Juez Guillermo López Lone: «Es un Código Penal con destinatarios ya establecidos»

El nuevo Código Penal de Honduras entrará en vigencia el próximo 24 de junio. A pesar de los señalamientos por parte de diversos sectores de la sociedad hondureña, se sigue sin contemplar las reformas y derogaciones que organizaciones nacionales e internacionales han exigido desde que el 18 de enero de 2018 se aprobó en el pleno del Congreso Nacional.

Más de dos años después y con tres vacatio legis a cuestas, organizaciones como el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) han señalado que esta ley debe ser derogada en su totalidad, debido a que es una legislación que incrementa la impunidad. Además, organizaciones defensoras de Derechos Humanos señalan que entre los 635 artículos del nuevo Código Penal, se han reducido las penas por delitos relacionados con narcotráfico, explotación ilegal de recursos naturales y en contra de las mujeres, y se penaliza la libertad de expresión.

La impunidad que señalan estas organizaciones se daría en un contexto de país en el que la extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih) en conjunto con el Ministerio Público, presentó 11 casos relacionados con actos de corrupción en los juzgados. Esto implica al menos a 80 funcionarios públicos, además de una administración pública plagada de señalamientos a los que se suma la interpretación que el Congreso Nacional hizo al Código Procesal Penal que limitaría el actuar del Ministerio Público en el secuestro de documentos para investigación.

Impunidad para corruptos

«He hablado con muchos actores, evaluando diversidad de opiniones y posiciones, con el propósito de darle tranquilidad al pueblo hondureño. He decidido convocar a sesión del Congreso Nacional para discutir la ampliación de la vacatio legis» que apuntaba el 8 de mayo, Mauricio Oliva, presidente de la junta directiva del Congreso Nacional, en un video subido a su perfil en Twitter. Oliva quien es precandidato del Partido Nacional —partido político que ha permanecido en el poder durante los últimos 10 años—, concluía su mensaje mencionando que «escuchar, dialogar, reflexionar y llegar a consensos es lo que Honduras necesita hoy, más que nunca. Dios bendiga a Honduras».

El lunes 10 de mayo entraría en vigencia la nueva normativa, pero la sesión virtual del legislativo convocada por Oliva conseguiría la aprobación de una nueva ampliación. El decreto número 46-2020 apunta que debido a la dificultad que han presentado los procesos de capacitación dados a operadores de justicia, en medio de la suspensión de garantías constitucionales por la pandemia del COVID-19,  se decretó una extensión de 45 días.

Sin embargo, Guillermo López Lone, juez del Tribunal de Sentencia en Tegucigalpa y miembro de la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) apunta que esta ampliación de la vacatio legis es «una medida de carácter político para complacer las voces críticas que hay desde la sociedad, empresa privada y desde diferentes sectores. La junta directiva del Congreso no está haciendo más que una medida de populismo legislativo». Además, López Lone asegura que el interés sobredimensionado de que entre en vigencia es sospechoso y se confirma en los argumentos de la sociedad civil que indican que este es un Código Penal que tiene destinatarios ya establecidos: «Son los altos funcionarios de gobierno que dentro de unos años ya no serán funcionarios y podrían ser investigados y llevados a los tribunales, que les interesaría que tal y como están establecidas las penas en el nuevo código, que son penas bastante leves, sean las que les impongan, hay varios beneficios de los cuales podrían acogerse. Es un código penal que surge para favorecer a determinados sectores de la administración pública y las personas que ya han sido juzgadas».

Entre 2016 y 2019 la Maccih impulsó la creación de una Unidad Fiscal Contra la Corrupción de la Impunidad (Ufecic), del Ministerio Público, y en conjunto detectaron un daño al patrimonio del Estado por un valor de casi 310 millones de lempiras (12 891 millones de dólares) en diferentes actos de corrupción: desvío de fondos, irregularidades en concesiones, sobrevaloraciones en equipo médico o contratos con el Estado, así como un pacto de impunidad que intentó frenar las investigaciones contra funcionarios.

En ese sentido Luis Javier Santos, exfiscal de la Ufecic y actual jefe de Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), señaló en su cuenta de Twitter que con el nuevo Código Penal y la Ley de Liquidación de Fondos Públicos, aprobada en 2019, «miles de casos de corrupción que implican miles de millones van destino a quedar en la impunidad».

Además, el pasado jueves el Congreso Nacional aprobó una interpretación al Código Procesal Penal, en el que la Fiscalía del Ministerio Público tendrá que solicitar una orden judicial previo al secuestro de documentación relacionada con la investigación de delitos. Según Santos esta interpretación implica imponer límites en la investigación de casos de corrupción, quitando el elemento sorpresa en la pesquisa.

Un índice del World Justice Project (Proyecto de Justicia Mundial) indica que Honduras es uno de los cuatro países con menos Estado de Derecho en Latinoamérica. Esta valoración se hace midiendo indicadores como límites al poder gubernamental, corrupción, derechos fundamentales, justicia civil y justicia penal.

Terrorismo y libertad de expresión

El tercer capítulo del nuevo Código Penal contiene las figuras delictivas de injuria y calumnia. Estas tienen penas de seis meses a un año, con multas que aumentan si se realiza con «publicidad», que según esta legislación es cuando «se efectúan a través de impresos, televisión, radio, internet, redes de información, ante una multitud de personas o a través de otros medios de eficacia semejante».

En ese contexto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en Honduras (Oacnudh) en un comunicado de prensa de julio del año pasado, manifestaron su preocupación ante lo que señalan como restricciones desproporcionadas a la libertad de expresión, la libertad de prensa, así como determinadas disposiciones que por su formulación pueden afectar el derecho a la protesta y a defender derechos humanos en el país. Estas dos instancias internacionales expresaron en ese momento una especial preocupación por la tipificación de la «responsabilidad penal en delitos cometidos a través de medios de difusión», y por mantener la tipificación de los delitos de injuria y calumnia, además de la inclusión del concepto de «publicidad».

En su momento el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) se manifestó en contra de estas secciones de la legislación y presentó una propuesta para despenalizar dichos delitos; además, anunciaron reuniones entre Dagoberto Rodríguez, presidente del CPH, y Mauricio Oliva, donde celebraban la decisión del Congreso Nacional de eliminar del nuevo Código Penal todos los artículos relativos a los delitos contra el honor. Sin embargo, hasta el momento solo se han derogado las secciones que responsabilizaban a los dueños de medios por faltas de los periodistas.

Según López Lone hay un desacierto en cuanto la regulación de los delitos que puedan darse en el tema de libertad de expresión y apunta que aunque desde su punto de vista no es un derecho absoluto y debe ser regulado, esto debe estar de acuerdo a estándares internacionales: «Lo que correspondía es que los delitos contra el honor, de calumnia e injuria fueran despenalizados y que estos delitos pudieran ser perseguidos únicamente en las instancias de carácter civil, lo que significa que ya no habrían consecuencias de privación de la libertad para los periodistas que estuvieran acusados».

López Lone también señala la inclusión de la figura de terrorismo que también ha sido señalada por organizaciones de derechos humanos como una amenaza a la protesta social, donde se establece que va dirigido a las asociaciones de dos o más personas que tienen «la finalidad de violentar el orden o provocar un estado de terror en la población o parte de ella. Este tipo penal no se ajusta conceptualmente a lo que debe proteger, que debe ser la seguridad del Estado, el orden constitucional, esto tendrá que ver fundamentalmente con eso, que las actuaciones atenten contra el orden constitucional, pero se necesita que quede restringido y no tan amplio, porque es un tipo penal abierto que puede ser aplicado como usted bien lo dice  a ciertas expresiones de la lucha social que hay en el país y que podrían existir en un futuro».

En relación a estos tipos penales el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) también se sumó a las organizaciones que han manifestado su preocupación y en un comunicado apuntaron «los efectos que la inadecuada regulación de estas conductas podría tener en la criminalización de la labor que realizan las personas defensoras de derechos humanos, pues estas permiten que se realice un uso arbitrario del derecho penal para limitar  derechos fundamentales, como ya ha venido ocurriendo en los últimos meses en el país».

Entre la derogación y la reforma

Aunque organizaciones de sociedad civil como el CNA y treinta organizaciones aglutinadas alrededor, han solicitado la derogación absoluta de esta normativa, e incluso presentaron una iniciativa ciudadana con más de 12 000 firmas, que luego fue rechazada por el Congreso Nacional. Hay otros sectores que han apuntado cierto avance comparativo con el Código Penal vigente que data de 1983, en cuanto a la realidad actual y las formas del delito. «Yo creo que el código penal ha sido un esfuerzo bastante importante que han hecho los proyectistas, no tanto el Congreso Nacional porque fueron los proyectistas que elaboraron esa versión que está bastante actualizada desde el punto de vista de las nuevas corrientes o formas de delinquir. Pero eso no quiere decir que no tenga sus desaciertos y cosas que debe corregir,  es necesario que se reformen aquellos artículos que están siendo altamente cuestionados por la ciudadanía», apunta López Lone.Aunque no parece que reformas profundas se realicen en un mes que resta de vacatio legis, Oacnudh ha recordado al gobierno a través de un comunicado que las observaciones y recomendaciones hechas al Estado de Honduras por los mecanismos de derechos humanos en relación al contenido del nuevo Código Penal, continúan vigentes y pendientes de implementarse.