Honduras sigue desangrándose. Anselmo Villareal, un hombre de la tercera edad, campesino del Bajo Aguán, se suma a la lista del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) que registra 32 muertes violentas en la actual crisis política tras las elecciones de noviembre de 2017, las más cuestionadas por la reelección presidencial y las denuncias de un fraude electoral. La impunidad reina con toda libertad sobre los cuerpos y el dolor de los familiares de los asesinados por mano de las fuerzas de seguridad del país. Una mano que goza de la inmunidad en las investigaciones, del apoyo mediático y del financiamiento estatal.
Honduras está en poder de la fuerza militar, el ejército es la institución que garantiza la continuidad del presidente Juan Orlando Hernández, y para eso aplica su política de inteligencia a través de la represión contra cualquier persona que se oponga abiertamente al gobierno.
Durante el día, las vías públicas permanecen militarizadas para prevenir y desalojar tomas de carreteras por parte de la población; pero en las noches ocurre otro escenario: la persecución selectiva en barrios y colonias a lo largo y ancho del país. En la zona norte, el sector Cofradía en San Pedro Sula, ha sido testigo de la búsqueda e intimidación militar contra manifestantes, mismo escenario se refleja en Choluteca, en el sur de Honduras y también en Potrerillos en el departamento de Cortés. El hostigamiento va más allá de las bombas lacrimógenas.
La Doctrina de Seguridad Nacional, fundamentada en grupos militares y paramilitares que trabajan en el frío de la noche y la impunidad del día, que parece parte del pasado, de la década de los 80´s regresó y ahora se está implementando ante el silencio institucional, religioso y mediático.
El Conadeh pide al Ministerio Público que agilice las investigaciones contra los militares responsables de estos crímenes. La solicitud sigue engavetada, pues hasta la fecha ni el fiscal general Óscar Fernando Chinchilla ni los voceros del Ministerio Público se atreven a decir si se está investigando.
El primer cómplice de la inmunidad militar es la institucionalidad encargada de la justicia y los Derechos Humanos, comenzando con el Ministerio Público, ente que debería ser el encargado de investigar y proceder legalmente contra los responsables de los crímenes, y no solo de los asesinatos sino de las violaciones a los derechos humanos registradas a nivel nacional. La Fiscalía de Derechos Humanos ha dejado mucho que desear, por el momento no hay un dato público que indique lo contrario mientras el presidente Juan Orlando Hernández ha nombrado a Karla Cuevas como nueva ministra al mando de la Secretaría de Derechos Humanos, una secretaría creada bajo la presión de Estados Unidos ante las denuncias internacionales de violaciones de derechos humanos en el país. Una Secretaría que nace con el pecado original, gestada en un gobierno cuestionado e inconstitucional.
René Orlando Ponce, jefe del Estado Mayor Conjunto, dijo ante los medios de comunicación que más de 137 militares permanecen hospitalizados producto de los ataques de los manifestantes, además hizo un llamado a los entes de investigación para que identifiquen a los responsables y les apliquen todo el peso de la ley. Ante ese llamado el Ministerio Público ya lleva investigaciones, prueba de ello son los más de 70 ciudadanos judicializados en la zona norte, según datos de la Coalición contra la Impunidad, algunos de ellos ya están en los centros de máxima seguridad. Esto evidencia otra realidad: el Ministerio Público está investigando agresiones contra militares pero no los asesinatos contra manifestantes.
La violencia no es justificable, del otro lado hay oficiales policiales y militares heridos y un policía asesinado por manifestantes en El Progreso, Yoro, al norte de Honduras, este caso ya tiene tras las rejas al principal sospechoso del crimen. Lo cuestionable en este caso no es el proceso de investigación, sino la parcialidad de los entes estatales para hacerlo; es decir, si el crimen es cometido por militares, nadie hace nada al respecto para investigarlos, pero si la agresión es en su contra, todo el andamiaje institucional busca aplicar la justicia a toda costa contra los responsables.
El segundo actor de complicidad son los medios de comunicación corporativos, esos medios que son propiedad de las familias poderosas, que por años se han encargado de poner presidentes, diputados y alcaldes. La cobertura mediática ha sido cómplice no solo de las violaciones a derechos humanos, sino también de la inoperancia institucional. La prensa tradicional ha sido incapaz de cuestionar a las autoridades militares sobre su responsabilidad en asesinatos y persecución a manifestantes, ha sido incapaz de cuestionar al Ministerio Público su lentitud y olvido en las investigaciones, la prensa tradicional ha sido incapaz de criticar el silencio de los órganos defensores de derechos humanos y hasta de las iglesias.
Durante la cobertura del paro cívico convocado por la Alianza de Oposición que inició hoy 20 de enero, el periodista de Hispan TV, Dassaev Aguilar resultó con una pierna rota producto de la represión militar, esto deja en evidencia que desde los hechos del pasado viernes 12 de enero donde dos periodistas de UNE TV fueron golpeados por militares en la cobertura de una protesta frente a Casa Presidencial en Tegucigalpa, misma suerte sufrió la corresponsal de Univisión en Honduras, Claudia Mendoza y Gilda Silvestrucci de Telesur llevan como objetivo silenciar a la prensa que cuestiona el gobierno de Hernández. El Colegio de Periodistas ha cuajado un profundo silencio a pesar de la denuncia de los afectados, y ante los videos que circulan en redes sociales sobre estos hechos el Ministerio Público podría actuar de hecho, pero sólo eso: podría.
Una semana después la dirigencia de este gremio salió al paso, luego que en redes sociales circularan afiches acusando a directores de medios de comunicación de ser cómplices del gobierno nacionalista, fue en ese momento en el que el presidente del Colegio de Periodistas, Dagoberto Rodríguez, fue al Ministerio Público a interponer una denuncia para que se investigue esa campaña de odio en contra de los periodistas. ¿Pero a qué periodistas defiende Rodríguez?
La denuncia se acompañó de un comunicado, en el que además hacen el llamado al respeto de los derechos de los periodistas en las calles, tanto de los militares como de los manifestantes, pero además pidieron a los periodistas a nivel nacional, que practiquen un periodismo ético, que no promueva la confrontación, sino que sea a favor de la paz.
El tercer cómplice es la iglesia, un sector ampliamente criticado desde el golpe de Estado de 2009. A inicios de 2018 el cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga dijo en una misa que hay grupos interesados en sembrar el caos en el país y lo hizo en referencia a los manifestantes que siguen protestando contra el fraude electoral. La cúpula de la iglesia católica y la iglesia evangélica ha tomado la decisión de guardar silencio ante los asesinatos y ante el aplastamiento militar.
El cuarto y más fuerte cómplice es el gobierno de Estados Unidos, este actor es fundamental para que el continuismo triunfe en el país. El gobierno norteamericano ha dado la venia al gobierno de Hernández para que busque el diálogo y para que su aparato represor obtenga inmunidad e impunidad. El gobierno norteamericano es el principal padrino de la dictadura militar, es el principal aval de la política de persecución y es el principal garante del fraude electoral.
Y así a la lista se siguen sumando actores que participan del diálogo convocado por Juan Orlando Hernández.
Honduras necesita independencia, y necesita autonomía, para construir un escenario nuevo donde se permita separar los poderes del Estado del control de Hernández. Honduras necesita la independencia de los medios de comunicación para que realmente cuestionen la realidad que enfrenta el país. Honduras necesita independencia de las iglesias para construir un verdadero Estado laico. Honduras necesita independencia de la comunidad internacional interesada en dominar nuestro territorio a cambio de aval político o de utilizarlo como zona de experimentación y exploración militar. Honduras necesita un cambio estructural, y no un simulacro de un futuro, que con las condiciones actuales del país, parece que nunca llegará.
