Médicos en servicio social atienden emergencia en la calamidad

Médicos en servicio social han anunciado que se encuentran en calamidad económica en medio de la pandemia. Después de 90 días, alrededor de 170 de ellos han comenzado el proceso de firma del acuerdo con la Secretaría de Salud. Este contrato les asegura el salario beca de 7700 lempiras mensuales, que desde hace tres meses se les adeuda, sin embargo esto no les garantiza que recibirán el pago de inmediato. 

Boris Fúnez, médico en servicio social en el departamento de Olancho, relata que por no tener salario en los últimos tres meses, varios de sus compañeros no cuentan con el equipo de bioseguridad en los hospitales. Esto aumenta su posibilidad de contagio de COVID-19. «Hay compañeros a los cuales se les ha exigido, de manera obligatoria, pagar más de 450 lempiras por su equipo de bioseguridad, lo cual condenamos, ya que la misma Secretaría de Salud debe de suplir estas necesidades», enfatizó Fúnez. 

Fúnez, pide a las autoridades correspondientes brindar todo el apoyo solicitado porque ellos están dispuestos a continuar en los principales centros hospitalarios para atender a la población, «pero hay cosas que no se pueden hacer sin que ellos nos proporcionan nuestro pago y las medidas de bioseguridad», agregó. Los médicos en servicio social son asignados, de manera primordial, al área de emergencia de los hospitales. También se encuentran dirigiendo diferentes centros de salud en pequeñas comunidades, esto a pesar que las autoridades de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras ha solicitado que los pasantes no estén frente a la emergencia por falta de equipo de bioseguridad. 

El 13 de abril, en San Pedro Sula, se reportó un médico en servicio social contagiado por COVID-19. «Él ya está recuperado, pero tuvo muchos problemas para obtener sus pruebas, así que exigimos que si un médico en servicio social pide que le realicen una prueba, no se la nieguen. Además de eso, varios compañeros han denunciado que los resultados de los exámenes PCR se han perdido y se han  tenido que realizar nuevamente las pruebas. No podemos continuar así», afirma Danielle Castro, médica en servicio social.

A pesar de haber comenzado con la firma del acuerdo, los médicos en servicio social continúan denunciando más atropellos ya que al presentarse a las instalaciones de la Secretaría de Salud, les solicitan diferentes requisitos y al no tenerlos firman pero no tienen el derecho de pago.

Castro cuenta que ha tenido que renunciar a su salario beca, porque al firmar debía regresar a su centro de trabajo y teme por las represalias, tras sus denuncias. “La doctora Mireya Fuentes me dijo que ella sabía perfectamente quién era yo, además querían enviarme nuevamente hasta el hospital de Yoro sabiendo que allá no hay equipo de bioseguridad y esa es una de nuestras exigencias” relata. 

Representantes de los médicos en servicio social piden a las autoridades que mejoren esta situación, porque de no ser así se retirarán en su totalidad de las áreas de emergencia. Por medio de un comunicado oficial, el Colegio Médico les ha informado que su colegiación provisional venció el 16 de marzo, pero que será extendida en un periodo de seis meses, esto para continuar ejerciendo.

Congreso Nacional aprueba contratación de personal médico 

Mientras los jóvenes de servicio social no cuentan con el equipo de bioseguridad y su sueldo correspondiente por prestación de servicios sanitarios, el Congreso Nacional aprobó la contratación permanente del personal médico que está al frente de la emergencia sanitaria. Estos contratos se realizaron por medio de la Secretaría de Salud y uno de los programas beneficiados será el denominado Código Verde, el cual ha sido señalado por representantes del Sindicato de Enfermeros del Hospital Escuela de ser un programa para brindar empleos a activistas del Partido Nacional.

El programa Código Verde fue creado en 2015 y se desprende del proyecto «Con chamba vivís mejor», ambos creados en el gobierno de Juan Orlando Hernández. Este programa brinda oportunidades de empleo a estudiantes y se les paga un salario de 4300 lempiras en pequeñas jornadas. Los jóvenes son estudiantes de secundaria y universitarios, con orientación en las áreas de medicina, enfermería, servicio social y leyes. Su labor consiste en facilitar las gestiones de los pacientes y familiares. Ante la emergencia sanitaria actual, el el presidente solicitó a las autoridades del programa contratar personal médico para que atendieran las principales salas de emergencia de todo el país. Según datos brindados por este mismo proyecto, se han contratado, de manera aproximada, a 550 personas, entre enfermeros, médicos especialistas y médicos generales. 

Sin embargo, Javier Lara, secretario del Sindicato de Enfermeros cuestiona esto, ya que, según él, se contratará solo activistas del Partido Nacional. «En estas contrataciones se tomará en cuenta el personal médico y sanitario contratado bajo la modalidad del programa Código Verde. Es por esta razón que tememos que solo activistas nacionalistas sean contratados, ya que es un secreto a voces el hecho de que ellos son los que laboran para dicho proyecto. Además hay que tomar en cuenta que tenemos compañeros que tienen 7 a 8 años de estar laborando por contrato y merecen su permanencia, ellos están al frente de la emergencia». 

El Código de Trabajo en su artículo 48, estipula que es nula la cláusula de un contrato de trabajo en que el trabajador se obligue a prestar servicios por término mayor de un  año, pero la nulidad solo podrá decretarse a petición del trabajador. Es decir que después de un año se tiene el derecho de obtener su permanencia en cualquier área laboral. 

«Muchos de los médicos corren riesgo en su vida. Si son contagiados no cuentan con los beneficios, y si llegan a morir, a causa del virus, no cuentan con un seguro de vida. Es por ello que solicitamos a las autoridades el nombramiento inmediato de los médicos, tal y como lo establece el decreto aprobado en el Congreso Nacional», recalca Javier Lara.

El decreto aprobado por la cámara legislativa ha autorizado a la Secretaría de Salud y al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), a emitir los acuerdos de nombramientos permanentes del personal médico, sanitario, asistencial y de apoyo, que actualmente labora bajo la modalidad de contrato. La Secretaría de Salud, Secretaría de Finanzas y el IHSS, serán los encargados de definir el procedimiento para la creación y otorgamiento de las plazas permanentes en un periodo de gracia de 30 días hábiles. Asimismo, serán beneficiados para ser contratados de manera permanente, con la misma modalidad, el personal de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) —entidad que ha manejado todo lo relacionado a la pandemia del COVID-19—, y el Sistema Nacional de Emergencia (911), especialmente el equipo que ha estado al frente de en el servicio de la telemedicina, así lo enfatiza dicha aprobación.

El peligro es latente

Médicos, enfermeras y personal auxiliar son parte de los 26 casos positivos de COVID-19, en el Hospital Escuela. Así lo ha confirmado su subdirector, Franklin Gómez: «Este personal se encuentra estable y en sus casas, en aislamiento. El personal médico de este centro asistencial tiene mayor riesgo de contagiarse, ya que nos exponemos al atender a la población que llegan al centro hospitalario con diferentes patologías. La mayoría asintomáticos al virus», explica. También ha informado que a diario se están realizando 80 pruebas PCR  al personal que ha tenido contacto con los casos positivoS. De igual manera, afirma que están dotados de todo el equipo médico para atender a la población.

El Código de Salud enfatiza, en su artículo 104, que todos los empleadores o patronos son responsables de adoptar medidas efectivas para proteger y conservar la salud de los trabajadores. La instalación, operación y mantenimiento de sistemas y de equipos de protección —necesarios para la prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales—, está a cargo de los empleadores.

Mauricio Corrales, representante del Sindicato del Hospital Escuela, asegura que dicho artículo no se cumple. «Si se cumpliera no habrían casos positivos en este hospital», dijo. Además condenó que el personal médico no cuenta con los insumos básicos de bioseguridad: «Después de nuestra denuncia en varios medios de comunicación como Sindicato, las autoridades del hospital hicieron la entrega de 2 kits de bioseguridad en las salas de hospitalización. Esto quiere decir que los tenían almacenados y esto va contra el derecho a la vida de los trabajadores. Es aberrante que este equipo solo puede ser usado en caso de tener un paciente positivo en alguna sala de emergencia».

En cuanto al tema de las indemnizaciones, los empleados del Hospital Escuela se rigen por la Ley del Seguro Social. En este caso, se deberá incapacitar al empleado el tiempo que requiera su recuperación. «Por esa parte el empleado debe estar tranquilo. El riesgo aquí es la muerte y que más compañeros continúen contagiándose», afirmó Corrales.

Estigmatización en contra del personal de salud

Durante las primeras semanas de confinamiento los médicos y todo el personal de salud, recibió centenares de mensajes por redes sociales e infinitos aplausos por parte de la población. Fueron catalogados como héroes, por ser parte del personal que se encuentra en primera línea frente a la emergencia sanitaria. Sin embargo, también han sido agredidos de manera verbal en diferentes espacios, en sus propios hogares, bancos y hasta supermercados. Por redes sociales los galenos han denunciado estos atropellos, ya que muchas veces si portan el uniforme médico no se les permite el ingreso a dichos locales.

Contracorriente habló vía telefónica con una joven practicante en el área de rayos X, en uno de los centros hospitalarios, quien pidió anonimato. La llamaremos A. Ella vive en una colonia residencial y nos comenta que desde que inició el confinamiento ha recibido tratos pésimos por parte de sus propios vecinos: «Ellos han solicitado a los guardias de seguridad que me hagan bajar de mi carro para ser desinfectada. De no permitirles eso no me dejarían pasar la tranca de seguridad. Es horrible tener que vivirlo, sobre todo ahora que soy un caso positivo y el caso cero en este sector. Ni siquiera tengo la certeza de cómo me contagie y ahora temo contagiar a mi familia».

Ante estos actos discriminatorios la  Red Lésbica Cattrachas ha presentado un informe donde dejan en evidencia que «el miedo a contagiarse de la enfermedad ha propiciado que grupos que no habían sido discriminados, sean el nuevo foco del estigma. Pacientes de COVID-19, sus familiares y el personal de salud han sufrido en las últimas semanas, amenazas contra sus vidas, desalojos ilegales, ataques a su integridad física y discriminación en la prestación de servicios, por ser considerados erróneamente como ‘‘fuentes de contaminación”», reza el informe. 

También sostienen que «los medios de comunicación han contribuido a este odio entre la sociedad hondureña, donde el  miedo focalizado en el COVID-19 ha desviado de la mirada de los medios y de los fundamentalistas, a las personas LGBTI como los principales receptores de la discriminación (…) La homofobia, la lesbofobia y la transfobia siguen incrustadas en la estructura social, pero en este momento, han sido sobrepasadas por un miedo insuperable, inmediato y urgente para la población: la “covidfobia”», explican. 

A teme por la seguridad de su familia porque todos los vecinos saben que es positiva y ya han solicitado a sus padres, de manera verbal, que se vayan del lugar. A tiene miedo a que todo sea peor si ella pone una denuncia. Además hará que más gente se dé cuenta que está infectada. «Mejor me quedo aquí, entre menos bulla haga, menos se acordarán de mi existencia», explica. A pide a la población que no siga creando morbo en redes sociales y mucho menos indagar  a quiénes están contagiados, con el fin de agredirlos, ya que en estos momentos lo que se necesita es el apoyo de la comunidad, sobre todo a los familiares que también sufren las consecuencias. 

El vicepresidente del Colegio de Psicólogos de Honduras, Felipe Maldonado lamenta que la población esté reaccionando de esta manera. Esto es algo que tiene que ver con la falta de educación, pero también con la falta de confianza en las instituciones. La gente cree que no hay datos confiables, lo cual genera dudas y termina en la estigmatización del personal de salud y de todos aquellos que estén al frente de esta pandemia.

«La incertidumbre es latente, no sabemos quién está contagiado, quién no, pero eso no nos da derecho de agredir a nadie. Hay que tratar de mantener la calma, mantenernos activos en casa, con alguna lectura, ejercicio, o alguna otra actividad que le ayude a relajarse, ya que el confinamiento hace que las personas tengan actitudes agresivas. Es importante no realizar planes a corto plazo, dado que genera frustraciones que también aumentan el odio. Además no se puede olvidar que gracias a ese personal que está en primera fila, usted y yo podríamos salvarnos de perder nuestras vidas», indica Maldonado. También recomienda al personal médico que, durante la pandemia, descansen lo más que puedan, que realicen ejercicios de meditación y relajación, alimentarse saludablemente, mantener una comunicación permanente con sus familiares más cercanos, de esta manera, disminuirán los miedos y temores que tengan.

El Colegio de Psicólogos ha puesto a disposición sus servicios gratuitos, de manera virtual por video llamada o llamada telefónica normal, para toda aquella persona que necesite orientación psicológica. Estos servicios funcionan las 24 horas del día y los 7 días de la semana. La población puede solicitar la ayuda a los números telefónicos: 3291-0855, 8773-9248 y 9653-0673.

Actualmente no se tiene un dato exacto de cuánto personal de salud se ha contagiado del virus en el país. El pasado 11 de mayo, se cumplieron 60 días desde que se detectó el primer caso de coronavirus en el territorio hondureño y a la fecha 3100 personas es el acumulado de personas que se han diagnosticado positivas con el virus, 151 han muerto y 355 se han recuperado, según los últimos datos brindados por el Sistema de Nacional de Riesgos (Sinager).