Texto y fotografía de Corie Welch
Artículo publicado originalmente en inglés por Witness for Peace/ Solidarity Collective
El sábado 21 de marzo por la tarde, estaba sentada en la mesa de la cocina en mi casa de El Progreso, Yoro, cuando recibí un mensaje de voz que decía: «tendrán un vuelo para sacarnos mañana», aún con mi incredulidad —después de la descorazonadora semana que había tenido mientras estuve atrapada en Honduras tratando de regresar a casa—, sentí que al menos me estaban dando la esperanza de salir.
Desde que las fronteras se cerraron el 15 de marzo por la emergencia del COVID19 decretada en Honduras, estuve trabajando con otro grupo de ciudadanos estadounidenses en El Progreso para encontrar una solución a nuestro predicamento. Alguien en este grupo de 12 ciudadanos logró contactarse con una mujer conectada con la Embajada de Estados Unidos en Honduras, quien nos puso en una lista para salir del aeropuerto de San Pedro Sula, el domingo 22 de marzo. Nos dieron instrucciones: llegar al Hotel Intercontinental en San Pedro Sula, llevar solo una maleta de 80 libras, calzar zapatos cerrados, estar listos para que nos tomaran la temperatura y empacar nuestros propios alimentos y agua.
La naturaleza de nuestro vuelo no se nos comunicó de manera directa por ningún oficial de la Embajada, solo sabíamos que no era un vuelo comercial y por eso no debíamos esperar que nos dieran agua o comida. Después de llegar a San Pedro Sula, los oficiales consulares y de la Embajada chequearon nuestros pasaportes y nos llevaron al aeropuerto donde nuestro vuelo fue programado para partir a las 11:00 a.m. Nos informaron que nuestro vuelo llegaría a Alexandria, Louisiana, y nada más.
Mientras esperábamos, logré entablar una conversación con Dana, un funcionario de la Embajada, que parecía estar a cargo. Le pregunté si el avión que llegaba por nosotros era un avión comercial vacío. Él respondió: «No, no es un vuelo comercial, pero sí está vacío, podría decirse».
Lo presioné preguntándole qué quería decir con «podría decirse», a lo que contestó: «son pasajeros de naturaleza involuntaria», «entonces, son deportados», respondí. Él replicó mientras se alejaba: «Nos gusta mejor referirnos a ellos como retornados».
El gobierno hondureño dejó de aceptar vuelos de deportados, desde México, el 10 de marzo, pero continuó aceptando deportados por tierra y por vía aérea desde Estados Unidos. De acuerdo a mis comunicaciones con la Embajada de Estados Unidos después del cierre de las fronteras, aseguraron que no habría salida ni entrada al país por 7 días, sin excepciones. Si ese era el caso, las deportaciones se hubieran detenido mientras el gobierno hondureño no aceptara ningún vuelo en el país. Sin embargo, varios asistentes de congresistas de los Estados Unidos me comunicaron, que bajo la presión de representantes de los EE. UU. de llevar a sus hogares a ciudadanos estadounidenses atrapados en el extranjero (incluidos los de Honduras), comenzaron las negociaciones entre el Departamento de Estado y el gobierno hondureño para encontrar una solución con el fin de «rescatar» a estos ciudadanos hondureños.
El domingo en la mañana, el cierre oficial de fronteras fue levantado para dejar salir a 99 ciudadanos estadounidenses, incluyéndome, y enviarnos en un vuelo desde San Pedro Sula hacia Estados Unidos. Personas en nuestro vuelo incluían agentes de ICE (vestidos con chaquetas en las que se leía ICE), así como personal del Departamento de Seguridad Nacional.
Nuestro avión particular era de marca Swift Airlines; una compañía privada ahora renombrada como iAero Airways, y que junto a World Atlantic Airlines son las dos compañías privadas que lideran las operaciones de la mayor parte de las deportaciones que ICE realiza hacia San Pedro Sula.
Un oficial de la Embajada de Estados Unidos, que esperaba con nosotros en la terminal, se jactó con uno de mis compañeros de viaje, explicando el ingenio de su decisión de cargar este avión que «ya estaba funcionando hasta diez veces por semana» con ciudadanos estadounidenses que estaban atrapados en Honduras.
El vuelo realiza viajes de ida y vuelta entre La Lima y Alexandria, Luisiana, aunque el vuelo de regreso no tiene muchos pasajeros. Específicamente, salen de la Instalación Alexandria Staging Facility, donde una corporación privada llamada GEO Group se encarga de un refugio de 72 horas que alberga a las personas antes de sus deportaciones. GEO Group es una compañía privada que posee prisiones y centros de detención, con 67 ubicaciones en los EE. UU. y 6 a nivel internacional.
Aunque se desconoce si reiniciar o no las deportaciones de hondureños de los Estados Unidos a Honduras fue parte de las negociaciones con el Departamento de Estado, funcionarios hondureños y estadounidenses siguen con la boca cerrada, indispuestos a revelar esta información. Lo que sí sabemos es que el avión que me devolvió a mí y a otros 98 ciudadanos estadounidenses a nuestro país de origen, primero dejó a 96 hondureños en San Pedro Sula provenientes de un centro de detención en Louisiana.
El legado continuo de la hegemonía estadounidense y violaciones de Derechos Humanos en Honduras
Incluso en medio de esta crisis sanitaria global, la relación entre Honduras y Estados Unidos sigue siendo la misma: una relación de dominación estadounidense que prioriza el capital sobre la vida humana. Antes de COVID-19, Honduras no podía recibir adecuadamente a los «retornados» de los Estados Unidos, pero la situación actual es mucho peor ya que existen casos confirmados de COVID-19 en centros de detención de migrantes en los EE. UU., lo que significa que a medida que continúan las deportaciones de personas, EE. UU. está deportando el virus junto con ellos. El sistema de salud hondureño no está equipado para manejar el brote.
A pesar de que el gobierno hondureño está luchando por contener casos de COVID-19 con un extenso bloqueo militarizado, el gobierno de los Estados Unidos continúa enviando deportados con sospecha de estar infectados con el virus. Esto aumentará la propagación y la probabilidad de una grave crisis sanitaria dentro de Honduras.
La aceptación de estas deportaciones por parte de Honduras, refleja los siglos de hegemonía de EE. UU. en la región, donde Honduras sirve como un peón geopolítico para ser controlado con el fin de promover los intereses estadounidenses. El apoyo inquebrantable al actual presidente, Juan Orlando Hernández, ante las acusaciones de corrupción y narcotráfico demuestra aún más el patrón histórico de los Estados Unidos de apuntalar regímenes en Honduras que cedan a sus disposiciones. Por ejemplo, los funcionarios de la Embajada nos dijeron de manera recurrente, durante la semana y en nuestro tiempo esperando en el aeropuerto, que «el gobierno de Honduras ha sido un gran amigo nuestro».
Estados Unidos ya tiene una importante presencia en Honduras con la base aérea Soto Cano, conocida como Palmerola, ubicada en las afueras de Comayagua, y que fue utilizada como un punto estratégico para coordinar y lanzar operaciones contrarrevolucionarias en toda América Central en la década de 1980. La base aérea ha sido «reutilizada» para lanzar «misiones humanitarias». Entonces, ¿por qué no utilizaron esta base aérea para ayudar a los ciudadanos estadounidenses a abandonar Honduras? Los marines estadounidenses fueron enviados para proteger las plantaciones bananeras en la década de 1890, pero de alguna manera la vida de los ciudadanos estadounidenses atrapados no podía justificar el gasto de usar su ejército. Estados Unidos continúa demostrando que su presencia militar en Honduras no tiene nada que ver con proteger la vida humana, los ciudadanos hondureños o estadounidenses, sino que está allí para promover sus intereses políticos y económicos.
Exacerbación de la pandemia
Después de aterrizar en la pista de Alexandria, entregamos el formulario de aduana, y los funcionarios estadounidenses nos dejaron solos. Ni nuestras temperaturas ni nuestras maletas se registraron a la llegada, nos dejaron a la deriva para buscar un medio de transporte que nos llevara a casa. Todo esto, justo cuando Louisiana comenzaba las medidas de restricción de movimiento en el estado. Tuve menos de 24 horas para encontrar mi salida de Louisiana antes de quedar atrapada allí. En ningún momento recibí orientación a mi llegada.
Mientras tanto, en Honduras, al menos 50 deportados escaparon en el momento en el que eran trasladados hacia un lugar que el gobierno hondureño estableció para los deportados: un taller de mecánica en la 33 Calle, en el sector El Polvorín en San Pedro Sula. La cuarentena en la que los deportados deberán mantenerse durará 14 días. Ahora, con una orden de arresto, según la policía hondureña, todos los deportados que ese día escaparon serán capturados y enviados a la cárcel, lo que fomentará la criminalización de los deportados y exacerbará la propagación del virus.
En mis últimos momentos en el aeropuerto de San Pedro Sula, mientras 96 personas llegaban a su país luego de horas encadenadas en un avión —después de meses de abuso en el sistema de inmigración de Estados Unidos, en medio de una crisis sanitaria global, en un país sin un sistema de salud funcional y estropeado con un legado de abusos contra los derechos humanos—, un funcionario de la embajada de los Estados Unidos suspiró y me dijo: «Rezo para que después de todo esto comencemos a amarnos y cuidarnos más».
