El subregistro durante la pandemia por COVID-19 en Honduras 

Este editorial fue escrito el 9 de julio de 2020

Han pasado ya tres meses y medio desde que la pandemia por COVID-19 llegó a Honduras. Durante todo este tiempo, la población hondureña ha tenido que adaptarse a una nueva normalidad: un estado de emergencia nacional con toque de queda, contagios en todo el país, desinformación y sobreinformación y a que todos los días por la noche —en cadena nacional— el gobierno brinde unos datos poco creíbles.

En junio, en Contracorriente, hicimos una encuesta para saber en quiénes pone la confianza la gente en este momento de crisis. La mayoría de la población encuestada respondió que no confía en lo que el gobierno dice, pero sí confía en los médicos. En este tiempo, el personal sanitario nos ha informado la situación real en los hospitales, que actualmente están en su máximo de capacidad para atender la pandemia y viven una pesadilla entre la responsabilidad de atender la pandemia y el desabastecimiento de equipo de bioseguridad, oxígeno y camas. 

Son decenas de muertes las que se reportan a diario —en medios de comunicación o en las redes sociales— de personas trabajando en los hospitales. Hasta el cierre de este editorial, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) ha reportado 26 384 contagios y 704 fallecimientos desde marzo, número que se duplicó en junio.

Si bien es cierto que llevar el subregistro de esta pandemia es un reto para los periodistas de todo el mundo, las limitaciones se vuelven más grandes en países como Honduras, donde la información está centralizada y no existe claridad ni siquiera en la legislación al respecto, debido a las contradicciones existentes entre la Ley de Transparencia y la Ley de Secretos. En Estados Unidos, el New York Times y Propública, encontraron herramientas para saber el número real de muertes en varios estados y el impacto en otro tipo de muertes por el colapso del sistema sanitario. Utilizaron bases de datos públicas y abiertas de la línea 911 de emergencias y  proyecciones del sistema de salud abiertas y precisas que pudieron comparar con datos del registro civil de este año y años anteriores.

En Honduras, solicitar esa información es posible, encontrar coherencia en lo que se recibe es una tarea igual de ardua que superar la pandemia. Las bases de datos que nos han entregado en estos meses tienen errores en las sumas, algunas venían incompletas, y en otros casos, las bases de datos de la misma institución se contradicen. No hay manera de comparar muertes y hospitalizaciones con años anteriores si algunos hospitales ni siquiera tienen los datos recopilados y otros dicen estar impedidos por la Secretaría de Salud para dar esta información. 

Sinager es la entidad responsable de comunicar el número de infectados, recuperados y fallecidos durante la actual emergencia. Sin embargo, en Contracorriente tenemos bases de datos de la Secretaría de Salud, el Instituto Hondureño de Seguridad Social, SINAGER, algunas alcaldías del país y el Registro Nacional de las Personas, con registros de infectados, recuperados, número de pruebas, hospitalizados y fallecidos de marzo al 12 de junio de 2020 que no concuerdan con lo publicado por Sinager. Los Oficiales de Información Pública nos han pedido tiempo, la mayoría de las veces, debido a que las personas en el área de estadística de las instituciones se reportaron enfermas con coronavirus. Todas estas bases de datos se han entregado 20 días o un mes después de solicitadas, además, al menos la mitad han sido entregadas en formatos cerrados como documentos pdf o imágenes.

La Secretaría de Salud reportó 21 442 pruebas realizadas de marzo a mayo, de la cuales el 65.4 % fueron realizadas en las ciudades más importantes del departamento de Cortés y Francisco Morazán. El restante 34. 5 % se distribuye en 16 departamentos. En los más lejanos, como Gracias a Dios,  apenas se realizaron 10 pruebas en todo ese periodo. Actualmente el virus está en los 18 departamentos del país.

En los datos de fallecidos a nivel nacional de la Secretaría de Salud y del Sinager, existe hasta el 12 de junio un subregistro de 29 muertes que el gobierno no publicó. Sin embargo, es en los municipios donde se refleja el mayor subregistro.

Municipios como Choloma en Cortés, con alta incidencia de contagios, registró 15 muertes más que las reportadas por el gobierno, en Villanueva en esta misma zona del país fueron 14 muertes. Entre más pequeño es el municipio, más grande es el subregistro. Ese el caso de San Nicolás, Santa Bárbara, donde la municipalidad realizó 14 entierros con protocolo COVID-19, pero Sinager no reportó ni una sola muerte en ese periodo. Solamente en una docena de municipios encontramos un subregistro de 49 muertes que no fueron reportadas por el gobierno, pero el número puede ser más grande.

La Asociación de Funerarias de Honduras, reportó al periódico El Heraldo que entre marzo y junio, sus funerarias asociadas realizaron 526 entierros con protocolo COVID-19 en Cortés, Tegucigalpa y 3 municipios del sur de Honduras. Uno de los problemas con esto es que las pruebas confirmatorias por COVID-19 tardan más de dos semanas y muchas de las personas no sobreviven ese tiempo, por lo que quedan en el acta de defunción como «sospecha de COVID-19».

Otro asunto de preocupación es la falta de registro de las defunciones en el Registro Nacional de las Personas (RNP), a pesar de que el Instituto Nacional de Estadística (INE) junto con los hospitales, están entregando un acta de defunción que señala la causa de muerte a los familiares de los fallecidos por COVID-19 confirmados o con sospecha. Honduras tendrá un proceso electoral interno en marzo de 2021 y las elecciones generales se realizarán en noviembre de ese mismo año, aún se espera respuesta del RNP con respecto a la actualización del censo y la nueva cédula de identidad. Las elecciones no se han pospuesto, pero el RNP sigue poniendo de excusa que por la pandemia el trabajo está detenido.

Pero en las elecciones, ahora mismo solo están pensando los partidos políticos que ya están haciendo campaña y negociando para elegir los candidatos que competirán en el proceso interno. Mientras tanto, las familias hondureñas están perdiendo a sus seres queridos en medio de la desinformación. Son muchos los reportes de familias que no vieron durante semanas a sus familiares enfermos hasta que los sacaron en un ataúd sellado, no pudieron enterrarlos y semanas después no tienen certeza si su familiar murió o no de COVID-19. Otras familias ha reportado discriminación en los cementerios donde las comunidades no dejan enterrar personas que murieron por el virus. A esto se suma que toda ceremonia religiosa o tradicional por la muerte de todas estas personas está suspendida para evitar la propagación del virus, algo que también afecta en gran medida la salud mental de las personas, la manera en la que se vive el luto.

En estos momentos es aún más necesario, además de documentar los hechos y hacer un análisis de los datos, romper el silencio.