El pasado miércoles 22 de julio, se llevó a cabo la presentación del libro Redes de Poder político-económico en Honduras: un análisis post-golpe, del autor Harald Waxenecker, a través del conversatorio organizado por la Fundación Heinrich Böll Stiftung y el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi). En el libro se describe la configuración de poder político y económico que prevalecía en Honduras en 2009 y después del golpe de Estado. Con la pandemia de la COVID-19, grupos de sociedad civil se cuestionan si habrá una reconfiguración del poder con el impacto político y económico que tiene esta nueva crisis.
Este estudio de Waxenecker, caracteriza la élite económica de Honduras. Hace un acercamiento metódico distinto a partir del análisis de redes en los enfoque interlocking directorates (directores) e interlocking ownership (accionistas), construyendo relaciones entre empresas y personas, a través de la base de datos del Servicio de Administración de Rentas (SAR), la cual sistematizó las directivas y encontró una red céntrica de unas 326 empresas conectadas. Entre estas se encuentran: Grupo Karims S.A., Fondo de Inversiones S.A., Organización Publicitaria (OPSA), Banco del Pais S.A., Inversiones Atlántida, S.A., Standard Fruit de Honduras S.A., Banco Ficohsa, Hoteles de Honduras S.A. de C.V., Corporación Dinant S.A., Terra Representaciones y Servicios S.A.
«Esto demuestra y posiciona los parentescos dentro de la red de las élites con distintos segmentos que no se pueden separar en grupos económicos, porque estos se encuentran interrelacionados, ocasionando una economía desigual, a partir de la crisis del golpe de estado en 2009, que vuelve este año a golpear a toda la región y a Honduras en el contexto de la pandemia», explicó el autor.
Waxenecker, menciona que el contexto tras el golpe de Estado ha dejado cuatro variantes: la concentración del poder político, distorsión de la competencia económica, remilitarización y violaciones de derechos humanos —que en la actualidad se ve muy presente— y la disfuncionalidad del sistema de justicia, refiriéndose a la corrupción.
Posterior a la presentación, se llevó a cabo un foro que tuvo la participación de Ana Pineda, abogada experta en derechos humanos, en derecho penal y exministra de Justicia y Derechos Humanos, en el gobierno de Porfirio Lobo; Hugo Noé Pino, economista y docente en Unitec; y Jennifer Ávila, periodista y directora de Contra Corriente.
Según Ana Pineda, el estudio le permitió darse cuenta «no solo cómo las distorsiones entre lo económico y lo político afectan la situación de derechos humanos, sino también el desafío que se debe hacer como una tarea compleja y ardua para poder mejorar la situación de derechos humanos (…) esto por el entramado económico y político que se retroalimenta recíprocamente en función de sus propios intereses y no en función de los intereses de la mayoría». Por otro lado, mencionó que «la pandemia ha afectado la economía del país, y la situación al finalizar será dramática, ya que hasta el momento las micro, pequeñas y medianas empresas, han cerrado en un 44 %».
Por su parte, el economista y expresidente del Banco Central de Honduras, Hugo Noé Pino afirmó: «todavía no se conoce el impacto completo que deja la pandemia, y lo que se puede visualizar hasta el momento es el endeudamiento público». Y en cuanto a la reconfiguración del poder por la pandemia, mencionó que «dependerá de lo que pase en el funcionamiento de la economía, ya que Honduras se encuentra en uno de los momentos más conflictivos y una de las rutas será que conduzca a una reapertura democrática y con mayor participación ciudadana, que aliviaría las tensiones y daría pie a un mejor planteamiento económico».
En cambio, la periodista Jennifer Ávila, señaló que «cambiar de gobierno no garantiza la reconfiguración del poder, ni tampoco aceptar un gobierno autoritario que promueva un cambio de poder». También mencionó que «en Honduras nos hemos dado cuenta con mayor claridad, más o menos desde 2013, que no podemos separar el estudio económico formal de las economías ilegales», refiriéndose a pequeñas fisuras en esas élites económicas que el estudio muestra con los cambios de las dinámicas en el narcotráfico en 2015 y la afectación que tuvo en empresas de la familia Rosenthal, tras los casos por los que dos de sus socios principales pagaron cárcel en Estados Unidos.
Ávila, añadió: «sabemos cómo algunas empresas insignia, que están en este informe, han hecho el cambio de sus dueños y fueron designados en Estados Unidos por el narcotráfico. Y vemos en estos años que no se puede separar estas dos cosas. Este tipo de dinámicas criminales y del narcotráfico también cambian y reconfiguran un poco el poder económico».
La crisis tras el golpe de Estado de 2009 sigue vigente en el ámbito económico, social y estas secuelas visibilizan la falta de voluntad del Estado en poder garantizar los derechos a todas las personas, y la evidente voluntad del mismo, para privatizar los bienes naturales, algo que Waxenecker llama «naturaleza politizada», y el beneficio de las élites en detrimento de las mayorías.
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