Hacia finales de mayo dos acontecimientos importantes parecen redireccionar la ruta de la política nacional: los avances en la elección del Fiscal General y Adjunto del Ministerio Público y el fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), sobre el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad (MACCIH).
Ambos procedimientos llegaron a puntos claros de desarrollo, las audiencias públicas a los candidatos terminaron y ahora la Junta Proponente elegirá a cinco perfiles para que sea el Congreso Nacional el que escoja al nuevo Fiscal General y Adjunto, en cuanto al fallo, éste resultó parcialmente favorable a la MACCIH, la que fue declarada constitucional, pero con una limitación en el ejercicio de su labor a través de la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC) del Ministerio Público.
A simple vista diríamos que la institucionalidad sigue su marcha de forma independiente. En un país normal diríamos que la Junta Proponente de elección del fiscal está funcionando acorde a su composición y no bajo lineamientos de alguien en particular. También diríamos que la Sala de lo Constitucional de la CSJ no fue presionada y que bajo un análisis jurídico exclusivamente tomó alguna decisión en torno a la MACCIH, sería de esta manera si se dijera también que en el país son los hondureños los que eligen al Presidente que quieren que los gobierne.
Diputados del Partido Nacional en el Legislativo aseguran que Honduras es un país independiente, por ejemplo el cuestionado y además acusado por la MACCIH por actos de corrupción, David Chávez, dijo que no somos una colonia, que no hay injerencia de nadie y que las decisiones en realidad la toman los hondureños a través de su institucionalidad, figura que incluso califica de independiente y funcional.
A Chávez –mencionado en la red de corrupción– se le olvida que el papel del gobierno de Estados Unidos es trascendental en la realidad política, tanto que pareciera que un solo tweet de la Encargada de Negocios de la Embajada Estadounidense, Heidy Fulton, hizo que la CSJ retrocediera y no declarara inconstitucional el convenio entre el Estado y la MACCIH.
En esta ocasión no fue la gente, tampoco un partido político, ni mucho menos las organizaciones de lucha contra la corrupción, fue ese tweet el que paró este nuevo intento de sacar de circulación a la MACCIH del país, simple y sencillamente fue el gobierno de Estados Unidos, el que verdaderamente dicta y marca las pautas de cómo se moverá la política en Honduras. La limpieza del patio trasero solo se puede hacer bajo esas pautas, y a veces basta con publicar en redes sociales.
Esta semana comenzó el juicio oral y público contra un agente de policía de Honduras que acompañaba un operativo de la DEA en Ahuás, Gracias a Dios, este hecho ocurrió hace seis años en donde murieron abatidas 5 personas que navegaban en un pipante. Ningún agente de la DEA está siendo procesado, y justo en esta semana del juicio, el Presidente Juan Orlando Hernández viajó a Washington para reunirse con el director interino de la DEA, Preston Grubbs. Las voces oficiales opacan el llanto de las víctimas que aún siguen clamando justicia después de 6 años y la DEA felicita al gobierno de Hernández. Un espaldarazo, un apretón de manos, un viaje express en el momento preciso.
El gobierno de Hernández está sometido a Estados Unidos, porque claramente fue Estados Unidos que le dio la luz verde para imponerse mediante un fraude, un fraude que avalaron y que fueron incapaces de repudiar. En esta relación, la balanza de la justicia es la que se busca controlar.
En Honduras se pide a gritos la intervención norteamericana, que hagan algo contra la corrupción, imposición y la violación de los derechos humanos que lleva a cabo el gobierno de Hernández con tanta impunidad, en su lugar, se reciben del norte señales contrarias que no parecen construir un diálogo entre dos naciones: la cancelación del TPS en plena crisis de refugiados, o el apoyo a un gobierno ilegítimo.
La ciudadanía debe buscar una independencia clara de la dictadura de empresarios, grupos de poder y partidos políticos que cuidan sus intereses por encima de los de la ciudadanía. Una construcción de país alejada de los intereses de las trasnacionales y la geopolítica estadounidense que busque la justicia para reconstruir los hilos rotos de nuestra sociedad.
