En El Salvador, Guatemala y Honduras se habla de mujeres desaparecidas desde hace poco tiempo. Es un fenómeno lleno de prejuicios y al que los Estados han tardado en dar una respuesta contundente. En El Salvador y Guatemala se crearon leyes que ayudan a entender la situación, pero los registros en Honduras todavía son limitados.
Texto y datos: Carmen Quintela Babío/ Agencia Ocote
Ilustración portada: Margarita Figueroa
Faltan mujeres en el norte de Centroamérica. Faltan porque las desaparecen con la intención de matarlas, de borrarles su nombre, de explotarlas, de violarlas. Faltan porque se desaparecen ellas, cuando huyen de la violencia con la que se enfrentan a diario.
Faltan mujeres y, en muchos casos, nadie las está buscando. En otros, aparecerán, y no se investigará por qué se fueron. Y, en otros, nunca sabremos por qué nunca volvieron.
Estación del silencio (EDS) es un espacio imaginado por Agencia Ocote desde el nacimiento del medio en 2019, que busca exponer y promover la reflexión sobre las diversas formas de violencias que sufren las mujeres en la región mesoamericana.
En EDS se busca mostrar la realidad, debatir sobre las estructuras que permiten que se callen esas formas de violencia, pero también hallar las grietas por donde puedan asomarse los cambios. Se trata de una plataforma transnacional en la que medios y periodistas de la región, en alianza, investigan para dar una panorámica amplia sobre la situación de las mujeres en estos territorios.
En este segundo episodio de EDS perfilamos la situación de las mujeres desaparecidas en El Salvador, en Guatemala y en Honduras y tratamos de entender un fenómeno que comenzó a nombrarse, investigarse y estudiarse hace apenas unos cuantos años.
El episodio Desaparecidas reúne a El Faro, de El Salvador; a ContraCorriente, de Honduras; y a Agencia Ocote de Guatemala; y está patrocinado por Foundation for a Just Society (FJS).
La artista guatemalteca Margarita Figueroa de León hace su propia interpretación de la situación de las mujeres desaparecidas. Figueroa decidió ilustrar las instituciones de las que se espera ayuda, contrapuestas con la respuestas con que nos enfrentan. “Estos entes justifican lo que haya sucedido dando razón a la violencia que se haya cometido contra las mujeres”, explica la artista. “Me pareció importante ilustrar también la cara de una de las hondureñas que ofrece su ayuda en ese país, pues representa un atisbo de esperanza”.
Las mujeres que faltan
Para este episodio de Estación del Silencio, solicitamos datos de mujeres desaparecidas a las Fiscalías, las Policías y los órganos judiciales de los tres países, con la intención de hacer una radiografía del fenómeno en el norte de Centroamérica.
La información se solicitó del 1 de enero de 2008 al 30 de junio de 2020, para hacer un análisis de las tendencias en los últimos años. Sin embargo, en cada país, las estadísticas entregadas corresponden a diferentes períodos.
Por ejemplo, el Ministerio Público de Guatemala (MP) envió la información de 2008 a junio de 2020; el de Honduras, de 2008 a diciembre de 2019; y la Fiscalía General de la República de El Salvador, de 2012 a junio de 2020.
Para comparar los datos de los tres países en el mismo período, tomamos los datos de enero de 2012 a diciembre de 2019.
Según la información oficial, sabemos que, en estos ocho años, se denunció la desaparición de 9,849 mujeres en El Salvador, 16,389 en Guatemala y 2,488 en Honduras.
El fenómeno de las desapariciones de mujeres en estos años ha variado según el país.
En El Salvador, se registra un ligero aumento de 2012 a 2014. Desde este año, hay una tendencia a la baja, según los datos de la Fiscalía General de la República.
En Guatemala, en función de la institución que entregó la información, existen unas u otras dinámicas. Según la Policía Nacional Civil (PNC), desde 2011 comienza a registrarse una subida en las desapariciones, que encuentra un pico en 2013, para después empezar una bajada.
En cambio, según el Ministerio Público, hubo dos aumentos de casos en los últimos 13 años: uno en 2011 y otro en 2019. Este último pudo coincidir con el aumento de las acciones de reporte y búsqueda de mujeres desaparecidas, a partir de la creación de un mecanismo para localizarlas, aprobado recientemente.
Y en Honduras, la información del Ministerio Público muestra cómo el fenómeno se ha mantenido bastante estable entre 2008 y 2019, aunque en estos 12 años sí se distingue una ligera tendencia ascendente.
Faltan las adolescentes
En El Salvador, Guatemala y Honduras, hay un grupo de edad en el que se registran más desapariciones: las adolescentes, de entre 13 y 17 años.
En el caso de El Salvador, en ese rango de edad, las cifras se disparan. Según los datos de la Fiscalía General de la República, las adolescentes mujeres, son más vulnerables a encontrarse desaparecidas o privadas de libertad.
De enero de 2012 a junio de 2020, la FGR registró 10,144 denuncias de privaciones de libertad de mujeres. De esas, 3,885 eran adolescentes de 13 a 17 años: el 38.3%. Con los hombres no pasa lo mismo. El rango de edad en el que son más vulnerables se encuentra al cumplir la mayoría de edad.
En Guatemala, los porcentajes de adolescentes son similares, aunque depende de la institución que mida los datos. Según el Ministerio Público, de enero de 2008 a junio de 2020, hay 34,865 registros de mujeres desaparecidas, 11,938 (34.24%) son de adolescentes de 13 a 17 años.
En la Policía Nacional Civil, los datos varían: la mayoría de las mujeres desaparecidas que se registran en sus bases de datos (65%) son adolescentes. El corte de edad que maneja la PNC es de 12 a 17 años.
En Honduras, los datos con los que se cuentan para hacer este análisis son más limitados. El Ministerio Público registra 3,037 casos de mujeres desaparecidas de enero de 2008 a diciembre de 2019, pero la información está desglosada únicamente por municipio y departamento donde se registraron.
La Policía Nacional sí hace el desglose por edad, pero tiene un número más bajo de denuncias: 383, de 2011 a junio de 2020. De estas, un 26.9% corresponden a adolescentes de entre 13 y 17 años. Los datos de mujeres jóvenes, entre 18 y 30 años son más elevados: 35.2%.
La explicación que se encuentra en cada país es diferente. En El Salvador la desaparición de mujeres se asocia directamente con las condiciones en las que la violencia comunitaria y de género hace más vulnerables a las niñas y adolescentes. Según la fiscal Guadalupe Echevarría, directora de la Unidad Especializada para Personas Desaparecidas “en la adolescencia vemos que por rebeldía o por ser manipuladas por otras personas se ausentan de su familia. Eso genera vulnerabilidad. No desligamos esto del tema de pandillas. Ellos hacen una especie de reclutamiento de jovencitas y hemos venido detectando esa situación”.
En Guatemala, las organizaciones de mujeres achacan esto a diferentes causas. Claudia Hernández, directora de la Fundación Sobrevivientes, relaciona algunas de estas desapariciones con las pandillas y la trata de menores. Karla Campos, coordinadora del área de transparencia del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), recuerda además que este grupo de población es uno de los más afectados por la violencia sexual dentro del entorno familiar.
Los datos de la Policía Nacional Civil, por ejemplo, muestran que la mayoría de casos de trata de personas que se registran son de niños y adolescentes. Las estadísticas de la PNC no hacen un desglose por cada caso específico (únicamente agrupan la información por edades, o por sexo, o por lugar de los hechos), así que no podemos cruzar los datos según las características de la persona, pero sabemos que de las 346 víctimas de trata desde 2008 (hombres y mujeres), 278 (el 80%) tenían entre 8 y 19 años.
Los registros que se guardan en Honduras son imprecisos y no nos permiten entender los motivos de las desapariciones. Algunas se asocian a redes de trata, aunque no hay datos para entender la magnitud del problema. Además, organizaciones de mujeres indican que, aunque sean menores de edad, en algunos lugares se normaliza que las niñas se vayan con adultos que dicen ser su pareja.
Según las estadísticas de la Policía Nacional, en los casos en los que los familiares dieron alguna información sobre lo que creían que les había pasado a la niña o adolescente, la principal sospecha era que se había ido con alguna pareja, en muchos casos un hombre mayor.
Nombrar un delito
Cada país del norte de Centroamérica ha manejado el fenómeno de las mujeres desaparecidas de un modo distinto. En todos se ha comenzado a nombrar muy recientemente y sólo en algunos se integró en la legislación.
En noviembre de 2019, El Salvador incluyó en su Código Penal el delito de “privación de libertad”, que tiene una pena de prisión de tres a seis años. Hasta entonces, la ley sólo reconocía la desaparición forzada (la que cometen policías, militares o agentes estatales).
Sin una tipificación clara, antes de la reforma la Fiscalía registró como privación de libertad los casos de desaparición de personas no vinculados con agentes del Estado.
En Guatemala, las desapariciones de mujeres no son un delito, no forman parte del Código Penal, aunque el Ministerio Público es una de las instituciones encargadas de llevar este registro de manera exhaustiva desde hace dos años. En 2018 se implementó un mecanismo para localizar a las mujeres, gracias a la Ley de Búsqueda Inmediata de Mujeres Desaparecidas aprobada en 2016.
En Honduras, tampoco hay un delito específico por desaparecer a una mujer. Pero además en el país no hay una respuesta frontal del Estado hacia el fenómeno de mujeres desaparecidas. El Ministerio Público recoge datos de denuncias, pero no da información acerca de cómo avanzan los casos. No se sabe, por ejemplo, cuántas mujeres continúan desaparecidas, cuántas fueron encontradas vivas y cuántas muertas. Tampoco si se siguió un proceso de investigación.
Personas expertas consultadas para este episodio de Estación del Silencio explican que hay una serie de delitos que pueden asociarse a las desapariciones de mujeres, porque, generalmente, implican que al llevarlos a cabo se privó a las mujeres de su libertad.
Secuestros, desapariciones forzadas, trata de personas o rapto son algunos de estos delitos. En Honduras, de enero de 2008 a junio de 2020 el Poder Judicial registra 12 casos de tráfico de personas, 58 de privación injusta de libertad y 103 de secuestros en los que la víctima fue una mujer.
En Guatemala, según información del Ministerio de Gobernación, sabemos que de enero de 2008 a junio de 2020 se registraron 229 casos de trata de persona y 330 de secuestros donde la víctima fue una mujer. Sin embargo, desde el Organismo Judicial no hay manera de saber cuántas sentencias están asociadas a estos delitos cuando la víctima fue una mujer, ya que no segrega la información según el sexo de la persona agraviada.
Pero, además, tampoco tenemos acceso a datos que nos muestren, por ejemplo, cuántas mujeres víctimas de femicidio, asesinato u homicidio fueron desaparecidas antes.
Esta información, por lo general, se incluye en los expedientes e incluso en las sentencias de los casos, pero no se han sistematizado en estadísticas. Esteban Celada, abogado especializado en derechos humanos de las mujeres en Guatemala, explica que “mucho de lo que se ha trabajado desde sociedad civil y juzgados permite entender patrones de lo que pasa. Pero nos faltan estudios criminológicos y sociológicos para entender la situación y lograr un impacto social”.
Quién busca a las que faltan
En el norte de Centroamérica, igual que en otros países de la región, no se hablaba de mujeres desaparecidas hasta hace unos años. En el caso de Guatemala y Honduras, fueron las organizaciones de mujeres y los familiares de las mujeres desaparecidas quienes pusieron el tema sobre la mesa, quienes nombraron un fenómeno y quienes impulsaron leyes y acciones políticas para buscar a las mujeres que faltan.
En El Salvador fue distinto. La discusión se movió a nivel político y en el sistema de justicia por la presión mediática y la abundancia de casos en los últimos ocho años.
Agrupaciones de mujeres en Guatemala lograron presentar una iniciativa de ley de Búsqueda Inmediata de Mujeres Desaparecidas. En 2015, una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos le dio el impulso que el proyecto necesitaba para ser aprobado y entrar en vigencia.
La ley logró que se creara un mecanismo de búsqueda de mujeres y que se integrara una coordinadora formada por instituciones del Estado y organizaciones para discutir el tema y realizar acciones. También integró una figura interesante: los equipos locales de búsqueda. Estos equipos, coordinados por la Policía Nacional Civil, se basaron en los grupos comunitarios que se forman en Estados Unidos para buscar a personas desaparecidas.
Sobre el papel pintaba bien. Grupos locales, de agentes de policía, vecinos, personas de organizaciones, bomberos e iglesias que se organizan de manera casi automática cuando se registra una desaparición.
Sobre la práctica, la ley tiene varios vacíos. En la iniciativa no se aclaró de dónde saldrían los fondos para integrar la secretaría ejecutiva de la coordinadora nacional del mecanismo de búsqueda de mujeres desaparecidas. La ley dice que esta secretaría debe ser la encargada, entre otras funciones, de conformar y coordinar los equipos de búsqueda, y dar seguimiento a sus acciones.
Sin fondos, la secretaría no ha logrado integrarse, y por lo tanto tampoco los equipos de búsqueda. Según Karol Castro, jefa del departamento de equidad de género de la PNC, en la institución lograron crear algunos grupos a través del Modelo Policial de Seguridad Integral Comunitaria. “El responsable es el mando superior de la Policía Nacional Civil en el sector, que es el que convoca. Después, se integran bomberos municipales, líderes comunitarios, personal de los Consejos Comunitarios de Desarrollo (Cocode)…”, explica Castro.
En Honduras, la búsqueda de mujeres sigue en manos de la sociedad civil. A día de hoy no existe un protocolo o norma a seguir cuando se dan estos casos.
Son las mismas mujeres las que se organizan en las comunidades para buscar a las mujeres y para acompañar los casos penales. El Foro de Mujeres por la Vida, por ejemplo, está conformado por varias organizaciones que hacen este trabajo en el norte de Honduras. En estos años les han dado acompañamiento a mujeres e incluso crearon un protocolo para atender los casos.
Este protocolo explica cómo reaccionar según los delitos de los que las mujeres pueden ser víctimas. También las acciones legales y de investigación que deben seguir las autoridades, sobre todo si la mujer es encontrada muerta o no se localizó.
Karol Bobadilla, representante del Foro de Mujeres por la Vida, explica que en Honduras no hay una institución dedicada a conocer casos de mujeres desaparecidas, que sepa cómo hacer las investigaciones y cómo actuar cuando una persona llega a denunciar una desaparición: “La mayoría de los casos se diluyen en las instituciones”, cuenta.
En El Salvador, existe un Protocolo de Acción Urgente y Estrategia de Búsqueda (PAU), que se presentó en diciembre de 2018 y que explica que no debe existir un tiempo de espera antes de reportar una persona como desaparecida. Sin embargo, familiares y organizaciones muestran que esto no sucede.
Verónica Salazar, trabaja con una organización que defiende los derechos de las mujeres en el departamento de Cuscatlán. La activista señala que muchas veces las mismas entidades estatales actúan con negligencia. “Cuando se llega a reportar que una niña no ha llegado a la casa, la Policía dice que se debe esperar 24 horas para tomar la denuncia. En 24 horas pueden pasar muchas cosas. Luego regresan, pero ¿en qué situaciones regresan?”.
En el norte de Centroamérica son los familiares de las mujeres desaparecidas los que se mueven día a día para que este tema no quede en el olvido y para que se busque una solución al problema.
Para que las instituciones no las dejen de buscar, para que las encuentren cuando falten, para que la sociedad no normalice sus desapariciones, para que los casos logren justicia.
