dice, mientras está sentada en un viejo sofá. A su espalda, la calle llena de lodo, le recuerda la tragedia de noviembre y el abandono estatal.
