El Ministerio Público (MP), informó ayer el decomiso de 44 vaporizadores y nebulizadores en mal estado. Este equipo médico ha sido adquirido en la millonaria compra de los hospitales móviles, de los cuales 2 llegaron al país el pasado 10 de julio, y aún se encuentran en la aduana de Puerto Cortés.
«Los 44 vaporizadores fueron utilizados y tenían fecha de caducidad en el año 2016, también 54 circuitos del flujo de anestesia estaban en mal estado, los cuales corresponden al hospital móvil que será instalado en la ciudad de San Pedro Sula. Esto es uno de los hallazgos preliminares y que en su momento se detallarán en totalidad», citó el MP a través de su cuenta de twitter.
Ante los actos de corrupción señalados por la compra de este equipo médico, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), en su octavo informe Corrupción en tiempo de Covid, ha dejado al descubierto la sobrevaloración de 32 millones de dólares en la compra de 7 hospitales móviles, los cuales fueron adquiridos para atender la emergencia que enfrenta el sistema de salud, debido a la pandemia por COVID-19.
En tal sentido el CNA reveló que Inversión Estratégica de Honduras (Invest-h) pagó por los 7 hospitales móviles la suma de 47 millones de dólares, pero que su valor real es de 14 millones de dólares, realizando así un perjuicio para las finanzas del Estado de Honduras de 32 537 185 de dólares.
«El único pico más alto que el país ha logrado alcanzar hasta este momento, es el de la corrupción, sobre todo cuando se logra identificar la sobrevaloración de hospitales móviles por más de 800 millones de lempiras. El caso del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) se quedará corto con este latrocinio», expresó el jefe de la Unidad de Investigación del CNA, Odir Fernández, en su página de Twitter, refiriéndose a este tema.
Incoherencias en las facturas
Las incoherencias presentadas por dicha organización revelan que la fecha de la emisión de las facturas es del 2 de julio del 2020, y la adquisición de los hospitales fue cancelada el 18 de marzo del presente año, demostrando así que la emisión de las facturas fue realizada 4 meses después del pago correspondiente a los hospitales móviles.
Asimismo, el CNA teme que el sistema de facturación de la empresa Elmed Medical no esté regulado bajo el sistema tributario, de ser así no se podría evitar la modificación de los números correlativos de las facturas.
También han revelado que la empresa proveedora de los hospitales es Vertisa, la cual se encargó de la fabricación de los mismos en Turquía, y no la empresa de Álex López, como se ha asegurado por parte del director de Invest-h, Marcos Bográn, ya que López solo fungió como intermediario del proceso de compra.
Conozca sobre el mecanismo de poca transparencia de la empresa Elmed Medical en esta nota: Las capas que esconden los rostros del fraude en la pandemia
Por esta razón, se ha cuestionado si la diferencia de precios es la correspondiente al pago de comisión por la intermediación entre Vertisa y el Estado de Honduras, valor que corresponde a 10 090 000 dólares, que López con su empresa Elmed habrían cobrado por este objeto.
Marcos Bográn contrató a su tío para instalar hospitales móviles
Marco Antonio Bográn Corrales, es abogado de profesión, estuvo al frente de Invest-h durante nueve años, pero el 27 de junio dejó la titularidad de dicha unidad administradora luego de ser señalado en la malversación de aproximadamente 48 millones de dólares en las compras de emergencia a causa del coronavirus que llegó al país el pasado 13 de marzo.
Bográn proviene de una familia de políticos y empresarios hondureños, sobrino de María Antonieta Guillén Bográn exdesignada presidencial en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa, mandato que ha sido cuestionado por diversos actos de corrupción. Asimismo, según investigaciones del CNA, es sobrino de Napoleón Bográn Idiáquez, presidente de la empresa Consultores de Ingeniería Sociedad Anónima (Cinsa), que fue contratada por Invest-h para la supervisión y construcción de los planteles donde se instalarían los hospitales móviles. Esto viola la Ley de la Contratación del Estado de Honduras, ya que en su artículo 15 numeral 6, estipula que quedan inhabilitados de tener acuerdos con el Estado los siguientes: «Ser cónyuge, persona vinculada por la unión de hecho o parientes del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios bajo cuya responsabilidad esté la precalificación de las empresas, la evaluación de propuestas, la adjudicación o la firma del contrato».
También es sobrino de Arturo Corrales Álvarez, quien se ha desempeñado en varios cargos gubernamentales, entre ellos, primer comisionado civil de Copeco, en el gobierno de Carlos Roberto Flores; intercedió entre el Gobierno de Manuel Zelaya y las transnacionales dedicadas al suministro de combustible, y también fue llamado por el presidente para conformar su proceso de Consulta Ciudadana o Cuarta Urna, que derivó en el golpe de Estado de 2009. En el mandato de Porfirio Lobo Sosa, fue nombrado ministro de la Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa; luego canciller de la República en septiembre de 2011 hasta abril de 2013, y en mayo de 2013, ministro de Seguridad y Comisionado Nacional de Defensa y Seguridad. El sucesor gobierno de Juan Orlando Hernández lo ratifica como ministro de Seguridad, en enero de 2014, y un año después lo nombró nuevamente canciller de la República.
Quizá los nexos políticos y de parentesco más importantes de Bográn en este momento son los que tiene con el presidente del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), José Juan Pineda Varela, ya que el TSC es el ente encargado de establecer las responsabilidades administrativas, civiles y penales de los funcionarios públicos defraudadores del Estado.
Desde que la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) fue retirada del país, al TSC se le ha dado la potestad de investigar actos de corrupción con más autoridad que el mismo MP, siendo esta una de las razones que agrava la situación por la que ha sido señalado Bográn, ya que él está protegido por el TSC.
Bográn, entre sus diferentes cargos, estuvo al frente de la Cuenta Desafío del Milenio (MCC), y durante su estancia en dicho cargo, Honduras no logró aprobar una de las 3 barreras de la evaluación.
Actualmente el extitular de Invest-h está siendo investigado por 3 delitos de corrupción: delito de fraude, abuso de autoridad y malversación de caudales públicos, así lo ha dado a conocer el MP.
Múltiples actos de corrupción en el sistema de salud
El desfalco del IHSS, revelado en 2015 ha provocado un gran impacto, ya que la malversación se aproxima a 330 millones de dólares, robo que se realizó mediante una red de empresas falsas, provocando la muerte de pacientes que recibieron medicamentos y tratamientos inadecuados.
Raúl Pineda, analista político y exdiputado del Partido Nacional, opina que es oportuno que las entidades de justicia actúen de manera inmediata en este momento que se ha revelado un nuevo desfalco que agrava la crisis sanitaria: «Se debe establecer el daño económico que ha provocado este delito y evidenciar quiénes son los verdaderos actores del mismo». También sostiene que el informe presentado por el CNA contiene la suficiente información para que el MP lo tome como un dato de prueba que le de fundamento a un requerimiento que podría ser ampliado en un juicio.
«No solo son los hospitales, hubo problemas con los respiradores, con la compra de las mascarillas, pareciendo así que Invest-h sustituyó a la Secretaría de Salud y que desde ese preciso momento hay una intención perversa por parte de quien tomó la decisión de que fuese un organismo dedicado a otras actividades a realizar las compras especializadas en temas de salud».
Otra institución que está en investigación es Copeco en titularidad de Gabriel Rubí, que al inicio de la emergencia también realizó la compra de los primeros 160 respiradores mecánicos, que en su momento representantes del Colegio Médico de Honduras denunciaron que no eran los adecuados para atender a pacientes graves de COVID-19. Esto respaldado por el CNA quien comprobó que el equipo llegó incompleto, faltando insumos como cables y sensores que facilitan el monitoreo de los pacientes, pero al no cumplir con los estándares médicos terminaron almacenados en las bodegas de los hospitales. De igual manera, la compra de 800 000 mascarillas KN-95, las cuales no cuentan con la suficiente protección para ser utilizadas por el personal médico en las salas COVID.
Pineda, asegura que Honduras ha perdido una década de institucionalidad desde 2010 a la fecha, ya que estos actos de corrupción continúan dañando la imagen del país, evitando así la inversión extranjera y demostrando que se pierde la credibilidad, no existe un crecimiento en ningún rubro, siendo este el resultado de la corrupción y de la tolerancia de la población.
Instalación de los hospitales móviles
El pasado 10 de julio, llegaron a territorio nacional los dos primeros hospitales móviles, los cuales se encuentran a la fecha en la aduana de Puerto Cortés, el director de Operaciones Aduaneras, Marco Tulio Abadie, ha informado por medio de un comunicado de prensa que, a la fecha, se han inspeccionado 39 contenedores, verificando en su totalidad el área de cuidados intensivos que será instalada en San Pedro Sula.
El secretario de Estado de la Presidencia Ebal Díaz, ha informado que la instalación de los hospitales móviles será realizada por ingenieros hondureños en modalidad remota. Esto quiere decir que los diseñadores de los hospitales estarán desde su país dirigiendo.
Asimismo, José Coello, vocero de las Fuerzas Armadas (FF. AA.)ha informado a Contracorriente que están a la espera que se les brinde las instrucciones para la custodia de los hospitales, durante su traslado e instalación, ya que 30 efectivos acompañarán a los técnicos que se encargará de dicho proceso.
Tras la renuncia de Marcos Bográn, Evelyn Bautista fue nombrada como la nueva titular de Invest-h, pero a los 13 días de su nombramiento presentó la renuncia irrevocable ante la presidencia de la república, dada esta razón el gobierno decidió la intervención de la institución y ayer en horas de la noche fue juramentada la junta interventora, que será dirigida por un militar.
Por 180 días asumirá la interventora el control total de Invest-h, asumiendo la titularidad Ernesto Leva Bulnes, quien tendrá el cargo de presidencia, militar activo de las FF. AA., también forman parte de la interventora el ingeniero José Gustavo Boquin y el ingeniero agrónomo José Alberto Benítez Portillo.
El daño económico
Las finanzas públicas muestran su mayor deterioro ya que no solo en la actual pandemia se reporta una grave disminución de los ingresos tributarios, sino también una caída en el crecimiento del país que se prevé en, al menos, cuatro puntos al concluir el año.
Según el economista Claudio Salgado, en los próximos meses se avecina una crisis económica nunca antes vista: «todos los pronósticos realizados han rebasado la realidad, el Banco Central de Honduras había hablado de que el crecimiento de este año andaría por el 2.2 %, ahora el Banco Mundial habla de un 5 % menos, y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) de un 10% menos, de ser así, esto va a generar más pobreza, mayor desempleo y claramente una crisis social».
Mientras tanto, el informe anual que presenta la organización no gubernamental Transparencia Internacional, demuestra que Honduras ocupa la posición número 26 de los países más corruptos del mundo.
LEA el recorrido de nuestras investigaciones y coberturas con respecto a las compras del Estado durante la pandemia en este espacio: La pandemia de la corrupción en Honduras
