Las tormentas Eta e Iota provocaron la muerte de 96 personas, según cifras oficiales; sin embargo, el testimonio de una familia devastada comprueba que las cifras reales de víctimas no se conocen debido a la falta de un registro confiable por parte de las autoridades.
Texto: Fernando Silva
Fotografías: Deiby Yánes
La noche del 4 de noviembre la familia Sabillón escuchó el ruido del agua desbordándose desde la quebrada ubicada en la parte trasera de su casa hasta llegar a la calle frontal, algunos se preparaban para tomar videos con el celular cuando escucharon el crujir del río Cececapa que junto a árboles y paredes iba a arrastrarlos en una corriente furiosa.
Oscar Argenis (30), su padre Oscar Sabillón (60), su hermana Andrea (20), sus hijas Dafne (6) y Sharon (4), su cuñada Maritza y su pequeño sobrino Didier (1 mes) fueron los integrantes de esta familia arrastrados por el río durante el paso de la tormenta Eta en la zona noroccidental del país. Reportes de medios de comunicación indican que el lugar donde vivían, la aldea San José de Oriente en Ilama, Santa Bárbara, fue devastada por el impacto del fenómeno.
La mañana del 5 de noviembre habitantes de la comunidad iniciaron desesperados la búsqueda de la familia entre los escombros, logrando encontrar con vida a Argenis, quien con heridas graves luchó por su vida hasta la noche del 16 de noviembre cuando falleció en el Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula. La búsqueda para encontrar a los otros miembros de la familia se extendió entre el 5 y 13 de noviembre, tiempo en el que lograron encontrar el resto de los cuerpos en un alto grado de descomposición.
El registro brindado por la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) solo cuenta la muerte de cuatro miembros de esta familia y deja en el olvido a Argenis, Dafne y Oscar; además, el cierre del registro de las víctimas de Iota y Eta por parte de las autoridades también muestra que no se están siguiendo los parámetros internacionales que indica el Centro para la Prevención y Control de Enfermedades (CDC) en los que se cuentan muertes asociadas a las consecuencias del huracán en las semanas y meses posteriores al impacto.
Contracorriente solicitó el registro oficial llevado por Copeco de las muertes causadas por las dos tormentas que causaron mayor impacto en los departamentos de Cortés, Santa Bárbara, Colón y Yoro; el resultado brindado por una de las encargadas de comunicaciones fue una lista borrosa en la que apenas se pueden diferenciar las cifras del huracán Eta, que con 74 víctimas tuvo el mayor impacto en las regiones afectadas.
Copeco cerró un registro de 96 muertes provocadas por el Huracán Eta e Iota; sin embargo, expertos señalan que existe un subregistro amplio a causa de la falta de una estructura gubernamental que pueda recabar la información.
El doctor Fidel Barahona, especialista en salud pública, explica que en Honduras no hay ningún plan de seguimiento para personas con problemas crónicos o, en el caso de los afectados por las tormentas, un registro del estado de salud de los rescatados; todo esto fruto de la desorganización y falta de expertos en las instituciones encargadas.
«A esta altura ya deberíamos tener un informe relacionado con la cantidad de personas desplazadas, la cantidad de fallecimientos que hubo, los diferentes tipos de enfermedades que se dieron. Toda esa información debería de estar cuando uno tiene bien diseñado un plan de vigilancia epidemiológica», dice.
En este caso, para el doctor Barahona es imposible evitar las comparaciones con otros países que sí llevan este tipo de registros.
Después del 18 de septiembre de 2018 cuando el huracán Florencia pasó por Carolina del Norte en Estados Unidos, Associated Press News publicó una nota en la recopilan testimonios de expertos que explican que «es normal que las fatalidades derivadas de desastres naturales aumentan en las semanas y meses posteriores, en que se registran muchos decesos causados indirectamente por esos desastres».
El artículo pone de ejemplo el caso del huracán María en Puerto Rico donde se había establecido una cifra inicial de 64 muertes tomando en cuenta solamente a las personas cuyos certificados de defunción mencionan la tormenta; sin embargo, el enojo de miles de familias que perdieron a seres queridos por las condiciones derivadas hizo que el gobierno de Estados Unidos contratara a la Universidad George Washington que finalmente hizo un balance global de 2,975 muertes, una cifra que fue corroborada por otros estudios similares.
«Mucha gente muere por infecciones derivadas de aguas contaminadas, electrocutadas por cables de electricidad o porque no reciben tratamientos de diálisis por el corte del suministro eléctrico. Las muertes asociadas directamente con una tormenta incluyen las de gente que se ahoga o es aplastada por edificios que se derrumban», concluye citando la nota.
Según el doctor Barahona, si hay un subregistro de los afectados directamente «mucho menos tendremos un dato confiable de aquellos fallecimientos asociados donde hubo problemas de infartos producidos precisamente por la situación de estrés que se dio cuando la gente se vio inundada o cuando regresaron a sus viviendas y se dieron cuenta que todo lo que habían hecho por años había desaparecido y que ellos quedaban en la absoluta miseria».
El caso de Argenis, rescatado y que luego murió en un hospital de San Pedro Sula pone en evidencia esta situación.
Mirna Rosales, prima de Argenis, nos compartió las fotos de la tragedia por mensaje, imágenes de un pueblo lleno de lodo, atravesado por ramas y piedras gigantes, inhabitable; también muestra a los siete miembros de su familia que murieron a causa de las lluvias del Huracán Eta y la debilidad estructural de la aldea. Una de las fotos -la más impactante- muestra una lona azul en la que yace el cuerpo del bebé y una de las niñas, a quienes encontraron después de tres días de búsqueda.
Miembros de la comunidad convirtieron en camilla una hamaca para trasladar a Argenis al hospital ya que estaba en un muy mal estado con sus piernas gravemente heridas e iba inconsciente; sin acceso a vehículos por la destrucción en la carretera, caminaron durante 17 kilómetros hasta una clínica privada en la aldea de Peña Blanca en el departamento de Cortés, desde allí lo remitieron al hospital de Santa Bárbara y luego el 16 de noviembre al Mario Catarino Rivas, principal centro asistencial en el norte del país.
Según Mirna, la evaluación de los médicos indicó infección grave en las heridas de sus piernas y una hemorragia gastrointestinal causada por lo que tragó en la corriente de la quebrada. Finalmente murió la noche del 16 de noviembre, pero sin los documentos de identificación que se llevó el agua no lograron sacarle de la morgue del Ministerio Público hasta cuatro días después, tiempo de angustia de los familiares que lo único que esperaban era darles sepultura a todos sus muertos.
A pesar de que las heridas que le causaron la muerte eran claramente producto de la tormenta y que su deceso se dio en los días posteriores a la misma, Argenis no aparece en los registros oficiales de víctimas de Copeco, medicina forense del Ministerio Público o el Hospital Mario Catarino Rivas.
Según el ingeniero Armando Ramírez, presidente de la Comisión Interventora del Mario Catarino Rivas, sí hubo atenciones a pacientes que fueron rescatados de los techos de sus hogares por el desbordamiento que se dio en el río Ulúa, pero dijo a Contracorriente que «no pasó a más que una recuperación de hidratación, no tuvimos fatalidades inmediatas por lo menos en el ingreso de algún paciente rescatado»,
Ramírez también reconoce que ellos no pueden llevar una estadística global de los muertos en la zona norte pero que es inevitable que existan muertes asociadas que no se cuentan y podrían verse en el reporte de fallecimientos en los hogares.
«Puede pasar que alguien limpiando en su casa haya tenido un paro cardiaco o un accidente cerebrovascular que se le haya generado por el estrés, pero recuerde que eso ya no llega al hospital porque fallecen en las colonias y barrios, sería trabajo de medicina forense».
El doctor Vladimir Núñez, coordinador regional de Medicina Forense en San Pedro Sula, también reconoció que no llevan un registro de muertes asociadas y solo se podría determinar a través de una investigación exhaustiva de los registros.
Una nota del medio digital Criterio recogía el testimonio de Ramón Cruz, comisionado de la municipalidad de Choloma, quien apoya los trabajos de miembros del Comité de Emergencia Municipal (Codem), en donde explicaba que hasta el 18 de noviembre muchos cadáveres no eran rescatados y que los designados del Ministerio Público sólo se habían encargado de darle equipo para recoger él mismo a los muertos.
Solicitud de fondos sin datos transparentes
«Les invito a que vengan a Honduras y conozcan la realidad con sus propios ojos, la destrucción de la infraestructura, puentes, viviendas, escuelas, hospitales y cultivos en las zonas productoras que nos ha dejado estos dos huracanes», expresó el presidente Juan Orlando Hernández el pasado 12 de diciembre en su intervención en la Cumbre sobre la Ambición Climática de 2020. Sin embargo, la invitación del presidente hondureño se hace sobre datos inciertos tanto de muertos como de desaparecidos.
Entre el 5 y 19 de noviembre con las lluvias de Eta e Iota se crearon grupos de Facebook con la intención de encontrar a personas que en muchos casos se habían quedado sin comunicación en los techos de sus casas. Las redes sociales enumeraban listas de cientos de personas, pero el gobierno se quedó en el conteo de entre seis y nueve desaparecidos.
El gobierno de Honduras ha solicitado al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el desembolso adelantado de 35 millones de dólares para atender el impacto causado por las tormentas Eta e Iota. Sin embargo, las autoridades no llevan un registro confiable de víctimas y desaparecidos para conocer el impacto real de los fenómenos.
«No hay un reporte de desaparecidos, un listado oficial y por eso es difícil poder decir que llevan un recuento de todas esas muertes porque definitivamente el sistema no está diseñado para eso, es en lo que menos piensan», agrega el doctor Fidel Barahona.
En lo que sí piensa el gobierno es en la solicitud de fondos internacionales para iniciar las labores de reconstrucción de las zonas más impactadas, pero no hay una intención aparente de esclarecer las cifras humanas y dar respuesta a las familias. En ese sentido, Gustavo Boquín, miembro de la Comisión Interventora de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-h-) considera que Honduras necesitará invertir entre 10,000 millones y 12,000 millones de lempiras en la reconstrucción (410 millones de dólares).
Hernández también les recordó a los mandatarios de las otras naciones que asistieron a la cumbre antes citada que «nuestro Honduras es víctima de este cambio climático generado por los países industrializados; por lo tanto, el acceso a los fondos por el clima es un derecho adquirido, no es una limosna», palabras del mandatario del mismo gobierno que dos días antes de la llegada de la primera tormenta invitaba a la población a disfrutar de unas vacaciones para reactivar la economía.
El otro impacto de la tormenta
«Es una tragedia, en cada casa hay necesidades diferentes, imagínese que mi madre se impactó tanto que tuvo un infarto; a principios de enero la evalúan para poder ponerle un marcapasos», me dice Mirna y dos días después envía otro mensaje contando la muerte de Brenda Sabillón Pineda, prima de Argenis que hace unos años había sido diagnosticada con cáncer, había logrado sobrevivir a la enfermedad pero a raíz del desastre inició con una hemorragia que concluyó con su muerte el 18 de diciembre.
Mirna también relata que en la noche que llenó de muerte a su familia, había 9 personas en la casa, pero solo sobrevivieron dos: Milton, hermano de Argenis, e Isabel Méndez, madre de la familia. «Isabel quedó sin esposo, sin hijos, sin nietos, sin casa, sin negocio, y además mal de sus oídos, ahora la está tratando un psicólogo».
Marta Jiménez, referente médica en Proyecto de Médicos Sin Fronteras en Choloma, dijo en una entrevista dada a Contracorriente que «considera la situación post huracán una emergencia humanitaria debido a diversos factores: uno es que la población continúa sin tener un acceso seguro a sus casas o a viviendas saludables, en muchas de las comunidades las viviendas continúan inundadas o incluso en donde el agua ya se ha ido las casas continúan llenas de lodo, de barro, y las familias no tienen un hogar seguro».
Jiménez asegura que la Secretaría de Salud estima que más de 250,000 personas tienen actualmente acceso limitado o nulo a los servicios de salud debido a daños en la infraestructura del sistema público. En 1998, tras el paso del huracán Mitch, las cifras apuntaban a 123 centros de salud seriamente dañados, afectando cerca de 100.000 personas. Muchas de las personas que pasaron a vivir en asentamientos resultantes de los estragos de Mitch, fueron ahora una vez más los más afectados debido a su condición de vulnerabilidad.
Otros factores de riesgo a considerar, según Médicos Sin fronteras, son las necesidades en salud mental que tiene la población, «precisamente ahora en el período post huracán es cuando las necesidades de salud mental se acentúan más, estas personas enfrentan procesos de estrés, ansiedad y duelo, tanto por sus bienes materiales como por familiares u otros seres humanos, incluso por pérdidas de animales».
Ante todas estas razones, según la doctora Julissa Villanueva, exdirectora de Medicina Forense, las cifras de muertes asociadas al desastre seguirán aumentando en silencio.
«El tema de la vigilancia epidemiológica vinculada a casos de desastre natural y muertes en esas condiciones, no están articulados en la intención del gobierno de dar un registro adecuado porque aquí usted no ve una articulación ni con la Secretaría de Salud, ni con la Secretaría de Derechos Humanos que debería ser la llamada a investigar estos hechos ni mucho menos con Copeco», y agrega que cualquiera que quiera conocer las cifras oficiales se va a dar cuenta que Honduras siempre vivió en un subregistro que termina en ocultamiento de la información.
La doctora también explica que en el manejo de cadáveres en desastres naturales las guías nacionales e internacionales exigen que deben ser identificados, entregados y explicados a las familias para conocer qué les pasó. En el caso de la aldea San José de Oriente fueron los miembros de la comunidad quienes se encargaron de rescatar e identificar los cadáveres, Mirna apunta que el alcalde Agustín Muñoz del municipio de Ilama, nunca apareció para ayudarles.
«Los subregistros nos afectan, porque no conocemos si la sociedad hondureña está siendo protegida por el Estado con políticas públicas sanitarias que le favorezcan. Cuántos cientos de fallecidos nos dejaron los huracanes, que deben estar soterrados, pero a nadie le interesa conocer esa cifra y se va a perder hasta que todos queden en el olvido», cierra la doctora Villanueva.
