El Gobierno de Juan Orlando Hernández ha nombrado un consejo consultivo para comenzar el proceso de reconstrucción, tras el paso de las tormentas Eta e Iota. Inmerso en la devastación, la mayoría del pueblo hondureño no confía en la administración actual.
Texto: Allan Bu
Fotografías: Deiby Yánes y Martín Cálix
El 5 de noviembre, durante el paso de la tormenta tropical Eta, circularon imágenes en las que el río Higuito, uno de los más caudalosos en el occidente de Honduras, rebasaba completamente la estructura de uno de los puentes de la carretera que une a Gracias, Lempira y Santa Rosa de Copán. La bravura de las aguas debilitaron las bases del puente, que doce días después colapsó ante una nueva embestida de este río, esta vez provocada por los torrenciales aguaceros que trajo consigo la tormenta tropical Iota.
En menos de quince días, Honduras fue sacudida y destrozada por el paso de estos dos fenómenos tropicales. Las pérdidas para el país son incuantificables. Uno de los sectores más afectados es la infraestructura vial en la que se han reportado cientos de daños en la redes primaria, secundaria y terciaria.
En comparecencia en Canal 11, el ministro coordinador de Gobierno, Carlos Madero, manifestó que en todo el país casi 100 puentes fueron destruidos o dañados, 267 puntos carreteros de la red primaria y secundaria han sido afectados, 175 derrumbes, 14 deslizamientos y 130 desbordamientos. Según este recuento hay 2905 viviendas dañadas.
Las pérdidas económicas, estima el Gobierno, son unos 10 000 millones de dólares.
Las lluvias de estos dos ciclones han provocado 91 muertes de acuerdo con las estadísticas de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) (125 según las Fuerzas Armadas), 9 desaparecidos, 3 777 000 afectados, 368 268 evacuados, 289 730 incomunicados y 88 893 albergados. Ha sido una tragedia para el pueblo hondureño. Con estas cifras al menos cuatro de cada diez hondureños fueron afectados.
Tras la devastación, el Gobierno ha llamado a la reconstrucción. Juan Orlando Hernández nombró un consejo consultivo que participará y guiará el proceso, pero, finalmente, no tendrá poder de decisión, eso seguirá siendo tarea del ejecutivo. En este nuevo órgano participan reconocidas figuras de los partidos Nacional y Liberal.
Obras dañadas
Honduras sufrió enormes daños en su infraestructura vial. Hay pueblos en el occidente del país, que permanecen incomunicados. En departamentos como Santa Bárbara las vías de comunicación sufrieron graves daños. Carlos Chinchilla, director del Espacio Regional de Occidente (EROC) considera que casi un 90 % de las vías terciarias en ese sector del país sufrieron un gran daño.
De acuerdo con las cifras que maneja el Gobierno, 45 puentes fueron destruidos por el paso de los ciclones y otros 57 fueron dañados y deben ser inspeccionados por técnicos para determinar los alcances de los daños.
Entre las vías afectadas, hay algunas muy importantes del país. En el departamento de Atlántida, el puente Saopin cedió antes la fuerza descontrolada de las aguas del río Cangrejal. Este se encuentra sobre la carretera CA-13 como un importante punto de conexión entre La Ceiba y los departamentos de Colón y Yoro.
También hubo daños en el tramo que conecta a Santa Rita y El Progreso, en el departamento de Yoro. En este punto las aguas de una quebrada socavaron parte de la carretera.
En 2015, el Gobierno de Juan Orlando Hernández anunció una inversión de 134 millones de dólares para el corredor turístico, que en 2012 como parte de la operación de la Alianzas Público Privadas fue adjudicado por 30 años a la empresa Autopistas del Atlántico, SA. (ADASA).
Según el informe de las APP en el 2019, 42 millones de dólares ya fueron ejecutados en este corredor que comprende las vías San Pedro Sula-El Progreso, El Progreso-La Ceiba y La Barca-El Progreso.
En el 2016, Autopistas del Atlántico pretendió instalar peajes entre San Pedro Sula y El Progreso, a la altura del desvío de San Manuel, pero la respuesta tenaz de los pobladores progreseños impidió que este cobro se normalizara. Las casetas fueron quemadas en las protestas tras las elecciones en el 2017, cuando miles de ciudadanos denunciaron un fraude electoral que reeligió inconstitucionalmente a Juan Orlando Hernández.
En el informe anual de las APP en 2019, se refleja un pago de 14.5 millones de dólares en compensación y servicio de deuda para Adasa, pero al no entrar en funcionamiento los peajes, la empresa detuvo las obras que había iniciado.
En el Occidente, el puente en la carretera que une Gracias, Lempira y Santa Rosa de Copán, sucumbió a las bravas aguas del río Higuito. Este tramo es parte del denominado Corredor lenca, que va desde Yamaranguila, Intibucá, hasta Santa Rosa. De acuerdo a datos oficiales, el Gobierno invirtió en esta vía de comunicación 524 819 966 de lempiras (21 millones de dólares).
Carlos Chinchilla, director del EROC, dijo a Contracorriente que mientras se construía el Corredor lenca se señaló a emisarios del Gobierno que el puente del Higuito había prestado su vida útil, pero no fueron escuchados. Se sustituyó la capa de asfalto, pero se dejó el mismo puente.
En entrevista para este medio, el ingeniero civil Luis Mejía afirmó que en Honduras hay una gran cantidad de puentes en condiciones precarias: «hay puentes de hace treinta años y aunque su estructura se vea fuerte, su vida útil ya caducó», aseguró.
A finales de 2019, el Gobierno de Honduras anunció con bombos y platillos la inauguración del llamado Corredor de Occidente. La obra comprende los tramos entre La Entrada-Santa Rosa de Copán y La Entrada- Los Ranchos y Los Ranchos-El Florido, frontera con Guatemala. Tras el paso de los dos ciclones de noviembre, hay denuncias de que en los tramos La Entrada-SRC y La Entrada-Los Ranchos el concreto hidráulico ya presenta fisuras y otras fallas. El Eroc consideró que estas fallas estaban antes de la llegada de estas lluvias.
En las cifras publicadas por el Gobierno se sostiene que en el Corredor de Occidente se invirtieron 4,436 millones de lempiras (177 millones de dólares) en 119 kilómetros. En el tramo entre La entrada y Santa Rosa de Copán se estima que la duración de la obra es de 20 años y fue construida por la empresa brasileña Gabriel Couto y Asociados.
Otra vía muy dañada es la que conecta la comunidad de La Ceibita en Santa Bárbara con Pito Solo en Comayagua. Esta carretera une CA-4(occidente) con la CA-5 (centrol). Tras el paso de las tormentas Eta e Iota los pateplumas han quedado prácticamente incomunicados.
A la altura de Gualala, Santa Bárbara, el río Ulúa se desbordó y se llevó un segmento de la capa de asfalto que había sido reparado solo dos años atrás. En Pueblo Nuevo, igual otro desborde de una quebrada dejó sin asfalto otro tramo de la vía. En San Francisco de Ojuera, hubo un hundimiento en el que se perdió la mitad de la carretera.
Esta vía fue reparada entre junio de 2016 y enero de 2017. El proyecto consistió en bacheos, colocación de sellos asfálticos, reparación y construcción de drenajes menores, señalización y reparación de hundimientos existentes en la calzada. De acuerdo con la información oficial en este proyecto se invirtieron 130,295.000 millones de lempiras (5 346 532 de dólares). Antes de los embates de la naturaleza, la capa de asfalto ya tenía una gran cantidad de baches. Los expertos dicen que el asfalto tiene una duración aproximada de unos quince años, pero solo han pasado tres años desde que esta vía se terminó.
En el Valle de Sula, los bordos sostenían las crecidas de los ríos Chamelecón y Ulúa que fueron rebasados y destruidos en grandes tramos. En una entrevista en Televicentro, el ministro coordinador de Gobierno, Carlos Madero, sostuvo que iban levantar esas barreras que defendían a ciudades como La Lima y El Progreso.
Otro de los focos de atención del Gobierno es el aeropuerto de San Pedro Sula, Ramón Villeda Morales, que fue totalmente anegado en dos ocasiones por Eta e Iota. Los daños son cuantiosos, aunque no se ha publicado una cifra. Se espera que la terminal aérea entre en operaciones nuevamente a finales de diciembre.
Tras veinte años en concesión a la empresa InterAirports, propiedad del magnate Fredy Nasser, el acuerdo finalizó el 28 de septiembre del 2020 y con esto el aeropuerto Villeda Morales entrará en un nuevo proceso concesionario. Uno de los fuertes candidatos a quedarse con este es el Grupo Emco, inversionista en el aeropuerto de Palmerola y que pertenece a Lenir Pérez, concuñado de Fredy Nasser y controversial empresario por la minera que ha desatado un conflicto socio ambiental en el Bajo Aguán.
Los costos vs. los presupuestos
En una entrevista con Radio América, el ministro de la presidencia, Ebal Díaz manifestó que Honduras necesita unos 3 500 millones de dólares para retornar a las circunstancias en las que estaba antes de la pandemia y las tormentas tropicales.
Es que el país se encontraba en cuarentena desde mediados de marzo de 2020 cuando se registraron los primeros casos de COVID-19 y esto ha causado grandes daños a la economía. Se han perdido aproximadamente medio millón de empleos y hay un cierre masivo de medianas y pequeñas empresas. El confinamiento se terminó tras la devastación que dejaron a su paso las tormentas Eta e Iota.
Al 1 de diciembre en Honduras habían 2927 muertes confirmadas y 108 641 contagios. Y en noviembre Honduras fue devastado por dos fenómenos tropicales. De ahí que el ministro Ebal encuentra tierra fértil para dejar en el aire que se necesitan 85 292 000 de lempiras para reconstruir el país. Hay que recordar que para combatir la pandemia desde el Congreso Nacional también se aprobó al Gobierno actual el permiso para endeudarse con más de 90 000 000 de lempiras. El alto funcionario no explicó la fórmula que lo llevó a sacar esta millonaria conclusión.
Lo cierto es que la cifra lanzada por Ebal, está distante de lo dicho por el miembro de la Comisión Interventora de Invest-h, Gustavo Boquín, quien consideró que Honduras necesitará invertir entre 10 000 millones y 12 000 millones de lempiras en la reconstrucción (410 millones de dólares).
«Y es una cifra que se queda corta, tenemos 45 puentes destruidos, 55 dañados y muchos kilómetros del patrimonio vial afectados por hundimientos, cortes y derrumbes. Esto es una catástrofe jamás antes vista», dijo Boquín.
Honduras en esta catástrofe probablemente seguirá perdiendo, ya que la reconstrucción será dirigida por un gobierno señalado de corrupción en múltiples ocasiones y que tendrá a su disposición miles de millones de lempiras. «Este plan va de la mano con el acompañamiento de los veedores sociales para que cada centavo que se invierta de la forma más transparente posible», dijo Ebal en Radio América.
Las prácticas anteriores contradicen el discurso de transparencia de Ebal. Un estudio realizado por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh) estima que entre los años 2014 y 2018, Honduras perdió unos 31 748 millones solo en la construcción de carreteras.
«La infraestructura ha sido la modalidad más común de los corruptos para sustraer fondos públicos porque en construcción de obras es complicado poder cuantificar la calidad y cantidad de lo que se utilizó», manifestó Odir Fernández, jefe de la Unidad de Investigaciones del CNA.
«La infraestructura ha sido la modalidad más común de los corruptos para sustraer fondos públicos». Odir Fernández, CNA
Contracorriente consultó a profesionales de la ingeniería civil sobre las estimaciones que se tienen en obras carreteras. Un ingeniero que trabaja en la constructura Lazarus y Lazarus confió que un kilómetro de siete metros de ancho de asfalto con un grosor de quince centímetros costaría alrededor de 9 millones de lempiras.
Otro profesional, quien prefiere mantener el anonimato y trabajó en el desaparecido Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) manifestó que este tipo de construcciones se miden por metro cuadrado. De acuerdo a sus estimaciones un m² de concreto hidráulico anda por 1600 lempiras y uno de capa de asfalto 1100 lempiras.
Y aquí vienen las diferencias, de acuerdo con los valores publicados en la plataforma Sisocs.com, que utiliza información oficial, el tramo que va de La Entrada a Santa Rosa en el departamento de Copán es una superficie de 45.8 kilómetros y el costo fue arriba de 47 millones de dólares. Si tomamos una calculadora cada kilómetro de concreto hidráulico le costó al Estado de Honduras un poco más de 25 millones de lempiras.
Sobre este tema consultamos al directivo del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, Jorge Paredes Paz, quien manifestó que en este momento todos los valores que se darán a conocer serán estimados porque no hay forma de cuantificarlos al detalle.
Explicó también que el Gobierno utilizará en este proceso de reconstrucción se utilizará la contratación por administración delegada, en la cual se hace una estimación de lo que se va invertir y del trabajo a ejecutar». En lenguaje sencillo es una contratación directa.
Paredes consideró que la emergencia provocada por los dos ciclones que azotaron a Honduras en noviembre impide realizar un proceso de licitación normal «porque eso llevaría meses, entonces la mejor forma es la contratación directa con la modalidad de administración delegada».
El ingeniero manifestó que hay una tabla de precios que se utilizará para pago de personal y renta de equipo. Estos costos serán la base de todos los proyectos de reconstrucción. Este medio pidió información de precios a miembros de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción – Chico), pero no obtuvo respuesta.
La transparencia parece ser un problema en América Latina. El sitio argentino Infobae cita una auditoría del Tribunal de Cuentas Europeo para establecer una comparación entre el costo que tiene un kilómetro de carretera de asfalto en Europa y América Latina.
El reportaje recoge que un kilómetro de carretera de asfalto cuesta, aproximadamente, 116 000 dólares en Alemania, 164 000 en Grecia, 215 000 en España y 218 000 en Polonia.
En América Latina, dice Infobae, es muy difícil realizar esta auditoría porque los países no llevan un registro pormenorizado de los costos, pero calculan que en México durante el Gobierno de Felipe Calderón un kilómetro de asfalto tuvo una inversión de 2 millones de dólares. En Perú 900 000 dólares, en Bolivia 700 000 dólares y en Venezuela 1 300 000 de dólares. Concluyen que un kilómetro de asfalto puede costar siete veces más en América Latina que en Europa.
Y si comparamos a Centroamérica, en Costa Rica (1.2 millones de dólares) y Guatemala (1.1 millones de dólares), el kilómetro de carretera tiene costos muy similares a los que tiene en Honduras.
De los hospitales a los puentes
En el país aún no está sofocado el escándalo por la compra irregular de siete hospitales móviles de los cuales solo están funcionando los de San Pedro Sula y Tegucigalpa. Los últimos tres llegaron el 20 de noviembre, casi ocho meses que se pagaron más de 47 millones de dólares por ellos.
Estimaciones realizadas por el CNA, la sobrevaloración en la compra de los hospitales móviles fue de unos 31 millones de dólares, que al cambio actual serían 755 millones de lempiras.
El ente encargado de la compra fue Invest-h, dirigido, en aquel entonces, por Marco Bográn. Pues esta misma institución ahora encabezada por una junta interventora será la encargada de comprar un lote de veinte puentes bailey, que se requieren para restablecer el paso en muchas vías importantes del país.
La compra será coordinada por la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (Insep), la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (Sedecoas), Inversiones Estratégicas de Honduras (Invest-h) y la Secretaría de finanzas.
«Esta es una invitación internacional, es un proceso nuevo y transparente. En la instalación de los puentes se dará prioridad en las zonas que se encuentran incomunicadas y las zonas productivas del país, esos son los dos criterios que prevalecerán para la colocación de esas veinte unidades que se comprarán», explicó en la presentación del proyecto, el Comisionado de Invest-h, Gustavo Boquín.
Agregó que «este proceso será público, transparente y participativo. Se colgarán en las páginas de Transparencia y de Honducompras —esta invitación para que compañías productoras internacionales—, y debo hacer énfasis con productores, no se permitirá la participación de intermediarios».
En una entrevista en Canal 11, el ministro de Insep, Roberto Pineda, manifestó que evaluarían la posibilidad que estos puentes bailey se queden como solución no provisional, sino permanente. «Hay que habilitar los pasos de suma urgencia, en el paso del tiempo vamos a decidir si lo vamos a dejar como una posibilidad permanente o algo temporal», acotó Pineda.
El ingeniero Paredes difiere con la idea que un puente bailey se considere una solución permanente. «Al igual que los hospitales son obras temporales. No está prevista de forma permanente, aunque sí está diseñada porque tiene las características para soportar determinadas cargas en función de lo que esté comprando».
Conforme a información subida en el sitio web de Invest-h, en la licitación participaron diecinueve empresas ofertantes. La nota de prensa subraya que el proceso era para que los oferentes demostraran que están en la capacidad de proveer puentes estructurales, galvanizados y con comprobadas normativas de estándares internacionales.
Pero los puentes bailey, no es lo único en lo que ya comienza a hablarse de millones. El Gobierno hondureño y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) ya trabajan en estructurar un préstamo por 200 millones de dólares en aras de reparar la infraestructura vial del país.
La información fue confirmada por el presidente del banco regional, Dante Mossi, quien durante un conversatorio con periodistas de la región se refirió a este financiamiento que recibirá el país: «estamos preparando con mucha intensidad una operación de 200 millones de dólares para la reconstrucción de carreteras, cajas puente y caminos de acceso a fincas cafetaleras», detalló Mossi.
Además, el 2 de diciembre el Banco Central de Honduras (BCH) anunció un préstamo para la Secretaría de Finanzas, (Sefin) por el orden de 5600 millones de lempiras(229 millones de dólares). El presidente del BCH explicó que estos recursos son para atender las emergencias provocadas por la pandemia de la COVID-19 y la devastación provocada debido al paso de las tormentas tropicales Eta e Iota. El presidente del BCH, Wilfredo Cerrato, explicó que los fondos han sido prestados a plazos de seis años y al 0.63 % de tasas concesionales.
El Gobierno también informó a través del ministro Ebal Díaz, en declaraciones que recoge La Prensa, que ya se han contratado dos empresas constructoras que se encargarán de reparar los bordos de los ríos Chamelecón y Ulúa, que sufrieron grandes daños tras el paso de los dos fenómenos tropicales.
Díaz habló tras una reunión sostenida entre funcionarios del Gobierno y representantes de la empresa privada, entre los que figuraban los hermanos Mario y Jesús Canahuati. Asistieron también Zoila Cruz, ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Sedis), Carlos Madero, ministro coordinador general de Gobierno, Max Gonzales, ministro de Copeco y Leonel Ayala, ministro de Gobernación.
Se habló de muchos millones en ese cónclave. Zoila Cruz, ministra de Sedis, expuso que el Gobierno se plantea un programa en el que invertirán unos 3500 millones de lempiras en auxiliar a quienes perdieron su vivienda a causa de los fenómenos tropicales Eta e Iota.
Primero, la funcionaria expresó que están contemplando diseñar un modelo de vivienda temporal para las personas que permanecen en los albergues, este programa supondrá una inversión de 1 500 millones de lempiras (61.5 millones de dólares). Segundo, planean construir 5133 viviendas permanentes que se entregarán como donación, un poco más de 3000 en el Valle de Sula, con una inversión de 1,067 millones de lempiras (43.7 millones de dólares). También se pretende reparar unas 45 000 viviendas a un costo de 1000 millones (41 millones de dólares).
La represas Los Llanitos en el río Jicatuyo, afluente del Ulúa, y El Tablón en el río Chamelecón, también fueron tema de conversación. Desde el Gobierno sostienen que ya tienen diseños, estudios y presupuesto. Hace siete años la represa costaba 212 millones de dólares, de acuerdo con estimaciones de Invest-h. Se habló de muchos millones en un país que está quebrado.
Desconfianza, repartimiento y consejo consultivo
En octubre de 1998, Honduras fue devastada por el huracán Mitch. Más de cinco mil vidas se perdieron y la infraestructura del país fue devastada. En aquel entonces, la comunidad internacional acudió casi de inmediato en auxilio de los hondureños.
El gobierno dirigido por el liberal Carlos Flores recibió cientos de millones de dólares en donaciones de países amigos.
Pasaron 22 años y Honduras nuevamente ha sido devastada, esta vez por dos fenómenos tropicales. Hay muchas tragedias y otra vez este pequeño país centroamericano necesita miles de millones de lempiras para levantarse. Sin embargo, ahora parece que los gritos de auxilio no se escuchan en el concierto internacional.
El apoyo no ha llegado y el gobierno de Juan Orlando Hernández tendrá que engrosar la deuda externa para costear la reconstrucción.
No es un secreto que las actuaciones de la actual administración en contra de la transparencia y sus reiterados escándalos de corrupción le han restado credibilidad ante sus gobernados. Así lo ve Odir Fernández del CNA. «El Gobierno de Honduras no goza de la confianza de la ciudadanía, no goza de confianza de parte cooperantes internacionales porque los índices de corrupción lo colocan en los peores lugares», sostiene.
Por eso los funcionarios orlandistas mencionan cada vez que pueden que los procesos se realizarán con transparencia. Quizás a lograr un poco de confianza obedece que la administración de Juan Orlando Hernández haya nombrado un Consejo Consultivo de la Reconstrucción para liderar un proceso en el que ya están involucrados Invest-h, Insep y Sedecoas.
El Consejo Consultivo está formado en su mayoría por reconocidas figuras de los partidos tradicionales: María Elena Mondragón (nacionalista), Gabriela Núñez(liberal), Rubén Sorto (empresario), Juan Bendeck (liberal), Gustavo Alfaro (liberal), Ana Cristina Mejía(nacionalista), Guillermo Matamoros (economista), Henry Merriam (nacionalista), Rocío Tábora (nacionalista), Carlos Borjas (naciolista), Omar Rivera (Fonac), Milton Jiménez Puerto (Libre) y Ricardo Hausmann (economista venezolano radicado en Estado Unidos).
Los miembros de este grupo asesor han reiterado que ellos no administrarán fondos ni realizarán contrataciones. Tampoco percibirán sueldo. Su función principal será generar una propuesta técnica para hacer viable la reconstrucción. Sin embargo, la ciudadanía ha reclamado la presencia de expertos en construcción en el consejo.
«Es una reconstrucción con los mismos actores y si participan los mismos. Si no involucran personas beligerantes vamos a tener los mismos resultados», sentencia Odir Fernández.
El jefe de investigaciones del CNA, sostiene que la entidad que representa no es invitada a estos procesos. «Dicen que las puertas están abiertas, pero en realidad están con mil candados: No les interesa que participen Fosdeh, CNA, CMH… porque nosotros no nos debemos a una persona y este país es malo, hay decir las cosas como son, entonces lo que se pretende es tener algunos títeres», dice.
La reconstrucción, además, estará en muchas manos. El territorio nacional ha sido repartido por tres instituciones. Invest-h se hará cargo de rehabilitar los tramos carreteros y reconstruir la infraestructura dañada en los departamentos de Olancho, Gracias a Dios, Francisco Morazán, Colón, Atlántida, Cortés e Islas de la Bahía. Mientras que los restantes once departamentos fueron distribuidos entre Insep y Sedecoas.
«Se mencionan gran cantidad de actores, pero ¿de quién van a depender?, del Poder Ejecutivo. Solo con figuras que están ahí para llamar la atención, pero las decisiones van a tomarse desde las altas esferas», analiza Odir Fernández.
Esta semana, aunque sus miembros no pierden oportunidad para aclarar que su papel es asesorar, el Consejo Consultivo se reunió con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) que se encuentra en el país y realizará estimaciones de las pérdidas en la economía hondureña.
Mientras, Juan Orlando Hernández viajó a Estados Unidos para exponer ante representantes de organismos internacionales de crédito las necesidades que tiene Honduras tras el paso de Eta e Iota. El país debe endeudarse más, cuando ya tiene cuentas pendientes por más de 15 000 millones de dólares. Lo peor es que no hay certeza del rumbo que tomarán los cientos de millones que engrosarán la deuda en aras de la reconstrucción.
