Mientras caminábamos por las periferias del hospital -en su ciudad, en su país- no pude evitar sorprenderme por todo lo que miraba a los alrededores: farmacias y laboratorios clínicos por doquier, un gimnasio, restaurantes y cafeterías, tiendas de ropa y utilidades, un parque comunitario, un cuartel de bomberos. Nada fuera de lo normal. En realidad se trataba de un complejo mío, de entristecerme recordando eso que veía yo en mi ciudad.
Ella, mujer, habría querido tener la posibilidad de tomarme de la mano para cruzar la calle, darme un beso que llevara un poco de lujuria un poco de encanto integrado; a mí, mujer, que a veces también quiero besarla en público y tocarle el trasero, y que de hecho a veces lo hago porque en realidad puede hacerse, aunque implique mil miradas encima. Miradas que a veces pueden dar igual, pero a veces dan asco, tanto asco que ya no siento ser yo el motivo del estorbo, sino ellos que están allí y que miran.
El 2019 cerró con la abrumadora cifra de más de 300 feminicidios. Para el 25 de enero del 2020, fecha que conmemora una de las primeras conquistas de las mujeres en Honduras, ya se habían reportado al menos 23 muertes de forma violenta de mujeres cuyas edades rondan entre los 15 y 35 años. Y si los impactos de la criminalidad en Honduras resultan devastadores por el hecho de ser mujer, ¿qué implica entonces ser mujer y lesbiana, sino una lucha constante por vivir?
A los diversos factores de riesgo que viven las mujeres, hay que sumar ahora las formas de discriminación, hostigamiento, marginación, estigmatización y violencia sistemática a las que son expuestas las lesbianas y toda la comunidad LGTTBI, tanto en el seno privado como en el público. Si bien las lesbianas aparentan ser el grupo menos afectado por la violencia extrema dentro de la comunidad, el Informe sobre muertes de la comunidad LGTTBI, 1994-2019 presentado por la Red Cattrachas, registra 38 casos de un total de 325 personas del movimiento LGTTBI asesinadas, que representan 38 compañeras que fueron víctimas tanto de ejecuciones, acribillamientos, violaciones, apuñalamientos, golpes, lapidaciones e incluso machetazos.
Más aún cuando el Estado ha sido el mayor responsable de restringir y coartar los espacios de empoderamiento de las distintas instituciones del movimiento LGTTBII bajo la fórmula del «estira y encoge». Para el caso, solo basta recordar lo ocurrido luego de que el Poder Ejecutivo otorgara reconocimiento legal a las asociaciones en el año 2004, y que tuvo por respuesta la reforma de los artículos 112 y 116 de la Constitución de la República, para invalidar y prohibir el reconocimiento marital y de hecho, así como la adopción por parte de personas del mismo sexo. Todo lo anterior, con la finalidad de «proteger a la familia hondureña».
Proteger a la familia hondureña, ¿pero de quién? ¿de una oleada de personas, de mujeres, que solo buscan vivir y dejar vivir? Porque entienden que proteger es realmente obligar. Obligar a vivir como no vive el resto: en una situación de desigualdad, de incertidumbre tanto humana, como social y jurídica.
Miraba tratando de asimilar que, en realidad mi sorpresa no tenía ninguna razón, seguramente en cualquier parte del mundo ese tipo de negocios son los que se encuentran a las afueras de un hospital. Entonces, le pregunté:
-Adiviná qué se mira por todas partes cuando una sale del Hospital Escuela en Tegucigalpa.
-¿Farmacias? —preguntó.
-No —le dije—. Funerarias. Hay montón de funerarias y funerarias por todo ese bulevar. ¡Ja, ja! Es la marca país.
Me observó un momento y guardamos silencio.
Nada fuera de lo normal. Porque en Honduras, la muerte es el negocio más rentable.
