En medio del desastre por las inundaciones en el Valle de Sula, la violencia se ha agudizado debido a la vulnerabilidad social y ambiental demostrada con el paso de las tormentas la semana pasada. La calamidad se traducirá en violencia, afirman expertos.
Texto: Ana Irías
Fotografía: Martín Cálix
El Valle de Sula ha encabezado este año las estadísticas por contagios de COVID-19, pero recientemente su vulnerabilidad también se demostró con el paso de las tormentas que dejaron miles de personas afectadas. Esta semana, el Colegio Médico de Honduras pidió declararla «zona de desastre».
El departamento de Cortés, desde hace décadas, ha sido uno de los más golpeados en los homicidios múltiples o masacres, para poner un ejemplo, el Observatorio de la Violencia reportó que el 31 de diciembre de 2019 esta zona cerró con 18 homicidios múltiples, 2 ocurrieron en el municipio de Choloma, 1 en La Lima, 2 en Puerto Cortés, 1 en Villanueva y 12 en San Pedro Sula.
Parte de estos municipios se inundaron por las tormentas Eta e Iota, lo que obligó a sus pobladores a resguardarse en los techos de sus hogares, árboles y hasta en postes de alumbrado público para ponerse a salvo.
Durante la emergencia, por varios días, las personas afectadas hicieron llamados de auxilio a través de los distintos medios de comunicación y redes sociales, pero en la mayoría de los casos no obtuvieron respuesta de los entes del Estado, eso provocó que los mismos ciudadanos se dispusieran a realizar labores de rescate en apoyo al Cuerpo de Bomberos de Honduras, la única institución que socialmente fue bien valorada por la opinión pública.
A medida avanzaban las operaciones de rescate, por medio de redes sociales se denunció que maras y pandillas en sectores como Planeta, en La Lima, departamento de Cortés, extorsionaban a quienes intentaban realizar labores de rescate.
Karol Bobadilla, abogada e integrante del Foro de Mujeres por la Vida, expresó que todavía existe mucho temor en la población del Valle de Sula por la conflictividad que generan las maras y pandillas. En algunos de los recorridos realizados por su organización en los diferentes puntos inundados en estos sectores se reportan casos de violencia contra familias enteras, cuyos autores son —según los denunciantes— miembros de estructuras criminales.
«Se dio una denuncia de una mujer en uno de los sectores controlados por pandillas, al inundarse su hogar tuvo que cruzar un territorio contrario. Corrió ese riesgo y es terrible porque fue amenazada de ser violada por el simple hecho de cruzar esa frontera», dice.
El paso de las tormentas tropicales cobró 92 vidas humanas, 9 desaparecidos y 2 995 459 afectados a nivel nacional (decenas de miles permanecen en albergues), según datos proporcionados por la Comisión Nacional de Contingencias (Copeco).
Bobadilla piensa que hubo inoperancia gubernamental y respuesta tardía al momento de los rescates porque «ante la llegada de estas catástrofes no se había planificado nada. Si se hubieran puesto los recursos y el conocimiento de cómo abordar una situación de emergencia, evidentemente esto no hubiera sucedido».
Sostiene que las amenazas y violencia que viven estos territorios fue aprovechado por el Gobierno para tener una excusa y no atender los llamados de auxilio: «Fue una excusa porque sabemos que la violencia que se vive en estos sectores es una cuestión real que ha pasado siempre. Pero ese no era el único factor que impidió que llegara la ayuda, el Gobierno jamás creó una ruta de evacuación para evitar las pérdidas humanas».
La psicóloga Mayara Orellana, integrante del Foro de Mujeres por la Vida y de la agrupación Feministas Universitarias, asegura que son muchas las violencias que se viven en los albergues: violencia sexual, psicológica, intrafamiliar y la violencia que ejercen las maras y pandillas. «Al inicio de la catástrofe se instalaron a integrantes de pandillas en un solo albergue generando serios conflictos entre los damnificados. Otra de las situaciones fuertes ha sido la trata de menores», explicó.
Orellana reveló que las autoridades competentes ya tienen información sobre estos casos, pero ante la falta de la actuación del Estado, desde su ejercicio profesional no puede hacer mucho: «La trata de menores ha sido denunciada ya, es sobre un padre que alquila a su hija por horas de la madrugada en uno de los albergues aquí en la zona norte y por la mañana la menor regresa a su padre, nosotros no podemos hacer mucho porque no sabemos la procedencia de esta persona».
Según fuentes oficiales 128 127 personas se encuentran albergadas en 502 centros educativos, iglesias y centros comunales en todo el territorio nacional tras el paso de las tormentas tropicales, de los cuales 27 fueron inspeccionados, luego de que la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf), realizara diferentes visitas y se encontrara con casos de abuso sexual en perjuicio de dos menores de edad.
Lolis Salas, directora del Dinaf, informó que uno de los casos corresponde a una menor de 10 años, quien ha sido violentada sexualmente por su padrastro y, el segundo, otra menor de 16 años que fue agredida por una persona desconocida que se encontraba entre los albergados en un centro escolar donde se encontraba la víctima. Ante esta situación el Dinaf indicó que procedió a proteger a estas menores, sus hermanos y madres.
El Ministerio Público por medio de su portavoz, Yuri Mora ha dado a conocer que diferentes equipos realizan aún investigaciones de estos casos en los albergues ubicados en la zona norte: «por medio de la fiscalía de la niñez de la mano de psicólogos está realizando diferentes trabajos con los menores en los albergues, ya que la mayoría se encuentran muy vulnerables, tristes y estresados, así que nuestro trabajo es indagar qué sucede con estos menores para tener un estado anímico muy bajo».
Mientras tanto la Policía Nacional por medio de su portavoz, asegura estar brindado seguridad en los albergues del país. «No tengo el dato exacto de cuáles y cuántos albergues están siendo vigilados, pero la Policía Nacional fue alertada de las violaciones e inmediatamente se inició el desplazamiento para salvaguardar a la ciudadanía en estos lugares», agrega Jair Meza.
Agregó además que se reportaron varias denuncias sobre amenazas provenientes de maras y pandillas al Sistema Nacional de Emergencias 911, aunque es claro que no solo los miembros de estas estructuras son los victimarios. «Algunas denuncias las recibimos, pero la mayoría solo se realizaron por redes sociales, ante esta situación la Policía Nacional aumentó la vigilancia en las zonas de rescate», explicó.
Entre otros hechos estaban las denuncias del robo de lanchas y amenazas por parte de estructuras del crimen organizado, que operan en el Valle de Sula, estas fueron notificadas a la Policía, puntualiza Meza, quien afirma que hay agentes que permanecen resguardando los lugares en donde se realizaron las evacuaciones a causa de las tormentas tropicales, principalmente para evitar el saqueo de las viviendas.
Contracorriente habló con Óscar Triminio, vocero del Cuerpo de Bomberos, quien reconoce la enorme conflictividad por la violencia, pero asegura que sus unidades no tuvieron problemas para realizar labores de rescate en los sectores catalogados como violentos.
«Gracias a Dios la institución tiene una aceptación casi general a nivel de población, incluso tenemos estaciones de bomberos en zonas con muchos problemas de violencia y jamás hemos tenido una amenaza, el crimen organizado siempre ha respetado al Cuerpo de Bomberos, ellos saben que nosotros servimos indiferentemente de quienes requieren el servicio», afirma.
La violencia y el COVID-19 azotan Honduras
Honduras lleva aproximadamente ocho meses de encierro a causa de la llegada de la pandemia del COVID-19, pese a esto y a la llegada de dos tormentas tropicales que desataron otra emergencia nacional, la violencia no se detuvo.
En 2019 Honduras se convirtió en el país más violento de Centroamérica con una tasa de 41.2 homicidios por cada 100 000 habitantes, según el informe Balance de InSight Crime, de los homicidios en 2019. Entre los departamentos con mayor número de homicidios se encuentran Cortés, Francisco Morazán, Yoro, Atlántida y Olancho.
El pasado fin de semana se reportó una nueva masacre en el departamento de Comayagua, cobrando la vida de Lorenzo Tejeda de 42 años, German Maldonado de 21 y Henry Hernández de 34, los tres fueron asesinados por hombres desconocidos al momento de retornar a sus viviendas luego de convivir con amigos en la colonia Canadá en Comayagua.
La Policía Nacional informó a Contracorriente que este crimen fue cometido por enemistades personales y que a la fecha no hay capturas de los hechores. Con esta masacre se aumenta a 44 en total en el territorio nacional, que han cobrado la vida de 155 personas en lo que va del 2020.
Según el Departamento de Estadística Policial, el promedio diario de homicidios es de 9.30 y la tasa por cada 100 000 habitantes es de 32.07, datos que reflejan una disminución del 14.33 % con respecto al año 2019. En el mes de febrero se cerraron las cifras de homicidios con 10.90 muertes por día con un total de 316 fallecidos.
El 16 de marzo el Gobierno de la República decretó toque de queda en todo el país, impidiendo así la circulación de los ciudadanos, esto produjo la disminución de la violencia ya que se registraron 7.71 crímenes diarios, arrojando un total de 239 asesinatos en el mes, pero en mayo los datos nuevamente aumentaron reportando 8.68 fallecidos al día con un total de 269 en el mes.
En junio se incrementó a 9.27 fallecimientos por día, registrando 278 homicidios en total, mientras tanto en julio se reportó 9.61 asesinatos al día con un total de 298 al mes. En agosto nuevamente las cifras aumentan reportando 10.31 fallecidos al día para un total de 314 en el mes, en septiembre tuvo una leve disminución con 9.30 fallecidos por día reportando al mes 279 homicidios.
Luego de autorizar en el mes de octubre la circulación de dos dígitos de la tarjeta de identidad por día para reactivar la economía, la violencia nuevamente aumentó ocupando el mes más violento en lo que va del año según la Secretaría de Seguridad con un promedio de 11.22 muertes por día, cerrando el mes con 329 fallecimientos de forma violenta en todo el territorio.
Mientras tanto en los 20 días que va del mes de noviembre se reportan 140 homicidios con un promedio diario de 9.19 fallecidos, siendo el crimen organizado y el narcotráfico las principales causas de estas muertes, según la Policía Nacional.
Para la criminóloga Arabeska Sánchez, este año se podría cerrar con un promedio de 36 homicidios por cada 100 000 habitantes. La IV Encuesta de percepción ciudadana sobre inseguridad y victimización, realizada por el Observatorio de la Violencia de la UNAH indica que la inseguridad en Honduras podría incrementar en un 59.4 %.
Se reportaron 26 masacres en todo el país, de las cuales 13 fueron cometidas en Tegucigalpa. Por otra parte, el COVID-19 ha cobrado la vida de 2877 hondureños a nivel nacional con una tasa de letalidad del 2.73 % reportando 305 muertes por un millón de habitantes.
