Tras un año sumergido en numerosas crisis sociales, el 2019 finalizó con la publicación del Presupuesto General de la República para el año actual, aprobando la suma de 282,335 millones 553,855 lempiras destinados a los diferentes gabinetes sectoriales de la nación. Suma que presenta un aumento en comparación con la estipulada para el 2019, pero que por las condiciones de su distribución, no refleja cambios significativos en la inversión social.
Al aprobarse oficialmente el proyecto en el Congreso Nacional, la ministra de la Secretaría de Finanzas, Rocío Tábora, aseguró que el aumento del presupuesto es sostenible y que su estrategia está orientada principalmente a mantener la consolidación fiscal; sin embargo, según Ricardo Castañeda, economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), Honduras cuenta con un índice de deuda del 49.4%, lo que lo convierte en un país insostenible; además asegura que la consolidación fiscal busca aumentar los ingresos y reducir los gastos del país a costa de recortes en áreas importantes.
Es el caso del sector salud y educación. A pesar de haber un aumento de inversión en el Gabinete Social, que es donde pertenecen ambas instituciones, al sector salud no se le proporcionó el incremento que la Secretaría solicitó a Finanzas, el cual era equivalente a 4,300 millones, según declaraciones dadas por el viceministro de Salud, Nery Cerrato a un medio digital. Por otro lado, Educación también tiene un leve aumento, pero se le disminuyó la cantidad proveniente del Tesoro Nacional, que es la inversión procedente únicamente de los ingresos del Estado.
El panorama salud: aumento de presupuesto pero no de verdadera inversión
A la Secretaría de Salud se le destinó 15,880 millones 193,416 lempiras, representando un aumento del 7.72% en comparación al 2019; a pesar de esto, no hay nada que garantice que estos recursos sean utilizados en su totalidad. La doctora Suyapa Figueroa, presidenta del Colegio Médico de Honduras, destaca que existen presupuestos que no son ejecutados dentro del Ministerio de Salud.
“La crisis ha sido casi continua, en los centros asistenciales no ha habido un crecimiento del personal de salud con respecto al crecimiento vegetativo de la población; se han cerrado centros asistenciales, tenemos un ministerio de salud que devuelve 300 millones de lempiras no ejecutados, habiendo tantas carencias por falta de insumos y atención oportuna” afirmó Figueroa, conocida además por liderar la Plataforma en Defensa de la Salud y Educación durante las protestas de ambos sectores el año pasado.
Suyapa Figueroa, Presidenta del Colegio Médico de Honduras, durante la entrevista para Contracorriente, Tegucigalpa, 8 de enero de 2020. Foto: Martín Cálix.
Para Figueroa, una de las problemáticas que define cómo se encuentra actualmente el sistema de salud, es el alarmante número de casos por dengue; que según la Secretaría de Salud llegó a los 113,175 el año pasado, causando un total de 180 muertes.
Hemos estado como un barco a la deriva (…), no hemos podido tener un programa preventivo en tiempo y forma” manifestó.
La presidenta del CMH vincula esta deficiencia con la fragmentación del presupuesto a través de las redes prestadoras de servicios de salud privada, ya que al no ser la secretaría quien maneje por completo todos los recursos, no se pueden conocer los indicadores de resultados o de impacto que definan si se está invirtiendo bien el dinero.
El Reto en Educación
Por otro lado, el aumento en la cantidad del presupuesto en el sector educación proviene de los recursos propios del sector y las fuentes externas – que son la deuda y las donaciones extranjeras – el recorte se encuentra dentro del Tesoro Nacional, donde se observa una disminución de alrededor de 124 millones en comparación al 2019.
A Ricardo Castañeda, del ICEFI, le preocupa el manejo de la actual inversión presupuestaria para el sector educativo y las bajas tasas netas de matrícula.
“El recorte de la Secretaría de Educación contrasta con la gran cantidad de niños y niñas adolescentes que están afuera de las escuelas (…) las propias estimaciones de la Secretaría muestran que para 2018 casi 900 mil niños estaban fuera del sistema; la lógica diría que el presupuesto público debería de priorizar eso, pero no prioriza la educación” afirma el economista.
Honduras se encuentra dentro de los países con índice de desarrollo humano medio; la comparación de este porcentaje entre los datos publicados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) del 2019, muestra que ha sufrido ligeras disminuciones en comparación con el año 2016 (0.625 en 2016, 0.623 en 2019) con un porcentaje más bajo en el 2018 (0.617); sin embargo no hay cambios porcentuales significativos. Para el PNUD la educación “es uno de los motores más poderosos y probados para garantizar el desarrollo sostenible” por lo que la inversión en educación sí debería estar entre las prioridades.
Pocos recursos para instituciones electorales
Actualmente Honduras se encuentra en un periodo preelectoral; la crisis del sistema democrático vivido durante las últimas elecciones, nos coloca en un panorama con retos concernientes a la renovación y fiscalización de un nuevo mecanismo electoral, que funcione de forma transparente e íntegra. Las nuevas instituciones electorales: El Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) – que serán las encargadas de reemplazar las funciones de lo que fue el TSE – ya se visualizan dentro de los entes que a los que se asignará una suma del presupuesto.
Al CNE se le otorgó una cantidad cercana a los 113,400 millones de lempiras; mismo monto que se le proporcionaba al Tribunal Supremo Electoral antes de su desaparición. Si se comparan estas cifras con las que el TSE obtenía durante el 2016, también año previo a las elecciones, se encontrará una diferencia mayor a los 116 millones, siendo el año actual el que cuenta con menos recursos.
Por otra parte al TJE se le estipuló un ingreso de 35 millones de lempiras, menos de la mitad de los 90 millones que habían solicitado para la institución.
“Primero se nos había dicho que solo se nos iba a dar 25 millones, hicimos algunas gestiones en el congreso para advertirles que con eso no íbamos a lograr funcionar y de alguna forma nos extendieron a 35”, explica Eduardo Enrique Reina, presidente del TJE.
Esta no es la primera vez que les disminuyen recursos al ente electoral. El artículo 43 de la “Ley Especial para la Selección y el nombramiento de autoridades electorales, atribuciones, competencias y prohibiciones”, establece que la asignación presupuestaria para los gastos iniciales del TJE al crearse, debió ser de 10 millones de lempiras, sin embargo, Reina comenta que solo se les proporcionó 7 millones para esto.
El Presidente del Tribunal, asegura que la institución queda extremadamente limitada con lo que se les está entregando, por lo que buscarán resolver a través de una solicitud de ampliación del presupuesto o pedir apoyo a la cooperación internacional.
La inversión en seguridad y defensa
Al menos en los últimos siete años, los fondos públicos destinados a la Secretaría de Despacho de Defensa – Fuerzas Armadas – han ido aumentando significativamente.
Este despacho, junto con el de Seguridad – Policía Nacional – reciben el 79.9% del presupuesto destinado al Gabinete de Prevención, seguridad y Defensa (Juntos suman un total de más de 150 mil millones); dejando muy por debajo a instituciones como el Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social que solo cuentan con alrededor de 8 millones de lempiras.
Según Víctor Meza, director del Centro de Documentación de Honduras (CEDOH), esto sucede porque existe una tendencia a priorizar la inversión en el control y represión del delito, dejando de lado la prevención y la rehabilitación del privado de libertad.
A pesar de los incrementos anuales presupuestarios en este sector, la realidad nacional en cuanto a asuntos de seguridad ciudadana, no muestra resultados positivos. El 2019 finalizó con una tasa de homicidios que superó la del 2018 con un total de 3,996 casos contabilizados por el departamento de estadísticas de la SEPOL; además se perpetraron 28 masacres más que el 2018 – sumando un total de 71 con 285 víctimas, según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
El director del CEDOH cree que actualmente es imposible tener el control y el conocimiento de la distribución del presupuesto militar.
El analista político, experto en temas de seguridad, Víctor Meza, retratado en las oficinas del Centro de Documentación de Honduras, Tegucigalpa, 8 de enero de 2020. Foto: Martín Cálix.
El desconocimiento del uso de los fondos en materia de seguridad está respaldado por la “Ley de Secretos Oficiales”, aprobada en el Congreso Nacional en el 2014, la cual limita el acceso a la información de más de 20 instituciones del Estado, así mismo la “Ley de Seguridad de Tasa Poblacional” aprobada en el 2011 y con vigencia hasta el 2023.
A pesar que los efectos o resultados de estos fondos no se pueden medir por su confidencialidad, lo que sí es observable es la presencia militar que se ha apropiado de espacios en diferentes sectores; Juan Orlando Hernández desplegó en las calles a la Policía Militar de Orden Público, colocó el sistema penitenciario del país bajo el mando de las Fuerzas Armadas tras declarar estado de emergencia a final de año y además les cedió la administración para el Programa de Desarrollo Agrícola valorado en 4 mil millones de lempiras.
Sobre este último punto, Ricardo Castañeda afirmó que la cantidad destinada para este proyecto no se tomó en cuenta en la discusión del presupuesto, ya que aun no se había definido la realización del Programa; no obstante, al ser un fondo multianual, muchos de los recursos van a ser ejecutados en este 2020.
Un presupuesto discrecional para el Gobierno
En Honduras, los análisis previos que se realizan para establecer las condiciones económicas del país, y así, posteriormente, crear un proyecto de presupuesto de acuerdo a las circunstancias establecidas, podrían estar siendo desarrolladas con intereses de por medio.
El ICEFI ha identificado que se subestima el monto de recaudación tributaria en los porcentajes establecidos para los proyectos de presupuesto sin justificación. Para el presupuesto actual, se estableció que hubo una recaudación del 16.6%, cifra que está muy por debajo del 18% esperado para el cierre del 2019.
Esta reducción no tiene ninguna explicación o evidencia que demuestre que hubo un deterioro en esa recaudación, llega incluso a contradecirse con lo definido en la Estrategia Fiscal de mediano plazo de la Secretaría de Finanzas.
“De acuerdo al marco legal vigente, si se obtiene más recaudación de la que se había pronosticado, esa recaudación adicional no necesita tener un destino especifico aprobado por el Congreso Nacional, sino que como Presidencia de la República se puede utilizar de manera discrecional esos recursos” explicó Castañeda.
El Informe sobre El Análisis y las Recomendaciones para el Proyecto de Presupuesto 2020 del ICEFI, asegura que es algo que ha sucedido al menos los últimos cinco años y que tal acción va en contra de los estándares internacionales de transparencia.
