Hoy se discute en el Congreso Nacional el proyecto Ley de Incentivo al Turismo propuesta por Juan Orlando Hernández, presidente del poder Ejecutivo. Luego de conocerse este proyecto diversos grupos se pronunciaron denunciando que su ejecución podría traer mayor conflictividad en territorios de pueblos indígenas y garífunas, y que podría traer también mayores beneficios económicos para las empresas privadas y trasnacionales. Sin embargo, no habría ninguna ganancia para el Estado de Honduras.
Este proyecto de ley propone exoneraciones fiscales, expropiación de tierras, la creación de un Fondo de Inversión para el turismo (controlado por el presidente de la república), facilidades en otorgamiento de permisos y licencias ambientales. Todo esto sin consulta a la población directamente afectada por la industria turística.
El Foro Social para la Deuda Externa de Honduras asegura que en 2016 el costo fiscal de las exoneraciones o incentivos fiscales fue de 32,500 millones de lempiras que representa el 6.6% del PIB.
«Nos están desviando la atención de dos temas importantes con apoyo de la siempre “venta” de la generación masiva de empleo (empleos con sueldos diferenciados -por debajo de un salario mínimo). Los temas importantes es el financiamiento de los proyectos y concederles tierras a los desarrolladores privados. Examinando el ante-proyecto, nos “asusta” la voracidad de los promocionadores del mismo, al colocar en el artículo No 3 la localización donde se pueden realizar los proyectos turísticos, que van desde las 1. Áreas Protegidas; Reservas Biológicas, Parques Nacionales, Refugios de Vida Silvestre, Reservas Naturales, 2. Sitios o monumentos que formen parte del Patrimonio Nacional y de Interés Turístico y Cultural; tales como Monumentos Nacionales, Históricos, Museos, Parques Municipales, Parques Arqueológicos y Vías Públicas, hasta 3. Conjuntos de Preservación Histórica; Sitios Especiales de Planeamiento y Desarrollo Turístico (Zonas de Desarrollo identificadas dentro de la Estrategia Nacional de Turismo Sostenible), sin importar las comunidades y las personas que habitan en ellas. Lo cual generaría conflictos y enfrentamientos como los que se han estado dando por el otorgamiento de concesiones de aprovechamiento de recursos naturales», escribió esta organización especialista en economía en su página web.
Por su parte, la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh) envió una carta al Congreso Nacional en la que exigen, al Estado de Honduras, consultar al pueblo garífuna y a todos los pueblos originarios si están de acuerdo o no con esta ley antes de aprobarla, invocando el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Consulta previa, libre e informada.
«Como organización nos preocupa el hecho de que el Congreso Nacional persista en aprobar leyes sin consulta con los pueblos que se ven afectados directamente, tal como es este caso, ya que el pueblo garífuna está ubicado a lo largo de la costa caribe de Honduras, por ende, esta ley nos afecta directamente. Asimismo, las aprobaciones de este tipo de leyes contravienen las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIIDH)», establece la misiva dirigida al Parlamento.
La comunidad garífuna demandó al Estado de Honduras ante la CorteIDH y hace dos años esta sentenció al Estado por incumplimiento de consulta y procedimientos legales en el desarrollo de proyectos turísticos como Marbella y Playa Escondida en Triunfo de la Cruz, Tela, Atlántida.
El pueblo garífuna es uno de los más afectados por la industria turística en Honduras, siendo víctimas de la expropiación de las tierras que hace más de 200 años ocupan en la costa atlántica hondureña, Esta industria que, además, ha contribuido a la contaminación ambiental y el ejercicio impune del narcotráfico en la zona.
Por la defensa de su territorio, comunidades garífunas enteras han sido llevadas a tribunales donde se ha demostrado su legitimidad, pero con un alto costo. Tal es el caso de Madeline David, una joven garífuna de la comunidad de Guadalupe en Trujillo, Colón, con apenas 29 años está a la espera de la resolución de la Corte de Apelaciones enfrentando cargos por usurpación de tierras en perjuicio de Patrick Forset, yerno de Randy Jorgensen, un canadiense mejor conocido en el mundo como «El Rey del Porno». Estos empresarios canadienses se apropiaron en Trujillo de los hábitats funcionales de las comunidades de Guadalupe y Santa Fe; además de haber demolido parte de la comunidad Garífuna de Río Negro, para lo cual contaron con el apoyo de la municipalidad de Trujillo, según lo reportado por diversos medios de comunicación tras ser sobreseido por un requerimiento fiscal interpuesto por la Fiscalía de las Etnias en 2011.
Madeline David conoce la propuesta de Ley que ahora beneficiará a personas como Jorgensen para invertir en turismo a expensas del daño que se hace a las zonas protegidas y al pueblo garífuna. A pesar de estar en una comunidad alejada de las grandes ciudades y con poco acceso a las comunicaciones, David se mantiene informada y tiene una opinión sobre lo que pasa en la capital y que afecta a su comunidad.
«Este Modelo desde hace tiempo está en el país y francamente ya no hayan cómo cambiar el nombre para que así nosotros como pueblo indígena podamos ceder. Nos afecta porque nunca nos consultan ni nos toman en cuenta, mucho menos llegan a nuestras comunidades para hacer estudios de impacto ambiental. Nos criminalizan por defender nuestros recursos naturales, nos etiquetan, nos denigran y rechazan que no queramos este tipo de desarrollo», expresó David para Contra Corriente.
Agregó que las comunidades garífunas quieren un desarrollo que los incluya y donde puedan ser socios que reciban capacitación y seguimiento para cumplir con los estándares de calidad.
Madeline ya había recibido sobreseimiento definitivo por el delito de usurpación, pero ahora enfrenta otro juicio por el delito de calumnia contra el canadiense Patrick Forset. «Al parecer revocaron el sobreseimiento definitivo y ahora están pidiendo diez años de cárcel, insólito meterme presa únicamente por defender nuestras tierras ancestrales y en mi comunidad. Hoy nuevamente me citaron para otra audiencia pero mis ancestros y Dios me protegen. OFRANEH es la pionera de la lucha y confío plenamente en nuestra organización», culminó David.
En el proyecto de decreto no se menciona la consulta previa a los pueblos afectados por la industria turística a pesar de ser uno de los focos de conflictos más grandes en Honduras actualmente, donde han asesinado a más de 100 ambientalistas y criminalizado a quienes se oponen a la expropiación de tierras para desarrollo turístico.
