Juan Antonio Hernández, hermano de Juan Orlando Hernández, el Presidente de Honduras y quien también fue diputado por el Partido Nacional, fue detenido el pasado viernes por la justicia norteamericana acusado por el delito de narcotráfico.
La Corte Federal acusa a Hernández de producir, traficar y distribuir droga, también lo califica como un narcotraficante de gran escala y que además utilizó su poder político para proteger y apoyar a la organización criminal «Los Cachiros». Hernández es investigado desde 2004 por el gobierno de Estados Unidos, todo ante la vista, paciencia y silencio de las autoridades hondureñas.
En Honduras los cuestionamientos sobre el silencio y omisión de las autoridades en el caso se ponen en la mesa del debate, los funcionarios que ostentaron cargos en la Secretaría de Seguridad, Unidad de Inteligencia, Poder Ejecutivo, Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia, han guardado silencio en este momento en el que deberían dar explicaciones sobre la omisión en el caso.
Este no es el primer personaje de la vida política hondureña que sale salpicado por las declaraciones de Los Cachiros, quienes se entregaron a la justicia estadounidense en enero de 2015. Fabio Lobo, hijo del expresidente nacionalista Porfirio Lobo Sosa, enfrenta juicio en Estados Unidos y varios diputados como Óscar Nájera, nacionalista señalado por congresistas para que se le aplique la Ley Magnistsky o el diputado Fredy Nájera del Partido Liberal acusado por narcotráfico en Estados Unidos.
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Pacto Hernández-Cachiros
La Corte Federal estadounidense reveló un documento en el que explica que en 2014, Tony se reunió con Devis Leonel Rivera Maradiaga, líder de Los Cachiros, y recibió de ellos 50 mil dólares a cambio de que Hernández le garantizara protección política e inmunidad para realizar sus actividades ilícitas. Según el documento, fue un socio útil para la organización Rivera Maradiaga.
En ese momento fungía como Secretario de Estado en el despacho de Seguridad, Arturo Córrales Álvarez, quien fue destituido por Juan Orlando Hernández en 2015 y reemplazado por quien en ese entonces era director Nacional de Inteligencia e Investigación del Estado, Julián Pacheco Tinoco, y que en múltiples ocasiones ha sido mencionado en la Corte norteamericana por parte de los Cachiros, de ser otro socio útil para la organización criminal. A pesar de esto, sigue en el cargo.
Por otra parte, el Poder Ejecutivo al momento de ese pacto entre Tony y Cachiros, era ya dirigido por Juan Orlando Hernández, quien tomó posesión el 27 de enero de 2014, que además en ese año instaló el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad que también preside.
En ese momento las Fuerzas Armadas también tuvieron transiciones, en 2014 fungió como comandante del Estado Mayor Conjunto el general Fredy Santiago Díaz, en diciembre de 2015, Juan Orlando Hernández juramentó al nuevo jefe del Estado Mayor, el general Francisco Isaías Álvarez.
En 2014 el director de la Policía Nacional era Ramón Sabillón, reconocido policía que realizó varias acciones de captura contra narcotraficantes en el occidente del país, denunció que hay grupos organizados que estaban ligados al Estado y que garantizaban la operación ilícita, estas denuncias le costaron el cargo y en 2015 fue destituido por el que era Ministro de Seguridad, Arturo Corrales. El cargo de Sabillón fue tomado por Félix Villanueva.
Durante esa fecha, ya fungía como fiscal general del Ministerio Público Óscar Fernando Chinchilla, quien tampoco tomó acciones desde la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico contra el caso «Hernández- Cachiros».
«Hay tres cuestiones que no me cuadran en relación con las acusaciones de narcotráfico contra Tony Hernández por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos: primero: ¿Es posible que Juan Orlando Hernández, quien preside el todopoderoso Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, no se diera cuenta que su hermano, Tony Hernández, es uno de los más grandes narcotraficantes de Centroamérica?», comenzó su cuestionamiento el doctor en derechos humanos, Joaquín Mejía.
Mejía siguió planteando sus dudas en relación a esta acusación y al papel de encubrimiento que el propio Estado tuvo para proteger a Tony y a Los Cachiros. «Segundo: ¿Es quedar en ridículo o en evidencia que el General Julián Pacheco Tinoco, primero como director de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia no se diera cuenta de las actividades ilícitas de Los Cachiros y luego como Ministro de Seguridad no se enterara de las actividades delictivas de Tony Hernández?
Y tercero: Si los militares son los responsables de proteger las fronteras marítimas, terrestres y aéreas, y han recibido millones de dólares del presupuesto nacional y de la cooperación estadounidense, ¿son incapaces o cómplices del tráfico sostenido de la droga que entra permanentemente por esas fronteras que históricamente han estado bajo su custodia?», culminó Mejía, quien usó sus redes sociales para hacer estos cuestionamientos.
¿Qué procedimiento debe implementarse?
Luego de la captura de Tony Hernández, Juan Orlando Hernández, su hermano, salió al paso en conferencia de prensa a manifestar que era un duro golpe para su familia el arresto de su hermano menor, pero afirmó que él le había advertido que aclarara esa situación con el gobierno de Estados Unidos. Juan Orlando también dijo que nadie está por encima de la Ley, que si alguien la ha violentado debe pagar por sus actos.
En Honduras está vigente la Ley de Privación de Dominios, normativa en la que se fundamentó el aseguramiento de bienes a la familia Rosenthal, que también enfrenta cargos por lavado de activos en Estados Unidos. En la actualidad el Ministerio Público, que dirige Óscar Chinchilla, quien es fiscal desde antes de la firma del pacto Hernández- Cachiros, no ha procedido al aseguramiento ni mucho menos a interpelar a los funcionarios por su silencio y omisión a esta narcoactividad.
A criterio del abogado Oliver Erazo quien dio declaraciones en medios de comunicación nacional, el ente estatal que debería interpelar a estos funcionarios es el Ministerio Público, esta entidad debe iniciar una investigación seria para que se conozca las causas del silencio y determinar si hubo o no complicidad de los funcionarios.
También el General en condición de retiro de las Fuerzas Armadas, Luis Maldonado Galeas, aseguró que hay una orden que los funcionarios deben cumplir para dar cuentas sobre estos casos, y que para promover la transparencia del caso se deben abrir los procesos cuanto antes.
Erazo cree que en Honduras hay una involución en materia de aplicación de justicia, y la principal razón de esto es la dependencia y el secuestro político de las instituciones del Estado, por tal razón esperar que se actúe sin esperar permisos políticos es poco probable.
Para expertos en materia penal, a esta altura en una institucionalidad independiente y seria, las autoridades deberían iniciar un operativo de citar a los funcionarios y exfuncionarios para que brinden explicaciones y también deducir responsabilidades fundamentados en la información que el gobierno de Estados Unidos pueda brindar al respecto.
La realidad política muestra que hay muy pocas probabilidades de que este procedimiento se aplique, pues los funcionarios que callaron o fueron cómplices de este pacto de narcoactividad son protegidos por quienes dominan las estructuras del Estado, lideradas por el Presidente hondureño, Juan Orlando Hernández.
