El Salvador, Guatemala y Honduras suman más de 13 mil muertes violentas de mujeres en los últimos ocho años. Aunque muchas de estas cumplen las características de las leyes para ser consideradas como femicidios, no se contabilizan como tales. Tampoco todas llegan a recibir justicia. En este primer episodio de Estación del silencio, un especial sobre violencias contra mujeres en Mesoamérica, hablamos de femicidio e impunidad en el norte de Centroamérica.
Texto: Carmen Quintela Babío, Agencia Ocote
Ilustración: Alberto Rodriguez Collía
Especial Estación del Silencio*
A las mujeres las matan. En muchos casos, las matan en medio de un sistema de relaciones desiguales de poder, con ensañamiento, con violencia, con brutalidad. Las matan hombres, casi siempre. Y muchos casos quedan en la impunidad.
El Salvador, Guatemala y Honduras son los tres países más peligrosos para ser mujer en Centroamérica.
Estación del silencio (EDS) es un espacio imaginado por Agencia Ocote desde el nacimiento del medio en 2019, que busca exponer y promover la reflexión sobre las diversas formas de violencias que sufren las mujeres en la región mesoamericana. En EDS se busca exponer la realidad, debatir sobre las estructuras que permiten que se callen esas formas de violencia, pero también hallar las grietas por donde puedan asomarse los cambios.
EDS es una plataforma transnacional en la que medios y periodistas de la región, en alianza, investigan para dar una panorámica amplia sobre la situación de las mujeres en estos territorios. Este primer episodio de EDS reúne a El Faro, de El Salvador; a ContraCorriente, de Honduras; y a Agencia Ocote de Guatemala; y está patrocinado por Foundation for a Just Society (FJS). Durante seis meses, las periodistas investigaron expedientes judiciales, cifras y estadísticas y escucharon las narraciones sobre mujeres que fueron brutalmente asesinadas o que lograron salvar su vida.
Además, el artista guatemalteco Alberto Rodríguez Collía hace una reflexión gráfica sobre las historias que le compartieron las periodistas a cargo de las investigaciones en cada país. Rodríguez no ilustra, interpela.
Las muertes violentas de mujeres son muchas, pero no todas son catalogadas como femicidios, algunas por no tener las características y otras por omisión institucional, y la mayoría permanecen en la impunidad.
La violencia generalizada se suma a las desigualdades que atraviesan toda la región, al poco acceso a la educación, la falta de trabajo, las diferencias salariales, el racismo y la escasa representación política.
La ley, la impunidad
Cada país recoge una serie de circunstancias por las que una muerte violenta se considera femicidio. Y aunque en los tres hay coincidencias (que víctima y victimario mantengan o hayan mantenido en el pasado algún tipo de relación, que haya existido algún tipo de violencia previa o que la muerte se haya llevado a cabo con ensañamiento), la legislación en cada país exige más o menos pruebas para distinguir un femicidio de otro delito.
En dos de los países del norte de Centroamérica existen leyes específicas establecidas para tipificar los femicidios. Guatemala fue el primer país en crearla. En 2008, se aprobó la Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, que establece penas de entre 25 y 50 años.
En 2012, en El Salvador entró en vigor la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia. Esta norma tipificó por primera vez el feminicidio y diferentes modalidades de violencia de género. Para el sistema de justicia salvadoreño es necesario que se pruebe que el delito ocurrió con “motivos de odio o menosprecio” o que la víctima fue atacada “por su condición de mujer” para lograr una condena. Para el feminicidio las sanciones van de 20 a 50 años de prisión.
Honduras, a pesar de que no tiene una ley específica que aborde de manera integral la violencia de género, incluyó el tipo penal de femicidio en su Código Penal en 2013. Se estipularon unas sanciones de entre 30 y 40 años, aunque la reforma del Código Penal de 2018 —que se esperaba que entrara en vigor en junio de este año— redujo estas a entre 20 y 30 años.
Existen leyes. Existen características específicas. Y, aun así, las muertes violentas de mujeres que se dan en estas condiciones no siempre son perseguidas penalmente bajo el delito de femicidio.
Fiscales, abogados y juezas aseguran en El Salvador, Guatemala y Honduras que los hechos suelen terminar con una calificación preliminar o con una sentencia condenatoria o absolutoria por delitos como homicidio, asesinato o parricidio, aunque tengan las características de femicidio. Sin que quede evidencia en el sistema judicial y en la narrativa social de que esas mujeres murieron por el hecho de ser mujeres.
En los tres países no se registran con rigurosidad los crímenes contra mujeres cometidos dentro de un sistema con unas condiciones desiguales de poder. Si un femicidio se juzga como tal, no sólo se reconoce a víctimas y sobrevivientes, también se contribuye a que una sociedad no omita que este fenómeno y estos crímenes suceden.
“Reconocer lo que le pasó a la víctima es importante para que la sociedad no lo obvie… Es una medida ejemplarizante para otras mujeres y para la sociedad entera”, afirma la investigadora social y directora de la Asociación La Alianza en Guatemala.
El silencio
Con los datos en la mano, sabemos que en Guatemala, según información del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), de 2012 a 2019 se realizaron 5,932 necropsias de mujeres víctimas de un hecho criminal. En este mismo período de tiempo, el Ministerio Público (MP) registra 16,443 casos abiertos por varios delitos en los que la víctima fue una mujer: homicidios, asesinatos, parricidios, ejecuciones extrajudiciales y femicidios.
Desde que se tipificó el delito de femicidio en 2008, el 13.4% de los casos de muertes violentas de mujeres fueron inscritos como femicidios en el MP. En estos 12 años, la suma es de 3,314 casos de femicidios y 24,650 casos de muertes violentas de mujeres en la Fiscalía.
En Honduras, el Ministerio Público registra 3,483 denuncias por muertes violentas de mujeres entre abril de 2013 —mes en el que entró en vigor el delito de femicidio— y julio 2019. De estas, 30 fueron registradas como femicidios. En este tiempo, en el Poder Judicial se ingresaron 104 casos por el delito de femicidio, que representan el 2.98% de las denuncias
En El Salvador se reportan 3,015 muertes violentas de mujeres entre 2012 y 2019. En la Fiscalía General de la República, se presentaron 809 requerimientos por feminicidio e intento de feminicidio, pero 404 de esos 3 mil casos se admitieron con tipificación de feminicidio en audiencia preliminar: el 13.4%.
En los tres países se registran 13,374 muertes violentas de mujeres entre 2012 y 2019. En El Salvador, 3,015; 5,932 en Guatemala y 4,427 en Honduras. Hasta ahora, es imposible determinar cuántos de todos estos hechos debieron ser investigados y recibir justicia como femicidio porque el acceso a los expedientes judiciales es tortuoso y está blindado para el análisis y la investigación. En el caso de El Salvador, los expedientes de casos de violencia contra la mujer suelen tener reserva total para cuidar la dignidad y privacidad de las víctimas.
Estas denuncias y casos abiertos deben pasar por un proceso penal y recibir una sentencia condenatoria o absolutoria. Pero este proceso no siempre es rápido ni siempre termina en una sentencia.
El Salvador registra 259 condenas emitidas por feminicidio (incluyendo simple y agravado) y 63 por intento de feminicidio, de acuerdo con la Fiscalía General de la República. En porcentajes, hablamos de que el 8.5% de muertes violentas de mujeres recibe una sentencia por femicidio.
En la Corte Suprema de Justicia de Honduras ingresaron 104 casos por femicidio desde 2014 hasta 2019. De estos, 23 han terminado en una sentencia que en 15 casos (el 14.4% del total) fue condenatoria
En Guatemala el porcentaje es algo mayor. Por los 3,314 casos de femicidio registrados en el Ministerio Público desde 2008, se emitieron 711 sentencias, 572 condenatorias, según la Fiscalía. Las condenas representarían el 17.3 % de los casos.
Esta investigación transnacional partió con la idea de analizar las sentencias de muertes violentas de mujeres para examinar los patrones de los victimarios y verificar los criterios de los jueces a la hora de tipificar uno u otro delito.
Sin embargo, esto sólo se logró parcialmente en El Salvador. El equipo de El Faro analizó las únicas sentencias disponibles al público en la Corte Suprema de Justicia, de 82 víctimas de feminicidio y feminicidio tentado desde 2012. A pesar de que existen más sentencias y casos, el Órgano Judicial dice ser incapaz de dar cifras totales y procesadas porque algunos tribunales no tienen un sistema de seguimiento de expedientes penales.
En Guatemala, el Organismo Judicial (OJ) asegura, a través de la Unidad de Información Pública, que las sentencias unificadas se encuentran en el Archivo de Tribunales, donde clasifican todos los fallos que ya están en firme. Sin embargo, para obtener los documentos, debe de darse el número de expediente, el año de la sentencia y el juzgado o tribunal que la emitió, información que no entrega el mismo OJ.
En Honduras, a pesar de que se solicitó por acceso a la información pública, el Poder Judicial no entregó información pormenorizada por casos.
Lo sistémico del problema
En esta investigación narramos las historias de tres mujeres: Karla Paola, en Guatemala; Yoly, en El Salvador; y Heidy, en Honduras. Catorce, 42 y 39 años.
Dos femicidios y una tentativa. Dos condenas y un caso abierto, a la espera de sentencia.
Las historias de estas tres mujeres ilustran las dificultades para que un caso se tipifique como femicidio; la complejidad para que se logre una condena, después de años de espera y de temor; las denuncias desatendidas.
También muestran los comportamientos violentos arraigados y el desprecio a las mujeres en el norte de Centroamérica. En palabras de Elsy Morales, jueza de instrucción y titular del Juzgado Especializado de la Mujer en San Miguel, El Salvador, “el hombre sigue considerando a la mujer como una cosa, como un objeto, y sigue queriendo disponer de su cuerpo”.
Y la desconfianza y el temor de las mujeres a denunciar la violencia de sus parejas, ante un sistema que no les da respuesta y que deja la puerta abierta a que la violencia física y psicológica termine en femicidio.
El enfoque de género es el gran ausente en los tres países. Expertas en violencia contra las mujeres en El Salvador, Guatemala y Honduras explican que no todos los fiscales y jueces están preparados para investigar y juzgar casos de femicidio. Dicen que no están familiarizados con este enfoque y que en las investigaciones y decisiones judiciales se cruza un sesgo machista.
“Prevalecen pensamientos machistas y de opresión a las mujeres, incluso en los mismos operadores de justicia”, dice Gilda Rivera, directora y fundadora del Centro de Derechos de Mujeres, en Honduras.
En los tres países hace falta personal e instituciones especializadas. En El Salvador, la Fiscalía General de la República tiene seis unidades especializadas, en Honduras hay dos y en Guatemala hay una Fiscalía contra el delito de Femicidio, pero sólo tiene cobertura en dos municipios.
Personal designado en las fiscalías especializadas hay 46 en El Salvador, 20 en Honduras y en Guatemala, 43 (contando fiscales, agentes y auxiliares). Pero, además de femicidios en el caso de El Salvador y Honduras deben investigar otros hechos de violencia contra las mujeres.
Aunque, según las estadísticas oficiales El Salvador y Guatemala tienen una tendencia a la baja de casos de femicidios, los tres países aún coronan las cifras más dramáticas de la región.
El norte de Centroamérica sigue siendo hoy un lugar en el mapa resaltado con tinta roja, donde las mujeres viven en una estación de silencio, de violencia, de impunidad.
*“Estación del silencio” es un proyecto transnacional coordinado por Agencia Ocote que investiga y reflexiona sobre las violencias contra las mujeres en Mesoamérica. Este texto es parte de la primera entrega sobre femicidios, en las que participan: Agencia Ocote (Guatemala), elFaro (El Salvador) y ContraCorriente (Honduras).
Con el financiamiento de Foundation for a Just Society, y el apoyo de Oak Foundation y Fondo Centroamericano de Mujeres.
