Patuca es uno de los municipios con menos electricidad de Honduras. Con más de ochenta caseríos sin luz, una nueva hidroeléctrica estatal en la zona tampoco asegura su conexión. En el país con menos electricidad de Centroamérica, los contratos de proyectos renovables sin construir dibujan un escenario de especulación energética.
POR: Elsa Cabria y Ximena Villagrán
FOTOGRAFÍA Y VÍDEO: Oliver de Ros
EDICIÓN DE VÍDEO: Gerardo del Valle
EDICIÓN: Ricardo Vaquerano
ESTE TEXTO PERTENECE AL ESPECIAL “CENTROAMÉRICA DESCONECTADA” DE EL INTERCAMBIO
En uno de los municipios con menos electricidad de Honduras, un confiado alcalde dice sin matices que hay luz. Sentado en la rústica oficina de administración de la alcaldía de Patuca, Avelino Betancourt encorva su estrecha espalda y posa sus manos sobre la panza. Al oír que el municipio tiene cero cobertura eléctrica, según la información que maneja la Secretaría de Energía del gobierno, el flaco Betancourt frunce el bigote: “Con toda seguridad, lo han hecho aproximadamente”, dice. El gobierno de Honduras ni siquiera tiene información confiable sobre dónde están los desconectados del país. Los datos oficiales más recientes marcan 24 municipios sin electricidad en el país, y Patuca es el más grande de esta lista. Y aunque la mayoría de su centenar de remotos caseríos carece de luz, es un hecho que casi toda la cabecera sí tiene el servicio.
Los 24 municipios del 0%
La aislada Patuca, en el oriente de Honduras, queda más cerca de Nicaragua que de la capital, Tegucigalpa. Siempre ha gobernado el Partido Nacional, el del presidente Juan Orlando Hernández, el del cálculo aproximado, según un alcalde que lleva cinco mandatos consecutivos. A este lugar de Olancho llegaron en 1973 familias agricultoras del sureño departamento de Choluteca. Buscaban terrenos para cultivar. Apoyadas por sacerdotes católicos —que pertenecían a la entonces potente Unión Nacional de Campesinos (UNC)— fundaron Nueva Palestina. El nombre fue elegido por consenso. Simbolizaba la tierra prometida.
Hasta 1992, Nueva Palestina no recibió la categoría de municipio. Pero el gobierno le cambió el nombre. Le puso el del río más cercano, Patuca, el más largo de Honduras. Desde 2011, sobre sus aguas, una empresa china construye Patuca III, la segunda mayor hidroeléctrica de Honduras (103 MW), propiedad de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). Sin embargo, la obra tendría que haberse terminado en 2014, ya dobló el monto de la inversión, aún se deben US$35 millones a 60 vecinos por la expropiación de sus parcelas a inundar, y está paralizada por los reclamos de habitantes que reclaman sus pagos. Patuca III es un caso de inoperancia estatal. Solo su nombre da una pista: Patuca I y II fueron anunciadas hace años, pero hasta ahora siguen siendo solo una idea en la mente, pues no existen ni en diseño. Honduras empezó su mayor proyecto hidroeléctrico por el final.
Patuca es un retrato de un país con apenas un 75% de cobertura eléctrica, que sufre desde hace 25 años constantes apagones y que apenas hace ocho años le apostó a la hidroelectricidad para dizque solucionar sus problemas. Hasta ahora, este camino solo ha servido para dos cosas: para crear un enorme pantano de especulación en proyectos renovables privados sin construir y para mantener un festival de la burocracia porque se hunden millones de dólares de fondos públicos en obras sin fin, como Patuca III.
La gigante central eléctrica queda a veinte minutos por camino de terracería de la cabecera del municipio. Un proyecto sobre el que el alcalde Betancourt no está seguro de si dará a Patuca algo de la energía que producirá. Espera que sí.
En esta Honduras de precariedad energética, el conformismo es un tipo de respuesta institucional. La evasiva es otra. Y la desinformación, en este caso sobre la hidroeléctrica, es otra más. Cuando al alcalde se le cuestiona sobre las zonas de su municipio sin electrificar, lo niega, y para eso recurre al eufemismo extremo: “Patuca está electrificado”, asegura, “pero hay algunos barrios que ocupan mejoramiento”.
¿Mejoramiento? A este municipio, la electricidad empezó a llegar en 2005, pero hay mucha gente sin luz. En un barrio, por ejemplo, la ENEE cobra la factura, aunque los postes y el cableado los pusieron los vecinos, que se conectaron por sí mismos a la red nacional, hartos de esperar. La ENEE solo llegó, después, a instalar los medidores. Y, en al menos dos de los catorce barrios de la cabecera y en la mayoría de sus 110 remotos caseríos, hay gente que usa paneles, sigue usando candiles o hurta abiertamente la energía de la red formal. A esa práctica de procurarse la electricidad por sus propios medios, independientemente de si son ilegales, es a lo que el alcalde llama “mejoramiento”.
Al solicitar la lista de lugares sin luz a la asistente del alcalde, la respuesta fue un documento con más de ochenta caseríos subrayados con marcador amarillo fosforescente. El alcalde, al parecer, está en desacuerdo con esa lista. Pero quizá son más los lugares a oscuras: al menos dos de los que supuestamente tienen, no tienen. La alcaldía no sabe con precisión dónde están sus desconectados ni tiene un registro preciso de la electrificación del municipio.
Patuca simboliza los problemas eléctricos de Honduras: conexiones ilegales y zonas sin cobertura. Y un municipio donde se ejecuta un proyecto hidroeléctrico cuyo embalse inundará las tierras de centenares de personas, pero sobre el cual no hay certeza alguna de que vaya a resolver la desconexión de sus habitantes.
A solo tres cuadras de la calle de asfalto donde queda la alcaldía, no hay electrificación. O, por lo menos, la formal, la legal. Ahí, en el barrio Nueva Jerusalén, los caminos son de barro y palmeras. Hay una maraña de cables enganchados al poste de la última casa con conexión oficial. Del otro lado de esa vivienda, tras cruzar como trapecista un riachuelo de aguas negras, se encuentra a las 65 familias de Nueva Jerusalén.
Es mayo de 2019. Nueve meses atrás, los vecinos de Nueva Jerusalén compraron 240 metros de cable y 19 postes de bambú para acabar con su oscuridad. Decidieron hurtar luz del transformador más cercano. Fue su sistema alternativo, clandestino, después de siete años esperando una reacción del alcalde. Tuvieron luz por seis meses sin pagarla. Después, la ENEE no solo no botó el tendido, sino que puso sus contadores en las casas y empezó a cobrar por el servicio.
De ese barrio, a solo doscientos metros de la alcaldía, Betancourt dice que “ocupa mejoramiento”.
Betancourt tiene sus esperanzas puestas en la nueva hidroeléctrica estatal, un proyecto anunciado como la solución mayúscula a los problemas eléctricos de Olancho y de Honduras. Pero es difícil estimar cuándo Nueva Palestina tendrá luz. Lleva siete años en un proceso de lentísimas decisiones que tejen una historia de condicionales. Que si los vecinos tienen un estudio de electrificación de la ENEE desde 2012. Que si tuvieron nueve reuniones con Betancourt. Que si Betancourt revisó sus fondos municipales, pero como no tenía fondos pidió materiales al Fondo Social de Electrificación (Fosode), ente estatal encargado de las zonas rurales. Que si en 2019 el Fosode pidió autorización a la ENEE. Que si todo concluyó en que había otros barrios y caseríos en Patuca que tendrían prioridad.
La instalación eléctrica fue costeada e instalada por los vecinos.
Mientras tanto, el gobierno anuncia con frecuencia que la obra casi termina y que solo falta inundar las 12,000 manzanas de tierra que compró a unos 400 vecinos. Pero no sucede. Mientras el país muta de la generación eléctrica térmica a la renovable, la inmensa mayoría de contratos para proyectos hidráulicos están sin desarrollar.
La burocracia se llama Honduras.
Ocho años de promesas sin cumplir.
Son unas cincuenta personas sin pancartas paradas a la orilla de un camino de terracería. Rodean silenciosas una mesa de madera, bajo la escasa sombra de dos árboles, en medio de un seco pedregal. Su presencia retrasa la inundación del lugar donde están paradas. Pero el objetivo de la protesta es precisamente su ubicación: impiden que se construya un puente que comunicará algunos caseríos cuando el embalse de Patuca III inunde la zona.
El grupo está a 840 metros del río Guayambre, un afluente del Patuca, a media hora de la cabecera del municipio y a casi tres horas de Juticalpa, la cabecera de Olancho. El bloqueo es el recurso que usan contra Patuca III, el mayor proyecto hidroeléctrico estatal de los últimos treinta años. Es un método de presión, coordinado por Miguel Navarro, un exdiputado de Libre, el principal partido opositor. Todos en el grupo están a favor de la hidroeléctrica, pero todos están en contra de las promesas incumplidas. Hoy hace treinta días que iniciaron la toma, pero ya llevan ocho años de bloqueos, desde que empezaron las promesas y los incumplimientos.
En 2007, Honduras tenía solo un 57% de cobertura eléctrica. El entonces presidente Mel Zelaya se convirtió en el adalid para que Honduras dejara de depender de la importación de combustibles fósiles, para evitar las fluctuaciones de precios del mercado.
Durante el gobierno de Zelaya, el Congreso aprobó la primera ley de promoción de incentivos a la inversión en energías renovables. Así, los precios de la energía que produjeran las hidroeléctricas, eólicas o plantas solares no serían producto de la competitividad, sino de los cálculos políticos del gobierno. Empezó entonces una fiesta de los contratos: ahora mismo hay más de 190 aprobados, pero la mayoría de proyectos de generación no están en funcionamiento.
Zelaya accede a hablar en la sede de Libre, en Tegucigalpa. Como si fuera una broma, pero sin serlo, Zelaya mira a la izquierda. Dice muy serio que tiene dificultades para hablar mirando hacia la derecha. Con la camisa abierta, repantingado en un sofá, asegura que en su gobierno luchó contra el modelo económico neoliberal, y recurre varias veces al concepto “energía limpia” —muy usado por empresas renovables y partidos neocon— . Lo usa para hablar de una lenta transformación energética paralizada por el golpe de Estado que le dieron en 2009.
Originario de Olancho, afirma que no tuvo encontronazos con las poderosas familias detrás de las empresas térmicas de Honduras, cuando planteó Patuca III sobre el papel. “No tengo enemigos”, afirma el hombre que tuvo que huir por dos años de Honduras tras el golpe. Repite el concepto de “energía limpia”, pero rechaza cuando se le cuestiona por las políticas asistencialistas como la que determinó los precios de la energía. Dice que es un concepto “burgués”.
Y es que Zelaya implementó un subsidio que dejó casi sin pagar por el servicio a los usuarios que consumieran menos de 100 kW/hora al mes. Solo estuvo vigente durante su gobierno. Por esto fue señalado de aumentar la gigantesca deuda que acumula hoy la ENEE. El maltrecho estado económico de la ENEE tiene otro por qué: el gobierno paga a las generadoras por lo que producen, no por el consumo real de los usuarios. Todo y pese a que existen altas pérdidas de energía por el pésimo estado del sistema de distribución eléctrica del país, además de los robos de energía, en conjunto pueden significar el 32% de la energía que se produce. Y desde hace años la ENEE no invierte en mejorar la red, porque está en quiebra. En mayo de 2019, la empresa estatal debía casi $US 565 millones, en su gran mayoría a los generadores privados (sobre todo a los renovables), por atrasos en el pago de la compra de energía.
La ENEE no tiene dinero para invertir en centrales de generación eléctrica de ningún tipo. Por eso, en 2010, el gobierno de Porfirio Lobo pidió un préstamo al banco chino ICBC para pagar a Sinohydro, una constructora china, para la construcción de Patuca III.
El 16 de mayo de 2011, el entonces presidente Lobo puso la primera piedra de Patuca III. La estimación inicial del costo de la represa era de US$350 millones de dólares, incluido el pago por las tierras inundables. El gobierno calculó que necesitaría US$ 49 millones para pagar indemnizaciones a los cerca de 400 propietarios de parcelas -en general, cultivables- que iban a quedar inundadas por el embalse. Pero ese dinero no fue suficiente. Además, en la mayoría de los casos, no tenían títulos de propiedad y eso complicó el proceso. Acordó reubicar a los que vivieran en tierras afectadas por la represa, construir carreteras alternas y puentes. Todo en un plazo máximo de ocho meses desde el inicio del proyecto. Así consta en el acuerdo publicado en La Gaceta, el diario oficial de Honduras.
El Tribunal Superior de Cuentas de Honduras emitió un durísimo informe en 2016 contra la ejecución de Patuca III. Advirtió de que los atrasos eran producto de una mala planificación, por no definir correctamente los costos de una hidroeléctrica que tenía que funcionar en 2014.
Ahora, el gobierno espera que sea en 2020. Hace tres años, duplicó el costo de su inversión inicial. Hasta 2016, Patuca III había costado ya US$531 millones en préstamos del banco que el Estado aún no ha empezado a pagar. Y aparte del agigantamiento del costo de la obra y del retraso injustificado, ya hay otro tipo de señalamientos: el año pasado, hubo una sonada denuncia por corrupción en la asignación de los contratos para construir las viviendas de los trabajadores en la construcción de la central.
Recientemente la ENEE dijo que va a necesitar un nuevo préstamo de más de US$35 millones para cubrir 60 indemnizaciones pendientes. No ha finalizado los puentes ni las carreteras alternas. Hay 15 familias, que están en la ruta de los nuevos caminos, pendientes de reubicar a un lugar con agua y energía.
El gobierno anunció varias veces que va a empezar con las inundación de las tierras que compró para la hidoeléctrica. En las comunidades tienen miedo de quedarse aislados, no saben si al menos tendrán electricidad, ni mucho menos cuándo podría ser. Por todo este aparente silencio administrativo, llegaron las cincuenta personas a bloquear la construcción del puente en medio de la nada, porque esa obstrucción era la única forma que encontraron de llamar, sin éxito, la atención. Ni periodistas ni gobernantes les prestan atención.
Tampoco tiene idea el alcalde de Patuca cuándo Patuca III estará funcionando. Calcula un año. O dos. Betancourt cree que la hidroeléctrica dará luz al pueblo, pero nunca ha pedido a la ENEE un compromiso por escrito. Él, dice, confía en el diálogo. Más le preocupa que las parcelas que se inundarán sean las más valiosas del lugar, por estar en la ribera del río, pero así lo aceptaron los vecinos que vendieron: “Yo creo que ese proyecto ha tenido miles de problemas. Hubiera sido mejor que Honduras hubiera desarrollado otros, eólicos, con paneles solares, y producir energía barata”.
A falta de certezas, la central se ha convertido en un rosario de compromisos atrasados. En realidad, la obra física está concluida. Betancourt asegura que la gente ha sido puntualmente informada, pero le lleva la contraria y hace el mea culpa Leonardo Deras, ex viceministro de Energía y nuevo gerente de la ENEE, en su oficina de Tegucigalpa. “El problema de Patuca III fue la socialización”. Se refiere a que no se informó adecuadamente a la población.
De quienes se han instalado alrededor de la mesa para impedir la construcción del puente, la mayoría son vecinos de El Ocotillal, un remoto caserío sin electrificar, que será en parte inundado. Su protesta coincide con las manifestaciones de maestros y médicos en las principales ciudades de Honduras, que rechazan intentos de privatización en el Congreso. La protesta contra Patuca III será más noticiosa cuando acabe, tras cincuenta días.
El coordinador de la protesta, el exdiputado Miguel Navarro, está involucrado en las negociaciones con el gobierno desde 2011. Con su sombrero y sus botas de vaquero, platica como si tuviera un micrófono, pero sin tenerlo. Los que están ya saben lo que dice, pero escuchan con atención. Tiene un sinfín de documentos firmados de recibido por la ENEE en los que se plasma los compromisos asumidos e incuplidos. Siempre ha estado al frente de los bloqueos, por eso el alcalde no quiere ni mentar su nombre. Por eso también recibió tres demandas del gobierno.
Olancho es una tierra con zonas remotas que facilitan el narcotráfico. Pero dice Navarro que a nivel local nunca tuvo problemas por protestar. El exdiputado juega al estilo del cantante Juan Gabriel: lo que se ve —o se intuye—, no se pregunta. Como en buena tierra de narcos. “No negocio con nadie, me mantengo al margen de familias que son poderosas en Olancho, con respeto hacia ellos, y he tenido la suerte de que ellos han respetado mis luchas, no han sido luchas en contra de ellos”, dirá días después en Juticalpa, donde vive. En esa lucha de la que habla, elige dirigir la conversación hacia sus sospechas por obras sobrevaloradas en Patuca III. Tres gobiernos después, Navarro solo saca una conclusión: “Nosotros somos víctimas de la corrupción, porque hubiese habido dinero para solventar el pago de tierras”.
De la sequía a la especulación
Honduras lleva meses y años con manifestaciones por intentos de privatización, por incumplimientos en la construcción de represas y por los racionamientos eléctricos. El país produce menos energía de la que demanda. Solo en mayo, un apagón duró una semana entera y dejó sin electricidad a unos dos millones de personas en cuatro departamentos. Aunque la central Patuca III entrase a funcionar en 2020, las soluciones no llegarán pronto. Patuca III es una apuesta estatal a largo plazo para reducir los constantes apagones de Honduras, sobre todo en Olancho y en La Ceiba, producidos no solo por la escasez de energía, sino también por los fallos en la red eléctrica y por un sinnúmero de conexiones ilegales. Pero el sobrecosto de la hidroeléctrica, los retrasos y los señalamientos de corrupción dificultan la proyección de futuro energético.
Para entender la situación, hay que hacer un salto al pasado. Históricamente, el sector eléctrico fue público. La ENEE era el generador, transmisor y distribuidor de energía. El punto de inflexión fue en 1994, cuando la generación dependía casi por completo de la hidroeléctrica estatal Francisco Morazán, conocida como El Cajón. Ese año, la sequía provocada por el fenómeno cíclico de El Niño hizo que el embalse se secara y empezaran los racionamientos de electricidad.
Hubo cortes diarios de hasta 12 horas por un período de ocho meses. Esto obligó a repensar el modelo, con una nueva Ley del Subsector Eléctrico que permitió la entrada de generadores privados, sobre todo térmicos, tras 40 años de control estatal. Era el inicio de la privatización del sector energético, pero no sirvió para acabar con los cortes de energía.
Mientras la generación privada térmica se consolidaba, la mejora de la distribución eléctrica quedaba en un segundo plano. En 2002, el gobierno desarrolló un plan por el que Honduras pasó de 47% a 68% de conexión en 10 años. Pero la normalizada visión a favor de los empresarios, en lugar de los consumidores, quedó reflejada en el plan: “Será útil tener una idea del monto de subsidio a la inversión que el gobierno podría conceder a la empresa privada para que esta esté en la posición de obtener una tasa de rentabilidad financiera aceptable”.
El problema, con el paso del tiempo, fue la dependencia del petróleo. En 2013, Honduras allanó el camino de la industria renovable frente a la ya poderosa térmica. Ese año, hubo una reforma a aquella ley de 2007 que buscaba aupar el negocio llamado limpio. Solo que los nuevos beneficios fiscales eran extraordinariamente generosos. Hoy el gobierno es crítico de este modelo que reforzó sin que sirviera para aumentar la generación. “De unos 198 contratos, han entrado en operación 14, encontramos un altísimo grado de especulación y fue precisamente por haber abierto bajo esas reglas”, dice Leonardo Deras, viceministro de Energía al momento de la entrevista.
Deras cuestiona el modelo de impulso descontrolado de las renovables, pero el Ejecutivo va a facilitar que la mayoría de proyectos de generación sí se desarrollen. Si Honduras no produce más electricidad seguirá en la crisis que inició en 1994. La apuesta personal de Deras, nuevo gerente de la ENEE, es el gas natural. Hoy, la Empresa Nacional de Energía es cuestionada por el efecto de su monopolio sobre la transmisión y distribución de electricidad sin hacer mayor presión a los productores de energía.
En Patuca, la transición de la generación térmica a la renovable es invisible. Los barrios desconectados no existen para el alcalde. No es sólo Nueva Jerusalén. A las afueras de la cabecera, Lázaro Boras, un hombre que participa en el bloqueo contra la central eléctrica ilumina sus pasos con una linterna. Vive en el barrio La Guadalupe con su mujer e hijos. Es de los pocos que protestan contra Patuca III que viven en el centro y no en un caserío. Este agricultor lleva años en la lucha junto a Miguel Navarro. Como en la suya, en La Guadalupe, no hay luz en muchas casas.
En este barrio que se enloda con facilidad, algunos vecinos tienen un panel solar y muchos hurtan energía de postes cercanos, y los hay que se enganchan de mutuo acuerdo a la conexión de una vecina. A otros como Boras, agricultor de 60 años, solo les queda confiar en el valor de la protesta. Aunque lo que más ilumine su vivienda esta noche de mayo sean los rayos de la tormenta. No tiene dinero ni parcela donde cultivar. Su lucha, desde 2011, es conseguir luz, carreteras y empleo para personas de Patuca en la obra de la hidroeléctrica, tal como se comprometió el presidente Lobo hace ocho años. “Somos gente pobre, necesitamos el empleo, estamos en un olvido”, dice.
En la oscuridad de su austero pasillo, el sonido de la lluvia es ensordecedor. La larga espera de este hombre no solo depende de los compromisos del gobierno, sino también de la alcaldía. Junto con el centenar de vecinos de La Guadalupe, hace años que pagaron cerca de US$ 700 para pagar el estudio de electrificación del barrio. El acuerdo fue que la municipalidad daría el dinero para el alumbrado del barrio, pero esta promesa tampoco se cumplió. Betancourt, como dicen varios de los vecinos, dice a todo que sí, pero La Guadalupe no tiene luz.
En el caserío El Ocotillal, un lugar donde las casas están pintadas de vivos colores, los postes de madera tienen tanto moho que parecen podridos. Dennis Arquín, vecino de la aldea desde que hace 22 años se trasladó desde Choluteca, muestra los materiales que los lugareños compraron con ayuda de un diputado de Libre. El político usó los fondos departamentales que asigna el Congreso para comprar parte de lo que necesitan para poner luz. Están ahí tirados desde hace tanto tiempo que los postes, instalados por los hombres de la comunidad, ya se tornaron verdes. El alcalde, que tiene una parcela para sembrar en El Ocotillal, también les dijo que les ayudaría con la electrificación.
Pero todo es cuestión de prioridades. A la gente del caserío que lidera la toma de Patuca III en este mayo de 2019 les preocupa hasta dónde va a llegar el agua con la inundación del embalse y si va a haber una carretera alterna al municipio de Catacamas. La luz, esperan, ya llegará. En la parcela que Dennis Arquín vendió a la hidroeléctrica hay una marca amarilla en un árbol alto. Está a unos 300 metros del río Patuca. Sabe que será zona inundada, pero no sabe cuándo. La suya, como tantas, es de las tierras más fértiles de la zona, como bien sabe el alcalde.
-Atención, último momento, concluye la toma que hace no días, ¡meses!, 50 días. Imagínese cómo el país retrasa su capacidad productiva. Pero, ¡gracias a Dios!, se decide entregar allá la toma del proyecto de Patuca III…
Tras cincuenta días, el bloqueo en Patuca tuvo atención mediática. Es 18 de junio de 2019. El anuncio del fin de la protesta se oye en el popular programa hondureño de televisión “Hable como habla”. El presentador entrevista a Miguel Navarro, el líder de la protesta. Están contentos, se han firmado compromisos con la ENEE. El Ocotillal va a tener luz, es uno de los nuevos acuerdos. El resto son compromisos que vienen de 2011, de La Gaceta de Honduras, de cuatro presidentes, de varios gerentes de la Empresa Eléctrica, de la confianza ciega del alcalde, que lleva 20 años en el cargo.
El gobierno plantea a la gente de los caseríos afectados buscar un futuro alternativo a la agricultura, siguiendo el ejemplo de los vecinos de la represa El Cajón, la primera de Honduras, que hoy se dedican en muchos casos a la piscicultura. La expectativa está puesta en la central Patuca III, que quizá esté en marcha en 2020. Para 2022, el objetivo gubernamental es que las renovables equivalgan al 70% de la demanda. A tres años vista, La Guadalupe, Nueva Jerusalén y El Ocotillal ilustran la falta de voluntad estatal y municipal de responder a un problema de país de sobra identificado.
El alcalde Avelino Betancourt siempre pensó que el bloqueo era una pésima idea, porque la gente eligió vender sus tierras. En un inesperado giro en esta tragicomedia eléctrica de largo recorrido, admite que cambiaría de opinión si el gobierno al final no electrifica Patuca.
-Si no tiene ningún documento de compromiso, ¿cómo haría para convencer a la ENEE?
-Por último, sí haríamos alguna acción de protesta. Pero ya con todo el pueblo, no solo un par de comunidades, sino con todo el municipio.
